La Corte Constitucional declara que el estado de excepción actual es inconstitucional. Te explicamos

  • La Corte Constitucional declara que el estado de excepción actual es inconstitucional

    • pruebas rápidas de detección de coronavirus

      Fotografía de Diego Ayala León, junio 2020.

    El actual estado de excepción en Ecuador por el incremento de casos de covid-19 es inconstitucional.  Así lo establece un dictamen de la Corte Constitucional del 27 de diciembre de 2020, que se difundió hoy, 2 de enero de 2021.

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    El presidente de la República Lenín Moreno decretó el estado de excepción el 21 de diciembre de 2020, a través del Decreto Ejecutivo 1217.  Según la Constitución, el estado de excepción es una medida que permite al gobierno del Ecuador limitar el ejercicio de algunos derechos constitucionales y  aumentar las facultades de vigilancia del Estado en circunstancias extraordinarias, como por ejemplo, una emergencia sanitaria.

    Moreno justificó la medida diciendo que los casos de coronavirus habían aumentado considerablemente en el país debido a las aglomeraciones e incumplimiento de las medidas de seguridad en las últimas semanas de 2020. Además, dijo que existía una posible exposición a la nueva variante del covid-19 que se halló en Reino Unido y ha probado ser más contagiosa. 

    Sin embargo, la Corte dice que estos argumentos no son suficientes para respaldar la declaratoria del estado de excepción. Primero, porque se habla de un “posible riesgo futuro y no uno actual, sin base en información clara y específica”. La Corte afirma que los estados de excepción funcionan para enfrentar circunstancias actuales y ciertas. En este caso, no se logró probar que existe un riesgo real para que la nueva variante llegue al país. 

    La Corte reiteró que “no es indiferente” a la gravedad de la pandemia ni a sus impactos. Pero, aseguró, que para que la emergencia sea una calamidad pública —como dice el decreto de declaratoria del estado de excepción— la situación debe ser grave, imprevisible, e intempestiva. El primer caso de covid-19 en Ecuador se reportó el 29 de febrero de 2020, por lo que el país lleva más de diez meses de pandemia. Es decir, que no es una situación imprevista, y por lo tanto no justifica la declaratoria del estado de excepción, dijo el más alto tribunal constitucional del país. 

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    El dictamen de la Corte recordó también que ya hizo una advertencia en agosto de 2020 sobre no admitir otro estado de excepción por la emergencia sanitaria de covid-19. En ese momento, resolvió que una nueva declaratoria sería contraria a la Constitución de la República. Al igual que ahora, la Corte reconoció la gravedad de la pandemia, pero afirmó que se debían buscar otros mecanismos para controlar la crisis, sin necesidad de recurrir a las limitaciones de derechos que implica un estado de excepción como, por ejemplo, la restricción de movilidad y el toque de queda.

    Moreno declaró  el primer estado el 16 de marzo de 2020, pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al nuevo coronavirus como una pandemia, es decir, que decretara que la enfermedad se expandía a nivel mundial.  El primer estado de excepción dictado en el país expiró el 15 de mayo. Sin embargo, se extendió, de acuerdo a los lineamientos de la Constitución, hasta el 15 de junio. 

    Ese día, el presidente Moreno estableció un nuevo estado de excepción mediante otro decreto. Este nuevo estado tenía que expirar el 14 de agosto. Sin embargo, debido a que la emergencia sanitaria continuaba, el presidente Moreno decidió extenderlo por treinta días más; es decir, hasta el 12 de septiembre de 2020. La Corte Constitucional determinó que ese sería el último día del estado de excepción por la pandemia en el Ecuador y prohibió una nueva declaratoria.

    En el dictamen de la Corte sobre el actual estado de excepción, no solo se declara la inconstitucionalidad del mismo. También, recuerda al presidente Lenín Moreno que hay medidas para controlar el virus que pueden adoptarse sin necesidad de recurrir al estado de excepción. 

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    Además, frente a los posibles riesgos de la nueva variante del covid-19, la Corte exhorta al gobierno para que refuerce mecanismos de protección “bajo el régimen ordinario”, es decir, sin estado de excepción. 

  • ¿Qué es un estado de excepción y cuándo se decreta?

    • qué es un estado de excepción

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional del Ecuador.

