El juicio contra Christian Cruz, explicado

  • Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana piden la renuncia de su presidente, Christian Cruz.

    • Miembros del CPCCS exigen la renuncia de Christian Cruz, ¿por qué?

      Fotografía tomada del Flickr del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

    Durante la sesión número 42 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el 22 de julio de 2020, cinco consejeros exigieron la renuncia del Presidente de la institución, Christian Cruz. El argumento que usaron fue que Cruz usó su carné de discapacidad para beneficiarse ilegítimamente de la reducción de pago de impuestos a la que tienen derecho, por ley, las personas con discapacidad. 

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    Los consejeros David Rosero, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Juan Javier Dávalos y Sofía Almeida votaron a favor de exigir la renuncia de Christian Cruz Larrea, quien es presidente del CPCCS desde agosto de 2019. 

    Cruz cuestionó la acción y cerró la sesión. Cruz habría suspendido una primera sesión el 15 de julio pasado  en la que también se exigía su renuncia. Sin embargo, la consejera Estupiñán anunció en su cuenta de Twitter que “legalmente y oficialmente” Sofía Almeida es la nueva presidenta del consejo. 

    En medio de las polémicas por la emisión irregular de carnés de discapacidad, el 2 de julio se supo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, también tiene uno. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el carné de Cruz certifica que tiene 81% de grado de discapacidad visual y auditiva desde el 2009 y por ende una exoneración tributaria del 80%. 

    En su campaña para llegar al CPCCS, Cruz se presentaba como un experto practicante de artes marciales y mostraba fotos donde hacía complejos movimientos deportivos. En el Ecuador, el porcentaje de discapacidad superior al 75 por ciento significa que una persona tiene una discapacidad que imposibilita la realización de las actividades cotidianas, y requiere del apoyo o cuidados de una tercera persona.

    Mediante un comunicado, Cruz aseguró que el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) —encargado de entregar el carné en esa época— determinó que tenía 81% de discapacidad debido a un golpe en la cabeza que sufrió durante un entrenamiento físico de artes marciales en la Universidad Central del Ecuador. El comunicado tenía adjunto imágenes de su carné. Sin embargo, en un boletín, la Vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana junto a las consejeras Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneria  e Ibeth Estupiñán exigieron a Cruz que presente además el informe médico que certifique su discapacidad. 

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    Christian Cruz emitió un pronunciamiento oficial el 8 de julio en el que señaló que a pesar de tener el derecho como persona con discapacidad, nunca ha importado un bien o un vehículo utilizando su carné. Dijo además que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes difundieron esta “información falsa” que lo desprestigia y vulnera la credibilidad de quienes viven con diversas formas de discapacidad. 

    Durante una sesión que fue suspendida el 15 de julio, la consejera María Fernanda Rivadeneira habría presentado documentos del SRI que prueban que Cruz sí hizo uso de beneficios tributarios a través de su carné de discapacidad. Según Rivadeneira, el campeón de artes marciales tuvo una rebaja especial del impuesto ambiental a la contaminación vehicular y del impuesto anual de la propiedad de un vehículo. 

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    Hasta las 8 de la mañana del 23 de julio, Christian Cruz no se ha pronunciado sobre el pedido de renuncia exigido por el pleno del CPCCS. 

  • La Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana

    • Fiscalía abrió investigación contra Christian Cruz

      Fotografía tomada del sitio web del CPCCS.

    El 5 de agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Cruz habría usado su carné de discapacidad para beneficiarse de la reducción de pago de impuestos.

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    En un comunicado del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente de la institución dice que la investigación de la Fiscalía es una oportunidad para demostrarle al país que su carné de discapacidad es legítimo. Dijo además que en 2010, la Fiscalía abrió un proceso por una supuesta falsificación de su carné pero que fue desestimado y archivado en mayo de 2011. Esta vez, el proceso de la fiscalía es por el uso doloso del carné, es decir, que lo usó irregularmente. 

