Cuando una persona llama al número de emergencia 9-1-1 a denunciar un secuestro, el operador del servicio la redirige a la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), la dirección nacional de la Policía especializada en manejar los casos de secuestro y extorsión.

Los expertos de la unidad siguen un protocolo que empieza por la triangulación de las llamadas celulares que haya realizado la víctima o sus familiares cercanos y de las que haya recibido la persona secuestrada. Además, revisan las grabaciones de cámaras de seguridad del ECU 9-1-1, o de los peajes cercanos a la zona en que se cometió el crimen. 

Obtener esa información le permite definir una línea de investigación del secuestro. Apenas se hace la denuncia, el caso es asignado a un fiscal. Sobre el proceso de y métodos de investigación de la UNASE no se conocen mayores detalles, pues parte del éxito de esta unidad es que los mantiene reservados, evitando que posibles secuestradores encuentren o diseñen mecanismos para evadirlos. 

Cuando esa unidad ubica el lugar donde está la persona secuestrada —proceso que puede demorar meses—, planea los posibles allanamientos, para lo que se requiere que el fiscal solicite una orden a un juez penal. El juez la emite de forma inmediata. Luego de obtenerla, entra en acción el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), un grupo de élite de la Policía Nacional. 

La intervención del GIR es meramente táctica: son ellos los que deciden la forma en que actuarán para intentar el rescate, que variará según la topografía, accesos y otras características del lugar en el que la persona está secuestrada. 

Los sitios en los que se suele esconder a un secuestrado suelen ser muy alejados de la ciudad y de difícil acceso para evitar que los vecinos denuncien lo que sucede. Los delincuentes suelen también buscar algún lugar donde no haya (o haya muy mala) señal telefónica, para dificultar el trabajo de la Policía.

Cuando se determina el sitio del secuestro y se toma la decisión de intervenir, al lugar va personal de la Unidad de Criminalística de la Policía, el fiscal a cargo del caso, el responsable de la Unase y el equipo táctico del GIR. 

El responsable del manejo del operativo es el agente de la Unase, quien da la primera orden: entrar a rescatar a la persona secuestrada. 

Una vez dada, con la autorización de la Fiscalía y la orden judicial, el equipo táctico tiene apenas entre uno y cuatro minutos para rescatar a la víctima y neutralizar cualquier movimiento de sus captores. 

En 2021, la Policía detuvo a 3 personas por el secuestro de un exconcejal en Ibarra. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional.

Los únicos que entran al rescate son los miembros del equipo del GIR. El resto, incluido el personal de Unase y de la Fiscalía, esperan hasta que el área sea segura y el responsable del GIR les autorice a entrar. 

El tiempo es fundamental porque el equipo táctico debe cumplir con el propósito de sorprender a los captores y lograr el rescate de la víctima. Una vez terminado ese proceso, la persona rescatada es trasladada, con escolta policial, para que se le hagan exámenes médicos, tanto físicos como psicológicos. Entre ellos, uno para determinar si ha desarrollado el síndrome de Estocolmo, una condición en que el secuestrado desarrolla un vínculo afectivo con su captor. Después, lo reúne con su familia. 

Los detenidos son trasladados para ser procesados judicialmente, mientras el departamento de criminalística levanta las pruebas que la Unase encontró en el sitio, y las entrega al fiscal que las usará como pruebas en contra de los perpetradores del delito en una audiencia de formulación de cargos. 

En esa diligencia, el juez que esté conociendo el caso determinará si a los detenidos les dicta prisión preventiva o medidas sustitutivas a la prisión preventiva (como el uso de un grillete electrónico o la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad).

Según la UNASE, en el 90% de los casos se logra un secuestro en trabajo conjunto del GIR.