Así avanza el el caso Sobornos 2012-2016

  • Sustituyen prisión preventiva para Pamela Martínez y Laura Terán

    • Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado.

    La jueza Daniella Camacho sustituyó la prisión preventiva de Pamela Martinez y Laura Terán por la de prohibición de salida del país, presentación periódica ante la Corte y el uso de dispositivo de vigilancia electrónico. La defensa de ambas procesadas solicitó sustituir la prisión preventiva por haber proporcionado información relevante para la investigación. 

    El martes 5 de noviembre de 2019, durante la diligencia en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal General del Estado Diana Salazar señaló que “las solicitudes de las procesadas no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”. Sin embargo, Camacho acogió el pedido de ambas exfuncionarias. 

    Martínez y Terán son investigadas por los presuntos delitos de de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en el caso Sobornos 2012-2016, en el que el movimiento político Alianza País habría recibido presuntos aportes irregulares. 

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  • Jueces ratifican prisión preventiva contra Rafael Correa y Jorge Glas y otros procesados del caso Sobornos 2012-2016

    • Fotografía tomada de la página de la Asamblea Nacional.

    El jueves 7 de noviembre de 2019, los jueces de la Corte Nacional David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco ratificaron por unanimidad la orden de prisión preventiva que pesa sobre el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, y los exfuncionarios y colaboradores de su gobierno Vinicio Alvarado, Yamil Massuh y Walter Solís. La orden judicial incluye a Cai Runguo, exembajador de China en el Ecuador. Todos son procesados por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en el caso Sobornos 2012-2016 (antes conocido como Arroz Verde). Además de ellos, hay otros diecinueve involucrados en el caso. 

    Los jueces negaron la solicitud de los procesados para que se revoque la prisión preventiva. Según un boletín de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general subrogante Wilson Toainga dijo que los pedidos no cumplían “con los requisitos establecidos por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y pidió que se desechen los recursos y que se ratifique la prisión preventiva”. 

    La defensa de los procesados pidió la revocatoria de la prisión preventiva porque consideraba que no se cumplieron los requisitos para dictarla. En su lugar, pidió que se ordene medidas alternativas, como la presentación periódica ante el juez. 

    La prisión preventiva es una de las medidas cautelares que contempla la legislación ecuatoriana para garantizar “la comparecencia en el proceso” de los enjuiciados y, además, para asegurar el cumplimiento de la pena que se les llegase a imponer. Las otras medidas cautelares penales previstas en el Ecuador son, de acuerdo al COIP, la prohibición de ausentarse del país, la presentación periódica ante el juez de la causa, proceso o ante la autoridad o institución que éste designe, el arresto domiciliario, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica y la detención.

    De los procesados, Yamil Massuh y Jorge Glas están presos. Rafael Correa, Walter Solís y Runguo son considerados prófugos de la justicia. Correa vive en Bélgica desde julio de 2017 y desde allá ha insistido que los procesos judiciales en su contra son parte de una persecución política. Runguo regresó a China, que no extradita a sus ciudadanos. El paradero de Walter Solís es desconocido desde 2017.

    La audiencia preparatoria de juicio en contra de veinticuatro personas por el caso Sobornos 2012-2016 se reinstalará el lunes 11 de noviembre de 2019. En ella, la Jueza Daniella Camacho dará a conocer su decisión sobre la existencia o no “de vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad”, dijo la Fiscalía. 

  • La Fiscalía acusa de cohecho a veinticuatro procesados del caso Sobornos 2012 – 2016

    • Fiscalía presenta evidencias del caso Sobornos

      En la audiencia preparatorio de juicio del caso Sobornos 2012 - 2016 se acusó a 24 procesados de cohecho. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    En la audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012 – 2016, la jueza Daniella Camacho acogió el pedido de la Fiscal General, Diana Salazar, y declaró la validez de todo lo actuado en el proceso. Camacho resolvió que no existen vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad, como argumentaron en el primer día de audiencia, el 18 de octubre, los abogados de los procesados —entre ellos Rafael Correa, Jorge Glas y Vinicio Alvarado. 

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    Su defensa aducía que Camacho no se separó del caso después de las tres recusaciones (demandas para que se aparte) presentadas en su contra. La competencia de la jueza Camacho sobre el caso fue suspendida hasta que se resolvieran las recusaciones, pero la recuperó el 28 de octubre de 2019, cuando otros jueces de la Corte Nacional de Justicia rechazaron los pedidos de separarla de la causa

    El caso Sobornos 2012-2016 está en la etapa de preparación de juicio. La investigación ha tomado casi siete meses. La investigación previa del caso —una etapa técnicamente considerada preprocesal— comenzó el 4 de mayo de 2019. Un día después, el 5 de mayo, se solicitó la audiencia de formulación de cargos y comenzó la instrucción fiscal  que terminó el 9 de septiembre de 2019, poco antes de la medianoche.  