    Durante una sesión del pleno del Consejo, el 15 de julio, la consejera María Fernanda Rivadeneira presentó documentos del SRI que, según ella, probaban que el presidente del CPCCS hizo uso de beneficios tributarios a través de su carné de discapacidad. Según Rivadeneira, el campeón de artes marciales tuvo una rebaja especial del impuesto ambiental a la contaminación vehicular y del impuesto anual de la propiedad de un vehículo. Debido al mal uso de su carné, el 22 de julio, cinco consejeros exigieron la renuncia del presidente de la institución, pero él se negó y cerró la sesión. 

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    El 8 de julio, Christian Cruz emitió un pronunciamiento en el que señaló que a pesar de tener el derecho como persona con discapacidad, nunca ha importado un bien o un vehículo utilizando su carné. Según Cruz quienes lo acusan por usar su carné irregularmente quieren apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y por eso están “resucitando” acusaciones pasadas. 

    El presidente del CPCCS reiteró en el comunicado que obtuvo su carné en 2009 con una valoración del 81% basada en problemas visuales (41%) y auditivos (40%). Según Cruz, su discapacidad fue causada por un golpe en la cabeza que sufrió durante un entrenamiento físico de artes marciales en la Universidad Central del Ecuador. En Ecuador, un porcentaje de discapacidad superior al 75 por ciento significa que una persona tiene una limitación que imposibilita la realización de las actividades cotidianas, y requiere del apoyo o cuidados de una tercera persona.

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    Respecto a la investigación de la Fiscalía, Cruz señaló que “el país tiene temas más importantes que discutir”. Pero aseguró que continuará en su lucha contra la corrupción porque no tiene compromisos más que con la verdad y con quienes lo eligieron para dirigir el Consejo de Participación Ciudadana. Cristian Cruz es presidente de esta institución desde agosto de 2019, tras la destitución del sacerdote José Tuarez, hoy procesado por presunta asociación ilícita con una organización delictiva dedicada a cobrar dinero para dar cargos en el sector público. 

  • Christian Cruz presentó demanda constitucional contra la Asamblea Nacional

    • Chrsitian Cruz presentó una demanda

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

    Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Asamblea Nacional. 

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    En un comunicado de prensa del 14 de septiembre de 2020, Cruz dice que presentó una demanda ante la Corte Constitucional porque “algunos legisladores” reestructuraron la Comisión de Fiscalización para sus intereses personales. Según el comunicado, la reestructuración de la comisión presidida por Johanna Cedeño de Alianza País vulnera la Constitución de la República y además incumple la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En su libelo, Cruz dijo que algunos asambleístas querían constituir un “tribunal de excepción” para tomar decisiones que están fuera de la ley y la Constitución. 

    El domingo 13 de septiembre, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó con 12 votos a favor la calificación del juicio político contra el presidente del CPCCS. La solicitud del juicio fue presentada el 11 de agosto por el asambleísta socialcristiano Henry Kronfle.

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    Sin embargo, en el comunicado de prensa emitido el 14 de septiembre, Cruz señala que el plazo de tiempo que tenía la Comisión para notificarle el juicio político, según él, venció. Además dijo que “ el asambleísta que presentó el juicio político se dejó llevar por supuestos que ya fueron rebatidos hace 10 años”. El presidente del CPCCS se refiere a un proceso en el que se le acusaba por una supuesta falsificación de su carné  de discapacidad que fue archivado en mayo de 2011.

    El 5 de agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra Cruz, por supuestamente usar indebidamente su carné de discapacidad para beneficiarse de la reducción de pago de impuestos. Tras el anuncio, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, dijo que la investigación era una oportunidad para demostrarle al país que su carné de discapacidad es legítimo. 

