La orden de destitución del Prefecto de Manabí, explicada

  • Un juez ordenó la destitución del Prefecto de Manabí

    • Prefecto de Manabí

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Leonardo Orlando.

    Ayer, 22 de enero de 2021, el juez Ángel Tapia, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Puebloviejo, en la provincia de Los Ríos, en el centro del Ecuador, resolvió destituir a Leonardo Orlando, actual prefecto de otra provincia costera, la de Manabí. Según el juez, Orlando incumplió la sentencia en una acción de protección constitucional dictada el 9 de noviembre del año pasado a favor de Tito Álvarez, representante legal de la empresa Ranicor S.A. 

    Álvarez presentó la acción alegando que en 2020 la Prefectura manabita dio por terminado un contrato con su empresa de forma unilateral, afectando su derecho individual al trabajo. 

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    La Prefectura contrató a Ranicor S.A para que construya un “sistema de riego y drenaje tecnificado a nivel de parcelas” en dos comunidades de  los cantones manabitas de Sucre y Tosagua, al oeste de la provincia. La sentencia dice que en enero de 2020, el Gobierno Provincial de Manabí terminó unilateralmente el contrato citando “una supuesta vulneración” a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Según la entidad, no se habían hecho los estudios necesarios para la obra. La Prefectura, además, adujo que se pagaron planillas con valores excesivos. En su resolución de ayer, Tapia dice que la Prefectura (representada legalmente por Orlando) no cumplió con las mediciones ordenadas en la sentencia, por lo que resolvió destituir a Orlando. 

    En una rueda de prensa la noche de ayer, el prefecto Orlando dijo que su derecho a la defensa se le ha “truncado como ciudadano”. Además, dijo que el juez de la Unidad Procesal se ha atribuido funciones fuera de su competencia. Fundamentó su reparo en un fallo dictado en 2015 por la Corte Constitucional que dice que declarar el incumplimiento de una sentencia de acciones constitucionales es una competencia exclusiva de la Corte Constitucional. 

    El abogado constitucionalista Eduardo García dice que para que una autoridad de elección popular —como Orlando, que es Prefecto— sea destituida, la Corte Constitucional debe evaluar el caso. García dice que si se determina el incumplimiento de la sentencia, la Corte ordenará la destitución de la autoridad. “Es la Corte la que, según la gravedad del desacato, va a ordenar la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento, incluyendo la destitución de los funcionarios”, dice García. Según el abogado, por el fallo de 2015, un juez de la Unidad Procesal no puede ordenar que Orlando deje sus funciones por no cumplir una sentencia constitucional. 

    Además, según Orlando, la declaración de incumplimiento del contrato con Ranicor S.A. fue legal y apegada al debido proceso. Dijo que no estuvo de acuerdo con la decisión del juez, y por eso la Prefectura manabita apeló ante la Corte Provincial. Por ello, adujo, no ha incumplido ninguna sentencia. Orlando dijo que se notificó al Servicio Nacional de Contratación Pública (SECOP) para que no imponga las sanciones previstas por la ley a la contratista. Según el Prefecto de Manabí, la Prefectura interpuso una acción extraordinaria de protección y está tomando otras acciones legales contra el fallo a favor de Álvarez y su empresa. 

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    Álvarez argumentó que se vulneró su derecho al trabajo. Según la legislación, si un contrato se termina por incumplimiento, se prohíbe a los contratistas tener convenios con el Estado por 5 años. Además, según Álvarez, se vulneró su derecho a la propiedad, al debido proceso, a la defensa, a la motivación de los actos, a la seguridad jurídica y la igualdad y no discriminación. 

    En su resolución, Tapia le ordena al Consejo Provincial de Manabí que designe un nuevo Prefecto. Tapia le da cinco días al Consejo para informarle del cumplimiento de su orden. Diez días después de que se nombre un nuevo prefecto, dice el fallo, se debe cumplir con la sentencia que habría sido incumplida por Orlando y la Prefectura manabita. 

    Leonardo Orlando es economista y asumió la prefectura en 2019. En las elecciones seccionales de ese año representó al movimiento Fuerza Compromiso Social. Su victoria fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) después de que se declare la nulidad en juntas receptoras del voto de varios cantones porque se alteraron los resultados de las actas y por falta de firmas de los miembros de mesa.

