María Sol Larrea, otra vez investigada por presunto lavado de activos

  • La Fiscalía formuló nuevos cargos por lavado de activos a María Sol Larrea

    • Prisión preventiva contra María Sol Larrea

      En una investigación por lavado de activos, un juez dictó prisión preventiva contra María Sol Larrea. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    La Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Fiscalía también formuló cargos en contra de  dos personas más y seis empresa, vinculadas personas jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. 

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    Según el artículo 49 del Código Integral Penal, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal cuando las empresas que representan están involucrados en los delitos. Esto no se aplica para todo tipo de delitos — no se puede acusar a una empresa de violación, pero sí en delitos económicos como el lavado de activos. La abogada Gisela Vaca explica que en este caso, se utilizan las 6 empresas para cometer el delito de lavado de activos — están directamente involucradas — así que la Fiscalía sí puede presentar cargos y el juez dictar una sentencia en su contra, como personas jurídicas. 

    Según la Fiscalía, los involucrados serían Larrea, su esposo, Marcelo Espín, su cuñado, Carlos Espín, y las empresas Dialilife S.A., Serdidyv, Dialicon, Dialivida, Sociedad de Hemodiálisis y Representaciones Guderian S.A, vinculadas como personas jurídicas. Los hermanos Espín constan como accionistas y directivos de todas las compañías.

    El lavado de activos es un delito en el que se le da la apariencia de origen lícito a dinero, bienes o activos que es, en realidad, ilícito. En este caso, según la Fiscalía, los tres involucrados intentaron ocultar dinero de origen ilícito con la compra de bienes muebles e inmuebles en Ecuador y Estados Unidos. La Fiscalía dijo que el dinero era producto de “delitos contra la administración pública”, como el abuso de funciones de funcionarios públicos. 

    La Fiscalía cree que Larrea, su esposo y su cuñado formaron las seis compañías involucradas para registrar contratos por más de 35,6 millones con instituciones públicas como el IESS o las coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública, y así blanquear los fondos de origen ilícito. Los contratos se adjudicaron entre 2010 y 2018, mientras Larrea ocupaba cargos públicos, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohibía que esta entidad contrate con las compañías de una funcionaria. 

    Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de Antilavado, Mario Muñoz, presentó los elementos de convicción en contra de Larrea. Muñoz dijo que, desde agosto del 2017 hasta el 29 de noviembre del 2019, mientras Larrea cumplía otras sentencias por tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito, recibió un salario mensual de 5.600 dólares de tres compañías con las que todavía tiene relación.

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    El juez Máximo Ortega dictó prisión preventiva para María Sol Larrea y medidas alternativas — presentarse semanalmente y prohibición de salida del país— para su esposo y su cuñado. A las empresas involucradas, se les impuso prohibición de enajenar acciones —como personas jurídicas— y a tres de ellas prohibición de enajenar bienes inmuebles.

    Diego Chimbo, abogado de las empresas procesadas, dijo que las empresas fueron creadas antes de que Larrea ocupe cargos públicos y que no hubo tráfico de influencias al adjudicar los contratos. La defensa de María Sol Larrea todavía no ha dado declaraciones. 

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    La instrucción fiscal, etapa en la que se recogen evidencias para determinar si existe un delito y si acusa o no, comenzó el 2 de diciembre y durará 90 días. 

  • ¿Quién es María Sol Larrea y por qué estaba presa?

    • Quién es María Sol Larrea

      María Sol Larrea fue coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde 2008 hasta 2013. Fotografía tomada de la página de Facebook del IESS.

    María Sol Larrea fue coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde 2008 hasta 2013. También fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito entre 2010 y 2015 y asesora del Despacho y coordinadora general de Planificación del  Ministerio de Industrias y Productividad desde 2013 a 2015, cuando Ramiro González era Ministro.

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    Ramiro González está prófugo desde 2017. En agosto de 2017 la Fiscalía del Ecuador realizó un operativo para capturarlo, pues era investigado por una supuesta defraudación fiscal. Se allanó sus propiedades y se dictó una orden de prisión preventiva en su contra por tráfico de influencias cuando dirigía el IESS — y trabajaba con María Sol Larrea. González está en Perú, desde donde todavía no se ha podido concretar su extradición. 

