Paola Guzmán, el primer caso de abuso sexual en el ámbito educativo que llega a la Corte IDH

  • ¿Cómo fue la audiencia de la Corte IDH en el caso de Paola Guzmán?

    • caso paola guzmán

      Fotografía cortesía de Cepam.

    El martes 28 de enero la Corte IDH instaló la audiencia pública sobre el caso de Paola Guzmán, una adolescente de 16 años que después de ser abusada sexualmente por el vicerrector de su escuela, quedar embarazada y se obligada a abortar, ingirió diablillos y murió porque no recibió la atención inmediata de los funcionarios del colegio. 

    Durante las cerca de ocho horas de audiencia, el Estado ecuatoriano reconoció parcialmente su responsabilidad sobre los hechos imputados y su insuficiencia para responder a las demandas de las víctimas y para establecer mecanismos de prevención para evitar hechos como los denunciados en este caso ante la Corte IDH. 

    Aceptó también la ineficiencia del sistema judicial y reconoció que no se implementaron las medidas adecuadas y efectivas para investigar y sancionar a los responsables. También reconoció “a la fecha los hechos, la ausencia de rutas de denuncia, investigación y sanción así como a la falta de medidas de prevención”. 

    La primera vez que el caso de Paola se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue en el 2006. Ayer, después de 12 años de litigio internacional fue la audiencia pública. El caso de Paola es el primero de abuso sexual en el ámbito educativo en llegar a la Corte. 

    A la audiencia, en Costa Rica, acudieron la madre de Paola, Petita Albarracín, la abogada Lita Martínez del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), quien realizó el interrogatorio a Petita. También estaban Cecilia Martínez y Catalina Martínez del Centro de Derechos Reproductivos y Alejandra Cárdenas del Programa Global Legal del Centro de Derechos Humanos Reproductivos.

    Del lado del Estado asistieron representantes de la Procuraduría del Estado y del Ministerio de Educación, que hablaron de las medidas adoptadas para combatir y evitar la repetición de los hechos denunciados. 

    El Estado fue el primero en intervenir. Una de las delegadas ofreció “disculpas públicas por aquellas acciones y omisiones del estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzman”. 

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    Después de las declaraciones del Estado, intervino Petita Albarracín, quien volvió a contar lo ocurrido: dijo que se por una periodista se enteró que su hija había sido abusada por el vicerrector del colegio fiscal Miguel Martínez Serrano de Guayaquil. Después de la muerte de su hija, Petita contó en la audiencia, fue a la Defensoría del Pueblo y la apoyaron por dos meses y después “me dejaron abandonada”. “Hice todo lo posible por mandarlo preso, fui a Fiscalía, a los Juzgados, a la Dirección de Estudios”. En ese lugar dijo que o no la atendían o perdían los papeles. Petita cuenta que un hombre se le acercó y le preguntó “qué caso se va a tratar”. Petita respondió “el del Martínez Serrano” y, contó en la audiencia, que enseguida escuchó “ayúdalo a Bolívar Espín”. Bolívar Espín es el abusador de Paola, el vicerrector del colegio. 

    La madre de Paola dijo que los funcionarios del colegio fueron cómplices y encubridores de los hechos ocurridos a su hija, incluido el rector. 

    Después de las declaraciones de Albarracín, intervinieron dos peritos ecuatorianos, ambos médicos encargados de explicar las consecuencias de la ingesta de fósforo blanco y los protocolos que se debían seguir cuando suceden estos casos. Cecilia Martínez preguntó si existen protocolos en caso de intoxicación por fósforo blanco. Uno de los peritos reconoció que el Estado no tenía en la época de la muerte de Paola, ni tiene al momento actual, ese protocolo.

    Alejandra Cárdenas, del Centro de Derechos Reproductivos, preguntó a los peritos ecuatorianos si consideraban que las autoridades del colegio tenían las herramientas para establecer si el envenenamiento de Paola era fatal. La respuesta fue que sin un técnico era imposible determinar el nivel de toxicidad de lo ingerido. 

    Ricardo Pérez Manrique, uno de los jueces de la Corte IDH, pidió a los peritos ecuatorianos precisiones sobre cómo debía darse un traslado a un centro de salud donde exista un técnico que determine el nivel de toxicidad del fósforo blanco. El perito dijo que debe haber un traslado inmediato pero que en Ecuador no existen muchos recursos para ese traslado adecuado.

    La Corte IDH dio de plazo un mes para que ambas partes presenten sus alegatos finales por escrito. Y la Corte tiene que presentar el fallo en los siguientes meses. 

