El 10 de febrero de 2020, el gobierno comenzó oficialmente los controles migratorios en las principales ciudades del país y en las ciudades fronterizas. Esos controles se realizan después del asalto y asesinato a una mujer en el norte de Quito, ocurrido el 1 de febrero de 2020.   En Tulcán, ciudad fronteriza con Colombia, se hacen hasta cuatro controles migratorios diarios, en los que se encuentra a migrantes indocumentados. Los controles migratorios consisten en revisar el estado migratorio de los extranjeros para determinar si su presencia en el país cumple los requisitos legales. En el caso de los migrantes venezolanos deben tener la visa humanitaria o de residencia temporal, que el gobierno exige a los migrantes desde el 26 de agosto de 2019. También los migrantes venezolanos pueden ingresar a Ecuador con el pasaporte o el documento de identidad hasta cinco años después de su fecha de caducidad. 

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En la provincia de Imbabura, la Policía también hizo un control migratorio para “socializar la importancia de la regularización para los extranjeros en nuestro país”, según dice en su cuenta de Twitter. 

A finales de enero de 2020, las autoridades locales de Tulcán  dijeron que están haciendo desalojos de los migrantes que duermen en los parques, veredas o lugares públicos para “beneficiar a la ciudad, en salubridad y seguridad”, según el comisario de esa ciudad, Juan Carlos Villarreal. 

En Quito, el  viernes 7 de febrero, las autoridades de la Intendencia de Pichincha junto con la Policía Nacional hicieron un control migratorio en la Mariscal, la zona rosa del centro norte de la ciudad. En el operativo encontraron migrantes sin la documentación en regla, también personas que tenían visa de turismo y estaban realizando actividades económicas, según dijo Iván Naranjo, policía de migración, en una entrevista en Teleamazonas. 

Los migrantes que no presenten su documentación legal reciben una sanción administrativa, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo a Diario El Universo. La persona que no tenga una situación migratoria regularizada deberá pagar 400 dólares de multa y recibirá una notificación de salida voluntaria del país, es un documento que avisa al migrante que tiene 30 días para abandonar el país por no tener su situación migratoria regularizada, según el artículo 142 de la Ley de Movilidad Humana. Esta norma prohíbe la deportación, a menos que el migrante haya cometido un delito, haya sido procesado y haya cumplido la sentencia. 

Hasta diciembre de 2019, el ministerio de Gobierno, contabilizó 1177 muertes por asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos, solo 24 cometidas por personas venezolanas, es decir el 2% del total de los delitos.

 El 4 de febrero de 2020, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno pidió a la Asamblea que apruebe las reformas a la Ley de Movilidad Humana para deportar a los extranjeros que hayan cometido delitos.  Sobre ese tema, la ministra Romo, en una entrevista a Ecuavisa dijo que según dice la Constitución “velar por las personas en movilidad” no significa que no se pueda aplicar reglas y que no tengan consecuencias si infringen la ley.