    Durante instrucción fiscal, la Fiscalía recoge todas las evidencias del caso y decide si llama a juicio. Para hacerlo, debe dictar un dictamen acusatorio. Si no encuentra motivos para hacerlo, emite un dictamen abstentivo, explica la abogada Gisela Vaca. En el caso Sobornos 2012-2016 dictó dictamen abstentivo para dos procesados.  A los otros veinticuatro involucrados lo acusó por el delito de cohecho. Veintidós en calidad de autores y dos como cómplices.

    El 18 de octubre de 2019 comenzó la fase preparatoria de juicio —o etapa intermedia— en la que la Fiscalía debe presentar las evidencias que ha recolectado durante el proceso y pedir a la jueza de instrucción, en este caso Daniella Camacho, por el fuero de Corte Nacional de algunos de los procesados, que fije un día y una hora para el juicio. El 11 de noviembre de 2019, cuando se reanudó la audiencia preparatoria, la fiscal Salazar presentó las evidencias contra 24 de los 26 procesados.  

    Salazar acusó a 22 de los procesados entre ellos Rafael Correa, Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Vinicio Alvarado y otros— como autores de cohecho. Y a otros dos procesados, María Augusta Enríquez y Yamil Massuh, como cómplices. 

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    La Fiscal descartó asociación ilícita y tráfico de influencias. Durante su intervención, Salazar dijo que entre los procesados se formó una estructura para el otorgamiento de contratos del Estado, integrada por funcionarios públicos que aprovecharon sus roles para obtener recursos “de manera irregular” de empresarios.  Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado solo 26 de las 587 evidencias que afirma tener. La audiencia continuará mañana, 12 de noviembre, a las nueve de la mañana. La etapa intermedia o preparatoria de juicio terminará con el “auto de llamamiento a juicio”, en el camacho resolverá si el caso debe ser conocido por un tribunal penal para declarar la culpabilidad de los acusados e imponerles una pena.

  • El CNE presenta su informe sobre Arroz Verde, enviará sus hallazgos a la Fiscalía y a la Contraloría

    • CNE presenta informe sobre arroz verde

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del CNE

    El  Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe entregado por la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sobre el caso Arroz Verde

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    El documento tiene 52 páginas y recomienda poner en conocimiento de la Fiscalía y de la Contraloría sus hallazgos, y que se realicen “las acciones pertinentes ante el Tribunal Contencioso Electoral”. 

    En acápites anteriores, el informe, que está firmado por Ana Francisca Bustamante, directora nacional de fiscalización y control del gasto electoral y por Dayanna Torres, directora nacional de asesoría jurídica, concluye que Alianza País no excedió el gasto electoral y cumplió con las disposiciones legales de reporte de gastos para la campaña presidencial 2013 (el binomio Correa-Glas). 

    El informe también dice que no hay evidencia suficiente de que haya existido una doble contabilidad. Sin embargo, el informe detalle algunas irregularidades que enumera en su acápite 5, entre los que están inconsistencias en aportantes, falta de declaraciones de impuestos, excesos de aportes personales y del límite del gasto electoral para las dignidades de  Prefectos y Alcaldes.

    Según el documento, se identificaron a cinco personas “como recaudadores y gestores involucrados en las empresas que aportaron a Alianza País”. También dice que hay ochos personas que aportaron al movimiento que “no registraron ingresos ni realizaron declaraciones tributarias”. Durante la investigación, el CNE supo que ante la Fiscalía se presentó una denuncia de suplantación de identidad de personas que habrían aportado al movimiento. 

    De la comparación de los datos con las investigaciones periodísticas, se determinó que uno de los aportantes persona relacionada con la investigación Panamá Papers . El documento dice que el aportante habría hecho de intermediario de la empresa offshore Colonsworth Estate Corporation. 

    Otro de los hallazgos es que hubo exceso de límites de los aportes que no fueron considerados por las direcciones del CNE que investigaban este caso. Como no fueron considerados, dice el informe, “no pudieron denunciarlo al Tribunal Contencioso Electoral”. 

    El informe cotejó la información de la investigación Receta de Arroz Verde 502 del portal MilHojas que denunció que Alianza País financió su campaña electoral con aportes irregulares de personas y empresas privadas. Fue aprobado con tres votos a favor —de la presidenta del CNE Diana Atamaint, los consejeros Esthela Acero y José Cabrera—, y dos en contra de Luis Verdesoto y Enrique Pita.  

