Te explicamos el proceso de juicio político contra María Paula Romo

  • El CAL calificó a trámite el juicio político en contra de Maria Paula Romo

    • Juicio político contra María Paula Romo

      El CAL admitió a trámite, el miércoles 13 de noviembre, dos pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional.

    El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite, el miércoles 13 de noviembre, dos pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El primero fue presentado por los asambleístas María Lourdes Cuesta (Independiente) y Roberto Gómez (CREO) y el segundo por Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana). Ahora el proceso pasará a la Comisión de Fiscalización, en donde se decidirá si es que hay elementos suficientes para enjuiciar políticamente a Romo. 

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     La asambleísta Cristina Reyes, miembro del CAL, dijo que los dos pedidos de juicio político contra Romo fueron aprobados, con cuatro votos a favor, por “presentar las firmas de respaldo y cumplir con los requisitos de ley”. 

    Votaron a favor los asambleístas Patricio Donoso, de CREO, Ana Belén Marín, de AP,  Rina Campaín, de CREO, y Cristina Reyes, del PSC. Y se abstuvieron el Presidente de la Asamblea, César Litardo, César Solórzano, del BIN, y el asambleísta Carlos Cambala, de AP. 

    Según Reyes, las causales de incumplimiento de funciones son “los graves problemas de seguridad interna y el tema de la crisis carcelaria”. 

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    La ministra Romo se pronunció sobre la decisión del CAL y dijo que es parte de la fiscalización a la que están expuestos los funcionarios públicos y que “con mucho gusto” irá a la Asamblea a defender el trabajo que hace la Policía. Además dijo que “es un buen momento para poder extenderme en las explicaciones que están relacionadas con la violencia que vivió el país en este último mes”. Romo explicó que responderá “con gusto” cualquier tema que sea planteado por la Asamblea Nacional.

  • El primer pedido de juicio político se presentó en agosto de 2019

    • Juicio político contra María Paula Romo

      La primera solicitud de juicio político en contra de Romo fue presentada el 8 de agosto, tres meses antes de ser calificado por el CAL. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional.

    La primera solicitud de juicio político en contra de Romo fue presentada el 8 de agosto —es decir tres meses antes de ser calificado por el CAL. Quienes lo presentaron fueron Lourdes Cuesta, asambleísta independiente y Roberto Gómez, asambleísta de CREO, en la Asamblea Nacional con 42 firmas de respaldo para iniciar el proceso. Las causas de su petición son: incumplimiento de funciones por la inseguridad en el país, la crisis carcelaria, y el presunto mal uso de bienes públicos —esta última causal es por el uso que Romo le dio a un una aeronave y un helicóptero de la Policía Nacional para trasladarse Esmeraldas en marzo de 2019.

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    El segundo proceso fue presentado por la asambleísta Amapola Naranjo, de Revolución Ciudadana, el 24 de septiembre. El pedido se presentó con 36 firmas de respaldo y entre las causales que menciona está la crisis del sistema de cárceles y la crisis de seguridad a nivel nacional.

  • ¿De qué se acusa a María Paula Romo?

    • Juicio político contra María Paula Romo.

      Los motivos del pedido de juicio político contra la ministra Romo son los altos índices de inseguridad en el país, el incremento de actos delictivos y la crisis carcelaria. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr del Ministerio de Gobierno.

    En el documento presentado el 8 de agosto por los asambleístas María de Lourdes Cuesta y Roberto Gómez al Presidente de la Asamblea, César Litardo se explica que los motivos para pedir el juicio político son: los altos índices de inseguridad en el país, el incremento de actos delictivos y la crisis carcelaria. Que han causado grave conmoción social en los ecuatorianos y han anulado la confianza en las autoridades competentes. 

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    Según el documento, la falta de resultados — al no mantener el orden público, asegurar la vida de los ciudadanos y mantener la paz social —  denota un incumplimiento de funciones de quién es “responsable políticamente por ello”. Este incumplimiento, más el abuso de autoridad al usar bienes públicos para fines personales, y violación de normas legales, “hacen urgente el enjuiciamiento político”. 

    Entre los antecedentes de la crisis de seguridad en el Ecuador se incluye el femicidio de Diana que, en enero de 2019, fue transmitido a través de redes sociales “en presencia e inacción de la Policía Nacional en el lugar de los hechos”. El informe dice que este no fue un hecho aislado y cita cifras de la Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno que indican que en Guayas, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi y Manabí el homicidio se ha incrementado en un 233% entre enero y julio de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018.