    Un estado de excepción es una medida que permite al gobierno limitar el ejercicio de algunos derechos constitucionales en circunstancias extraordinarias. La Constitución del Ecuador establece que bajo un estado de excepción, está permitido aumentar las facultades de vigilancia del Estado. Se dicta mediante un decreto ejecutivo —es decir, solo puede ser ordenado por el Presidente de la República, que es quien encabeza la función Ejecutiva del Estado ecuatoriano. 

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    Algunas de las circunstancias especiales bajo las que se puede declarar un estado de excepción son: los conflictos armados —externos o internos—, una grave conmoción interna, las calamidades públicas, y los desastres naturales. Un estado de excepción solo puede ser declarado por el presidente de la República mediante un decreto ejecutivo.

    El decreto que establece el estado de excepción debe especificar ciertas características. Entre ellas deben constar las razones que justifiquen la declaratoria, dónde se aplicará —si se hará solo en ciertos lugares o será a nivel nacional—, por cuánto tiempo estará vigente, y qué derechos se verán suspendidos o limitados.

    El estado de excepción, independientemente de las razones por las cuales se haya decretado, debe observar ciertos principios. Tiene que respetar la necesidad, la temporalidad, la territorialidad, y la razonabilidad detalladas en el decreto. Además, se deben cumplir con los principios de legalidad establecidos en la Constitución. 

    Durante un estado de excepción, el presidente del Ecuador solo podrá suspender o limitar ciertos derechos. Estos son el derecho a: la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, y la libertad de información.

    La Constitución dice que la inviolabilidad de domicilio se refiere a que nadie puede ingresar al hogar de una persona, ni realizar inspecciones, sin su autorización, o sin una orden judicial. La inviolabilidad de correspondencia, significa que la correspondencia virtual o las cartas  físicas de los ciudadanos no pueden ser retenidas, abiertas, o examinadas. 

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    Por otro lado, la libertad de tránsito implica que cualquier persona puede transitar libremente por el territorio nacional, y entrar y salir libremente del país. El derecho de asociación y reunión dice que todas las personas tienen derecho a “asociarse, reunirse y manifestarse” de manera libre y voluntaria. Finalmente, el derecho a la libertad de información se refiere al oportuno y libre acceso a la información que es de carácter público. 

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    Además, mientras un estado de excepción, está vigente, el  presidente de la República puede tomar ciertas decisiones extraordinarias. Algunas de ellas son por ejemplo, el recaudar impuestos de forma anticipada, y usar fondos públicos que estaban destinados para otros fines —con excepción de los de salud y educación—.

    También puede trasladar la sede del gobierno a otro lugar del país. Durante el estado de excepción por las protestas de octubre de 2019, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno trasladó la sede del gobierno a la ciudad costera de Guayaquil.

    Durante un estado de excepción, el presidente puede disponer del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y cerrar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Por ejemplo, en el primer estado de excepción, decretado en marzo de 2020 por la emergencia sanitaria de covid-19, Moreno cerró todas las fronteras marítimas, terrestres y aéreas del país, para contener la propagación del virus. 

    Cuando un presidente declara un estado de excepción, tiene que notificar la declaración a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales —en el caso del cierre de fronteras. La notificación tiene que hacerse máximo 48 horas después de firmado el decreto ejecutivo correspondiente. Esteban Ron, director de la facultad de Derecho de la Universidad Internacional (UIDE) explica que la Corte “siempre revisa la declaración del estado de excepción porque es una obligación de carácter constitucional”. Ron también dice que cuando un estado de excepción no cumple con los principios establecidos en la Constitución, la declaratoria constituye una violación de derechos. Por ende, la Corte puede declarar el estado como inconstitucional. La Asamblea Nacional puede revocar el decreto en cualquier momento, independientemente de si la Corte Constitucional se haya pronunciado o no sobre su constitucionalidad. 

    Un estado de excepción puede durar máximo sesenta días, según la Constitución. Sin embargo, en casos especiales, y si las motivos por los que se lo declaró continúan, puede extenderse hasta por treinta días más. Cuando las razones por las que se declaró el estado, lleguen a su fin, el presidente tiene que decretar el final del estado de excepción. 