    La Fiscalía comprobó en 2017 que Larrea y su esposo eran dueños de empresas que tenían contratos con el IESS en 2012, mientras ella formaba parte del directorio de la institución que se encargaba de aprobar los contratos. Entre ellas estaba un centro de diálisis, que pasó de tener un capital de 98.000 a 250.000 dólares, en cinco años. En ese juicio, Larrea se declaró culpable y recibió una condena de 20 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito. 

    Además de la sentencia por enriquecimiento ilícito, Larrea cumplió dos sentencias de un año cada una por tráfico de influencias. En 2017 se la sentenció por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza para los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo, por 2,9 millones de dólares. La segunda sentencia se dictó en enero de 2018. La Fiscalía encontró irregularidades en un contrato, aprobado por Larrea, para la adquisición de sesenta tipos de medicamentos por 5 millones de dólares y la sentenció a un año de prisión.

  • María Sol Larrea salió de prisión pero regresó inmediatamente

    • María Sol Larrea regresó a la cárcel

      María Sol Larrea regresó a la cárcel después de salir en libertad. Fue detenida con fines investigativos, según la Fiscalía. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El viernes 29 de noviembre por la noche, el tribunal de  la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua aceptó el recurso de habeas corpus que permitía que Larrea salga de la cárcel después de cumplir dos sentencias por tráfico de influencias y una por enriquecimiento ilícito. Pero, poco después, fue detenida nuevamente con “fines investigativos” por peculado y lavado de activos, según la Fiscalía. 

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    La Fiscalía se opuso a que Larrea salga de la cárcel durante la audiencia en la que se aprobó el recurso de habeas corpus. Entre los motivos expuestos por la Fiscalía estaban que Larrea aún no ha pagado 4,4 millones de dólares como reparación a favor del Estado. La Fiscalía también dijo que a Larrea le falta cumplir el año de cárcel al que fue sentenciada el 19 de noviembre de 2019 por peculado. Esta es su cuarta sentencia en firme. 

    El 1 de diciembre de 2019, la Fiscalía formuló cargos en contra de María Sol Larrea en una quinta causa: por presunto peculado en la adquisición irregular de medicamentos. El juez David Lass dictó 90 días de arresto domiciliario para Larrea y le prohibió que salga del país para asegurar su presencia en el proceso judicial. 

    El caso más reciente comenzó con una denuncia de Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción del Gobierno, en la que decía que se importaron fármacos de “empresas presuntamente de papel”. En el caso estarían también involucrados Ramiro González, expresidente del directorio del IESS, y otros funcionarios. 

    Según la Fiscalía, en el 2012, el Directorio del IESS autorizó la importación de 90 tipos de medicamentos. A este proceso se presentaron dos compañías de la India, pero el comité técnico del que formaba parte Larrea adjudicó dos contratos por 6,5 millones de dólares a Cacmilsa, una compañía ecuatoriana que actuaba como representante en el Ecuador de dichas empresas extranjeras.

    La compañía ecuatoriana habría sido formada por Carlos A., un excontratista quiteño. Cacmilsa presuntamente falsificó los nombres de las dos organizaciones de la India a las que se les compraban los medicamentos y se quedó con el dinero de los contratos. Según Ordóñez, Cacmilsa nunca funcionó y no ha reportado movimientos en la Superintendencia de Compañías en los últimos años.

  • Llaman a juicio al director de la cárcel de Latacunga por presunto abuso sexual a María Sol Larrea

    • Abuso sexual a María Sol Larrea

      El presunto abuso sexual a María Sol Larrea será llevado a juicio. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea.

    El 7 de febrero de 2020 en el complejo judicial de la ciudad andina de Latacunga el juez de garantías penales Marcelo Palomo resolvió llamar a juicio a Mario Carrillo, director de la cárcel de la provincia de Cotopaxi. Carrillo es acusado de abusar sexualmente a María Sol Larrea, la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que está presa por varios delitos asociados al ejercicio de su cargo. 

