Colectivos feministas presentaron una acción de inconstitucionalidad para pedir la despenalización del aborto en casos de violación sexual. La mañana del 10 de noviembre, feministas de los colectivos Surkuna, Amazon Frontlines, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Movimiento de Mujeres del Oro, se reunieron en las afueras de Corte Constitucional en Quito para presentar una demanda que exige que se remueva del Código Orgánico Integral Penal (COIP) el inciso dos del artículo 150 que penaliza el aborto por violación.
Según Surkuna— una organización que brinda acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencia— en la demanda se solicita también medidas cautelares. Si la Corte acepta las medidas, estas tendrán que aplicarse de inmediato hasta que se tome una decisión sobre la acción. Una acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que permite que una ley o norma se anule por atentar contra los derechos protegidos por la Constitución.
Esta no es la primera demanda de este tipo. Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío— que busca la equidad en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos— dice que en 2019 también se presentaron dos acciones para despenalizar el aborto por violación.
Fundación Desafío junto con la Coalición Nacional de mujeres y el Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos presentaron dos acciones en julio y agosto de 2019. También exigían la despenalización del aborto en casos de violación. Gómez de la Torre, quien también es médica, dice que se presentaron las acciones pensando en un escenario en el que la Asamblea Nacional negara la despenalización dentro del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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La primera acción era de inconstitucionalidad, ya que la negativa a despenalizar el aborto atenta contra el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la no discriminación, el derecho a tener los hijos que se desee, el derecho a la vida y salud integral de la mujer embarazada, y el derecho a la salud y a la salud sexual y salud reproductiva— protegidos por la Constitución del Ecuador.
La segunda acción fue por incumplimiento. La doctora Gómez de la Torre dice que al no aprobar la despenalización del aborto, el Ecuador incumple varias convenciones a las que se ha suscrito. Algunas de ellas son: la convención para la eliminación de toda forma de discriminación, la convención por los derechos del niño, la convención por los derechos económicos, sociales y culturales, y la convención de derechos humanos. Según comenta Gómez, en estas convenciones se pide la despenalización del aborto, por lo menos, en casos de violación.
El 17 de septiembre de 2019, la Asamblea Nacional negó—con 65 votos— la despenalización del aborto por violación; se necesitabam 70 para aprobarla. Para entonces las dos acciones ya habían sido presentadas y aceptadas por la Corte Constitucional y se esperaba una pronta respuesta. Sin embargo, ya ha pasado más de un año desde la presentación de las acciones y la Corte Constitucional no ha tratado ninguna de las demandas.
La nueva acción de inconstitucionalidad que se acumula a las otras dos acciones presentadas, pide que se le dé prioridad a estas demandas. Si se acepta este criterio, la acción tiene que conocerse de forma inmediata.
Virginia Gómez de la Torre dice que la próxima semana, las organizaciones que presentaron las primeras dos acciones en 2019, van a acercarse de nuevo a la Corte Constitucional. El objetivo es presentar diez amicus curiae—recursos legales de personas externas que tienen interés en el caso y quieren respaldar la acción— que han logrado conseguir hasta el momento. Ese día, además, la abogada que las representa, Angélica Porras, entregará una carta en la que también se pide alterar la cronología de los procesos que recibe la Corte para que se acelere el proceso “porque el tema de embarazo en niñas y adolescentes producto de violencia sexual es un problema de emergencia nacional”.
Más de dos mil niñas y casi el 33% de embarazos adolescentes en Ecuador son producto de violencia sexual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2018 casi 150 adolescentes entre 15 y 19 años dieron a luz cada día.
La presidenta de Fundación Desafío, Virginia Gómez, dice que a pesar de que las tres acciones que se han presentado en la Corte Constitucional exigen la despenalización del aborto por violación, todos los esfuerzos que se están haciendo tienen una visión hacia la despenalización total del aborto en el código penal en un futuro cercano.
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El 25 de septiembre de 2020, el presidente Lenín Moreno vetó por completo el Código Orgánico de la Salud (COS) que obligaba a los médicos de atender emergencias obstétricas y así evitar que más mujeres mueran con abortos en curso. El veto además frenó los avances en la promoción de la educación sexual.