    El informe asegura que la ministra Romo imcumplió sus funciones al no garantizar la seguridad ciudadana y reducir las condiciones que generan violencia. 

    Otro de los motivos citados es la crisis carcelaria que vivió el país desde mayo de 2019 y que según el informe, hasta el 8 de agosto, no ha podido ser solucionada por parte de las autoridades, en específico por el Ministerio del Interior”. Citan el informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que afirma que “pese a que el sistema carcelario tiene capacidad de albergar a 28.500 personas acoge a más de 40 mil”. Según el informe, estas cifras demuestran claros niveles de hacinamiento que tiene como consecuencias la falta de alimentos, de atención médica y anula la capacidad de rehabilitación social. 

    Los asambleístas Cuesta y Gómez dicen en el documento presentado César Litardo, Presidente de la Asamblea, que esto demuestra una “falta de capacidad e ineptitud manifiesta en el ejercicio de su cargo”, refiriéndose a la ministra María Paula Romo. Además, dicen que no se han adoptado medidas adecuadas que permitan manejar la situación correctamente y garantizar la seguridad social. 

    Otro de los cargos es “incumplimiento de normas vigentes”. El 3 de julio de 2019, la asambleísta independiente, María Lourdes Cuesta entregó al contralor Pablo Celi una carta pidiendo que la Contraloría investigue el uso de una aeronave y un helicóptero parte del servicio aeropolicial de la Policía Nacional por parte de la ministra Romo y de Iván Granda, quien era, a la fecha, el Secretario Anticorrupción de la Presidencia. El informe dice que entre las normas incumplidas están las Leyes Aeronáuticas, protocolos de seguridad y normas de uso de bienes públicos. Además, ocultar la existencia de pasajeros en la bitácora de vuelo y el uso de un avión ambulancia para actividades particulares. 

    Durante una entrevista en el programa Veraz con Carlos Vera, Iván Granda justificó el uso del helicóptero, diciendo que tanto él como María Paula Romo son dos de los funcionarios de alto riesgo del Estado y que por eso debían estar protegidos. El informe dice que no se tiene duda de la necesidad de seguridad para ciertos funcionarios públicos, pero que se debe tomar en cuenta que hay un reglamento para evitar que se “en pretexto de alegar seguridad o abusando del cargo se pueda mal utilizar recursos humanos o materiales del Estado o se omita información importante en los registros o bitácoras de viaje en el uso de aeronaves del servicio aeropolicial”. 

    Y que, más allá de la seguridad que le corresponde a la ministra Romo, no justifica que se use bienes del estado, en este caso una aeronave ambulancia, para “fines que lejos están de ser inherentes a su función como es dirigirse a las playas ecuatorianas a vacacionar durante un feriado”.  

    El documento también enumera a otros funcionarios que fueron destituidos por abuso de los bienes públicos, como los funcionarios de Inmobiliar que organizaron una fiesta en uno de los bienes incautados en el caso Petroecuador. Cita también el del accidente del helicóptero de tipo Gacela en 2007. que realizaba maniobras militares para probar un sistema de vuelo nocturno, en el que murió la entonces ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, y su hija. Según el pedido de juicio no se tuvo el debido cuidado para proteger a Larriva ni a su hija, quien no debía estar en el viaje por no ser una autoridad autorizada. 

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    El informe incluye una lista de diligencias, documentos y otros hechos para sustentar el pedido de enjuiciamiento político. 

  • ¿Cuál es el proceso para un juicio político?

    • Juicio político contra María Paula Romo.

      Para iniciar un proceso de juicio político, un asambleísta debe hacer un pedirlo ante el CAL, con, al menos, 35 firmas de respaldo. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional.

    Para iniciar un proceso de juicio político, un asambleísta debe hacer un pedirlo ante el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, con, al menos, 35 firmas de respaldo. En el CAL, sus miembros deben revisar que se cumplan los requisitos de forma para dar paso al juicio político. Se necesita los votos de la mayoría del CAL (es decir cuatro de un total de siete) para que el trámite se apruebe. Si es que se aprueba —como en el caso de María Paula Romo— el trámite pasa a la Comisión de Fiscalización, en donde se presentan las pruebas de cargo y Romo puede presentar sus pruebas de descargo en un período máximo de 15 días. Posteriormente la Comisión de Fiscalización—en este caso, presidida por Johanna Cedeño de Alianza País— deberá emitir un informe en máximo diez días; en caso de ser favorable (también se requieren los votos de la mayoría de los asambleístas de la comisión, es decir, por lo menos, de siete votos de doce) el juicio pasa al pleno. Allí se requiere la votación de 92 asambleístas —equivalente a dos tercios del total de legisladores— para aprobar el juicio y destituir a Romo.