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    El abuso habría sucedido en agosto de 2019, cuando Larrea cumplía su pena por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Ahora está detenida en Ambato, otra ciudad de la sierra ecuatoriana, mientras es investigada por lavado de activos

    El abogado de Larrea, Teodoro Coronel, dijo que están esperando que confirmen la fecha en la que se hará la audiencia de juicio. Carrillo dijo, según reportaron algunos medios, que se “está enfrentando al crimen organizado” y que confía en la justicia ecuatoriana porque “el que nada debe nada teme”. 

    El 2 de febrero el portal Código Vidrio publicó un audio en el que Larrea habla, supuestamente, con Jorge Zambrano, cabecilla de los Choneros, una de las principales organizaciones criminales del Ecuador. Según el portal, la conversación se da mientras ambos cumplían condenas en la cárcel de Latacunga y existía “una extrema confianza y cercanía” entre ellos. 

    En el audio, Larrea — que compartía celda con Xaira Meneses, pareja de Zambrano— le dice al líder de los Choneros que las van a cambiar de pabellón, separándolas. Según la conversación, Larrea iría al de mínima seguridad y Meneses al de mínima. Zambrano y Larrea discuten supuestamente sobre cómo podrían intimidar a una guía penitenciaria para impedir el traslado. 

    Código Vidrio insiste en que la grabación “está íntegra, sin cortes ni ediciones”. Fuentes del Gobierno, dice el portal, confirmaron que se trata de “una evidencia contundente que debe investigar la Fiscalía”.  Se sospecha que Zambrano tiene conexiones con el cártel de Sinaloa, una de las grandes transnacionales del narcotráfico mundial. Según el portal, la relación de Larrea con el cabecilla de los Chineros podría demostrar las conexiones de “funcionarios del correísmo con el crimen organizado y el narcotráfico”.

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    El abogado de Larrea dijo que no se les ha notificado oficialmente el inicio de una investigación formal por el audio. Agregó que no se conoce quién es el interlocutor de la llamada, pero que el audio era  “evidencia de todos los derechos de Larrea que han sido violados”.  

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    Larrea fue detenida en 2017 en una investigación que involucraba al exministro y ex director del IESS, Ramiro González, quien está en Perú, desde donde el Ecuador intenta, sin éxito, extraditarlo.

  • Corte Provincial de Pichincha aumentó condena por peculado para María Sol Larrea, ex funcionaria del IESS

    • Ocho años de prisión para María Sol Larrea

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía

    María Sol Larrea estará ocho en prisión por peculado. El 19 de agosto de 2020 la Fiscalía General del Estado informó que la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó su solicitud de incremento de la sentencia de prisión para la ex coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Salud Social (IESS), María Sol Larrea, de uno a ocho años de cárcel. 

    La Fiscalía pidió que se incremente la sentencia porque encontró evidencias de que María Sol Larrea es coautora del delito, y no solamente cómplice —lo que tiene una pena de un año de prisión.

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    La Fiscalía acusó a María Sol Larrea del delito de peculado por la compra irregular de equipos oftalmológicos entre 2010 y 2015, cuando Larrea fue Directora General del Hospital del IESS, Carlos Andrade Marín. Según la Fiscalía, Larrea estuvo a cargo del proceso de  “adquisición e implementación de equipos oftalmológicos en todo el país”, la fiscal Yolanda Chasi, a cargo del caso, dijo que en el proceso de adquisición e implementación hubo algunas irregularidades. 

    Entre las irregularidades estarían que los equipos comprados permanecieron embodegados después de su compra porque no había espacio suficiente en los hospitales para instalarlos, ni tampoco personal capacitado para operarlos, algo que se debía analizar previo a  la compra, según la Fiscalía. Además, la fiscal Chasi argumentó que los equipos oftalmológicos se compraron con sobreprecio, “afectando así a los recursos” públicos del IESS. 

    Durante la audiencia realizada el 19 de agosto, la Fiscalía pidió también el aumento de privación de libertad a ocho años, para los otro cinco involucrados en este delito, identificados como Bolívar B., Fernando G., Henry M., Griselda G. y Marco E. La Fiscalía no detalló los cargos que tenían estas personas en el IESS. Finalmente, la Corte Provincial de Pichincha estableció que los involucrados deben pagar  más de 7 millones de dólares como reparación integral por las compras irregulares. 