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    Durante una sesión del pleno del CPCCS, el 15 de julio, la consejera María Fernanda Rivadeneira dijo que el presidente del CPCCS hizo uso de beneficios tributarios a través de su carné de discapacidad. Debido al mal uso de su carné, el 22 de julio, cinco consejeros le exigieron la renuncia a Cruz, pero él se negó. 

    El 8 de julio, Christian Cruz emitió un pronunciamiento en el que dijo que quienes lo acusan por usar su carné irregularmente quieren apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana. 

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    Cruz explicó que su discapacidad del 81% fue causada por un golpe en la cabeza durante un entrenamiento físico de artes marciales en la Universidad Central del Ecuador. En Ecuador, un porcentaje de discapacidad superior al 75% significa que una persona tiene una limitación que le impide realizar  actividades cotidianas, y requiere del apoyo o cuidados de una tercera persona.

  • La Comisión de Fiscalización aprobó juicio en contra de Christian Cruz, presidente del CPCCS.

    • juicio político contra Christian Cruz

      Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional con Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

    La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz. Los miembros de la comisión se reunieron el domingo 4 de octubre de 2020 para analizar la aprobación del informe del proceso en contra de Christian Cruz. 

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    La comisión está conformada por once asambleístas, de los cuales diez  estuvieron presentes y votaron de forma unánime a favor de “recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, que se proceda al enjuiciamiento político”. Según el informe de la comisión, Cruz incumplió sus funciones, por expedir unilateralmente dos reglamentos internos del CPCCS, cuando según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social esta atribución corresponde únicamente al Pleno del CPCCS. 

    El informe que recomienda el juicio político en contra de Cruz y la resolución aprobada serán remitidos a la presidencia de la Asamblea Nacional. Allí, según el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función legislativa, el presidente de la Asamblea, César Litardo, deberá leer el informe ante pleno de la Asamblea Nacional dentro de las próximas 48 horas —es decir, hasta el martes 6 de octubre—. Una vez leído el informe, la Asamblea tendrá cinco días para realizar el juicio político.

    Entre las causales del juicio político en contra de Cruz, también está la presunta obtención irregular de un carné de discapacidad  y la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y méritos que lo llevó al CPCCS en 2019. Sobre estos dos temas, la comisión concluyó que  “demuestran la falta de probidad de Christian Cruz para el desempeño de sus funciones”.  Cruz es presidente del CPCCS desde agosto de 2019, cargo que ocupó después de la destitución de José Tuárez, posteriormente sentenciado a cinco años de prisión como autor directo del delito de asociación ilícita por ofertar cargos públicos. 

    En julio de 2020, cinco miembros del Consejo que preside Christian Cruz, exigieron que renunciara, argumentando que usó su carné de discapacidad para beneficiarse ilegítimamente de la reducción de pago de impuestos a la que tienen derecho, por ley, las personas con discapacidad. Cruz se defendió explicando que su discapacidad visual y auditiva del 81% fue causada por un golpe en la cabeza durante un entrenamiento físico de artes marciales en la Universidad Central del Ecuador. La Fiscalía General del Estado, abrió una investigación por este motivo a inicios de agosto. Cruz respondió a través de un comunicado del CPCCS que la investigación de la Fiscalía es una oportunidad para demostrarle al país que su carné de discapacidad es legítimo. 

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    El juicio político contra Cruz fue propuesto por el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle el 11 de agosto de 2020. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó con 12 votos a favor la calificación del juicio político contra el presidente del CPCCS en septiembre.

  • Christian Cruz fue destituido por la Asamblea Nacional en el juicio político en su contra

    • Christian Cruz fue destituido

      Fotografía tomada de la cuenta de Flickr del CPCCS

    El pleno de la Asamblea destituyó a Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el juicio político en su contra. Ayer, 13 de octubre de 2020, 124 asambleístas votaron a favor de que Cruz deje de ser el titular de la institución, según un comunicado del Legislativo. 

