El juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, avanza. La tarde del 5 de noviembre de 2020, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional decidió pasar el trámite de juicio político contra Romo al pleno de la Asamblea. 

Con nueve votos a favor, uno en contra, y una abstención, la Comisión  aprobó enviar al Pleno el trámite que pesa contra Romo, acusada de mal manejo del paro nacional de octubre de 2019. Ahora, la Asamblea tendrá que decidir si se censura y destituye del cargo a la ministra de Gobierno. 

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El 31 de octubre, María Paula Romo, compareció de manera virtual frente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.  En la comparecencia que fue transmitida por Facebook Live desde Carondelet, Romo se defendió de las acusaciones en su contra y presentó sus pruebas de descargo.  

Romo es acusada, puntualmente, de no responder de forma adecuada a las manifestaciones de octubre de 2019. Específicamente, sus acusadoras la señalan por lanzar bombas lacrimógenas caducadas y en centros de paz y acogida humanitaria. Además, se le imputa haber convocado de forma tardía al Comité para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.

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En su comparecencia, María Paula Romo dijo que la Policía Nacional solo respondió a la violencia que se registró durante las manifestaciones, y que la caducidad de las bombas lacrimógenas lanzadas no afecta la salud. Además, con respecto a la acusación por no convocar a tiempo al Comité de Protección de Periodistas, Romo dijo que esa era competencia de la Secretaría de Comunicación.En su cuenta de Twitter la noche del 4 de noviembre, la ministra dijo que la Policía de Ecuador “actuó con prudencia en un difícil escenario”, y defendió y respaldó esa actuación.

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Según un boletín de la Comisión de Fiscalización, después de analizar las pruebas de cargo y descargo, se descartó la responsabilidad de la ministra de la convocatoria tardía al Comité para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Sin embargo, se confirmó la responsabilidad del resto de acusaciones en su contra. 

La solicitud de juicio político fue presentada el 15 de enero de 2020 por los asambleístas independientes Roberto Gómez y  Lourdes Cuesta, y la asambleísta del bloque correísta Amapola Naranjo. 

El paro nacional de octubre de 2019 empezó como un paro de transportistas tras el Decreto 883 que eliminaba los subsidios de los combustibles. Pero desencadenó en una de las protestas sociales más grandes de las últimas décadas. 

Las manifestaciones duraron 11 días, desde el 2 hasta el 13 de octubre de 2019 y dejaron un total de 11 muertos y cientos de heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre el paro y emitió 11 recomendaciones para el Estado ecuatoriano. 

En el informe, la Comisión responsabilizó al personal de la Policía Nacional —que está a cargo del Ministerio de Gobierno—y a las Fuerzas Armadas de cometer “ violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena” durante el paro nacional. 

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Hasta el momento, María Paula Romo no se ha pronunciado con respecto a la decisión de la Comisión de Fiscalización.