La Jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, está por encima de todos. Literal: su estrado está un peldaño más arriba que el resto de la sala, como una manifestación física de su muy real autoridad judicial. Desde su estatura escucha, la mañana del 18 de junio de 2018, a los abogados que alegan a favor y en contra de la vinculación del expresidente Rafael Correa al proceso penal por el presunto secuestro del ex asambleísta y opositor del correísmo Fernando Balda.
La audiencia terminará con la inclusión de Correa a la instrucción fiscal, convirtiéndolo en el sexto presidente, desde el retorno a la democracia, en ser procesado penalmente. Los anteriores fueron Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, en ese orden. El primero en 1996, el último —antes de Correa— en 2005. Noboa fue amnistiado por la Asamblea Constituyente de 2008 porque su caso fue una persecución política del capo socialcristiano León Febres-Cordero. Alarcón y Gutiérrez estuvieron presos, Mahuad y Bucaram se fugaron del país. Bucaram pidió asilo en Panamá (como lo hizo Noboa en República Dominicana), y Rafael Correa ha dicho que no descarta asilarse en Bélgica, donde vive desde el 10 de julio de 2017.
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Paúl Pérez Reina, Fiscal General encargado, habla con gestos excesivamente ceremoniosos, como para que no se dude de su respeto por la jueza Camacho. Explica que el exasambleísta Fernando Balda fue retenido contra su voluntad el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, Colombia: dos hombres se lo llevaron, un taxista vio lo que pasaba, y alertó a la Policía y a otros taxistas, empezó una persecución, los secuestradores huyeron y dejaron a Balda tirado a la vera de un camino. Dice el Fiscal que, por la investigación colombiana de ese intento de secuestro, se sabe que habrían participado tres agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador (Senain) y que los autores intelectuales estaban en lo más alto del poder político ecuatoriano: el expresidente Correa habría ordenado, a como diera lugar, el regreso de Balda.
La Jueza Daniella Camacho decidió la vinculación de Rafael Correa en el caso Balda. Imagen de la Fiscalía General del Estado.
“Rafael Correa podría ser autor mediato porque era el Presidente de la República y jefe directo del director de la Senain”, dice el Fiscal. La sala de audiencias se queda en silencio, como si los asistentes no terminaran de creer lo que dice Pérez Reina: un expresidente podría haber ordenado el secuestro de un enemigo político. Los cargos que presenta el fiscal son por asociación ilícita y por plagio. Asociación ilícita y plagio.
La sala de audiencias en el octavo piso está llena como llena estuvo el día en que Jorge Glas fue condenado por asociación ilícita. Tal como lo estuvo aquel 1 de diciembre de 2017 en que Rafael Correa llegó para respaldar a Glas, su amigo, quien, dicen él y sus partidarios, es un perseguido político. En el cénit del gran poder que acumuló, Correa tuiteó en 2012: “Ahora, cualquier delincuente es «perseguido político» y poner un juicio es «atentado a los DDHH». Hasta cuándo?”. Seis años más tarde, fuera del Ecuador y del poder su discurso ha cambiado: son víctimas del lawfare, una forma “de guerra no convencional en la que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”. La política se ha terminado de pelear en las cortes.
La prensa, los simpatizantes de Fernando Balda y los de Rafael Correa están allí. En las dos primeras filas, junto a la puerta de ingreso, del lado izquierdo, están los rostros inconfundibles de los más fervientes admiradores del expresidente Correa: su excanciller, Ricardo Patiño, las asambleístas Soledad Buendía, Liliana Durán y Marcela Aguiñaga, los exasambleístas Paola Pabón y Virgilio Hernández, la exministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís. Está también Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea entre 2013 y 2017, y que la semana pasada sufrió los estragos del gas lacrimógeno con el que la Policía reprimió una manifestación correísta. En la audiencia, unos con las manos entrelazadas a la altura del pecho, otros con la mirada baja, compartían una expresión angustiosa que los ecuatorianos no les conocíamos.
Ex autoridades simpatizantes de Rafael Correa asistieron a la audiencia. Fotografía de Sol Borja para GK.
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Luego del recuento del caso, el fiscal Pérez dice que la Fiscalía se respalda en quince indicios. Entre ellos, cartas que Raúl Chicaiza, el exagente de la Senain que habría participado en el secuestro de Balda, le escribió a Correa cuando era Presidente. La Fiscalía quiere demostrar que Chicaiza tenía apoyo institucional y político para desarrollar las acciones necesarias que terminaron con el secuestro de Balda.