    María Sol Larrea fue Coordinadora Nacional de Gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde 2008 hasta 2013. También fue Directora General del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito entre 2010 y 2015, y Coordinadora General de Planificación del  Ministerio de Industrias y Productividad desde 2013 a 2015, cuando Ramiro González, exdirector del IESS,  fue Ministro de Industrias durante el gobierno de Rafael Correa. González también es requerido por la Justicia, y se encuentra prófugo en el Perú. 

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    Larrea ha enfrentado varios procesos judiciales desde agosto de 2017, cuando fue detenida por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado. La Fiscalía probó que Larrea y su esposo eran dueños de empresas que tenían contratos con el IESS en 2012, mientras ella formaba parte del directorio del IESS y se encargaba de aprobar los contratos. Por este delito de enriquecimiento ilícito, Larrea recibió una sentencia de 20 meses de prisión, que ya cumplió.

    Larrea tuvo dos sentencias  por tráfico de influencias, una en 2017 por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo, y otra en 2018 por irregularidades en un contrato para la adquisición medicamentos del IESS. Por cada uno de estos casos recibió un año de privación de libertad. 

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    En  noviembre de 2019, un tribunal de  la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua aceptó el recurso de habeas corpus presentado por su abogado y Larrea salió de la cárcel. Pero, menos de dos días después, la Fiscalía pidió su detención otra vez para investigarla por presunto peculado y lavado de activos, por la “adquisición irregular de medicamentos” durante sus años de trabajo en el IESS. El juez  David Lasso le dictó prohibición de salida del país y  arresto domiciliario, como medidas alternativas a la prisión preventiva para garantizar que Larrea no salga del país durante su juicio. 

  • María Sol Larrea salió de la cárcel en diciembre, dice el SNAI

    • María Sol Larrea salió en libertad

      Fotografía tomada del sitio web de la Fiscalía General del Estado.

    María Sol Larrea, ex coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), está en libertad desde hace dos meses. Una funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó a GK que Larrea salió de la cárcel el 1 de diciembre de 2020.

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    Ese mismo día, un Tribunal Penal de la provincia de Pichincha declaró a la ex funcionaria del  IESS inocente del presunto delito de lavado de activos y según el SNAI, “ordenó su libertad”. Según el Código Orgánico Integral Penal, el lavado de activos es cuando una persona se beneficia de activos de origen ilícito. En este caso la Fiscalía acusaba a Larrea de obtener contratos por aproximadamente 91,1 millones de dólares, entre 2008 y 2018 de forma irregular.

    Según la Fiscalía, Larrea, su esposo Marcelo Espín,  y su cuñado Carlos Espín, habían creado una fachada con varias personas jurídicas creadas por ellos mismos para beneficiarse de contratos en el sector público. Entre los principales clientes de estas supuestas empresas, estaban el IESS, varias coordinaciones zonales de salud, y el Ministerio de Salud Pública.

    Sin embargo, el 1 de diciembre de 2020, el tribunal falló a favor de María Sol Larrea y su esposo, y solo sentenció a su cuñado a seis años de prisión. La Fiscalía dijo que “no comparte el criterio de los jueces” y que apelaría la sentencia. 

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    Larrea estaba detenida en la cárcel de Ambato desde 2017. Ese año fue acusada del delito de enriquecimiento ilícito y sentenciada a veinte meses en prisión. Ese mismo año, por el delito de tráfico de influencias  —cuando un funcionario público ejerce influencia en otro funcionario para obtener una resolución favorable a sus intereses— Larrea fue sentenciada a un año en prisión. En enero de 2018 recibió otra sentencia de un año en la cárcel también por el delito de tráfico de influencias. 

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    Larrea presentó un habeas corpus, y la noche del 29 de noviembre de 2019, un tribunal de  la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua aceptó el recurso que permitía que Larrea saliera de la cárcel después de cumplir dos sentencias por tráfico de influencias y una por enriquecimiento ilícito. Larrea salió, sin embargo, fue detenida de nuevo horas después con “fines investigativos” por el presunto delito de peculado y lavado de activos. 