    El consejero Luis Verdesoto mediante twitter dijo “He intentado por todos mis medios evitar este desastre”. Verdesoto dijo también que el informe fue enviado de forma sorpresiva el 19 de diciembre para aprobar al siguiente día. Los consejeros Luis Verdesoto  y Enrique Pita dijeron que el informe aprobado no fue revisado por la comisión encargada de supervisar su elaboración, esa comisión no habría recibido borradores, ni documentos de respaldo de la investigación. Los consejeros dijeron que tampoco se investigó las publicaciones periodísticas de La Fuente y Mil Hojas, que se solicitaba en una resolución de mayo de 2019 aprobada por el CNE para investigar el caso Arroz Verde. 

    La Fiscalía General del Estado, en julio de 2019, renombró el caso como sobornos 2012-2016, porque según la fiscal general Diana Salazar  sería el tiempo de los hechos investigados, y otro es el periodo que manejan las investigaciones periodísticas. Además, en las investigaciones periodísticas se denuncia asociación ilícita, pero estos aportes ilegales a la campaña de Alianza País, podrían, según la Fiscalía, ser también cohecho y tráfico de influencias.

  • Rafael Correa y veinte procesados más en el caso Sobornos 2012 2016 son llamados a juicio

    • Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado

    Luego de más de diez horas de recibir y analizar las pruebas entregadas por la Fiscalía General del Estado en el caso Sobornos 2012-2016, el 3 de enero de 2020, la jueza Daniella Camacho, a cargo del caso más grande de corrupción del país, concluyó llamar a juicio por el presunto delito de cohecho, a 21 de los 24 procesados en este caso. Entre los más prominentes están el expresidente Rafael Correa y  el exvicepresidente del Ecuador Jorge Glas, y los ex funcionarios de su gobierno, María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera. La fecha y hora del juicio, la siguiente etapa procesal, no han sido aún determinadas.

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    En su resolución, la jueza Camacho dijo que los hechos daban cuenta de una conducta “grave y compleja”. Los aportes, según Camacho, fueron hechos a cambio de obras y contratos, lo que no sería legal. El dinero se habría entregado en parte en efectivo, y en parte en cruce de facturas. 

    Rafael Correa vive en Bélgica,  y es probable que no asista al juicio. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente dijo que el llamado a juicio es persecución, “fruto de la traición de Moreno”, quien fue su vicepresidente en la época de la revolución ciudadana, entre 2007 y 2013. En un comunicado el movimiento Revolución Ciudadana (la escisión correista de Alianza País) rechazó la resolución de la jueza, argumentando un supuesto “uso de la justicia para fines políticos”.

    El cohecho, según el Código Integral Penal (COIP), es el delito que comete un servidor público al recibir o aceptar beneficios económicos para realizar alguna acción relativa a sus funciones. Es sancionado con prisión de uno a tres años, dice el COIP en el artículo 280. 

    Inicialmente llamado Arroz Verde, fue renombrado a Sobornos 2012 2016 por la Fiscalía en julio de 2019. El nombre Arroz Verde provenía de una investigación periodística del medio digital La Fuente, que evidenciaba la supuesta red de corrupción en base a un archivo digital denominado Receta Arroz Verde 503 que contendría una lista de contribuciones irregulares a Alianza País por parte de varias compañías nacionales e internacionales.

    La Fiscalía renombró el caso porque ese sería el periodo en que ocurrieron los pagos de las empresas contratistas del Estado a Alianza País. Su investigación presentó la presunta existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel para la entrega de los aportes. 

    La audiencia preparatoria de juicio había empezado dos meses antes, octubre de 2019. En noviembre de 2019,  la fiscal general Diana Salazar presentó evidencias contra 24 de los 26 procesados. El 3 de enero de 2020, la diligencia se reanudó. La jueza Daniella Camacho llamó la atención a la Fiscal Diana Salazar. Según Camacho, la investigación de la Fiscalía fue “desordenada”. Camacho le dijo a Salazar que debía investigar a todas las empresas involucradas en la trama de los aportes. La Fiscalía no incluyó en su investigación a la constructora brasileña Odebrecht y a otras empresas y personas. 

  • Se instaló la audiencia de juzgamiento en el caso Sobornos 2012-2016, te explicamos

    • audiencia de juzgamiento del caso arroz verde

      Fotografìa tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado

    El 10 de febrero de 2020, en la Corte Nacional de Justicia en Quito, se instaló la audiencia de juzgamiento en el caso Arroz Verde, renombrado por la Fiscalía como caso Sobornos 2012-2016. En este caso están procesadas 21 personas por el presunto delito de cohecho, entre los que están el expresidente del Ecuador Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas —cumpliendo sentencia desde 2018 por el delito de asociación ilícita—, Alexis Mera exsecretario jurídico de la presidencia; Pamela Martínez exasesora presidencial; María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas; y otros funcionarios públicos de ese gobierno y empresarios.

