Luego de tres horas de audiencia de flagrancia,el juez de Garantías Penales Ismael Figueroa dictó aceptó los cargos formulados por la Fiscalía contra el expresidente del Ecuador Abdalá Bucaram y como medida cautelar le ordenó arresto domiciliario .
Bucaram es investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. En la madrugada del 3 de junio, la Fiscalía allanó la casa del expresidente del Ecuador y encontró un arma de fuego con municiones cuya tenencia legal el expresidente no pudo justificar. Esa misma noche se instaló la audiencia de formulación de cargos.
En la audiencia instalada en la unidad judicial del Cuartel Modelo de Guayaquil, realizada a través de una videoconferencia, el fiscal David Nelson del Castillo solicitó prisión preventiva contra Bucaram. El fiscal presentó “el informe de la Policía Judicial, el parte de aprehensión, el arma junto a las municiones incautadas, entre otros que fueron ingresados en cadena de custodia”, según informa la Fiscalía en un comunicado.
Figueroa aceptó los cargos, pero no el pedido de prisión. En su lugar, ordenó arresto domiciliario para Abdalá Bucaram. El juez justificó esa medida porque “el procesado tiene 68 años de edad y problemas de salud”. Según el Código Orgánico Integral Penal, la prisión preventiva puede ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, entre otras circunstancias, cuando el procesado es mayor de sesenta y cinco años de edad, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta complejidad, incurable en etapa terminal o rara.
El allanamiento de la casa de Abdalá Bucaram fue parte las investigaciones por presunto peculado en compras de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social de Guayaquil Teodoro Maldonado Carbo. Aparte del arma de fuego, en la casa de Bucaram se encontraron 5 mil mascarillas y 2 mil pruebas rápidas para detectar covid-19.
La Fiscalía informó que la instrucción fiscal durará 30 días y también comunicó que el caso se está procesando en base al artículo 362 del Código Integral Penal (COIP), que “sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con pena privativa de libertad de cinco a siete años” —además del presunto delito de peculado.
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Ayer, 3 de junio de 2020, la fuerza de tarea multidisciplinaria creada por la Fiscalía para investigar delitos de corrupción durante la crisis sanitaria por el covid-19, hizo 37 allanamientos y detuvo a 17 personas en Quito y Guayaquil. Los allanamientos son parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en compra de insumos para la emergencias, no solo en hospitales públicos sino también en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) y la Prefectura del Guayas.
La Fiscalía también allanó el domicilio del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por presunto “tráfico de influencias en la compra de insumos médicos de la Prefectura de Guayas”. El prefecto no estaba en su casa cuando la Fiscalía la allanó, horas después la Fiscalía confirmó su detención. El juez dispuso que use grillete electrónico, y la prohibición de salir del país.
