La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar su defensa ante los dos procesos de juicios políticos en su contra el 2 de diciembre. Su exposición duró un poco más de una hora y habló sobre las principales acusaciones en su contra, pero dijo que después presentaría un documento en el que respondería a todos los puntos expuestos en las dos solicitudes de juicio. 

| Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

El motivo central de un juicio político es el incumplimiento de funciones y Romo empezó explicando qué funciones tiene y qué funciones no tiene un Ministro de Gobierno. 

Romo aclaró que es la máxima autoridad civil de la Policía Nacional, pero que ser una autoridad civil no es lo mismo que ser una autoridad operativa. El mando operativo le corresponde al Comandante General de la Policía Nacional, el General Nelson Villegas, quien se encarga de las decisiones operativas, dijo, explicando que éstas se toman al momento de enfrentar un crimen. “No me corresponde a mí tomar las decisiones operativas y hacerlo incluso sería faltarle el respeto a la institucionalidad de la Policía Nacional” dijo Romo. 

La Ministra de Gobierno explicó que sus responsabilidades tienen que ver con la generación de política pública en seguridad y la coordinación con otros órganos de poder ejecutivo y de gobierno. “Yo soy quién da explicaciones, pero eso no quiere decir que yo digo cuando se allana o no se allana un domicilio o cuando se toma la decisión de disparar o no” dijo Romo.  “A la Ministra de Gobierno le corresponde la representación política y jurídica de la Policía Nacional”. 

Uno de los principales argumentos de las solicitudes de juicio político en contra de Romo es el femicidio de Diana Carolina, ocurrido en Ibarra en enero de 2019, ante la vista de ciudadanos y policías que no pudieron impedir la agresión. La ministra Romo dijo que este año la Policía Nacional ha recibido un promedio de 100 mil llamadas por año de violencia de género y que, aunque este caso es “lamentable y representó un doloroso aprendizaje para la Policía Nacional”, no se puede juzgar toda la actuación de la Policía por un “procedimiento cuestionable en un caso”. Explicó que se hicieron capacitaciones y se cambió el protocolo de respuesta para manejar casos como el de Diana, pero que el femicidio es “mucho más complejo que la seguridad policial y la respuesta de la Policía no puede ser vista como la única medida”. 

Otra de las causales para llevarla juicio es su actuación durante la crisis carcelaria que vivió el país este año. Romo aclaró que desde hace 37 años las cárceles no son competencia del Ministerio que dirige. Es responsabilidad Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI). 

Romo explicó que con los decretos expedidos durante estado de excepción en las cárceles, el Presidente le dio la responsabilidad a la Policía Nacional de reforzar la seguridad en las cárceles. La medida se tomó “frente a la crisis de violencia era importante respaldar el trabajo de los organismos encargados, pero no se reforma la competencia”, dijo Romo. El de Gobierno no fue el único Ministerio mencionado en esos decretos. “Si este fuera un juicio político sobre cárceles estaríamos convocados todos los Ministerios mencionados en el estado de excepción y no solo el Ministerio de Gobierno” dijo Romo. Y aseguró que con 451 operativos dentro de las cárceles en este periodo, el Ministerio de Gobierno hizo su parte. 

Otra causa presentada en los pedidos de juicio político es el uso de la fuerza durante las manifestaciones de octubre. Romo dijo que la Policía usa la fuerza porque esa es “la esencia de un estado de derecho”. La Ministra explicó que lo que define a ese estado es que solo el Estado, a través de la Policía Nacional tiene el monopolio del uso de la fuerza, Aunque la Policía puede usar fuerza letal cuando estén en riesgo la vida y los derechos de los ciudadanos, está sometida a reglas, no a “la la orden operativa de una Ministra”, dijo Romo.  

Otra de las acusaciones contra María Paula Romo es el “incumplimiento de normas vigentes” por el uso de una aeronave y un helicóptero del servicio aeropolicial de la Policía Nacional por parte de la ministra Romo y su familia para ir a Esmeraldas durante un feriado. Romo dijo que todos los días usa bienes de la policía para transportarse pues patrulleros, aeronaves y helicópteros son considerados vehículos de la Policía.

Entre los usos permitidos — que están especificadas en los pedidos de juicio político y que fueron mencionados por Romo durante su exposición — está el transporte de autoridades de gobierno. “Mi transporte y mi seguridad es responsabilidad de la Policía Nacional 24 horas al día, 7 días a la semana, 265 días al año. Y esa seguridad se extiende a mi familia” dijo la Ministra de Gobierno. 

