El 22 de noviembre de 2019, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional calificó el proyecto de ley económica urgente entregado por el gobierno y pasó a la Comisión de Régimen Económico.
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La comisión deberá analizarlo y recibir comparecencias de autoridades como el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), el Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, para que expliquen las motivaciones de las reformas propuestas.
César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que espera que en 20 días se apruebe la nueva ley, porque ya existen acuerdos entre bancadas en la mayoría de artículos del proyecto. La Asamblea Nacional comenzará a debatirlo la próxima semana, dijo Litardo.
El nuevo proyecto de ley económica del gobierno conserva la esencia del proyecto anterior que fue rechazado por la Asamblea, dice el gobierno.
Ahora, el proyecto se llama Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria y plantea disminución del 10% del impuesto a la renta a empresas afectadas en el paro. Además, propone disminuir el impuesto a los consumos especiales (ICE) a la cerveza artesanal y la devolución de pagos por la reconstrucción de casas afectadas en el terremoto del 2016, así como la remisión de intereses y multas a los dueños de esas casas.
Otras propuestas son gravar con IVA 0% a las actividades agrícolas, de flores y follajes. El proyecto contempla también la condonación de multas e intereses a deudores de créditos educativos y créditos del sector agrícola y la imposición de impuestos a los planes de telefonía móvil, entre otros.
El economista Edwin Buenaño cree que el nuevo proyecto, en general, no resolverá mucho los problemas fiscales que tiene el país. Aunque Buenaño dijo que el proyecto de ley es más concreto en algunos puntos que serán importantes para la economía del país, como la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta. “Ayudará a la liquidez de las empresas”, dijo Buenaño.
Sin embargo, sostiene que por el lado de recaudación tributaria, no está seguro de qué efectos podría tener el proyecto. “En el país no hay una cultura tributaria, sino una fuerte evasión”, dijo Buenaño.
Por su parte el economista, Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, cree que “el proyecto sigue siendo fiscalista, o sea recaudador”. Sobre la condonación de multas e intereses a los deudores de créditos educativos, Albán dijo que cree que más que perdonar deudas, el gobierno debe buscar posibilidades de empleo para los jóvenes profesionales que obtuvieron un crédito educativo. Albán dijo que el proyecto no se entiende muy bien: pretende recaudar pero también condona deudas. Dijo que para discutir su nueva propuesta, el gobierno no convocó al Colegio de Economistas de Pichincha.
