La Fiscalía General del Estado informó el 11 de agosto de 2020 que los ciudadanos extranjeros Shy Dahan (asesinado el 8 de agosto anterior) y Sheiman Oren (también agredido en esa fecha) habían rechazado ser ingresados al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT). 

Sin embargo, Héctor Vanegas Fernández, defensor de Oren, dijo en un mensaje en Twitter que él no solicitó la protección internacional, pero sí pidió que ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos. En una entrevista con Jimmy Jairala, Vanegas dijo que había pedido que Oren ingrese al sistema de protección porque “temían por su vida, lamentablemente no fueron escuchados, la seguridad no fue proporcionada a tiempo”. 

A través de un comunicado, la Fiscalía dijo que el 9 de julio recibió la solicitud de ingreso de los dos hombres al SPVAT. Once días después, el 20 de julio de 2020, realizó una entrevista virtual con los dos reclusos, presuntamente involucrados en la venta de insumos médicos a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente del Ecuador Abdalá Bucaram. En esa entrevista, sostuvo la Fiscalía, ambos rechazaron la protección del Ecuador y pidieron protección internacional. 

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La Fiscalía explicó que según el Reglamento Sustitutivo del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, la protección debe ser aceptada de forma voluntaria por sus receptores. Sin embargo, la Fiscalía pidió al Director de la Penitenciaría del Litoral que dé protección a las personas que están recluidas en los centros carcelarios porque es una obligación intrínseca de la vigilancia penitenciaria. 

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Shy Dahan fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil el 8 de agosto de 2020.Sheiman Oren recibió varios golpes y permanece asilado en una casa de salud. Ambos habían sido detenidos en un operativo el 1 de junio porque tenían 300 mil dólares en efectivo y documentos falsificados y estaban siendo procesados por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito privado y falsificación de documentos. 

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que el fin de semana pasado la Fiscalía ingresó a Oren al sistema de protección de víctimas y testigos. Romo presentó una queja contra el juez encargado del proceso por no aceptar el testimonio anticipado de Oren porque no consideró que fuese urgente. 

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La Fiscalía también dijo que es la encargada de dirigir el SPAVT y que los servidores públicos que conozcan sobre los procesos de protección a víctimas y testigos deben mantener la información de esas personas en reserva. Si no lo hacen, según el Código Integral Penal (COIP), serán sancionadas con cárcel de entre uno y tres años. La Fiscalía comenzó una investigación para encontrar a los responsables de filtrar la información sobre la protección a los ciudadanos extranjeros.