El martes 28 de enero la Corte IDH instaló la audiencia pública sobre el caso de Paola Guzmán, una adolescente de 16 años que después de ser abusada sexualmente por el vicerrector de su escuela, quedar embarazada y se obligada a abortar, ingirió diablillos y murió porque no recibió la atención inmediata de los funcionarios del colegio.
Durante las cerca de ocho horas de audiencia, el Estado ecuatoriano reconoció parcialmente su responsabilidad sobre los hechos imputados y su insuficiencia para responder a las demandas de las víctimas y para establecer mecanismos de prevención para evitar hechos como los denunciados en este caso ante la Corte IDH.
Aceptó también la ineficiencia del sistema judicial y reconoció que no se implementaron las medidas adecuadas y efectivas para investigar y sancionar a los responsables. También reconoció “a la fecha los hechos, la ausencia de rutas de denuncia, investigación y sanción así como a la falta de medidas de prevención”.
La primera vez que el caso de Paola se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue en el 2006. Ayer, después de 12 años de litigio internacional fue la audiencia pública. El caso de Paola es el primero de abuso sexual en el ámbito educativo en llegar a la Corte.
A la audiencia, en Costa Rica, acudieron la madre de Paola, Petita Albarracín, la abogada Lita Martínez del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), quien realizó el interrogatorio a Petita. También estaban Cecilia Martínez y Catalina Martínez del Centro de Derechos Reproductivos y Alejandra Cárdenas del Programa Global Legal del Centro de Derechos Humanos Reproductivos.
Del lado del Estado asistieron representantes de la Procuraduría del Estado y del Ministerio de Educación, que hablaron de las medidas adoptadas para combatir y evitar la repetición de los hechos denunciados.
El Estado fue el primero en intervenir. Una de las delegadas ofreció “disculpas públicas por aquellas acciones y omisiones del estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzman”.
Después de las declaraciones del Estado, intervino Petita Albarracín, quien volvió a contar lo ocurrido: dijo que se por una periodista se enteró que su hija había sido abusada por el vicerrector del colegio fiscal Miguel Martínez Serrano de Guayaquil. Después de la muerte de su hija, Petita contó en la audiencia, fue a la Defensoría del Pueblo y la apoyaron por dos meses y después “me dejaron abandonada”. “Hice todo lo posible por mandarlo preso, fui a Fiscalía, a los Juzgados, a la Dirección de Estudios”. En ese lugar dijo que o no la atendían o perdían los papeles. Petita cuenta que un hombre se le acercó y le preguntó “qué caso se va a tratar”. Petita respondió “el del Martínez Serrano” y, contó en la audiencia, que enseguida escuchó “ayúdalo a Bolívar Espín”. Bolívar Espín es el abusador de Paola, el vicerrector del colegio.
La madre de Paola dijo que los funcionarios del colegio fueron cómplices y encubridores de los hechos ocurridos a su hija, incluido el rector.
Después de las declaraciones de Albarracín, intervinieron dos peritos ecuatorianos, ambos médicos encargados de explicar las consecuencias de la ingesta de fósforo blanco y los protocolos que se debían seguir cuando suceden estos casos. Cecilia Martínez preguntó si existen protocolos en caso de intoxicación por fósforo blanco. Uno de los peritos reconoció que el Estado no tenía en la época de la muerte de Paola, ni tiene al momento actual, ese protocolo.
Alejandra Cárdenas, del Centro de Derechos Reproductivos, preguntó a los peritos ecuatorianos si consideraban que las autoridades del colegio tenían las herramientas para establecer si el envenenamiento de Paola era fatal. La respuesta fue que sin un técnico era imposible determinar el nivel de toxicidad de lo ingerido.
Ricardo Pérez Manrique, uno de los jueces de la Corte IDH, pidió a los peritos ecuatorianos precisiones sobre cómo debía darse un traslado a un centro de salud donde exista un técnico que determine el nivel de toxicidad del fósforo blanco. El perito dijo que debe haber un traslado inmediato pero que en Ecuador no existen muchos recursos para ese traslado adecuado.
La Corte IDH dio de plazo un mes para que ambas partes presenten sus alegatos finales por escrito. Y la Corte tiene que presentar el fallo en los siguientes meses.
De obtenerse una sentencia favorable, el Estado deberá reparar a la madre de Paola y adoptar medidas de no repetición, orientadas a evitar que situaciones similares vuelvan a suceder. Eso se conocerá el día en que se dicte la sentencia en el caso de Paola Guzmán.