La exasambleísta Norma Vallejo fue sentenciada a un año de prisión por el delito de concusión. El 14 de julio de 2020, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) anunció que la exasambleísta de Alianza País fue condenada como autora directa del delito de concusión, que sucede cuando un funcionario público abusa de su condición para exigir pagos, según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal.
La Corte Nacional de Justicia también impuso a Vallejo una multa de cuatro salarios básicos unificados: 1.600 dólares. Como reparación integral deberá pagar 14.100 dólares: 9.050 dólares a sus acusadores particulares: Carlos Alberto Robles González y Norma Karina Villavicencio Rivadeneira y 5050 dólares tendrán que ser entregados al Estado.
La Corte informó que el valor tendrá que ser cancelado en un plazo no mayor de ocho días, una vez ejecutoriada la sentencia —es decir, cuando no haya más recursos que pueda interponer. Además, Vallejo queda impedida de ser candidata a cargos públicos de elección popular o contratar con el Estado por el tiempo que dure la pena que se le impuso, deberá pedir disculpas públicas a la ciudadanía en una sesión del pleno de la Asamblea y tendrá prohibido enajenar bienes.
La Fiscalía General del Estado inició la investigación contra Vallejo en noviembre del 2018, luego de que el asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, denunció que ella cobraba a sus exasesores montos que iban desde los 150 hasta los 1000 dólares en efectivo para permanecer en sus cargos.
Vallejo fue elegida como asambleísta provincial de Pichincha por Alianza PAÍS en 2017. Por las denuncias en su contra, fue destituida de la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2018.
Un mes después, durante las investigaciones de la Fiscalía, la entidad informó que había obtenido un audio de la exasambleísta con uno de sus excolaboradores, en “donde discutían los pagos”. Tras la obtención de este audio, la Fiscalía General del Estado pidió a la Corte Nacional de Justicia que señalase fecha y hora para la formulación de cargos contra Vallejo.
En febrero de 2019 el Juez Iván Saquicela, encargado del caso, ordenó medidas cautelares no privativas de libertad, prohibición de salida del país, la enajenación de bienes por 13.800 dólares y la retención de fondos de las cuentas de Vallejo.
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Cuatro meses después, en junio de 2019, el juez Squicela llamó a la exasambleísta a juicio, un proceso que tomó un año en iniciarse: la primera audiencia se instaló el 25 de junio de 2020. En la audiencia de juicio, la Fiscal General, Diana Salazar, dijo que “este es un caso que afecta a la eficiencia de la administración pública” y que la exasambleísta Vallejo se habría beneficiado de aproximadamente 17.930 dólares por los cobros a sus entonces colaboradores. Según la Fiscalía, este dinero se había utilizado para “cancelar deudas personales, gastos de su despacho y para aportes al movimiento Alianza PAIS”.
El 26 de junio de 2020, un día después de la audiencia, la fiscal Salazar solicitó al tribunal la pena máxima de seis años y seis meses para Vallejo. Además, solicitó que la exasambleísta pida disculpas públicas y como medida de garantía, pidió que se publique la sentencia en el portal web de la Asamblea Nacional para que se sepa que “ningún funcionario público puede exigir dinero a sus subalternos”.
La decisión que hoy tomó el tribunal fue inicialmente de prisión de 5 años. Sin embargo, por dos circunstancias atenuantes —por las cuales los jueces pueden disminuir o moderar una condena— la pena se redujo a un año para Norma Vallejo. Las atenuantes que redujeron la pena son que Vallejo sí se presentó de forma voluntaria frente a las autoridades cuando se requería y que colaboró eficazmente durante el proceso de investigación de la infracción.
