La primera semana de julio de 2017 empezó mal para el expresidente del Ecuador: por primera vez en una década perdió un juicio. Y no uno cualquiera. Perdió el juicio que inició en contra de un periodista, Martín Pallares, autor de un artículo de opinión titulado Si a Correa le sorprenden robando podría decir que estaba cuidando publicado en el portal 4Pelagatos. Rafael Correa lo demandó por “proferir expresiones de descrédito y deshonra en su contra”. No era la primera vez que Correa intentaba utilizar la justicia en contra de periodistas y medios de comunicación. Sí fue la primera que perdió.
La persecución judicial contra la prensa crítica de su gobierno es legado de Rafael Correa. La primera vez que llevó a periodistas ante una corte fue en marzo de 2011 cuando presentó una demanda en contra de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano que trata sobre los contratos que Fabricio Correa, hermano del Presidente, tuvo con el estado ecuatoriano. Calderón y Zurita fueron sentenciados a pagar una indemnización de dos millones de dólares por supuesto daño moral.
Unos meses después, en julio de 2011, un juez condenó a tres años de prisión a Emilio Palacio, articulista de Diario El Universo y a tres de sus directivos, los hermanos César, Carlos y Nicolás Pérez. El juez Juan Paredes, y fue criticado —y posteriormente demandado por diario El Universo— por la sospecha de que los abogados de Correa le habían escrito la sentencia y él se había limitado a firmarla. La suspicacia nació del hecho de que le tomó apenas 24 horas para entregar un fallo de 156 páginas. Paredes rechazó esos cargos, y dijo que él era autor de la sentencia que dictaba que Palacio y los hermanos Pérez debían, además de ir a prisión, pagar una indemnización de treinta millones de dólares de forma solidaria. Diario El Universo debía pagar diez millones de dólares adicionales. En total, el juez había tasado la honra del presidente en la cifra —sin precedentes— de cuarenta millones. La acusación nació de un artículo de Palacio —entonces Editor de Opinión del diario— titulado NO a las mentiras en el que decía que Correa habría ordenado “fuego a discreción” contra un hospital lleno de civiles durante la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010. Siete meses después de la sentencia del juez Paredes, cuando la condena fue ratificada, Correa decidió perdonar a Palacio, a los Pérez y a El Universo: “He decidido ratificar lo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón, que decidí también con familiares y amigos y compañeros cercanos” —dijo— “perdonar a los acusados concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron”. Ese mismo día anunció que perdonaba a Zurita y Calderón, cuyo proceso estaba pendiente en una apelación: “Hay perdón pero no olvido”. Era una época en que la altísima popularidad de Correa le permitían gestos de condicionada magnanimidad.
Pero cinco años después, ya fuera del poder, sin las fuerzas de aquellos tiempos en que parecía imbatible, su perdón condicional ya no fue necesario. A pesar de que Correa ya no era presidente, ocurrió algo poco probable, casi sorpresivo: el juez declaró que la demanda del expresidente no procedía. Ratificaba la condición de inocente de Pallares.
Caupolicán Ochoa, su abogado —conocido por haberlo representado en varios procesos judiciales— intentó argumentar que el artículo publicado de Pallares dañaba la imagen de Correa; el especialista en derechos humanos Juan Pablo Albán dirigió la defensa de Pallares. Su defensa empezó por decir que el expresidente ni siquiera estaba presente en la audiencia para dar su versión.
