Hoy, 7 de enero de 2021, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia incrementó la condena a Norma Vallejo de uno a dos años. El tribunal integrado por los jueces Daniella Camacho, David Jacho y Wilman Terán, tomó la decisión en base a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado.
Vallejo fue sentenciada a un año de prisión por el delito de concusión, el 14 de julio de 2020. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de concusión es cuando un funcionario público abusa de su cargo para exigir dinero. La concusión se sanciona con la pena privativa de libertad entre tres y cinco años. Inicialmente, Vallejo fue sentenciada a cinco años de prisión, sin embargo, su pena fue atenuada a solo un año.
Según el COIP, una pena puede ser atenuada, es decir disminuida, por seis circunstancias. En el caso de Vallejo, la pena se redujo porque se presentó de forma voluntaria a las autoridades cuando fue requerida. Y también porque colaboró eficazmente durante el proceso de investigación del delito.
En la sentencia que se dictó en julio de 2020, la Corte Nacional de Justicia también impuso a Vallejo una multa de cuatro salarios básicos unificados, es decir 1.600 dólares. Además, tenía que pagar 14.100 dólares como reparación integral— 9.050 dólares a sus exasesores Carlos Alberto Robles González y Norma Karina Villavicencio Rivadeneira (y quienes habrían sido afectados por los cobros exigidos por Vallejo), y 5.050 al Estado.
Además, según la sentencia, Vallejo no podrá ser candidata a cargos públicos de elección popular mientras dure su sentencia, es decir dos años. También tiene que pedir disculpas públicas a la ciudadanía en una sesión del pleno de la Asamblea.
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La Fiscalía General del Estado inició la investigación contra Vallejo en noviembre del 2018 después de una denuncia de Fabricio Villamar—luego señalado por la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad. El asambleísta por CREO dijo que Vallejo cobraba entre 150 y 1.000 dólares a sus exasesores para permanecer en sus cargos.
Vallejo fue asambleísta desde 2017 hasta el 13 de noviembre de 2018. Fue destituida de la Asamblea Nacional debido a las denuncias en su contra. Un mes después de su salida del legislativo, la Fiscalía General del Estado informó que encontró un audio de Vallejo con uno de sus excolaboradores. En el audio supuestamente se “discutían los pagos”. La Fiscalía también encontró chats de WhatsApp entre la exasambleísta y sus colaboradores, que “evidenciaría lo denunciado”.
Con estas pruebas, la Fiscalía pidió fecha para la formulación de cargos contra Vallejo. Sin embargo, el caso avanzó despacio. En febrero de 2019, el Juez Iván Saquicela, ordenó medidas cautelares para Vallejo, y desde ese proceso, el juicio se demoró más de un año en comenzar.
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La Fiscalía apeló la sentencia de julio de 2020 porque consideraba que la pena impuesta era muy baja. Según dijo el Fiscal General subrogante, Wilson Toainga, la sentencia debía ser de dos años y no de uno, como lo estableció el Tribunal de primera instancia. La defensa de Vallejo, buscaba una vez más la suspensión condicional de la pena, es decir que la asambleísta cumpla su sentencia en libertad. Sin embargo, el tribunal negó la solicitud. En julio de 2020, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó una solicitud similar.
