La Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Fiscalía también formuló cargos en contra de  dos personas más y seis empresa, vinculadas personas jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. 

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Según el artículo 49 del Código Integral Penal, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal cuando las empresas que representan están involucrados en los delitos. Esto no se aplica para todo tipo de delitos — no se puede acusar a una empresa de violación, pero sí en delitos económicos como el lavado de activos. La abogada Gisela Vaca explica que en este caso, se utilizan las 6 empresas para cometer el delito de lavado de activos — están directamente involucradas — así que la Fiscalía sí puede presentar cargos y el juez dictar una sentencia en su contra, como personas jurídicas. 

Según la Fiscalía, los involucrados serían Larrea, su esposo, Marcelo Espín, su cuñado, Carlos Espín, y las empresas Dialilife S.A., Serdidyv, Dialicon, Dialivida, Sociedad de Hemodiálisis y Representaciones Guderian S.A, vinculadas como personas jurídicas. Los hermanos Espín constan como accionistas y directivos de todas las compañías.

El lavado de activos es un delito en el que se le da la apariencia de origen lícito a dinero, bienes o activos que es, en realidad, ilícito. En este caso, según la Fiscalía, los tres involucrados intentaron ocultar dinero de origen ilícito con la compra de bienes muebles e inmuebles en Ecuador y Estados Unidos. La Fiscalía dijo que el dinero era producto de “delitos contra la administración pública”, como el abuso de funciones de funcionarios públicos. 

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La Fiscalía cree que Larrea, su esposo y su cuñado formaron las seis compañías involucradas para registrar contratos por más de 35,6 millones con instituciones públicas como el IESS o las coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública, y así blanquear los fondos de origen ilícito. Los contratos se adjudicaron entre 2010 y 2018, mientras Larrea ocupaba cargos públicos, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohibía que esta entidad contrate con las compañías de una funcionaria. 

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de Antilavado, Mario Muñoz, presentó los elementos de convicción en contra de Larrea. Muñoz dijo que, desde agosto del 2017 hasta el 29 de noviembre del 2019, mientras Larrea cumplía otras sentencias por tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito, recibió un salario mensual de 5.600 dólares de tres compañías con las que todavía tiene relación.

El juez Máximo Ortega dictó prisión preventiva para María Sol Larrea y medidas alternativas — presentarse semanalmente y prohibición de salida del país— para su esposo y su cuñado. A las empresas involucradas, se les impuso prohibición de enajenar acciones —como personas jurídicas— y a tres de ellas prohibición de enajenar bienes inmuebles.

Diego Chimbo, abogado de las empresas procesadas, dijo que las empresas fueron creadas antes de que Larrea ocupe cargos públicos y que no hubo tráfico de influencias al adjudicar los contratos. La defensa de María Sol Larrea todavía no ha dado declaraciones. 

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La instrucción fiscal, etapa en la que se recogen evidencias para determinar si existe un delito y si acusa o no, comenzó el 2 de diciembre y durará 90 días.