A pesar de que Amada* logró el reconocimiento de su identidad de género, el Estado ecuatoriano le niega el acceso a una medicina para evitar el desarrollo del sexo con el que nació. Lucía y Fernando, sus padres, fueron en marzo de 2018 al hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Quito, para pedir bloqueadores o inhibidores de la pubertad para su hija.
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Los bloqueadores evitan la producción de testosterona o estrógenos. En una persona que biológicamente es hombre, inhiben la producción de testosterona que, en la pubertad, causa el desarrollo de la manzana de Adán, el crecimiento de la barba y de los genitales, y el cambio de voz. Amada decidió a comienzos de 2018 que no quería pasar por esos cambios. “Ella se siente y se ve como una niña transgénero”, dice su mamá.
Nacer con un sexo pero identificarse y sentirse como otro tiene un nombre preciso, según la definición de 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS): incongruencia de género. Cuando una persona que nació biológicamente mujer pero se siente y se identifica como hombre comúnmente se la conoce como persona trans, y en la clasificación se incluyen a personas transgénero y transexuales. Pero en 2018 la OMS cambió en su Clasificación Internacional de Enfermedades, el término ‘trans’ por ‘incongruencia de género’. Según el organismo, hizo el cambio porque transexualidad está relacionada a la salud sexual y no a la salud mental.
Los papás de Amada —que han aportado por décadas al IESS— empezaron el trámite para que la seguridad social ecuatoriana cubriera los costos de los inhibidores: son caros, cuestan entre 300 a 800 dólares, y se los debe administrar trimestral o semestralmente. Diego, el papá de Karina*, otra niña trans ecuatoriana, dice que su hija debe usar cada dos meses una inyección que cuesta 485 dólares. Karina comenzó la terapia hormonal hace tres años. Diego los compra en distribuidoras farmacéuticas del país, sin recurrir al Estado, nunca lo intentó.
Decidir la administración de los inhibidores no es una decisión que se toma a la ligera. Para Amada, fueron dieciséis meses, de ir y venir a citas médicas con especialistas de pediatría, psicología, psiquiatría, nutrición, genética, rayos X, endocrinología. Solo entonces se determinó que Amada está preparada para recibirlos.
Pero el IESS no está listo para dárselos. En julio de 2019, el Instituto de Seguridad Social les dijo a sus padres que no le entregaría los bloqueadores. Un médico se los notificó de palabra: el hospital no tiene una normativa para incluir la condición de incongruencia de género para prescribir los bloqueadores de la pubertad.
Dos meses después, Juan Páez, gerente general del hospital Andrade Marín, se los dijo por escrito. El hospital “no cuenta con autorización por parte del MSP para otra indicación que no sea el diagnóstico de pubertad precoz central” (el desarrollo acelerado de la pubertad antes de los 8 años de edad) . La negativa “es una contraposición entre el reconocimiento del Estado del derecho a la identidad de género de Amada y la falta de reconocimiento a sus derechos sexuales y reproductivos”, dicen los papás de Amada.
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Amada debería comenzar a tomar los bloqueadores en máximo seis meses, dice Lucía. Ahora tiene casi 11 años: está en el rango para entrar en la pubertad. Amada está en el tanner dos, una de las cinco etapas de la escala de Tanner (creada por el pediatra británico James Tanner) que describe los cambios físicos en genitales, mamas y vello púbico durante la pubertad, en niñas, niños y adolescentes. “En el tanner dos se recomienda que se comience a administrar bloqueadores de pubertad en niños y niñas trans”, dice la endocrinóloga Paola Jervis.
Christian Paula, abogado de la familia de Amada, dice que la falta de una política pública del gobierno y la Asamblea ponen a los niños y niñas trans en situaciones como la que está viviendo Amada. “La comunidad LGBTI+ es invisibilizada por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo”, dice Paula. Para el Estado, trámites como conseguir los inhibidores hormonales “no tienen importancia”, dice Paula, “incluso, las mismas personas trans adultas tampoco pueden acceder al proceso de hormonización y recurren a la automedicación”. “A mí me tiene que resolver el Estado”, dice Lucía, la madre de Amada. La salud sexual y reproductiva de personas trans “sigue siendo tabú y envuelta en prejuicios, el Estado tiene una deuda con esta población”, agrega Lucía.
El tratamiento es reversible: si se dejan de usar los bloqueadores, se desarrollan las características masculinas. Entonces si se empieza, no se debería abandonar. La terapia que quiere recibir Amada es un proceso de bloqueo de características masculinas, no de desarrollo de características femeninas. El uso de bloqueadores puede hacerse hasta los 16 años, ya en la etapa de la adolescencia. “Después se puede administrar testosterona o estrógenos”, explica la endocrinóloga Jervis. El acetato de leuprolide o triptorelina, los bloqueadores que pide Amada, también son usados para tratar la pubertad precoz y el cáncer de próstata, explica Jervis. “Su uso no necesita un cuidado especial en la alimentación, solo la asistencia en salud mental”, dice la médico.
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El Ministerio de Salud publicó en 2016 un manual para que los servidores de salud sepan cómo atender a la población LGBTI+. Son avances, pero el Estado aún le debe un correcto acceso a la salud sexual y reproductiva a la población trans, que como Amada quiere acceder a los bloqueadores. Luego de que el IESS le dijera que no, Lucía envió un correo a Ministerio de Salud Pública con copia a más de 50 funcionarios pidiendo reuniones para hablar sobre el acceso a los bloqueadores, pero hasta hoy, no ha tenido respuesta. Lucía dice que seguirá con el trámite.
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Pero un manual será letra muerta mientras los funcionarios estatales de salud no interioricen un verdadero enfoque de derechos humanos y género en su gestión. Hasta entonces, Amada, y la población trans en general, tendrá que seguir lidiando con un Estado indolente, que no le permite —por el tecnicismo de “la falta de normativa”— el pleno goce y desarrollo de su identidad. Hasta entonces, Amada y sus padres, seguirán luchando con Amor y Fortaleza —como bautizaron a la organización social que fundaron para ayudar y guiar a las personas trans y sus familias en Ecuador.
