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La migración es una constante. Las personas seguimos migrando  y cruzando fronteras a pesar de la pandemia. Ecuador ha sido siempre un país de idas y vueltas para muchas personas y otras tantas estiman que es un país donde se puede vivir. Cualquiera que sea la motivación de quienes migran —personas que llegan al país expulsadas, que llegan sabiendo o no que están siendo hostigadas por redes de crimen organizado, que llegan solo de paso (en tránsito), o que simplemente llegan— el Ecuador debe estar listo para atenderlas. No solo por reciprocidad o solidaridad, sino sobre todo por el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas.

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Ahora que elegiremos a un nuevo gobierno es clave revisar los temas pendientes de movilidad humana, un término que comprende a las personas que emigran, inmigran, en tránsito, retornan, quienes requieren protección internacional, los sobrevivientes de delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, y, sus familiares. Ecuador lleva décadas enfrentando retos de la movilidad humana: desde finales de los noventas con la salida de ecuatorianos, la llegada de la población refugiada colombiana, la llegada de las personas haitianas, las cubanas y de otros continentes. Hoy ya no solo es un asunto de una sola entidad pública (aunque sí es una, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la que tiene el liderazgo) sino que le concierne a todo el Estado.

El sistema de justicia también ha jugado un rol fundamental para definir las garantías de las personas en movilidad humana a través de importantes resoluciones de la Corte Constitucional. Por ejemplo estableció las garantías mínimas del procedimiento de determinación de refugiado. Las entidades públicas han mejorado los procedimientos para atender a los migrantes tomando en cuenta  su registro y su documentación, se ha reconocido el debido proceso —es decir, los procesos administrativos de las personas migrantes deben cumplir con garantías como cualquier otro procedimiento administrativo.  

Si bien hemos avanzado, aún hay temas pendientes que necesitan ser fortalecidos. Si consideramos normas y leyes, hemos completado casi todo el álbum. Si hablamos de aplicación de los derechos, seguimos armando coloridos parches de una cobija que no terminan de unirse. La respuesta a la afluencia masiva de personas venezolanas —5 millones de venezolanos han salido de su país y se estima que 360 mil están en Ecuador—   evidenció cómo a pesar de que no es la primera vez que recibimos migrantes en ese volumen, el país no atina a dar una respuesta efectiva. Tal vez, los últimos años de este gobierno han tratado de darle un diseño a nuestra cobija de parches, pero parece que seguimos sin saber el resultado final. 

Una respuesta apropiada de acogida para todas las personas que llegan

La afluencia masiva de personas venezolanas provocó la más importante estrategia nacional definida en el Decreto 826 del 25 de julio 2019. La estrategia —que no ha  finalizado del todo— sin duda marca un punto de partida necesario para un nuevo gobierno no solo por sus aciertos, sino también por los vacíos. El decreto estableció un proceso de regularización migratoria que incluía dos partes: un registro migratorio (censo opcional) y la posibilidad de acceder a una visa si la persona entró al país antes del 25 de julio de 2019. Este proceso, llamado extraordinario, permitió otorgar 64.521 visas a personas venezolanas: 59% de residencia temporal de excepción por razones humanitarias (VERHU) y 41% de otras visas. De este proceso, aún hay  26 mil solicitudes pendientes de resolver que alcanzaron a presentarse en el periodo establecido pero que aún no tienen respuestas. Sin duda, la posibilidad de contar con una visa ha sido vital para muchas personas. 

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Sin embargo, esta medida de amnistía migratoria no incluyó a todas las personas que la necesitaban: 37.380 de ellas no accedieron a una visa porque ingresaron al país luego del límite temporal. La intención era que la visa sea esa herramienta para una migración ordenada, segura y regular.  No obstante, la situación de Venezuela no cambió mágicamente el 26 de julio luego del decreto ecuatoriano. Ese día fue uno más para un país donde su población vive una generalizada violación a sus derechos humanos. 

El informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos —mecanismo creado por las Naciones Unidas para verificar la situación de derechos humanos en Venezuela— concluye en su informe que “…el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria…La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasan 10 horas al día en las colas para comprar alimentos”. Así, el establecimiento de plazos del decreto para obtener la visa se vuelve un ejercicio absurdo cuando el fin es proteger a las personas venezolanas. 

