Este reportaje es parte de la alianza entre GK y Mongabay Latam
La Corte Constitucional del Ecuador aprobó el pedido de consulta popular contra la minería en Cuenca, al sur del país. El 18 de septiembre de 2020 la Corte emitió el dictamen favorable a las cinco preguntas planteadas por el Concejo Cantonal de Cuenca, en el pedido de consulta entregado a la corte 10 días antes.
En la decisión —con siete votos a favor y dos en contra—, la Corte Constitucional dice que en el caso que el resultado de la consulta sea el sí, se aplicará en el futuro, pero no detalla cuál es el tiempo. Además, en el dictamen la Corte dice que en el texto de la consulta se debe incluir el “mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica elaborado por la subgerencia y gestión ambiental de ETAPA”.
Diez días antes, la mañana del 8 de septiembre de 2020, Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, ciudad de la región Sierra Sur de Ecuador, entregó a la Corte Constitucional la solicitud para convocar a una consulta popular que prohíba actividades mineras cerca de los páramos y ríos de la ciudad. En una declaración a los medios de comunicación fuera del edificio de la Corte, Palacios dijo que incluyeron los argumentos necesarios para que la Corte Constitucional la acepte y “el pueblo cuencano se manifieste en las urnas para cuidar las fuentes de agua”. El alcalde se refirió a cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Machángara, Tarqui y Norcay. Los primeros cuatro atraviesan Cuenca y abastecen de agua a la ciudad.
El origen del pedido
Todo empezó en una reunión extraordinaria y virtual donde el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó, el 1 de septiembre, con 15 votos a favor y uno en blanco, convocar a una consulta popular por el agua, como la denominaron los activistas ambientales del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, organización de diferentes colectivos y personas que defienden los derechos de la naturaleza en esa ciudad y que llevó la propuesta al Concejo.
La consulta pretende que los cuencanos decidan sobre los proyectos mineros que se realizan cerca de los páramos, donde nacen los ríos que proveen agua para la ciudad y la provincia del Azuay. Los ciudadanos deberán responder sí o no a esta pregunta: ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la empresa municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Saneamiento Etapa EP? Esta misma pregunta se repite para los otros cuatro ríos.
Río Blanco está ubicado en las parroquias Molleturo y Chauca en Cuenca. Fotografía de Nicolás Coronel Aráuz
Claudia Segovia, bióloga y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), explica que los páramos son ecosistemas frágiles porque tienen especies endémicas, que son únicas en el planeta, “los páramos actúan como una especie de islas entre las montañas que son refugios de plantas endémicas y animales, eso hace que sean muy importantes”. Además, dice que “los páramos producen el agua para que llegue a Cuenca. Hay que tener claro eso”.
Segovia asegura que las plantas de los páramos tienen adaptaciones especiales para captar el agua y que pensar en hacer minería en esa zona es desastroso por la contaminación que provocaría. “Se destruirían estos ecosistemas que son tan sensibles”, resalta.
El objetivo de la consulta son los proyecto a gran escala
David Fajardo, uno de los representantes del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, dice que la organización, inicialmente, presentó dos preguntas para proteger de la minería a los ríos Yanuncay y Tarqui, pero en el análisis que hizo la Comisión de Ambiente del Concejo, se decidió “ampliar estas dos preguntas a cinco [incluyendo a los ríos Tomebamba, Machángara y Norcay], tratando de proteger una mayor cantidad del territorio”.
Fajardo explica que las actividades mineras a las que se refiere la consulta popular son los proyectos a gran escala Loma Larga y Río Blanco que se desarrollan en las afueras de Cuenca. Loma Larga se encuentra en los cantones Cuenca, San Fernando y Girón, y cuenta con tres concesiones —Cerro Casco, Río Falso y Cristal— para explotación de oro, plata y cobre. Actualmente están en fase de exploración y se espera la etapa de producción para el primer trimestre de 2021.
El proyecto minero Río Blanco, en teoría, se encuentra en etapa de explotación pero no ha iniciado la producción que estaba planificada para 2019 debido a la sentencia de una acción de protección, presentada en junio de 2018 por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari). Los jueces consideraron que la concesión minera estaría ubicada en una zona que es fuente de agua, según indica también el Reporte de Minería del Banco Central del Ecuador.
El proyecto Río Blanco está en teoría en etapa de explotación.
En Azuay hay 765 concesiones mineras, algunas inscritas en la Agencia de Regulación y Control Minero y otras en trámite. Ivonne Ramos, miembro del colectivo Acción Ecológica, dice que el siguiente paso es hacer una campaña en Cuenca a favor del sí. Pero también sabe que habrá quienes hagan campaña por el no “con los argumentos de que se van a generar empleos para el cantón, la provincia y a nivel nacional”, dice.
La Cámara de Minería del Ecuador (CME), respondió a Mongabay Latam que “la actividad minera responsable no debe ser cuestionada, ni sometida a consultas populares”. Los representantes de la CME argumentan que la minería es un sector estratégico para Ecuador y que la realizan con buenas prácticas ambientales y sociales. Además, afirman que “todo territorio donde se pretende prohibir la minería formal es presa fácil de mineros ilegales y todas las actividades delictivas que conlleva”.
El 8 de septiembre el alcalde Pedro Palacios dijo que en cuanto la Corte Constitucional apruebe el pedido, este pasará al Consejo Nacional Electoral para que incluya la consulta en las elecciones que se realizarán en febrero de 2021 para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos.