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    El juicio político contra Cruz fue propuesto el 28 de agosto de 2020 por el asambleísta de Madera de Guerrero, Henry Kronfle. El 4 de octubre, la comisión de Fiscalización de la Asamblea aceptó el caso y según su informe decidió “recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que se proceda al enjuiciamiento político”. 

    El proceso comenzó con la lectura del informe para el juicio político en contra de Cruz, elaborado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El documento recomendaba la censura y destitución del presidente del CPCCS por incumplimiento de funciones. El informe de la Comisión determinó que Cruz “expidió dos reglamentos para la gestión y funcionamiento del CPCCS, facultad que tiene el Pleno del Consejo y no el Presidente”. 

    Otras de las causales del juicio político en contra de Cruz fueron la presunta obtención irregular de un carné de discapacidad y la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y méritos que lo llevó al CPCCS en 2019, cuando fue electo por voto popular. Según la Comisión, esos dos causales  “demuestran la falta de probidad de Christian Cruz para el desempeño de sus funciones”. Cruz fue presidente del CPCCS desde agosto de 2019. Obtuvo el cargo después de la destitución del ahora ex sacerdote José Tuárez, quien fue posteriormente sentenciado a cinco años de prisión como autor directo del delito de asociación ilícita por su presunta participación en la venta de cargos públicos. 

    Cruz ejerció su derecho a la defensa por 2 horas y 20 minutos ante el pleno legislativo. El tiempo máximo que tenía para hacerlo era de 3 horas. Empezó su defensa a las 3:30 de la tarde del 13 de octubre de 2020 diciendo que estaba seguro de que “la Asamblea Nacional tomará  una decisión con base en los argumentos técnicos y jurídicos previstos en la Constitución y la normativa legal”. Según él, su intención era “defender la verdad y la justicia” porque es “un hombre honesto”. Sus alegaciones no fueron suficientes para los legisladores que votaron por su censura. 

    El presidente del CPCCS explicó el supuesto proceso que siguió para obtener el carné de discapacidad visual y auditiva. Durante la polémica por la emisión irregular de carnés de discapacidad a varios funcionarios públicos, el 2 de julio de 2020 se supo que Christian Cruz también tenía uno. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el carné de Cruz certifica que tiene 81% de grado de discapacidad visual y auditiva desde el 2009. 

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    En su presentación, Cruz aseguró que no obtuvo el documento irregularmente. Según documentos presentados por Cruz, una impugnación presentada en febrero de 2010 a su postulación como consejero del CPCCS por la presunta obtención de un carné de discapacidad había sido resuelta por las autoridades competentes en 2011. La Fiscalía, dijo Cruz, archivó el proceso por “no existir delito alguno” después de un año de investigación. 

    Cruz aseguró que no se benefició del carné de discapacidad para obtener vehículos o bienes con la exoneración de tributos que se aplican para ese documento. Añadió que tampoco lo hizo al obtener su cargo porque su elección para el Consejo se hizo por sufragio popular y no por concurso de méritos y oposición. Además, dijo que a finales de 2020 se sometió a una operación ocular y que durante la pandemia por el covid-19 solicitó al Ministerio de Salud pública una recalificación de su discapacidad.  

    Durante su defensa, Cruz dijo que dictó los reglamentos para el mantenimiento del parque automotor y la asignación de viáticos al personal del CPCCS porque son “actividades administrativas” y él como máxima autoridad de la entidad estaba en potestad de hacerlo. Terminó de presentar sus pruebas de descargo pasadas las 5:30 de la tarde. 

    A continuación, Kronfle fundamentó sus acusaciones por 2 horas. El asambleísta de Madera de Guerrero dijo que Cruz “no ha desvirtuado ninguna de las acusaciones que forman parte del proceso”. Kronfle añadió que el presidente del CPCCS “intenta burlarse y amenazar a la Asamblea Nacional en lugar de responder a las acusaciones”. El legislador dijo que el juicio político estaba debidamente sustentado por las más de 69 pruebas que se entregaron para argumentar la sanción en contra de Cruz. 

