La Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi, dio una rueda de prensa el 22 de enero de 2020. Era una respuesta a la cadena nacional del presidente del Ecuador Lenín Moreno, transmitida dos días antes.  

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El 20 de enero de 2020, el presidente Moreno dijo en su cadena nacional “se intentó derrocar al gobierno con violencia extrema y un ataque terrorista organizado”.  Moreno dijo que la policía “no usó armas letales” En la cadena nacional, con tono enojado, Moreno hizo un recuento de las afectaciones que hubo contra las fuerzas armadas, policía nacional, periodistas, propiedad pública y privada. 

Moreno dijo el incendio al edificio de la Contraloría General del Estado se hizo “en el intento de desaparecer información determinante sobre sus hechos de corrupción”.  También el presidente dijo que frente a todo lo sucedido en el paro nacional de octubre de 2019, el gobierno priorizó el bien común y la paz. 

Minutos después de la cadena nacional del presidente Moreno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) dijo en Twitter que el gobierno debía “asumir su responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza”. 

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Moreno dio la cadena nacional después de que el 15 de enero de 2020, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, dijera en una entrevista en radio FM Mundo que están preparando una demanda internacional contra el Estado por los hechos ocurridos en el paro nacional. Vargas dijo que aún no tienen respuesta sobre el pedido de desclasificación de “documentos secretos y secretísimos” sobre el paro nacional. La solicitud fue hecha por la Asociación de Víctimas del Paro Nacional a la Corte Constitucional del Ecuador. 

Carlos Poveda, abogado de la asociación, confirmó que interpondrán la acción legal en cortes supranacionales. “Esperamos obtener justicia fuera del Ecuador” dijo. Poveda La demanda sería presentada al Sistema Interamericana de Derechos Humanos (al que pertenecen la Comisión y la Corte interamericanas). 

Jorge Vivero, miembro de la asociación, dijo que las palabras de Moreno en la cadena nacional responden al hecho de que, en su criterio, “los informes internacionales de la CIDH nos dan la razón, dan la razón a las víctimas”. Además, dijo que las víctimas de la represión estatal durante las manifestaciones de octubre de 2019 “estamos aún aquí, por más que intenten borrarnos de la memoria”.

En la rueda de prensa, Laura Carrión, una de las víctimas dijo que “lo que ocurrió en el paro nacional es su culpa”, refiriéndose a  Moreno. Carrión dijo que durante una manifestación contra el decreto 883 —que eliminaba los subsidios a los combustibles— recibió un golpe en la cabeza que hasta hoy le causa problemas de salud. “El presidente habla de paz y derechos humanos pero él no los respetó”, dijo Carrión. 

El 15 de enero de 2020, Jaime Vargas, presidente de la  Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie) y Leonidas Iza, líder del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, llegaron a la Fiscalía, para dar su versión sobre el supuesto delito de instigación en las manifestaciones de octubre de 2019. El delito de instigación, según el Código Integral Penal (COIP), sucede cuando una persona incentiva a cometer un delito contra otra persona o institución. Es castigado con prisión de seis meses a dos años. 

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El abogado Poveda pidió, una vez más, que la Corte Constitucional desclasifique los documentos secretos, un pedido que hizo la Asociación en diciembre del año pasado. “Si el país no está en condiciones de investigar, puede haber un tercer país que lo pueda investigar”.