  • Asambleístas rinden sus versiones en el juicio político contra María Paula Romo

    • juicio político contra maría paula romo

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

    El lunes 25 de noviembre de 2019, la Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a los asambleístas Lourdes Cuesta, Roberto Gómez, Amapola Naranjo, y escucharon sus versiones  dentro del juicio político contra la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. 

    Cuesta es independiente pero perteneció a CREO, el partido en el que milita Gómez. Naranjo es parte del ala correísta de Alianza País que se identifica como Revolución Ciudadana. Acusan a Romo de “incumplimiento de funciones debido a la inseguridad ciudadana, abuso de bienes públicos y crisis carcelaria que vive el país, versiones que fueron respaldadas con la exhibición de videos”.

    En su versión, Cuesta habló sobre la crisis carcelaria, los amotinamientos y las muertes en los centros de rehabilitación del Ecuador. Según Cuesta, la declaración de estado de excepción no ha sido suficiente ni adecuada para resolver la crisis carcelaria. Otro de sus argumentos es el incumplimiento “de los parámetros para la utilización del transporte aéreo de la Policía Nacional”, operado por el Servicio Aeropolicial. En el mes de marzo de 2019, Romo utilizó un helicóptero  del servicio aeropolicial —que se encarga de dar seguridad aérea a dignatarios— junto al secretario anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, y los dos hijos de él para ir a Esmeraldas durante un feriado. 

    La asambleísta de Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, dijo que Romo no ha dado solución en tema como “femicidios, robos a personas, hacinamientos en las cárceles, entre otros problemas”. Gómez, de CREO, dijo que el juicio político contra la Ministra es también por la “pérdida de vidas humanas”.

    En el marco del juicio político contra María Paula Romo, la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño, dijo que “garantizarán el debido proceso, el derecho a la seguridad jurídica y la presunción de inocencia de la interpelada, además que las pruebas se procesarán de manera adecuada de acuerdo a la ley”.

  • La ministra Romo presentó su defensa en el juicio político en su contra

    • María Paula Romo se defendió

      María Paula Romo se defendió ante la Comisión de Fiscalización por el juicio político en su contra. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea.

    La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar su defensa ante los dos procesos de juicios políticos en su contra el 2 de diciembre. Su exposición duró un poco más de una hora y habló sobre las principales acusaciones en su contra, pero dijo que después presentaría un documento en el que respondería a todos los puntos expuestos en las dos solicitudes de juicio. 

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    El motivo central de un juicio político es el incumplimiento de funciones y Romo empezó explicando qué funciones tiene y qué funciones no tiene un Ministro de Gobierno. 

    Romo aclaró que es la máxima autoridad civil de la Policía Nacional, pero que ser una autoridad civil no es lo mismo que ser una autoridad operativa. El mando operativo le corresponde al Comandante General de la Policía Nacional, el General Nelson Villegas, quien se encarga de las decisiones operativas, dijo, explicando que éstas se toman al momento de enfrentar un crimen. “No me corresponde a mí tomar las decisiones operativas y hacerlo incluso sería faltarle el respeto a la institucionalidad de la Policía Nacional” dijo Romo. 

    La Ministra de Gobierno explicó que sus responsabilidades tienen que ver con la generación de política pública en seguridad y la coordinación con otros órganos de poder ejecutivo y de gobierno. “Yo soy quién da explicaciones, pero eso no quiere decir que yo digo cuando se allana o no se allana un domicilio o cuando se toma la decisión de disparar o no” dijo Romo.  “A la Ministra de Gobierno le corresponde la representación política y jurídica de la Policía Nacional”. 

    Uno de los principales argumentos de las solicitudes de juicio político en contra de Romo es el femicidio de Diana Carolina, ocurrido en Ibarra en enero de 2019, ante la vista de ciudadanos y policías que no pudieron impedir la agresión. La ministra Romo dijo que este año la Policía Nacional ha recibido un promedio de 100 mil llamadas por año de violencia de género y que, aunque este caso es “lamentable y representó un doloroso aprendizaje para la Policía Nacional”, no se puede juzgar toda la actuación de la Policía por un “procedimiento cuestionable en un caso”. Explicó que se hicieron capacitaciones y se cambió el protocolo de respuesta para manejar casos como el de Diana, pero que el femicidio es “mucho más complejo que la seguridad policial y la respuesta de la Policía no puede ser vista como la única medida”. 