Así también lo explicaron el Coronel César Carrión, como parte de la Policía Nacional y el asambleísta y exministro del Interior José Serrano. Los dos se presentaron ante la Comisión de Fiscalización por pedido de Romo. El asambleísta Serrano dijo que  la seguridad lo acompaña hasta ahora, tres años después de haber dejado su cardo como Ministro del Interior, porque sus análisis de riesgo siguen garantizando un alto nivel de seguridad para Serrano y su familia. Romo agregó que por lo delicadas que son las funciones del Ministerio de Gobierno (antes del Interior) los riesgos no terminan cuando dejan el cargo y que pueden continuar hasta varios años después, como en el caso de José Serrano. “Ese es el protocolo que se debe seguir sin importar a quién se refiera la seguridad”, dijo Romo. 

La Ministra también presentó un cuadro comparativo de cuántas veces esas aeronaves han transportado autoridades a lo largo de los años. Según la información presentada por Romo, cuando José Serrano era Ministro, se usó las aeronaves 1333 veces solo en 2014 en  y en 2019, cuando ella asume el cargo, solo 78. En los helicópteros pasa lo mismo, en 2014 se usaron 2259 ocasiones y en 2019 solo 420. Romo explica que la alta diferencia en el número de usos es porque este año se las ha usado solo para transporte de autoridades, no con otros fines. 

Romo dijo que la acusación de uso indebido de bienes públicos y las otras acusaciones son un pretexto para “direccionar una interpelación por otras diferencias que probablemente los legisladores tengan en mi contra”.  

Romo terminó su presentación exponiendo sus responsabilidades y logros como Ministra. La firma de convenios de cooperación internacional para organizar las medidas contra el crimen, la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (entregó a todos una copia de este plan) y la reglamentación para los procesos de la Policía, son algunos de los logros presentados. 

Durante la ronda de preguntas de los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización Romo profundizó lo dicho durante su presentación. 

Después de mencionar un error de tipeo en la presentación de Romo y elogiar su capacidad de exposición, el asambleísta del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, Jaime Candell, le hizo varias preguntas. Candell terminó su intervención pregúntándole a Romo “¿Cuál es la línea que divide sus responsabilidades como Ministra y su vida familiar y conyugal?”.  Romo respondió que no hay línea que divida eso, “No soy ministra de 8 a 6, es un trabajo que implica estar disponible todos los días de la semana. Por eso tampoco es posible que una línea divida cuándo hay riesgo de seguridad y cuando no”. 

La Ministra de Gobierno le preguntó al asambleísta Candell si le habría planteado esa misma pregunta a un ministro hombre. “Pocas veces se hace un escrutinio tan cuidadoso de la vida personal de los señores como se hace de la vida personal de las señoras” dijo Romo. Y aseguró que le parece que “hay un componente (de esa discriminación de género) en este juicio”. El asambleísta Candel dijo que no le hacía la pregunta por ser mujer, sino por qué quiere saber si usó la aeronave como Ministra o para ir de vacaciones con su familia.  

Se presentaron dos pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El primero fue presentado por los asambleístas María Lourdes Cuesta (Independiente) y Roberto Gómez (CREO) y el segundo por Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana). Durante la defensa de Romo, solo Amapola Naranjo estuvo presente. Cuesta estuvo ausente y Gómez llegó al final de la sesión. En su cuenta de Twitter, el asambleísta Gómez respondió a una crónica del periodista Roberto Gómez que criticaba su ausencia diciendo que la presentación de María Paula Romo solo era la comparecencia de descargo, “no fue la interpelación, será en el pleno”. 

Al periodismo independiente lo financian sus lectores. Aporta a GK, aquí.

Ahora la Comisión deberá aprobar un informe sobre todos los argumentos expuestos. Se espera que lo haga hasta el 9 de diciembre para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Si el informe es favorable al juicio político, el proceso pasará al pleno. Si el informe no es favorable, se archivará y concluirá el proceso. Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dijo el 4 de diciembre que “a los interpelantes les faltó contundencia en la presentación de pruebas”. Cedeño explicó que solo 7 de los 17 comparecientes convocados se han presentado ante la Comisión, que algunas de las pruebas que fueron presentadas de cargo a la final fueron pruebas de descargo y que 2 de las 7 comparecencias no tenían nada que ver con el caso.