En la mañana del 11 de enero de 2021, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional decidió, con 9 votos a favor, llamar a comparecer en esa comisión al Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, al Ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño y representantes de las comunidades de Esmeraldas sobre las afectaciones que han sufrido las personas por las actividades de minería en el bosque de El Chocó.
Además, en la misma sesión se leyó una carta enviada por representantes de la Nacionalidad Indígena Chachi y Épera, la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, la Red Coordinadora de Organizaciones del Norte de Esmeraldas, Pastoral Social de Esmeraldas y Acción Ecológica. En el documento dicen que el ecosistema del Chocó se “está destruyendo progresivamente a causa de la minería de oro que se ejecuta en el lecho de los ríos”. En la carta, las organizaciones recuerdan las medidas cautelares que emitió un juez multicompetente de San Lorenzo y que no se han cumplido totalmente.
El 24 de marzo de 2011 un juez de garantías penales multicompetente de San Lorenzo, emitió una resolución de medidas cautelares que se han cumplido de forma parcial. Entre las medidas ordenaba que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables suspenda provisionalmente cualquier autorización para la operación de actividades mineras en San Lorenzo y Eloy Alfaro.
También ordenaba que el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Agua y la Secretaría Nacional de Riesgos realicen una evaluación ambiental para determinar las afectaciones de la minería y que el Ministerio de Salud envíe brigadas a las zonas afectadas en un plazo de 90 días.
Los Municipios de San Lorenzo y Eloy Alfaro debían dotar de agua a las zonas afectadas por la contaminación. También ordenó la paralización de actividades mineras en ambos cantones y la Defensoría del Pueblo debía supervisar que se cumplan las medidas. Sin embargo, el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió el pedido de cumplimiento de las medidas cautelares.
Sin embargo, el mismo juez multicompetente en la audiencia de revisión ordenó la ampliación de las medidas cautelares con la prohibición de la operación de concesiones mineras legales en ambos cantones, pero sigue existiendo esa actividad, dice la carta.
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Por las actividades mineras ilegales en noviembre de 2020, un deslizamiento de tierra en el sector Los Ajos, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, provocó que 8 personas se quedaran atrapadas, de las que 5 personas murieron: 4 adultos y un niño. El deslizamiento de tierra había sido provocado por la excavación en una mina ilegal de oro. En ese momento, el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) dijo que se había excavado un hueco de 70 metros de diámetro por 40 de profundidad.