    Otra de las causales para llevarla juicio es su actuación durante la crisis carcelaria que vivió el país este año. Romo aclaró que desde hace 37 años las cárceles no son competencia del Ministerio que dirige. Es responsabilidad Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI). 

    Romo explicó que con los decretos expedidos durante estado de excepción en las cárceles, el Presidente le dio la responsabilidad a la Policía Nacional de reforzar la seguridad en las cárceles. La medida se tomó “frente a la crisis de violencia era importante respaldar el trabajo de los organismos encargados, pero no se reforma la competencia”, dijo Romo. El de Gobierno no fue el único Ministerio mencionado en esos decretos. “Si este fuera un juicio político sobre cárceles estaríamos convocados todos los Ministerios mencionados en el estado de excepción y no solo el Ministerio de Gobierno” dijo Romo. Y aseguró que con 451 operativos dentro de las cárceles en este periodo, el Ministerio de Gobierno hizo su parte. 

    Otra causa presentada en los pedidos de juicio político es el uso de la fuerza durante las manifestaciones de octubre. Romo dijo que la Policía usa la fuerza porque esa es “la esencia de un estado de derecho”. La Ministra explicó que lo que define a ese estado es que solo el Estado, a través de la Policía Nacional tiene el monopolio del uso de la fuerza, Aunque la Policía puede usar fuerza letal cuando estén en riesgo la vida y los derechos de los ciudadanos, está sometida a reglas, no a “la la orden operativa de una Ministra”, dijo Romo.  

    Otra de las acusaciones contra María Paula Romo es el “incumplimiento de normas vigentes” por el uso de una aeronave y un helicóptero del servicio aeropolicial de la Policía Nacional por parte de la ministra Romo y su familia para ir a Esmeraldas durante un feriado. Romo dijo que todos los días usa bienes de la policía para transportarse pues patrulleros, aeronaves y helicópteros son considerados vehículos de la Policía.

    Entre los usos permitidos — que están especificadas en los pedidos de juicio político y que fueron mencionados por Romo durante su exposición — está el transporte de autoridades de gobierno. “Mi transporte y mi seguridad es responsabilidad de la Policía Nacional 24 horas al día, 7 días a la semana, 265 días al año. Y esa seguridad se extiende a mi familia” dijo la Ministra de Gobierno. 

    Así también lo explicaron el Coronel César Carrión, como parte de la Policía Nacional y el asambleísta y exministro del Interior José Serrano. Los dos se presentaron ante la Comisión de Fiscalización por pedido de Romo. El asambleísta Serrano dijo que  la seguridad lo acompaña hasta ahora, tres años después de haber dejado su cardo como Ministro del Interior, porque sus análisis de riesgo siguen garantizando un alto nivel de seguridad para Serrano y su familia. Romo agregó que por lo delicadas que son las funciones del Ministerio de Gobierno (antes del Interior) los riesgos no terminan cuando dejan el cargo y que pueden continuar hasta varios años después, como en el caso de José Serrano. “Ese es el protocolo que se debe seguir sin importar a quién se refiera la seguridad”, dijo Romo. 

    La Ministra también presentó un cuadro comparativo de cuántas veces esas aeronaves han transportado autoridades a lo largo de los años. Según la información presentada por Romo, cuando José Serrano era Ministro, se usó las aeronaves 1333 veces solo en 2014 en  y en 2019, cuando ella asume el cargo, solo 78. En los helicópteros pasa lo mismo, en 2014 se usaron 2259 ocasiones y en 2019 solo 420. Romo explica que la alta diferencia en el número de usos es porque este año se las ha usado solo para transporte de autoridades, no con otros fines. 

    Romo dijo que la acusación de uso indebido de bienes públicos y las otras acusaciones son un pretexto para “direccionar una interpelación por otras diferencias que probablemente los legisladores tengan en mi contra”.  

    Romo terminó su presentación exponiendo sus responsabilidades y logros como Ministra. La firma de convenios de cooperación internacional para organizar las medidas contra el crimen, la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (entregó a todos una copia de este plan) y la reglamentación para los procesos de la Policía, son algunos de los logros presentados. 