La visa se convierte entonces en una barrera y no en una herramienta que aporta a la situación de las personas venezolanas. Más que una visa, el proceso de regularización comprueba que lo más importante es contar con una herramienta única que permita identificar, en la etapa más temprana posible, a las personas que requieren protección. Hoy no sabemos cuántas personas han entrado desde agosto de 2019 —pues muchas lo han hecho ya de manera irregular— y sobre todo en qué condiciones viven. ¡Si simplemente el proceso de visado hubiera ido a la par del registro migratorio! Es decir, si no hubiese incluido esa temporalidad el proceso hubiera sido ejemplar. 

Una medida de protección para la movilidad humana debe basarse en los derechos humanos y debe poder identificar a las personas en esta situación en la etapa más temprana posible. Esto permite proveer soluciones a los que requieren ayuda, y también identificar aquellos que requieren otro tipo de alternativas. Por ejemplo, para las personas en riesgo de trata o víctimas de trata, para los niños, niñas y adolescentes no acompañados y otros casos prioritarios. Una identificación oportuna podría evitar posibles casos fraudulentos porque nos aseguraríamos que aquellos que necesitan protección sean derivados al procedimiento que corresponde. El proceso extraordinario en el Ecuador tuvo la oportunidad de brindar una respuesta para todos, pero no lo hizo.  

Eso sin mencionar que la visa VERHU es una figura especial y que bien pudo optarse por fortalecer la visa temporal de protección internacional que corresponde es para quienes salieron de su país “porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazada por la violencia generalizada … la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. En el proceso extraordinario de regularización, según el viceministro de Movilidad Humana, luego de la visa VERHU, la segunda visa más solicitada fue la temporal de protección internacional, siendo el 45% del total de otras visas. 

Procedimientos claros e institucionalizados para los grupos de atención prioritaria y diversos

Un cambio sustancial del nuevo contexto de movilidad humana es que finalmente el tema es un componente central no sólo de aquellas instituciones y organizaciones dedicadas por mandato  sino de todas que siempre han tenido competencia, pero no se habían sentido aludidas o habían tratado el tema de migración sin mucho entusiasmo (como Educación, Inclusión Social, Trabajo, entre otros). Así parece que finalmente estamos decididos como país a incorporar en la práctica estatal procedimientos para la atención de grupos prioritarios y diversos en el contexto de movilidad humana, por ejemplo, los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. 

En el 2014 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su Opinión Consultiva OC-21/14 sobre los Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, el Instituto de Política Pública del Mercosur desarrolló un exhaustivo plan de acompañamiento técnico para que los países parte del sistema —Ecuador incluido— pudieran implementar la medida. 


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El país pudo haberse beneficiado de aquella asesoría técnica pero el tiempo pasó y las autoridades competentes de ese entonces dejaron pasar la oportunidad —tal vez pensaron que no era lo importante— y hoy estamos esperando que finalmente a través del Proceso de Quito (una estrategia de coordinación regional para la situación venezolana en el Estado ecuatoriano)  haya  un protocolo armonizado en la región. El problema es que ya estamos a finales de 2020 y si bien es  mejor tarde que nunca, muchos niños, niñas y adolescentes han sido atendidos, si lo fueron, con medidas improvisadas. 

Otros ejemplos de procedimientos especiales que debieron tomarse hace mucho tiempo  son los protocolos para cumplir con los derechos a la identidad y diversidad de género que finalmente están incorporándose. 

Todas las poblaciones requieren respuesta, el diálogo debe ser integral y debe reflejarse en acciones concretas

Las poblaciones en movilidad humana que requieren atención son muchas más. Si bien la magnitud del desplazamiento venezolano es única,  los programas de protección internacional no pueden hacerse a demanda, las figuras de protección internacional y asistencia a las personas en movilidad humana deben existir más allá de la coyuntura. Es así como la respuesta a otras poblaciones no puede retrasarse. Las medidas específicas son necesarias, pero no pueden dejar de lado a otros grupos sin atender. El país tiene una deuda con el resto de las nacionalidades que siguen entrando al país con situaciones individuales también complejas (por ejemplo, la colombiana que sigue huyendo de su país). El registro migratorio realizado por el Ministerio de Gobierno provee información importante para focalizar las políticas públicas. Por eso otras poblaciones y sus necesidades no pueden quedar fuera.  