    En la presentación de las evidencias, Kronfle dijo que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) —antiguo encargado de la expedición de los carnés— llamó a Cruz tres veces para recalificar su discapacidad, pero él nunca se presentó. Además, Kronfle dijo que en 2009 —10 años antes de ganar su puesto por voto popular— Cruz presentó el carné en el concurso de méritos y oposición para el CPCCS con el que se benefició con 2 puntos. El legislador añadió que en julio de 2020, el Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI) confirmó que Christian Cruz “fue exonerado del pago del impuesto a la propiedad de 2016 al 2020”. 

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    Otra de las evidencias presentadas por Kronfle aseguraba que en 2011 y 2015 Cruz renovó la licencia de conducir tipo E con exámenes psicométricos que no reflejan que la existencia de una discapacidad como la que se alegaba en su carné. Cruz dijo que hizo el trámite de renovación de licencia con audífono y lentes. Además, según Cruz, el documento establecía que tenía discapacidad visual y solo podía conducir usando lentes.  

    Cuando terminaron, Cruz pudo replicar por máximo una hora. Se defendió diciendo que ha presentado documentos con más de 600 hojas adjuntas para demostrar que no ha incumplido sus funciones. También reiteró que su carné de discapacidad fue obtenido de manera legal y que las acusaciones incluso eran anteriores a su periodo en el cargo por lo que el juicio político no era válido.

    Sin embargo,  la moción en su contra fue aprobada con 127 votos y cinco abstenciones. La Asamblea acordó que Cruz “incurrió en incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley”.  Según la Asamblea, el expediente del  juicio político a Cruz fue enviado a la Contraloría y a Fiscalía General del Estado para que estas instituciones analicen las actuaciones de Cruz.

  • Consejera del CPCCS, María Fernanda Rivadeneira, fue sentenciada a prisión

    • consejera del CPCCS

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Consejera María Fernanda Rivadeneira.

    María Fernanda Rivadeneira, consejera del CPCCS  deberá cumplir seis meses en prisión. La tarde de ayer, 13 de enero de 2021, la Corte Nacional de Justicia falló a favor del expresidente del Consejo, Christian Cruz, y confirmó que Rivadeneira era culpable de levantar calumnias en su contra. La sentencia no está en firme, es decir que Rivadeneira aún puede apelar a un tribunal para que decida si revierten o mantiene la decisión. 

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    Según dijo la Corte Nacional, Rivadeneria deberá cumplir una pena de seis meses de privación de libertad. Además tendrá que pagar tres salarios básicos unificados, es decir 1.200 dólares. La sentencia es resultado de una querella por calumnia planteada por Christian Cruz. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), una persona comete el delito de calumnia cuando realiza falsas imputaciones de un delito en contra de otra persona. En este caso, Rivadeneira habría acusado a Cruz de obtener su carné de discapacidad de forma irregular.

    El expresidente del Consejo, pidió además que la consejera Rivadeneira le pida disculpas públicas en redes sociales y en los medios de comunicación en los que difundió documentos sobre el carné de Cruz. 

    Christian Cruz fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde agosto de 2019 hasta octubre de 2020. Fue destituido por el Pleno de la Asamblea Nacional debido a las acusaciones en su contra con respecto a su carné de discapacidad del 81%. 

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    Durante una sesión del pleno del CPCCS, el 15 de julio, la consejera María Fernanda Rivadeneira presentó documentos del SRI que, según ella, probaban que Cruz usó indebidamente su carné de discapacidad. La consejera dijo que el expresidente usó los beneficios tributarios del carné para obtener una rebaja especial del impuesto ambiental a la contaminación vehicular y del impuesto anual de la propiedad de un vehículo. 

