Hoy, 24 de diciembre de 2020, la jueza Ana Lucía Cevallos llamó a juicio a dos dirigentes de transporte público. Jorge Calderón —dirigente de la Federación Nacional de Operadoras en Taxis del Ecuador (Fedotaxi)— y Abel Gómez —de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip)— . Ambos irán a juicio por el presunto delito de paralización de servicio público en el paro de octubre de 2019.
El “auto de llamamiento a juicio” termina la etapa intermedia o preparatoria de juicio del proceso. En esta parte el juez decide si el caso debe ser conocido por un tribunal penal para declarar la culpabilidad de los acusados e imponerles una pena. Según la Fiscalía, Cevallos encontró suficientes elementos de responsabilidad para avanzar con el proceso judicial.
En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que lleva el caso presentó declaraciones en las que los procesados se pronunciaron a favor del servicio de transporte, con la que comenzó el paro nacional del año pasado. Además, incluyó audios, videos, pericias de identidad humana, documentos que los acreditan como dirigentes de los gremios, entre otros.
El 2 de octubre de 2019, la Federación de Transportistas anunció la paralización de sus actividades en rechazo al decreto 883 del presidente Lenín Moreno que eliminaba el subsidio de gasolina extra y diesel instaurado hace 40 años. Al día siguiente, los buses de transporte urbano y taxis detuvieron sus actividades en todo el país. Además, la Policía Nacional reprimió a manifestantes que avanzaban a Carondelet. Horas después, Moreno declaró estado de excepción a nivel nacional.
El 4 de octubre, en el segundo día de protestas, Jorge Calderón fue detenido por el presunto delito de paralización de un servicio público. Esa noche Abel Gómez dio por terminado el paro de transportistas. Gómez dijo que suspendieron sus actividades “por falta de garantías operacionales” e insistió en la derogatoria del decreto. Añadió que su gremio “no se responsabiliza por los actos vandálicos que se han suscitado en esta jornada” porque según él, fue ocasionado por “gente que se ha infiltrado”. El paro de transportistas fue solo el inicio de 11 días de manifestaciones que dejaron 11 muertos y más de 1.340 heridos.
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El delito de paralización de un servicio público se comete cuando una persona impide, entorpece o paraliza la normal prestación del mismo. Incluye también a quienes se resistan violentamente a su restablecimiento o se tomen por fuerza una instalación o edificio público. Según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con la privación de la libertad de uno a tres años.
