Según el Código de la Democracia, los ciudadanos ecuatorianos pueden pedir que se convoque a una consulta popular sobre cualquier asunto. Ese pedido debe estar respaldado de al menos el 5% de votantes a nivel nacional y 10% de respaldo si la consulta es a nivel local (solo aplicable a un municipio, comunidad o provincia, por ejemplo). La Corte Constitucional debe aprobar las preguntas propuestas.
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En junio de 2019, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario, sin embargo, el político Fernando Balda solicitó al Consejo Nacional Electoral formularios para recoger firmas para convocar a una consulta popular para eliminar el derecho aprobado. Sin embargo, Lolo Miño, experta en derechos humanos, dijo en una entrevista con GK que no se puede hacer una consulta popular sobre derechos.
También, el prefecto del Azuay, Yaku Pérez pidió a la Corte Constitucional que se apruebe la pregunta para una consulta popular para prohibir la explotación minera en la zona sur del Ecuador. En septiembre de 2019, la Corte Constitucional negó ese pedido y lo archivó. La Corte Constitucional también analizó y negó el pedido de consulta popular para que la actividad minera continúe en la zona, hecha por el alcalde Elías Baldor del cantón Camilo Ponce, provincia del Azuay.