  • Esta es la cronología del caso que ha llevado a la destitución del Prefecto de Manabí

    • caso contra el Prefecto de Manabí

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Leonardo Orlando.

    En mayo de 2017, La Prefectura de Manabí contrató a Ranicor S.A., representada por Tito Álvarez, para que construya un “sistema de riego y drenaje tecnificado a nivel de parcelas” en dos comunidades de  los cantones manabitas de Sucre y Tosagua, al oeste de la provincia. 

    En enero de 2020, la Prefectura manabita terminó unilateralmente el contrato citando una vulneración a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Según la entidad, no se habían hecho los estudios necesarios para la obra. La Prefectura, además, adujo que se pagaron planillas con valores excesivos. 

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    El 14 de octubre de 2020, Álvarez presentó una acción de protección constitucional en contra de la Prefectura, representada por Orlando. La acción, aceptada a trámite al día siguiente, impugnaba el acto administrativo de la terminación unilateral. Álvarez argumentó que se vulneró su derecho al trabajo pues la Prefectura terminó un contrato con su empresa sin fundamento jurídico. Según la legislación ecuatoriana, si un contrato se termina por incumplimiento, se prohíbe a los contratistas tener convenios con el Estado por 5 años. Además, según Álvarez, se vulneró su derecho a la propiedad, al debido proceso, a la defensa, a la motivación de los actos, a la seguridad jurídica y la igualdad y no discriminación. 

    El 9 de noviembre del 2020, Tapia resolvió la acción de protección. Tapia determinó en su fallo que los derechos de Álvarez habían sido vulnerados. Como medida de reparación integral, dejó sin efecto el acto administrativo con el que se dio por terminado el contrato con Ranicor S.A. Por ende, el contratista debía volver a los trabajos en las obras y cumplir con su construcción. Además, el fallo eliminó las consecuencias como la prohibición de tener contratos con el Estado. 

    El juez dispuso que tres días después de la notificación del fallo, Orlando envíe un oficio a la Unidad Judicial para informar del cumplimiento de la sentencia. En caso de no hacerlo, la sentencia decía que “activaría los efectos establecidos en el Título VI de la Ley Orgánica de. Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, que ordena que las sentencias y dictámenes constitucionales se cumplan de inmediato.

    En su resolución de ayer, Tapia dice que el 12 de noviembre Orlando presentó un documento informando sobre las acciones tomadas para cumplir la reparación ordenada. El Prefecto dijo que la resolución sobre la acción de protección “se puso en conocimiento” de Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Secop). La resolución de Tapia dice que el 21 de diciembre la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos “conoció” el recurso de apelación presentado por el GAD de Manabí en contra de la sentencia y lo rechazó.

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    El 12 de enero, Tito Álvarez compareció ante el juez Tapia y dijo que no se había cumplido la sentencia porque pese a que se había dejado sin efecto la resolución de terminación unilateral, no se permitía que se reinicien los trabajos. Además, el delegado provincial de Manabí de la Defensoría del Pueblo presentó un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la orden del juez. El documento concluyó que “se habían realizado varias acciones” —como informar a Vallejo—, pero que “no existen respuestas concretas” de la Prefectura sobre el pago de los saldos pendientes ni la reactivación de las obras. Orlando presentó ante el juez Tapia documentación en la que la Prefectura le pedía a la empresa que presente los documentos para “rectificar o ratificar” la liquidación establecida en la sentencia del 9 de noviembre para que se puedan retomar y finalizar la construcción del sistema de riego y de drenaje.

    El 22 de enero, más de dos meses después, el juez Tapia consideró “procedente aplicar las consecuencias jurídicas” que se prevén para el supuesto incumplimiento. El juez Tapia citó el artículo 86 de la Constitución dice que si los servidores públicos no cumplen una sentencia, un juez podrá ordenar “su destitución del cargo o empleo”. Además, dijo que la Ley Orgánica de. Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que los jueces “deberán emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes” para que se ejecute una sentencia o un acuerdo de reparación. El artículo 22 de la misma legislación dice que se ordenará la destitución de los servidores públicos que lo incumplan. 

