Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) asistió el 22 de enero de 2020, a la convocatoria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en el juicio en su contra. Por cuatro horas, Atamaint respondió las preguntas de los asambleístas de la comisión y expuso sus argumentos de defensa, así como los documentos que considera de descargo. 

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Atamaint comenzó hablando de las acusaciones de alteraciones en las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019.“Fueron elecciones limpias y exitosas”, dijo. Además, presentó documentos emitidos por organismos observadores internacionales que respaldarían la transparencia de dicho proceso electoral. 

Diana Atamaint también se refirió a la acusación de incumplimiento de funciones. La titular del Consejo Nacional Electoral dijo “no existe una sentencia o dictamen constitucional emitidos en mi contra pendientes a ser cumplidos”. Atamaint dijo que la petición de juicio política en su contra es la misma de la del juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron destituidos en agosto de 2019. “Este documento fue acomodado para el juicio político en mi contra, esto evidencia que los interpelantes realizaron una mala copia de otro juicio político”. El asambleísta Fernando Flores, uno de los proponentes del juicio, pidió a la presidenta del CNE, que no ponga en duda “la capacidad legisladora de los asambleístas”. 

Sobre el tráfico de influencias, Atamaint dijo que ella no puede ser responsable de lo que haga una persona recomendada por otro consejero. “Las personas cada quien son responsables de sus actos”, dijo. Además, aseguró que Luis Loyo, ex funcionario del CNE sentenciado por asociación ilícita, fue contratado por el CNE porque cumplía con los requisitos para trabajar en el sector público. Después de que identificaron los actos irregulares que realizaba Loyo, dijo Atamaint, ella misma “denunció el caso en la Fiscalía”. 

Jeannine Cruz, la otra asambleísta que propuso el juicio político, dijo que la presidenta del CNE no respondió las preguntas que le hizo.  “Esta ha sido la dinámica de la comparecencia de Atamaint, quien NO ha podido desvirtuar ninguna acusación” escribió en Twitter.  

Respecto a la reparación de derechos de participación del Colectivo Yasunidos, Atamaint dijo que el CNE no está facultado ni constitucional ni legalmente para reparar los derechos. Eso, adujo, “le corresponde a un juez”.  Por tanto, según Atamaint, dijo que no ha incumplido sus funciones y que los asambleístas que la acusan confunden las funciones de la presidenta del CNE con las funciones del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) 

En una publicación de Twitter, el colectivo Yasunidos dijo que Arturo Cabrera, presidente del TCE, está protegiendo a Diana Atamaint de una posible censura. Lo habría hecho, según los activistas, al dictar una sentencia el 21 de enero de 2020, un día antes de la comparecencia de Atamaint, en la que reconoce que se vulneraron los derechos del colectivo Yasunidos y los demás firmantes por la petición de Consulta Popular sobre la explotación petrolera del parque nacional Yasuní, pero niega la consulta porque el proceso se habría cerrado en 2014. 

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Ahora, la Comisión de Fiscalización tiene que presentar un informe en máximo diez días, para que el pleno de la Asamblea decida el juicio político a Atamaint. En el pleno se requieren 92 votos a favor para aprobar la destitución de la funcionaria, según la Constitución del Ecuador.