“Señor Presidente, para informarle que desde los organismos oficiales no se ha hecho nada para controlar el proceso penal en Colombia a pesar de que en varias ocasiones usted así lo ha ordenado” dice en una carta del 23 de septiembre de 2015. El fiscal Pérez la lee parsimonioso. Otro indicio es la versión de Diego Vallejo, exasesor del Ministerio del Interior. Vallejo dice que contaban con fotos de Balda de abril de 2011, más de un año antes del secuestro. Menciona además la participación en reuniones junto con otras autoridades: Javier Córdoba, Viceministro del Interior y Leidy Zúñiga, Ministra de Justicia. Según Vallejo, Serrano les habría dicho que Correa estaba muy enojado por un video en el que Balda lo increpaba fuertemente. Según la versión del exasesor, Correa habría pedido que se trasladen a Balda al Ecuador “a toda costa”.
Mientras el Fiscal enumera las pruebas, el Secretario intenta copiar rápidamente lo que dice. La jueza le pide que hable más lento, por un tema de registro.
— Con todo gusto, responde el Fiscal y retoma, intentando hablar más pausado.
Dice que hay documentos de la Contraloría que llegaron la misma mañana del juicio. Son respaldos de un examen especial que hace la entidad sobre los gastos especiales entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Habría, además, cheques emitidos por la Senain y cobrados por Chicaiza, con los montos correspondientes a la operación del secuestro de Balda. Adicionalmente en un documento de la Secretaría de Inteligencia, se registra la operación denominada Secuestro por un monto de 43 mil dólares. Otro de los respaldos presentados por la Fiscalía es un oficio de respuesta de Jorge Costa, actual director de la Senain, en el que reconoce que en la institución existe información sobre el caso Balda.
Cuando el Fiscal termina de presentar los quince elementos hace una pausa teatral. Mira de reojo a la audiencia, luego a la Jueza y baja la mirada sobre un documento que tiene en la mano. Va a pedir las medidas cautelares contra Rafael Correa.
Empieza y da un contexto pausado y jurídico sobre por qué la Fiscalía no considera necesaria la prisión preventiva contra el expresidente. Dice que Correa se ha presentado todas las veces que ha sido convocado. Al fondo del salón, en la mesa en la que está la Secretaría, una funcionaria que en diciembre se tomaba selfies con Rafael Correa, asiente. Está de acuerdo, y dice con su cabeza que Rafael Correa no merece prisión.
— Presentarse a diario ante la autoridad consular en Bélgica o ante la autoridad que usted disponga. Colocar dispositivo de vigilancia electrónica.
El Fiscal General pidió la vinculación de Rafael Correa en el caso Balda. Fotografía de la Fiscalía General del Estado.
Hay un murmullo en la sala. Las dos primeras filas, ocupadas por correístas también murmuran. No lo pueden creer. Se miran entre sí. Comentan en voz baja. Se indignan.
Ha pasado una hora desde el inicio de la audiencia. Es el turno de Felipe Rodríguez, abogado defensor de Fernando Balda. Dice que será breve, que se referirá únicamente a las medidas solicitadas por Fiscalía y a la vinculación de Correa.
Mientras habla, las barras correístas de la primera fila murmuran y se ríen. Rodríguez se detiene en seco. Está de pie, al lado izquierdo de la sala. Mira a quienes parecen burlarse de su intervención. Luego mira a la Jueza, esperando que diga algo. Ella ni pestañea.
— Parece que en el público algo les está causando gracia. ¿No? ¿Están bien?
La legisladora correísta Liliana Durán le responde algo que no se alcanza a escuchar. La Jueza no se inmuta. Rodríguez prosigue, dirigiéndose al abogado de Correa. Que se limite a referirse a las medidas, le pide. Cuando termina, las barras de Balda, ubicadas al otro extremo de los correístas, aplauden. La Jueza sigue en silencio, como de piedra, como si el espectáculo le resultase ajeno.
Tras su breve intervención habla Caupolicán Ochoa, defensor de Rafael Correa. Ochoa es alto, rotundo, y combina una media calva redonda y brillante con unas canas plateadas. Representó al expresidente durante la década que gobernó. Fue también su abogado en la primera batalla judicial que perdió Correa en julio de 2017, apenas mes y medio después de dejar Carondelet: Martín Pallares publicó en el portal 4Pelagatos una columna de opinión titulada Si a Correa le sorprenden robando podría decir que estaba cuidando. Correa lo enjuicio porque consideraba que Pallares había proferido “expresiones de descrédito y deshonra en su contra”, pero perdió.