    Tan solo un día después, el 1 de diciembre, la Fiscalía formuló cargos en contra de María Sol Larrea por presunto peculado en la adquisición irregular de medicamentos. Y el 2 de diciembre formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos, por el que fue absuelta hace dos meses, en diciembre de 2020. Por el delito de peculado, Larrea fue sentenciada a un año en prisión, pero en agosto de 2020, se aumentó la pena a ocho años. El proceso contra Larrea por el presunto delito de peculado por el que fue sentenciada a ocho años en prisión, se encuentra en el trámite de casación por lo que la sentencia no está en firme y Larrea no debe ir a prisión aún. La casación es un recurso legal que se utiliza cuando, en un proceso judicial, se incumple una norma o ley. En este caso se argumenta que se aplicó mal el artículo 42 del COIP sobre la coautoría del delito. 

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    María Sol Larrea fue coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde 2008 hasta 2013. Entre 2010 y 2015 fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) de Quito. También entre 2013 y 2015 fue asesora del despacho del ex presidente del directorio del IESS Ramiro González,  y coordinadora general de Planificación del  Ministerio de Industrias y Productividad. 

  • La Fiscalía incautó más de 150 mil pruebas de covid-19 sin registro sanitario

    • pruebas de covid-19 sin registro sanitario

      Fotografía tomada del sitio web de la Fiscalía.

    La noche de ayer, 2 de febrero, la Fiscalía anunció que allanó las oficinas de un centro médico en el norte de Quito, en la provincia andina de Pichincha. Según un comunicado de la Fiscalía, se hizo con el apoyo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) y la Policía Nacional. Encontraron 154 mil 800 pruebas para detectar covid-19 sin registro sanitario y “documentación relacionada” con el esposo de Maria Sol Larrea, sentenciada por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. 

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    El comunicado de la Fiscalía dice que el centro médico tampoco tenía permisos de funcionamiento, ni registro único de contribuyentes (RUC) y no cumple con las condiciones adecuadas para almacenar las pruebas. Según Arcsa, tampoco “se hallaron registros con esa dirección”. La Fiscalía dice que “con base en los indicios recabados” con Arcsa determinaron que la falta del registro sanitario en el envase “facilita la importación y comercialización” de las pruebas de covid-19. 

    Se incautaron 258 cajas, según el comunicado. Cada una contenía 600 pruebas en su interior. También la Fiscalía dijo que se incautó la documentación relacionada con Marcelo Espín, esposo de María Sol Larrea. Según la Dirección de Comunicación de la Fiscalía, “por tratarse de una diligencia donde se incautaron indicios” no cuentan con detalles sobre qué tipo de documentación se encontró en el centro médico. La Fiscalía confirmó que se “fijó en cadena de custodia” lo incautado y que se “valorará la respectiva apertura de una investigación”. 

    María Sol Larrea fue la coordinadora nacional de gestión de Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según la Fiscalía, Larrea fue sentenciada en dos ocasiones por tráfico de influencias. La primera, en 2017, por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en algunas unidades médicas del IESS. La segunda, en 2018, por irregularidades en un contrato para adquirir medicamentos con el IESS. Por cada uno de esos casos, Larrea recibió un año de cárcel. 

    Larrea también se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y recibió una condena de 20 meses de cárcel. María Sol Larrea también fue sentenciada a 8 años de prisión por el delito de peculado. Sin embargo, este proceso está en el trámite de casación, el último recurso judicial que busca la anulación de la sentencia. Por eso, la sentencia todavía no está en firme. Esta semana se confirmó que salió de la cárcel el 1 de diciembre de 2020, después de cumplir más de 3 años en prisión.

    Ese día, un tribunal penal de Pichincha la declaró inocente del presunto delito de lavado de activos. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), ese tribunal ordenó su libertad. La Fiscalía acusaba a Larrea de obtener contratos irregulares por aproximadamente 91,1 millones de dólares entre 2008 y 2018. 

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    La Fiscalía dice que Marcelo Espín, esposo de Larrea, y su hermano Carlos Espín también estarían involucrados. Según la institución, los hermanos Espín habrían creado una fachada con varias personas jurídicas para beneficiarse de los contratos en el sector público. Los principales clientes de estas presuntas empresas eran el IESS, varias coordinaciones zonales de salud y el Ministerio de Salud Pública. El 1 de diciembre del año anterior, el tribunal falló a favor de María Sol Larrea y de su esposo Marcelo Espín. Solo sentenció a Carlos Espín, su cuñado, a 6 años de prisión. 

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