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    Debido al mal uso de su carné, el 22 de julio, cinco consejeros le exigieron la renuncia a Cruz, pero él se negó y cerró la sesión. Christian Cruz  dijo, que quienes lo acusaban por usar su carné irregularmente querían apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana. 

    El 5 de agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra el ahora expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero hasta ahora, no se conoce el estado de la investigación.

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    Christian Cruz habría obtenido su carné en 2009 con una valoración del 81% debido a problemas visuales (41%) y auditivos (40%). Cruz dijo que su discapacidad fue causada por un golpe en la cabeza que sufrió durante un entrenamiento físico de artes marciales en la Universidad Central del Ecuador. Un porcentaje de discapacidad superior al 75%, según el Ministerio de Salud,  significa que una persona tiene una limitación que imposibilita la realización de las actividades cotidianas, y requiere del apoyo o cuidados de una tercera persona.

  • María Fernanda Rivadeneira, consejera del CPCCS, se pronuncia sobre la sentencia en su contra

    • Rivadeneira habla sobre sentencia de calumnias

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del CPCCS.

    María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se refirió a la sentencia en su contra por el delito de calumnia. En una rueda de prensa, la mañana de hoy 14 de enero de 2021, Rivadeneira dijo que “si debo ir a la cárcel por denunciar la corrupción iré con la frente en alto”. 

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    La consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue sentenciada a seis meses en prisión por presuntamente haber difamado al expresidente del Consejo, Christian Cruz. La sentencia se conoció la tarde de ayer, 13 de enero.

    Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), una persona es culpable del delito de calumnia cuando realiza falsas imputaciones de un delito en contra de otra persona. En este caso, Rivadeneira habría acusado a Cruz de obtener su carné de discapacidad de forma irregular.

    Con respecto al fallo del juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván León, Rivadeneira dijo que “esta sentencia es por tener la valentía, por querer vivir un país libre de corrupción”. Aseguró también que “no la van a silenciar” e insistió que sus denuncias no son calumnia. 

    La consejera Rivadeneira explicó en la rueda de prensa que presentó documentos que probaban que el expresidente del Consejo, Christian Cruz, usó de forma irregular su carné de discapacidad. Rivadeneira hizo énfasis también en la investigación que abrió la Fiscalía sobre el caso en agosto de 2020. 

    María Fernanda Rivadeneira indicó que apelará la sentencia del juez León. Sin embargo, dijo que lo que realmente es grave de esta situación es que  hay una “afectación a los derechos de la ciudadanía”. Aseguró que se está creando un precedente negativo para que las personas que quieran denunciar la corrupción, no lo hagan por temor a represalias, como las que ella está enfrentando.

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    El 15 de julio de 2020, la consejera María Fernanda Rivadeneira presentó, durante una sesión del Consejo, documentos del SRI que, según ella, probaban que el entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, usó indebidamente su carné de discapacidad. La consejera dijo que el expresidente se benefició de una reducción de impuestos debido a su carné de discapacidad. 

    Las acusaciones de Rivadeneira causaron que el 22 de julio, cinco consejeros le exigieran la renuncia a Cruz. Sin embargo, él se negó y dijo, que quienes lo acusaban por supuestamente usar su carné de forma irregular, querían apoderarse del Consejo. 

    Cruz fue presidente del CPCCS desde agosto de 2019 hasta octubre de 2020. Fue destituido por el pleno de la Asamblea Nacional debido a las acusaciones en su contra con respecto al mal uso de su carné de discapacidad. El carné de Cruz dice que tiene un 81% de discapacidad. En Ecuador, eso  significa que tiene una limitación que le imposibilita hacer actividades cotidianas, y que requiere del apoyo o cuidados de una tercera persona. 

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    La consejera Rivadeneira reiteró en la rueda de prensa que nunca callará ante los actos corruptos. Sofía Almeida, la actual presidenta del CPCCS, expresó su solidaridad con Rivadeneira. Dijo que la sentencia “es una burla a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”. 

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