La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que analizaba el pedido de juicio político contra la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo archivó. El 12 de diciembre de 2019 aprobó el archivo con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención porque no presentaron suficientes pruebas.
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La comisión concluyó que la crisis en las cárceles del Ecuador no es competencia directa del Ministerio de Gobierno. También dijo que, según los protocolos vigentes, la Ministra puede usar bienes públicos, porque su “seguridad está en riesgo”. El comunicado de la Comisión aduce, además, que la seguridad para la ministra Romo y sus familiares cercanos es “permanente”.
Johana Cedeño, presidenta de la comisión de Fiscalización, dijo que el informe sobre el archivo de juicio será entregado al presidente de la Asamblea pero no pasará al debate del pleno. “Ya está archivado”, dijo.
El 8 de agosto de 2019, los asambleístas Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo presentaron el pedido de juicio político contra Romo. Los motivos del pedido eran un supuesto incumplimiento de funciones, abuso de autoridad al usar bienes públicos para fines personales, la crisis carcelaria, el incrementos de la delincuencia e inseguridad en el país.
El asambleísta de CREO, Roberto Gómez, dijo que en los próximos días recogerá firmas para plantear una nueva solicitud de juicio político contra la ministra Romo. El nuevo motivo de Gómez para enjuiciarla son los hechos del paro nacional de octubre de 2019. Entre el 3 y el 13 de ese mes, el Ecuador vivió la crisis social más fuerte de los últimos años. Miles de personas salieron a protestar por la eliminación del subsidio a los combustibles, decretada por el presidente Lenín Moreno. Muchas protestas se tornaron violentas, y la policía —que responde a la autoridad civil del Ministerio de Gobierno— fue acusada de represión excesiva. Once personas murieron, y Romo, como Ministra de Gobierno, ha sido señalada como responsable de esas muertes.
