El presidente Lenín Moreno le pidió a la Asamblea el 4 de febrero de 2020 que concluya el tratamiento de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Según el Presidente, las reformas están pendientes desde junio de 2019, pero el documento original recibido por la Asamblea Nacional y publicado en el Observatorio Legislativo dice que fueron entregadas el 30 de julio de 2019. 

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La propuesta de Moreno es su respuesta a la crisis migratoria venezolana. Una de las reformas propuestas es que se pueda “expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos”, dijo Moreno el 4 de febrero durante la firma del convenio Seguridad para Todos con 138 cantones. 

Las declaraciones del Presidente se dan después del asesinato de una mujer en Quito por el que se detuvo a un extranjero. Felicitó la valentía del policía Josep Morales que intervino — aunque no estaba en servicio — y ayudó a capturar al sospechoso. Moreno dijo que las reformas a la Ley de Movilidad Humana son necesarias. 

Según Moreno, combatir la delincuencia debe ser un tema prioritario y necesita la coordinación del Gobierno, la Policía, los municipios y los ciudadanos. Dijo, también, que se deben planificar bien las inversiones en seguridad. Entre los acuerdos que tienen con los municipios está que se haga programas sobre seguridad, establecer un programa de Policía comunitaria, entre otros. 

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La Comisión de Soberanía y Asuntos Internacionales del Asamblea dijo que el informe para el primer debate de las reformas en el pleno está casi listo y que lo presentará la próxima semana. Fernando Flores, presidente de la Comisión, dijo que están revisando capítulo por capítulo porque “la ley tiene 156 artículos y estamos reformando 110, así que es un cambio integral”. Flores insistió en que es un tema delicado porque toca temas relacionados con derechos humanos y el debido proceso. Además, dijo que la reforma corregir vacíos de la ley aprobada en 2017. 

Si se aprueban las reformas, los migrantes que deseen entrar al país deberán demostrar que no tienen un pasado delictivo o acciones legales en curso. Según el asambleísta Flores, ya que el artículo 66 de la Constitución prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros y dice que no pueden ser devueltos a un país donde corren peligro, la Comisión recomendará una enmienda constitucional.  

El asambleísta Fabricio Villamar, miembro de la Comisión de Soberanía, dijo en una rueda de prensa el 6 de febrero de 2020 que la Ley debe mantener los brazos abiertos para las personas que vienen “a visitarnos en buena fe”,  pero al mismo tiempo debe reservarse el derecho para determinar cuándo una persona tiene que salir del Ecuador. “Es lo justo, es lo correcto, eso es lo soberano”, dijo Villamar.  

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Mientras la Asamblea analiza las reformas, desde el 10 de febrero de 2020 se harán controles en Quito y Guayaquil para verificar la situación migratoria de los extranjeros que estén en Ecuador y comprobar si han cometido delitos o infracciones. El 5 de febrero pasado ya hubo controles en algunas zonas de Quito. Los policías comenzaron a revisar el estatus migratorio de los extranjeros que trabajan en el parque La Carolina.