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    En un inicio, el llamamiento a juicio fue el 31 de enero de 2020 pero Rafael Correa pidió que se aplazara la audiencia por asuntos que ocupaban a su abogado. El 5 de febrero el Tribunal negó la petición. Además, para el 8 de octubre de 2019, estaba prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero no se realizó esa fecha porque Ecuador estaba atravesando un paro nacional contra las medidas económicas del gobierno. Esa audiencia se realizó el 3 de enero de 2020, en la que la jueza Daniella Camacho llamó a juicio en este caso. 

    La Fiscal General Diana Salazar, en el alegato de apertura que es el resumen de los hechos y las pruebas del caso, dijo que se demostrará que los funcionarios públicos acusados aceptaron y recibieron ofertas indebidas y que los empresarios fueron beneficiarios de adjudicaciones de varios contratos con el Estado a cambio de la entrega de grandes sumas de dinero. Además, la Procuraduría General de Ecuador presentó sus argumentos sobre el caso. La Procuraduría presentó la acusación por el delito de cohecho, según esa institución, Rafael Correa en la función ejecutiva manejó una “sofisticada estructura de corrupción” compuesta por funcionarios de la presidencia para sobornar a las empresas privadas y lograr contratos de obras públicas. 

     

     Los abogados de los acusados que intervinieron, coincidieron que el juicio es nulo, y que no respeta el  debido proceso

     

    A la audiencia de juzgamiento también llegó el periodista Christian Zurita, como uno de los testigos del caso. Zurita junto a Fernando Villavicencio publicó en el portal Mil Hojas  en abril de 2019, la investigación “Arroz Verde 502” en la que revelaba un mail que detallaba supuestos aportes entregados por empresas multinacionales al movimiento político Alianza País, y que a cambio el gobierno les otorgaba contratos. También estuvieron presente en la audiencia, los procesados María de los Ángeles Duarte y el exasambleísta de Alianza País Christian Viteri. Jorge Glas, Alexis Mera y la asambleísta Viviana Bonilla estuvieron conectados por videoconferencia. 

    En este caso hay más de 100 testigos por lo que la audiencia de juicio podría durar cerca de dos meses. Esta audiencia de juzgamiento es la última etapa del proceso penal, en la que se podría comprobar la existencia del delito de cohecho, responsabilizar a los acusados y que los jueces dicten una sentencia.

  • Negada la recusación a los tres jueces frente al caso Sobornos 2012-2016

    • Fotografía de la cuenta de Twitter de la Corte Nacional de Justicia

    El 14 de febrero de 2020 el tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó la demanda de recusación que presentó la defensa de Rafael Correa, expresidente del Ecuador, contra los jueces Marco Rodríguez, Iván León e Iván Saquicela. Los tres magistrados están frente al caso Sobornos 2012-2016 que investiga el supuesto delito de cohecho cometido por veintiún personas, entre ex funcionarios públicos y empresarios de compañías como Equitesa, Fopeca, Hidalgo e Hidalgo, Grupo Azul entre otras. 

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    Los dos acusados de más alto perfil son Rafael Correa y Jorge Glas, ex presidente y vicepresidente de la República. Sin embargo, también están procesados Alexis Mera, María Duarte, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Christian Viteri, entre otros ex militantes y funcionarios del gobierno de Rafael Correa. La investigación, llamada originalmente Arroz Verde, se inició por un reportaje del sitio La Fuente.

    Una recusación es una recurso legal para que un juez o tribunal sea separado de un proceso judicial si es que incurren en ciertas causas descritas en la ley. Los abogados de Correa pretendían separar a los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez porque, según uno de sus defensores, Fausto Jarrín, los tres son “encargados” y escogidos “por descarte”. Dijo,  además, que el tribunal instaló la audiencia mientras la competencia de los jueces estaba suspendida (por la recusación). 

    Después de dos horas, el tribunal que conoció la recusación, la negó. Dijo que encontró varios errores. Gina Gómez de la Torre, abogada de los tres jueces demandados, dijo que se negó la demanda porque, entre otras cosas, alegaba causales del Código Orgánico General de Procesos y no del Código Orgánico Integral Penal, que es el que debe usarse en casos penales como Sobornos 2012-2016. Dijo que ninguna de las causales se aplicaba a estos tres jueces.

    Según el Código Orgánico para la Función Judicial, si se separaba a los jueces del proceso, todo lo que pasó esta semana se anulaba porque perdían su competencia sobre el juicio y debían ser reemplazados.

    El  10 de febrero de 2020, el mismo día que comenzó la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, fue aceptado el pedido de recusación que hizo el abogado Fausto Jarrín. Dos días después el tribunal fue notificado de esa acusación y la audiencia de juzgamiento se suspendió. Ahora, con la recusación negada, los jueces deben definir una nueva fecha para seguir con el juicio en el caso Sobornos 2012-2016.