    De obtenerse una sentencia favorable, el Estado deberá reparar a la madre de Paola y adoptar medidas de no repetición, orientadas a  evitar que situaciones similares vuelvan a suceder. Eso se conocerá el día en que se dicte la sentencia en el caso de Paola Guzmán.

  • ¿Quién es Paola Guzmán Albarracín?

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    Paola Guzmán Albarracín fue una adolescente de 16 años que fue abusada por Bolívar Espín, entonces de 65 años y vicerrector de su colegio. Paola estaba en riesgo de perder el año escolar y Espín, a cambio de ayudarla con las calificaciones, le pidió relaciones sexuales. Después de dos años de abuso y violación sexual, Paola quedó embarazada. Luego fue presionada por el vicerrector para abortar con la ayuda del médico del colegio. Y el doctor le exigió tener relaciones sexuales a cambio de realizarle el procedimiento.

    El 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió una alta cantidad de fósforo blanco y luego se fue al colegio. A las pocas horas, fue trasladada a la enfermería por sus intensos dolores. Las autoridades de la institución no hicieron nada: no la atendieron allí ni la derivaron a un hospital.  Tampoco le avisaron a su madre, Petita Albarracín, quien se enteró por las compañeras de de su hija lo que estaba ocurriendo. Petita Albarracín fue a recoger a su hija al colegio y fue ella quien la llevó a un hospital público. Cuando llegaron, era demasiado tarde. Para intentar salvarla, Petita Albarracín la llevó a una clínica privada pero allí tampoco pudieron hacer nada. Paola agonizó durante horas y murió la madrugada del día siguiente como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco. La madre de Paola no conocía los motivos detrás de la muerte de su hija hasta que una periodista le informó que había sido abusada sexualmnete por el vicerrector de su escuela.

  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano en el caso de Paola Guzmán

    • sentencia en el caso de Paola Guzmán

      Fotografía de la CIDH

    El 14 de agosto de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia  contra el Estado ecuatoriano en el caso de Paola Guzmán Albarracín, una adolescente de 16 años que fue abusada sexualmente por el vicerrector del colegio en el que estudiaba en Guayaquil. 

    En el fallo, la Corte IDH declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación de Paola Guzmán. Además la Corte condenó al Estado por el “incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos”. 

    Paola Guzmán sufrió violación sexual por dos años. La adolescente quedó embarazada y fue presionada por el vicerrector para que aborte. El médico que le iba a practicar el aborto también le exigió tener relaciones sexuales como condición para llevarlo acabo. Después de esos constantes abusos, el 12 de diciembre de 2002, Guzmán se suicidó ingiriendo fósforo blanco. 

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    El fallo se dio luego de siete meses de la primera audiencia pública sobre este caso en la Corte IDH. El caso de Paola Guzmán Albarracín llegó a la Corte en 2006 y es el primero de abuso sexual en el ámbito educativo en llegar al máximo tribunal regional. Aunque la sentencia fue publicada hoy, fue dictada el 24 de junio de 2020. 

    Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM Guayaquil), dijo en un comunicado que “como organizaciones sociales nos corresponde continuar con la implementación de la sentencia que ha vencido la impunidad e injusticia en contra de Paola”. 

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    En el fallo, la corte determinó que Paola Guzmán Albarracín vivía una “situación continuada de abuso y violencia sexual” lo que provocó su suicidio. La Corte IDH dijo que la sentencia en sí misma constituye una forma de reparación a los derechos de Paola Guzmán. Además, el Estado ecuatoriano tendrá que dar tratamiento psicológico o psiquiátrico a Petita Albarracín, madre de Paola, que desde hace 17 años ha buscado justicia, y para Denisse Guzmán Albarracín, hermana de Paola Guzmán. 

    En el fallo, la Corte estableció estándares para proteger los derechos sexuales y reproductivos y prevenir la violencia sexual de todas las niñas en instituciones educativas en Ecuador. El Estado deberá hacer un acto público para reconocer su responsabilidad internacional, y otorgará el grado de bachiller a Paola Guzmán si su madre lo acepta. 

    La sentencia dice, además, que el Ecuador está obligado a declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Deberá pagar a la madre y hermana de Paola Guzmán 20 mil dólares por daño emergente y 50 mil dólares como representación de la actividad laboral que hubiese generado Paola Guzmán. 

     Por último, el Ecuador deberá presentar en el plazo de un año un informe del cumplimiento de la sentencia, y la Corte IDH supervisará que el Estado ecuatoriano cumpla, dice la sentencia. En el comunicado del Cepam Guayaquil, Petita Albarracín dijo: “Ahora queda claro que mi Paola fue víctima de un terrible abuso sexual, que la llevó al suicidio. Sé que no la tendré conmigo pero me queda la tranquilidad que su muerte no será en vano”. 

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