Este gobierno ha instaurado las Mesas de Movilidad Humana. En agosto se desarrolló de manera virtual la 18ª Mesa Nacional de Movilidad Humana. Lejos de calificarlas, la iniciativa de crear sinergias desde el ministerio podría ser muy positiva. Importante que estos espacios de concertación no dejen a nadie fuera y permitan la participación de las personas migrantes sobre todo. 

El covid-19, la atención a la salud, las violencias, la educación e integración de la población en movilidad humana

El covid-19 y el aislamiento crean nuevos retos: el desempleo, la inestabilidad laboral, la presión que el sistema de educación pone en lo tecnológico y en el cuidado, el desalojo, la discriminación, la explotación sexual, la explotación laboral, las violencias. La población migrante y refugiada regularizada la encuentra difícil, aún más aquellas que quedaron fuera de acceder a un documento. En medio de la pandemia vimos cómo muchas personas venezolanas preferían regresar a su país, no porque las condiciones hubieran cambiado allá , sino por la ausencia de respuestas efectivas acá. Esta desprotección es sin duda el mejor escenario para que el crimen organizado se desarrolle. 

El nuevo gobierno tiene varios pendientes en este contexto

  • No partir de cero y dar continuidad a las estrategias ya en marcha —eso es la institucionalidad. Los derechos se cumplen más allá de quién está en el poder. Contar con información para el diseño de una política pública es una oportunidad única, solo debemos asegurar que nadie se quede fuera. Este gobierno se ha comprometido en tomar las medidas ya, pero si no lo logra, las estrategias no pueden quedar a medias.
  • Asegurar que el país logre  regularizar al 100% de las personas que lo requieran, el no hacerlo las convierte en víctimas posibles de crímenes como la trata de personas y la explotación.  Una amnistía desde los derechos y no desde la barrera. 
  • Continuar el proceso de institucionalizar la atención a niños, niñas y adolescentes, población LGBTIQ, mujeres sobrevivientes de violencia, personas sobrevivientes de trata. Estos tienen derechos y no pueden tener procedimientos nuevos con cada gobierno.
  • El nuevo gobierno tendrá que continuar la articulación de los actores locales y nacionales e internacionales: avanzar en estrategias que promuevan políticas armonizadas y estrategias coordinadas para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
  • No olvidar que el iniciar una estrategia de movilidad humana para la protección desde la desconfianza y el temor no solo provoca desprotección, pero sobre todo incrementa el riesgo de graves vulneraciones a los derechos humanos, como la explotación laboral o la trata de personas entre otras y alimenta la tan poco deseable desconfianza de la población de acogida, generando discriminación y xenofobia. 

Tal vez muchas personas dirán que el principal reto son los recursos económicos para atender a tanta gente. Sin embargo, en un país como el nuestro — al igual que otros de la región— todas las personas debemos batirnos en el mercado laboral formal e informal para sobrevivir. Quienes llevan al país por todas las situaciones posibles también lo tienen que hacer. Si las personas que protegemos generan conocimiento, generan cultura, generan producción, generan un país cada vez más rico y diverso, no cabe duda de que la migración y la posibilidad de dar protección internacional es una fortuna para el país. 

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Ecuador ya ha asegurado 34 millones (el 22%) de los 200.38 millones de dólares solicitados como parte de la responsabilidad compartida de la comunidad internacional para proteger a las personas venezolanas. Con certeza vendrán más recursos, además de la asistencia técnica de muchos organismos nacionales e internacionales que el país sigue recibiendo. Pero, sobre todo, es cada persona venezolana que contribuye con su trabajo, sus conocimientos y, claro está, con su consumo, lo que permite también aportar a la economía ecuatoriana. Las personas que llegan no son subsidiadas por el Estado de manera particular. El registro migratorio mostró que el  51% (83078) de las personas venezolanas no han necesitado del sistema público de salud desde su ingreso al país. 

Esperemos que el nuevo gobierno no comience de cero. Esperemos que rescate y fortalezca lo que funciona, que corrija lo pendiente para una migración segura, ordenada y regular y una protección internacional efectiva, ágil y sin barreras.