Luego de más de diez horas de recibir y analizar las pruebas entregadas por la Fiscalía General del Estado en el caso Sobornos 2012-2016, el 3 de enero de 2020, la jueza Daniella Camacho, a cargo del caso más grande de corrupción del país, concluyó llamar a juicio por el presunto delito de cohecho, a 21 de los 24 procesados en este caso. Entre los más prominentes están el expresidente Rafael Correa y  el exvicepresidente del Ecuador Jorge Glas, y los ex funcionarios de su gobierno, María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera. La fecha y hora del juicio, la siguiente etapa procesal, no han sido aún determinadas.

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En su resolución, la jueza Camacho dijo que los hechos daban cuenta de una conducta “grave y compleja”. Los aportes, según Camacho, fueron hechos a cambio de obras y contratos, lo que no sería legal. El dinero se habría entregado en parte en efectivo, y en parte en cruce de facturas. 

Rafael Correa vive en Bélgica,  y es probable que no asista al juicio. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente dijo que el llamado a juicio es persecución, “fruto de la traición de Moreno”, quien fue su vicepresidente en la época de la revolución ciudadana, entre 2007 y 2013. En un comunicado el movimiento Revolución Ciudadana (la escisión correista de Alianza País) rechazó la resolución de la jueza, argumentando un supuesto “uso de la justicia para fines políticos”.

El cohecho, según el Código Integral Penal (COIP), es el delito que comete un servidor público al recibir o aceptar beneficios económicos para realizar alguna acción relativa a sus funciones. Es sancionado con prisión de uno a tres años, dice el COIP en el artículo 280. 

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Inicialmente llamado Arroz Verde, fue renombrado a Sobornos 2012 2016 por la Fiscalía en julio de 2019. El nombre Arroz Verde provenía de una investigación periodística del medio digital La Fuente, que evidenciaba la supuesta red de corrupción en base a un archivo digital denominado Receta Arroz Verde 503 que contendría una lista de contribuciones irregulares a Alianza País por parte de varias compañías nacionales e internacionales.

La Fiscalía renombró el caso porque ese sería el periodo en que ocurrieron los pagos de las empresas contratistas del Estado a Alianza País. Su investigación presentó la presunta existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel para la entrega de los aportes. 

La audiencia preparatoria de juicio había empezado dos meses antes, octubre de 2019. En noviembre de 2019,  la fiscal general Diana Salazar presentó evidencias contra 24 de los 26 procesados. El 3 de enero de 2020, la diligencia se reanudó. La jueza Daniella Camacho llamó la atención a la Fiscal Diana Salazar. Según Camacho, la investigación de la Fiscalía fue “desordenada”. Camacho le dijo a Salazar que debía investigar a todas las empresas involucradas en la trama de los aportes. La Fiscalía no incluyó en su investigación a la constructora brasileña Odebrecht y a otras empresas y personas.