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    En una rueda de prensa del 22 de enero de 2020, el prefecto Orlando dijo que su derecho a la defensa se le ha “truncado como ciudadano”.  Además, dijo que el juez de la Unidad Procesal se ha atribuido funciones fuera de su competencia. Fundamentó su reparo en un fallo dictado en 2015 por la Corte Constitucional que dice que declarar el incumplimiento de una sentencia de acciones constitucionales es una competencia exclusiva de la Corte Constitucional. 

    La decisión de Tapia dice que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de Manabí deberá informar sobre el cumplimiento de la disposición al Consejo de la Judicatura 5 días después de ser notificado. Además, establece que 10 días después de la posesión del nuevo Prefecto se “proceda a cumplir” la sentencia de noviembre de 2020. La nueva autoridad, según la sentencia, tendrá 15 días desde su posesión para informar a la Unidad Procesal de Puebloviejo sobre el cumplimiento de las medidas de reparación. 

  • Un juez suspendió la resolución de destituir al Prefecto de Manabí

    • destitución del Prefecto de Manabí

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Gobierno Provincial de Manabí.

    Hoy, 24 de enero, un juez de Manabí suspendió la resolución de destruir a Leonardo Orlando, prefecto de esa provincia, tomada por un juez de otra provincia, la de Los Ríos, en el centro del Ecuador. El juez aceptó el pedido de medida cautelar presentado por Orlando. El objetivo de esta acción, según la ley, es garantizar los derechos establecidos en la Constitución. Al dictarlas se busca prevenir, impedir o interrupir la violación de uno de esos derechos. 

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    El pasado 22 de enero el juez Ángel Tapia, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Puebloviejo, en Los Ríos, resolvió destituir a Orlando por supuestamente incumplir la sentencia de una acción de protección constitucional. En noviembre del año pasado, Tapia falló a favor de Tito Álvarez, representante legal de la empresa Ranicor S.A. Álvarez alegó que en 2020 la Prefectura manabita dio por terminado un contrato con su empresa de forma unilateral por presunto incumplimiento, afectando su derecho individual al trabajo. 

    El 9 de noviembre, el juez Tapia dejó sin efecto el acto administrativo con el que se dio por terminado el contrato con Ranicor S.A. En el fallo, ordenaba que Ranicor S.A. retomara los trabajos del contrato en cuestión, que era la construcción de unos sistemas de riego en unas comunidades manabitas. Además, anuló las sanciones por el incumplimiento de contrato que, según la legislación ecuatoriana, impedirían a dicha empresa firmar contratos con el Estado durante 5 años. Esa era, adujo Álvarez, una de las vulneraciones a su derecho al trabajo. Leonardo Orlando apeló la sentencia del juez. Sin embargo, su recurso fue rechazado. 

    El 22 de enero, Tapia concluyó que no se había cumplido la sentencia ni las medidas de compensación que establecía. Por ende, citando el artículo 86 de la Constitución —que dice que cuando los servidores públicos no cumplen una sentencia constitucional un juez puede ordenar “su destitución del cargo o empleo”—, Tapia ordenó que el Prefecto de Manabí sea destituido. Sin embargo, según el abogado constitucionalista Eduardo García, al tratarse de una sentencia constitucional, solo la Corte Constitucional del Ecuador puede ordenar la destitución de una autoridad de elección popular como Orlando.

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    Un comunicado del Gobierno Provincial de Manabí dice que con esta decisión tomada por el juez de Manabí el 24 de enero “cesa la amenaza de violación a los derechos del Prefecto”. La medida cautelar no es una resolución definitiva, sino que está sujeta a la resolución de la acción de protección. Es probable que la acción constitucional pedida por Orlando entre en conflicto con lo resuelto por el juez Tapia, por lo que el caso seguramente deberá ser resuelto por la Corte Constitucional. 

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    Hasta el momento, la Prefectura manabita y las autoridades judiciales de la provincia no han dado más información sobre el proceso. Tampoco se ha compartido el documento con el que Orlando fue notificado de la admisión de su medida cautelar. 

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