    Durante la ronda de preguntas de los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización Romo profundizó lo dicho durante su presentación. 

    Después de mencionar un error de tipeo en la presentación de Romo y elogiar su capacidad de exposición, el asambleísta del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, Jaime Candell, le hizo varias preguntas. Candell terminó su intervención pregúntándole a Romo “¿Cuál es la línea que divide sus responsabilidades como Ministra y su vida familiar y conyugal?”.  Romo respondió que no hay línea que divida eso, “No soy ministra de 8 a 6, es un trabajo que implica estar disponible todos los días de la semana. Por eso tampoco es posible que una línea divida cuándo hay riesgo de seguridad y cuando no”. 

    La Ministra de Gobierno le preguntó al asambleísta Candell si le habría planteado esa misma pregunta a un ministro hombre. “Pocas veces se hace un escrutinio tan cuidadoso de la vida personal de los señores como se hace de la vida personal de las señoras” dijo Romo. Y aseguró que le parece que “hay un componente (de esa discriminación de género) en este juicio”. El asambleísta Candel dijo que no le hacía la pregunta por ser mujer, sino por qué quiere saber si usó la aeronave como Ministra o para ir de vacaciones con su familia.  

    Se presentaron dos pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El primero fue presentado por los asambleístas María Lourdes Cuesta (Independiente) y Roberto Gómez (CREO) y el segundo por Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana). Durante la defensa de Romo, solo Amapola Naranjo estuvo presente. Cuesta estuvo ausente y Gómez llegó al final de la sesión. En su cuenta de Twitter, el asambleísta Gómez respondió a una crónica del periodista Roberto Gómez que criticaba su ausencia diciendo que la presentación de María Paula Romo solo era la comparecencia de descargo, “no fue la interpelación, será en el pleno”. 

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    Ahora la Comisión deberá aprobar un informe sobre todos los argumentos expuestos. Se espera que lo haga hasta el 9 de diciembre para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Si el informe es favorable al juicio político, el proceso pasará al pleno. Si el informe no es favorable, se archivará y concluirá el proceso. Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dijo el 4 de diciembre que “a los interpelantes les faltó contundencia en la presentación de pruebas”. Cedeño explicó que solo 7 de los 17 comparecientes convocados se han presentado ante la Comisión, que algunas de las pruebas que fueron presentadas de cargo a la final fueron pruebas de descargo y que 2 de las 7 comparecencias no tenían nada que ver con el caso. 

  • Asamblea rechaza juicio político contra la Ministra de Gobierno

    • archivó el juicio político a la ministra de gobierno

      Fotografía tomada de la cuenta de Flickr del Ministerio de Gobierno de Ecuador.

    La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que analizaba el pedido de juicio político contra la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo archivó. El 12 de diciembre de 2019 aprobó el archivo con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención porque no presentaron suficientes pruebas. 

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    La comisión concluyó que la crisis en las cárceles del Ecuador no es competencia directa del Ministerio de Gobierno. También dijo que, según los protocolos vigentes, la Ministra puede usar bienes públicos, porque su “seguridad está en riesgo”. El comunicado de la Comisión aduce, además, que la seguridad para la ministra Romo y sus familiares cercanos es “permanente”.

    Johana Cedeño, presidenta de la comisión de Fiscalización, dijo que el informe sobre el archivo de juicio será entregado al presidente de la Asamblea pero no pasará al debate del pleno. “Ya está archivado”, dijo. 

    El 8 de agosto de 2019, los asambleístas Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo presentaron el pedido de juicio político contra Romo. Los motivos del pedido eran un supuesto incumplimiento de funciones, abuso de autoridad al usar bienes públicos para fines personales, la crisis carcelaria, el incrementos de la delincuencia e inseguridad en el país.

    El asambleísta de CREO, Roberto Gómez, dijo que en los próximos días recogerá firmas para plantear una nueva solicitud de juicio político contra la ministra Romo. El nuevo motivo de Gómez para enjuiciarla son los hechos del paro nacional de octubre de 2019. Entre el 3 y el 13 de ese mes, el Ecuador vivió la crisis social más fuerte de los últimos años. Miles de personas salieron a protestar por la eliminación del subsidio a los combustibles, decretada por el presidente Lenín Moreno. Muchas protestas se tornaron violentas, y la policía —que responde a la autoridad civil del Ministerio de Gobierno— fue acusada de represión excesiva. Once personas murieron, y Romo, como Ministra de Gobierno, ha sido señalada como responsable de esas muertes.