En el documento presentado el 8 de agosto por los asambleístas María de Lourdes Cuesta y Roberto Gómez al Presidente de la Asamblea, César Litardo se explica que los motivos para pedir el juicio político son: los altos índices de inseguridad en el país, el incremento de actos delictivos y la crisis carcelaria. Que han causado grave conmoción social en los ecuatorianos y han anulado la confianza en las autoridades competentes. 

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Según el documento, la falta de resultados — al no mantener el orden público, asegurar la vida de los ciudadanos y mantener la paz social —  denota un incumplimiento de funciones de quién es “responsable políticamente por ello”. Este incumplimiento, más el abuso de autoridad al usar bienes públicos para fines personales, y violación de normas legales, “hacen urgente el enjuiciamiento político”. 

Entre los antecedentes de la crisis de seguridad en el Ecuador se incluye el femicidio de Diana que, en enero de 2019, fue transmitido a través de redes sociales “en presencia e inacción de la Policía Nacional en el lugar de los hechos”. El informe dice que este no fue un hecho aislado y cita cifras de la Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno que indican que en Guayas, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi y Manabí el homicidio se ha incrementado en un 233% entre enero y julio de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018.

El informe asegura que la ministra Romo imcumplió sus funciones al no garantizar la seguridad ciudadana y reducir las condiciones que generan violencia. 

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Otro de los motivos citados es la crisis carcelaria que vivió el país desde mayo de 2019 y que según el informe, hasta el 8 de agosto, no ha podido ser solucionada por parte de las autoridades, en específico por el Ministerio del Interior”. Citan el informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que afirma que “pese a que el sistema carcelario tiene capacidad de albergar a 28.500 personas acoge a más de 40 mil”. Según el informe, estas cifras demuestran claros niveles de hacinamiento que tiene como consecuencias la falta de alimentos, de atención médica y anula la capacidad de rehabilitación social. 

Los asambleístas Cuesta y Gómez dicen en el documento presentado César Litardo, Presidente de la Asamblea, que esto demuestra una “falta de capacidad e ineptitud manifiesta en el ejercicio de su cargo”, refiriéndose a la ministra María Paula Romo. Además, dicen que no se han adoptado medidas adecuadas que permitan manejar la situación correctamente y garantizar la seguridad social. 

Otro de los cargos es “incumplimiento de normas vigentes”. El 3 de julio de 2019, la asambleísta independiente, María Lourdes Cuesta entregó al contralor Pablo Celi una carta pidiendo que la Contraloría investigue el uso de una aeronave y un helicóptero parte del servicio aeropolicial de la Policía Nacional por parte de la ministra Romo y de Iván Granda, quien era, a la fecha, el Secretario Anticorrupción de la Presidencia. El informe dice que entre las normas incumplidas están las Leyes Aeronáuticas, protocolos de seguridad y normas de uso de bienes públicos. Además, ocultar la existencia de pasajeros en la bitácora de vuelo y el uso de un avión ambulancia para actividades particulares. 

Durante una entrevista en el programa Veraz con Carlos Vera, Iván Granda justificó el uso del helicóptero, diciendo que tanto él como María Paula Romo son dos de los funcionarios de alto riesgo del Estado y que por eso debían estar protegidos. El informe dice que no se tiene duda de la necesidad de seguridad para ciertos funcionarios públicos, pero que se debe tomar en cuenta que hay un reglamento para evitar que se “en pretexto de alegar seguridad o abusando del cargo se pueda mal utilizar recursos humanos o materiales del Estado o se omita información importante en los registros o bitácoras de viaje en el uso de aeronaves del servicio aeropolicial”. 

Y que, más allá de la seguridad que le corresponde a la ministra Romo, no justifica que se use bienes del estado, en este caso una aeronave ambulancia, para “fines que lejos están de ser inherentes a su función como es dirigirse a las playas ecuatorianas a vacacionar durante un feriado”.  

El documento también enumera a otros funcionarios que fueron destituidos por abuso de los bienes públicos, como los funcionarios de Inmobiliar que organizaron una fiesta en uno de los bienes incautados en el caso Petroecuador. Cita también el del accidente del helicóptero de tipo Gacela en 2007. que realizaba maniobras militares para probar un sistema de vuelo nocturno, en el que murió la entonces ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, y su hija. Según el pedido de juicio no se tuvo el debido cuidado para proteger a Larriva ni a su hija, quien no debía estar en el viaje por no ser una autoridad autorizada. 

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El informe incluye una lista de diligencias, documentos y otros hechos para sustentar el pedido de enjuiciamiento político.