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    En lo que va del gobierno de Lenín Moreno, se han decretado 16 estados de excepción. Entre 2019 y 2020, se decretaron seis. El 16 de mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción del Sistema de Rehabilitación Social del país. El motivo fue el aumento de la violencia dentro de las cárceles. También en 2019, durante el paro nacional de octubre, se declaró otro estado de excepción. Esta vez se aplicó en todo el territorio nacional. 

    En agosto de 2020, se declaró un nuevo estado de excepción en las cárceles del país. Además, entre marzo y diciembre de 2020, se decretaron tres estados de excepción a nivel nacional por la emergencia sanitaria de covid-19. El primero se decretó el 16 de marzo y estuvo vigente hasta junio. En junio, se decretó uno nuevo que se extendió durante 60 días. El último fue decretado el 21 de diciembre, pero la Corte Constitucional determinó que es inconstitucional.

  • Lenín Moreno acatará el dictamen de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción actual

    • dictamen de la Corte Constitucional

      Captura de pantalla de la cadena nacional del 3 de enero de 2021.

    El presidente Lenín Moreno dijo que acatará el dictamen de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción actual. Ayer, 2 de enero de 2021, la Corte difundió el dictamen que determina que el estado de excepción decretado el 21 de diciembre es inconstitucional y debe quedar sin efecto. 

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    En una cadena nacional, la tarde de hoy, 3 de enero, Moreno dijo que se seguirán aplicando las medidas que disponga el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. Según aseguró el presidente, las decisiones tomadas por el COE están basadas en “análisis técnicos y estadísticos de la situación real de la pandemia en el país” y responden a la necesidad de “salvar vidas”.

    El presidente de la República aseguró que las unidades de cuidados intensivos (UCI) en las principales ciudades del país están “al borde”. El Ministro de Salud Juan Carlos Zevallos, dijo el lunes 28 de diciembre de 2020 que en la provincia de Pichincha, el 97% de las UCI estaban ocupadas. A nivel nacional, hasta el 25 de diciembre, existía un 78,8% de ocupación de UCI y 19,7% de ocupación de camas de hospitalización para covid-19. 

    En la cadena nacional, el presidente Moreno dijo además, que a pesar de las medidas aplicadas en las últimas dos semanas, se espera que haya un “aumento de contagios”. Sin embargo, en caso de que esto suceda, Moreno afirmó que existe ya un plan de contingencia. No dio mayores detalles sobre el plan ni en qué consiste.

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    Lenín Moreno hizo también un llamado a los COE cantonales para que actúen de acuerdo a las recomendaciones del COE Nacional. Pidió que tomen las medidas que sean necesarias para “evitar las aglomeraciones”.

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    Moreno decretó el estado de excepción el 21 de diciembre de 2020, a través del Decreto Ejecutivo 1217.  La medida fue justificada bajo el argumento de que los casos de coronavirus habían aumentado por las aglomeraciones e incumplimiento de las medidas de seguridad en las últimas semanas. Según el ECU 911, desde septiembre se registró un aumento de hasta el 362% en el número de aglomeraciones a nivel nacional. Además, dijo que existía una posible exposición a la nueva variante del covid-19 que se halló en Reino Unido y ha probado ser más contagiosa. 

    Sin embargo, la Corte Constitucional decidió que estos argumentos no eran suficientes para respaldar la declaratoria del estado de excepción. Además, en un dictamen anterior de agosto de 2020, la Corte advirtió que no admitiría otro estado de excepción por la emergencia sanitaria de covid-19. 

    En su mensaje de hoy, 3 de enero, Moreno hizo también un llamado a la conciencia y responsabilidad ciudadana porque “la pandemia aún no ha sido superada”. Además, aseguró que el cuidado individual de cada persona es más importante que cualquier acción que pueda tomar el gobierno nacional.

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    La cadena nacional concluyó con noticias sobre la vacuna de Pfizer contra el covid-19 que llegará al país este mes. De nuevo, no se dio una fecha exacta sobre cuándo llegarán las primeras 50 mil dosis. Sin embargo, el presidente Moreno recalcó que el contrato suscrito es por dos millones de dosis, y que se espera tenerlas todas para finales de marzo. Moreno dijo que se inició otro proceso de negociación con la farmacéutica estadounidense para la adquisición de dos millones de dosis más. 

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