El pleno de la Asamblea destituyó a Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el juicio político en su contra. Ayer, 13 de octubre de 2020, 124 asambleístas votaron a favor de que Cruz deje de ser el titular de la institución, según un comunicado del Legislativo.
El juicio político contra Cruz fue propuesto el 28 de agosto de 2020 por el asambleísta de Madera de Guerrero, Henry Kronfle. El 4 de octubre, la comisión de Fiscalización de la Asamblea aceptó el caso y según su informe decidió “recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que se proceda al enjuiciamiento político”.
El proceso comenzó con la lectura del informe para el juicio político en contra de Cruz, elaborado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El documento recomendaba la censura y destitución del presidente del CPCCS por incumplimiento de funciones. El informe de la Comisión determinó que Cruz “expidió dos reglamentos para la gestión y funcionamiento del CPCCS, facultad que tiene el Pleno del Consejo y no el Presidente”.
Otras de las causales del juicio político en contra de Cruz fueron la presunta obtención irregular de un carné de discapacidad y la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y méritos que lo llevó al CPCCS en 2019, cuando fue electo por voto popular. Según la Comisión, esos dos causales “demuestran la falta de probidad de Christian Cruz para el desempeño de sus funciones”. Cruz fue presidente del CPCCS desde agosto de 2019. Obtuvo el cargo después de la destitución del ahora ex sacerdote José Tuárez, quien fue posteriormente sentenciado a cinco años de prisión como autor directo del delito de asociación ilícita por su presunta participación en la venta de cargos públicos.
Cruz ejerció su derecho a la defensa por 2 horas y 20 minutos ante el pleno legislativo. El tiempo máximo que tenía para hacerlo era de 3 horas. Empezó su defensa a las 3:30 de la tarde del 13 de octubre de 2020 diciendo que estaba seguro de que “la Asamblea Nacional tomará una decisión con base en los argumentos técnicos y jurídicos previstos en la Constitución y la normativa legal”. Según él, su intención era “defender la verdad y la justicia” porque es “un hombre honesto”. Sus alegaciones no fueron suficientes para los legisladores que votaron por su censura.
El presidente del CPCCS explicó el supuesto proceso que siguió para obtener el carné de discapacidad visual y auditiva. Durante la polémica por la emisión irregular de carnés de discapacidad a varios funcionarios públicos, el 2 de julio de 2020 se supo que Christian Cruz también tenía uno. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el carné de Cruz certifica que tiene 81% de grado de discapacidad visual y auditiva desde el 2009.
En su presentación, Cruz aseguró que no obtuvo el documento irregularmente. Según documentos presentados por Cruz, una impugnación presentada en febrero de 2010 a su postulación como consejero del CPCCS por la presunta obtención de un carné de discapacidad había sido resuelta por las autoridades competentes en 2011. La Fiscalía, dijo Cruz, archivó el proceso por “no existir delito alguno” después de un año de investigación.
Cruz aseguró que no se benefició del carné de discapacidad para obtener vehículos o bienes con la exoneración de tributos que se aplican para ese documento. Añadió que tampoco lo hizo al obtener su cargo porque su elección para el Consejo se hizo por sufragio popular y no por concurso de méritos y oposición. Además, dijo que a finales de 2020 se sometió a una operación ocular y que durante la pandemia por el covid-19 solicitó al Ministerio de Salud pública una recalificación de su discapacidad.
Durante su defensa, Cruz dijo que dictó los reglamentos para el mantenimiento del parque automotor y la asignación de viáticos al personal del CPCCS porque son “actividades administrativas” y él como máxima autoridad de la entidad estaba en potestad de hacerlo. Terminó de presentar sus pruebas de descargo pasadas las 5:30 de la tarde.
A continuación, Kronfle fundamentó sus acusaciones por 2 horas. El asambleísta de Madera de Guerrero dijo que Cruz “no ha desvirtuado ninguna de las acusaciones que forman parte del proceso”. Kronfle añadió que el presidente del CPCCS “intenta burlarse y amenazar a la Asamblea Nacional en lugar de responder a las acusaciones”. El legislador dijo que el juicio político estaba debidamente sustentado por las más de 69 pruebas que se entregaron para argumentar la sanción en contra de Cruz.
En la presentación de las evidencias, Kronfle dijo que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) —antiguo encargado de la expedición de los carnés— llamó a Cruz tres veces para recalificar su discapacidad, pero él nunca se presentó. Además, Kronfle dijo que en 2009 —10 años antes de ganar su puesto por voto popular— Cruz presentó el carné en el concurso de méritos y oposición para el CPCCS con el que se benefició con 2 puntos. El legislador añadió que en julio de 2020, el Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI) confirmó que Christian Cruz “fue exonerado del pago del impuesto a la propiedad de 2016 al 2020”.
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Otra de las evidencias presentadas por Kronfle aseguraba que en 2011 y 2015 Cruz renovó la licencia de conducir tipo E con exámenes psicométricos que no reflejan que la existencia de una discapacidad como la que se alegaba en su carné. Cruz dijo que hizo el trámite de renovación de licencia con audífono y lentes. Además, según Cruz, el documento establecía que tenía discapacidad visual y solo podía conducir usando lentes.
Cuando terminaron, Cruz pudo replicar por máximo una hora. Se defendió diciendo que ha presentado documentos con más de 600 hojas adjuntas para demostrar que no ha incumplido sus funciones. También reiteró que su carné de discapacidad fue obtenido de manera legal y que las acusaciones incluso eran anteriores a su periodo en el cargo por lo que el juicio político no era válido.
Sin embargo, la moción en su contra fue aprobada con 127 votos y cinco abstenciones. La Asamblea acordó que Cruz “incurrió en incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley”. Según la Asamblea, el expediente del juicio político a Cruz fue enviado a la Contraloría y a Fiscalía General del Estado para que estas instituciones analicen las actuaciones de Cruz.