La Corte Constitucional tenía 20 días para revisar y emitir un dictamen de constitucionalidad del proyecto de consulta popular. David Fajardo, representante del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, cuenta que “el sector minero dice que se estaría vulnerando su seguridad jurídica”. Sin embargo, para él, los derechos mineros no son derechos fundamentales.
Cerca a Cuenca ya hay un precedente de consulta popular. El 24 de marzo de 2019, en el cantón Girón, también de la provincia de Azuay, se realizó una consulta popular para que los ciudadanos decidieran sobre la prohibición de las actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha). Más del 80% de los votantes respondieron NO a la minería luego de ocho años en los que campesinos y líderes de los sistemas de agua comunitarios del cantón Girón se opusieran a esa actividad.
Después de la victoria del NO, el gobierno de Ecuador dijo que ese resultado era un golpe a la industria minera, ya que afectaba una parte de concesión de la empresa canadiense INV Metals Inc que estaba en Girón.
El abogado ambientalista Esteban Falconí cree que las preguntas en la solicitud actual están bien planteadas. Y, de hecho, así lo confirmó la Corte Constitucional, contrario a lo que pasó con los tres intentos fallidos del prefecto del Azuay, Yaku Pérez.
El mismo día que el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios entregó la petición de consulta en la Corte Constitucional, se supo que la jueza Karla Andrade estará a cargo. Fotografía de David Fajardo.
Pedidos de consulta popular negados
El prefecto de Azuay y actual precandidato a la presidencia del Ecuador, Yaku Pérez, ha entregado tres veces un pedido de consulta popular en la Corte Constitucional para prohibir la minería en la provincia. Todos fueron negados.
Hace más de un año, en julio de 2019, Pérez presentó la primera solicitud para paralizar la minería industrial. Dos meses después, en septiembre, la Corte Constitucional negó la solicitud, argumentando que la petición estaba planteada de forma general, al referirse a un “alto número de proyectos mineros como son los que se hallan en desarrollo en el Azuay y a diversas zonas ecológicas en dicha provincia”. Además, la Corte dijo que la pregunta no garantizaba la libertad del elector y que no estaba planteada para que los electores votaran sí o no, sino para dar una respuesta más detallada.
El 7 de enero de 2020, Yaku Pérez presentó su segunda petición en la Corte. Esta vez planteó dos preguntas: la primera relacionada a la prohibición de la minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, y la segunda sobre la cancelación de las concesiones mineras metálicas otorgadas con anterioridad a esa propuesta de consulta popular.
Un mes después, la Corte Constitucional negó y archivó la solicitud de Pérez porque el planteamiento de la pregunta sobre la cancelación de las concesiones mineras afectaba “al derecho constitucional de la seguridad jurídica”.
Pero Pérez insistió. El 3 de agosto de 2020 fue nuevamente a la Corte Constitucional para entregar otra solicitud, con una sola pregunta, sobre la prohibición de la explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora Yanuncay/ Irquis, microcuenca del río Tarqui. Otra vez la Corte negó el pedido argumentando que la pregunta que formuló no permitía a los electores decidir con libertad y responsabilidad.
El abogado Esteban Falconí cree que las tres propuestas de Pérez fueron rechazadas con argumentaciones extrajurídicas, “sacan el argumento de donde sea para no aprobar la consulta. Esto pasa mucho”, dice.
Por su parte, el prefecto Yaku Pérez asegura que las preguntas no fueron mal planteadas porque él no es aprendiz en el campo del derecho y cree que los jueces de la Corte tuvieron diferentes criterios y “eso es una pena porque la Corte Constitucional está compuesta por personas competentes, pero que doblegan sus voluntades frente a las presiones”.
Aún así, hubo sectores críticos a las pretensiones de Pérez. Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, publicó un texto de opinión en la página web de la Cámara de la Minería donde indicó que la consulta pretendería modificar la Constitución porque, según su artículo 407, esta actividad solo está prohibida en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Es decir, para prohibirla en otras zonas se necesitaría reformar la ley.
El tema es bastante polémico y tiene varias interpretaciones. Johel Escudero, docente de derecho constitucional del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), dice que la consulta que quieren hacer en Cuenca no implicaría una reforma a la Constitución porque esta es una normal general y “puede cobijar nuevos acuerdos que haga la sociedad y el Estado”.
No pierden la esperanza
David Fajardo, representante del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, dice que en esta nueva solicitud de consulta popular que hace el Concejo se analizaron las antiguas peticiones del prefecto de Azuay, para que esta vez la Corte no negara el pedido. Además, el alcalde Pedro Palacios dice que las preguntas fueron redactadas “cuidando los puntos y las comas”.
Yaku Pérez, prefecto del Azuay, espera que sean los cuencanos quienes decidan por el oro o por el agua. Esto a pesar de que “curiosamente en ese tiempo [cuando él presentó las propuestas para prohibir la minería] el alcalde Pedro Palacios no apoyó”, comenta Pérez.
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Y es que muchos no comprenden por qué ahora hay tanta oposición cuando hace menos de tres años, en febrero de 2018, el presidente Lenín Moreno convocó a una consulta popular y un referéndum a nivel nacional. En ese momento se le preguntó a los ecuatorianos sobre enmendar la Constitución de la República para prohibir la minería metálica en todas sus etapas “en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos”. La respuesta de los votantes fue por el Sí. ¿Por qué esa consulta se llevó a cabo sin tanta dilación? Según el abogado Esteban Falconí, en esa propuesta de consulta había cuestiones políticas de por medio.
Este artículo fue publicado originalmente en Mongabay Latam