Los abogados de Rafael Correa en la audiencia de vinculación. Fotografía Sol Borja para GK.
Ochoa se pone de pie. La jueza lo mira a través de sus lentes sin marco. Él empieza dirigiéndose al abogado Rodríguez.
— No creo que debe tener temor de lo que voy a decir.
Continúa hablando rápido, con la seguridad de un abogado recorrido. Intenta deslegitimar la participación de Pérez Reina como Fiscal. Que aún no lo ha posesionado la Asamblea, dice. La Jueza lo interrumpe: debe pronunciarse sobre la vinculación y las medidas cautelares para su cliente. Ochoa la ignora. Dice que los argumentos del Fiscal son inverosímiles cuando se refiere una supuesta reunión entre autoridades en la que se habría hablado de regresar a Balda al país. La jueza lo vuelve a interrumpir. Hasta ahí, su rostro se había mantenido imperturbable. Como si asistiera a un trámite ordinario. Nada en su expresión podía revelar que se trataba de un hecho histórico: un expresidente que podría enfrentar un juicio penal.
— No estamos en análisis de indicios. Pronunciése únicamente sobre las medidas y la vinculación.
Ochoa sigue. Que se busca comprometer penalmente el nombre del expresidente, dice, que no hay nada en contra de su cliente, que los documentos presentados por la Fiscalía son una “montaña infame”. Utilizó palabras como imprompio, desatinado, triquiñuelas, subterfugios. Alabó la “grandeza humana” de Rafael Correa.
— Se quiere destruir a un hombre al que el país le debe tanto.
En la sala se oyen risas pero él no las escucha. Argumenta sobre la necesidad de movilizarse del expresidente. Tiene que viajar para mantener a su familia, dice. Pide que no se acepte la medida solicitada por la Fiscalía. Saca unos documentos que le alcanza su hijo, César Ochoa, también abogado de Correa. Tiene dificultad en leer, pide perdón por eso.
Habla de conferencias a las que tendrá que asistir el expresidente —luego Felipe Rodríguez revisará los documentos, dirá que son copias simples, por lo tanto inválidas, y que en todo caso la única fecha comprometida se trata de una invitación por videoconferencia, paras las que Correa no necesita desplazarse—. Intenta descifrar otros papeles, supongo que están en francés, dice Ochoa. Se exaspera de no encontrar lo que busca, deja los papeles que tenía en la mano y retoma su presentación jurídica.
— Me opongo a las medidas. Este es un andamiaje perverso con el que se lo quiere comprometer con fines políticos. Me opongo. Rafael Correa responderá con dignidad y altivez.
La línea final parece una slogan de campaña. Ricardo Patiño, en primera fila, asiente satisfecho.
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Desde el lunes 2 de julio de 2018, Rafael Correa, el expresidente que reside en Bélgica desde julio de 2017, tendrá que presentarse cada quince días ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, ubicada en el centro norte de Quito. Esa es la decisión de la jueza Daniella Camacho. Nada dice sobre el dispositivo electrónico.
Soledad Buendía, asambleísta correísta, improvisó tarima para dirigirse a los simpatizantes. Fotografía del Ministerio del Interior.
Caupolicán Ochoa protesta: sería atentar contra el derecho a la movilidad de su cliente, que tiene residencia en Bélgica. La jueza se mantiene firme. Hay ruido en la sala, se empieza a levantar el público. Las barras de Balda aplauden y gritan en favor de la jueza Camacho.
— ¡Lárguense! ¡Corruptos!
Patiño regresa a ver con ira.
— ¡Ustedes lárguense!
En la entrada de la Corte Nacional de Justicia, un grupo de simpatizantes correístas causó desmanes. Fotografía de Sol Borja para GK.
La Policía los custodia para que salgan primero de la sala. En el pasillo se juntan con Caupolicán Ochoa para la rueda de prensa en la que Ochoa criticará la actuación de la Jueza.
En la calle, las barras correístas furibundas reaccionan lanzando huevos, tomates y palos a la prensa. Insultan. Soledad Buendía aparecerá en una tarima improvisada para dirigirse a sus simpatizantes. Ya no hay fiesta, como cuando Correa era Presidente. Como cuando Caupolicán Ochoa se mostraba seguro de sus triunfo. Como cuando Patiño, Buendía, Solís, Rivadeneira, Hernández no miraban angustiados al piso, sino que sonreían. Como cuando Rafael ganaba todos los juicios. Como cuando eran el poder.
