El lunes 25 de noviembre de 2019, la Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a los asambleístas Lourdes Cuesta, Roberto Gómez, Amapola Naranjo, y escucharon sus versiones  dentro del juicio político contra la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. 

Cuesta es independiente pero perteneció a CREO, el partido en el que milita Gómez. Naranjo es parte del ala correísta de Alianza País que se identifica como Revolución Ciudadana. Acusan a Romo de “incumplimiento de funciones debido a la inseguridad ciudadana, abuso de bienes públicos y crisis carcelaria que vive el país, versiones que fueron respaldadas con la exhibición de videos”.

En su versión, Cuesta habló sobre la crisis carcelaria, los amotinamientos y las muertes en los centros de rehabilitación del Ecuador. Según Cuesta, la declaración de estado de excepción no ha sido suficiente ni adecuada para resolver la crisis carcelaria. Otro de sus argumentos es el incumplimiento “de los parámetros para la utilización del transporte aéreo de la Policía Nacional”, operado por el Servicio Aeropolicial. En el mes de marzo de 2019, Romo utilizó un helicóptero  del servicio aeropolicial —que se encarga de dar seguridad aérea a dignatarios— junto al secretario anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, y los dos hijos de él para ir a Esmeraldas durante un feriado. 

La asambleísta de Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, dijo que Romo no ha dado solución en tema como “femicidios, robos a personas, hacinamientos en las cárceles, entre otros problemas”. Gómez, de CREO, dijo que el juicio político contra la Ministra es también por la “pérdida de vidas humanas”.

En el marco del juicio político contra María Paula Romo, la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño, dijo que “garantizarán el debido proceso, el derecho a la seguridad jurídica y la presunción de inocencia de la interpelada, además que las pruebas se procesarán de manera adecuada de acuerdo a la ley”.