A pesar de que varios simpatizantes correístas llegaron al complejo judicial norte de Quito, la audiencia en contra de Pallares se había convertido en un acto fallido de apoyo al expresidente. Los seguidores correístas se agolparon en el cuarto piso y en los exteriores del edificio en el que se desarrollaba la audiencia. A empujones, gritos, insultos y amenazas recibieron a Martín Pallares y a la prensa que se encontraba en el lugar para cubrir la diligencia. Corrupto, ladrón, malditos, fuera prensa corrupta, lárguense periodistas vendidos eran algunos de los insultos que gritaban. Entre ellos estaba Gabriel Rivera, exasambleísta —fue Presidente de la Comisión de Fiscalización— y militante de País, el partido de Correa. También estaba Pedro de la Cruz, ex asambleísta y Parlamentario Andino de ese mismo movimiento. Del otro lado del pasillo, a Pallares lo apoyaban las asambleístas de oposición Cristina Reyes, Jeannine Cruz y Ana Galarza, a las que el Vicepresidente Glas llamó histéricas por intentar llevarlo a juicio político. “Todos somos Martín” gritaban junto a familiares y amigos del periodista. La escena era como un retrato de los últimos diez años. Era una especie de fotografía de la relación de Correa con la prensa. Una imagen que retrataba su concepto sobre el oficio.
Cuatro horas duró esa fotografía. La audiencia presidida por el el juez de Contravenciones Penales de Pichincha Fabricio Carrasco terminó con la absolución de Pallares. Correa guardó silencio, y recién al día siguiente, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció: “Pallares y compañía, como siempre mienten. Juez ratificó la existencia material de la infracción pero dijo que no se demostró que Pallares fuera el responsable. Obviamente respetamos la decisión del juez, pero no la compartimos. Esta lucha es por todos, para nunca más sufrir abusos de cobardes odiadores disfrazados de periodistas. La Ley está de nuestro lado. A liberarnos del yugo de la mala prensa.”
Pero eso no quiere decir que el día de la audiencia no dijo nada controversial. Diez años después, es difícil encontrar un momento en que Correa haya ejercido su derecho —y sabia costumbre ajena a su práctica— del silencio. Mientras Pallares era absuelto en la Unidad Judicial Norte de Quito, Correa daba una conferencia en la Escuela Politécnica de Guayaquil (Espol). Como es usual en él, lo que debía ser una presentación meramente académica, se convirtió en un acto político cuando confirmó lo que ya muchas veces había dicho: una vez fuera de la presidencia se iría a vivir a Bélgica, país de su esposa Anne Malherbe. Y dio la fecha: 10 de julio. Es posible decirlo en cualquier orden sin que se alteren los resultados: el día en que el expresidente anunció cuándo se iría del Ecuador, salió derrotado de una corte por primera vez en diez años; el día en que salió derrotado de una corte por primera vez en diez años, el expresidente anunció cuándo se iría del Ecuador.
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Rafael Correa se acostumbró a gobernar mientras su entorno lo aplaudía. Fue reacio a las críticas desde el inicio y en cuanto pudo, emprendió largas —y siempre victoriosas— batallas legales en contra de quienes creía lo habían afectado en su honra o moral.
Hubo otros procesos, no relacionados con el periodismo, pero siempre con el concepto que el mismo expresidente tenía de sí mismo: empezó antes de que fuera político, cuando el Banco Pichincha lo puso erróneamente en la central de riesgos por una supuesta deuda impaga. Correa lo demandó por daño moral: estar en esa central, decía, afectaba su imagen y su honra. A los 19 meses de posesionado, el ya Presidente recibió una sentencia favorable que le ordenaba al banco pagar una indemnización de cinco millones de dólares. Finalmente, la sentencia fue reformada en apelación y la entidad pagó 600 mil dólares.
También fueron demandados por Correa el activista político Fernando Villavicencio, el exasambleísta Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa. Correa los acusó de injuriarlo por denunciar ante la Fiscalía que él había salido durante la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010, a una universidad para supuestamente planear su rescate, y luego regresar al hospital para ser liberado. Los tres acusados fueron sentenciados a pagar una multa de 140 mil dólares. Figueroa fue condenado a seis meses y los cumplió. Villavicencio y Jiménez recibieron un año de prisión y ambos están esperando la audiencia de Habeas Corpus —Villavicencio desde Perú, donde espera la respuesta a su pedido de asilo político. Correa incluso demandó a gente que él mismo posesionó: Pablo Chambers y Gerardo Portillo eran miembros de la Comisión creada por la Presidencia de la República para investigar los contratos de Fabricio Correa. Fueron sentenciados a un año de prisión por un supuesto falso testimonio, después de que firmaron un informe en el que aseguraban que Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano con el Estado y en el que se determinaba que hubo perjuicio económico para el país.
El vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, estuvo entre los acusados de Correa. En octubre de 2016, la Corte Provincial ratificó la sentencia a quince días de prisión y una multa de 90 dólares por supuestamente desacreditar la honra de Correa. La demanda se dio tras las declaraciones de Del Pozo a una radio en la que según el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, el vicealcalde habría dicho que “sacaba sentencias a dedo, obtenía dinero, no pagaba impuestos y sacaba el dinero a paraísos fiscales, advirtiendo que ese dinero lo transmitía de manera dolosa a Bélgica”.
Todos esos triunfos judiciales fueron cuestionados en su momento por la estrecha relación de Correa con el poder judicial y sus funcionarios. Gustavo Jalkh es desde 2012 Presidente del Consejo de la Judicatura, el organismo que se encarga de nombrar, sancionar y remover funcionarios judiciales. Antes, entre 2007 y 2010, fue su Ministro de Justicia y Ministro del Interior, y luego su Secretario Particular entre 2010 y 2012. Los jueces han sido duramente criticados por emitir rápidamente sentencias a favor del expresidente. Por eso, en esa historia de triunfos judiciales, la sentencia a favor del periodista Martín Pallares es un quiebre, un símbolo: como si el tiempo de Rafael Correa estuviese ya en el pasado, como si ya los jueces se sintieran libres de resolver en su contra.
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La judicial derrota sufrida por Correa era improbable, pero la derrota política que parece quererle causar Lenín Moreno, su sucesor, era —es, sigue siendo— inverosímil. Si bien los rumores desde antes de que terminara la campaña presidencial anunciaban una ruptura entre el nuevo gobierno y el de Correa, pocos les daban crédito —y la velocidad con que ha sucedido (Moreno no ha completado sesenta días en el poder) han convertido la pugna dentro de Alianza País en una novela de suspenso. Fiel a su estilo confrontativo, el expresidente no dejó pasar su visita a la Espol para polemizar sobre política. A Correa le gusta que hablen de él —y a ratos parece que no le importa si es bien o mal, con tal de que hablen—. Es como si supiera que si dejan de mencionarlo, su protagonismo en la vida pública terminará.
Correa cargó contra su propio partido, como un Saturno que devora a sus hijos: criticó al presidente Lenín Moreno —su sucesor, compañero de partido y exvicepresidente entre 2007 y 2013— por el diálogo que éste ha impulsado con diversos sectores del país. “Todos estamos de acuerdo con el diálogo, pero diálogos con principios” —dijo, pero objetó— “¿conversar con un Dalo Bucaram que vive insultando al vicepresidente? Yo jamás hubiera aceptado dialogar con alguien que insultara a Lenín Moreno”.
La supuesta traición a la que se refiere Correa sucedió el 28 de junio. Ese día, Moreno recibió en su despacho a Abdalá Bucaram Pulley, Dalo, ex candidato a la presidencia por el partido FE, una versión cristiana y moderna del Partido Roldosista Ecuatoriano que llevó al padre de Dalo a la presidencia a finales de los años noventa. La reunión se dio para tratar temas relacionados a la lucha contra el microtráfico que quiere iniciar la Presidencia. También han sido convocados a estos diálogos otros ex candidatos, como la socialcristiana Cynthia Viteri y el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo. Y a Correa le molesta. Es como si creyera que son muestras de debilidad, de traición a su gobierno, y de deslealtad con el hombre fuerte que le queda en la nueva administración, el vicepresidente Jorge Glas, a quien Bucaram acusó durante la campaña de graves casos de corrupción. Las denuncias que hizo Bucaram eran sobre contratos de preventas petroleras con China, los dineros de las comisiones por esas preventas y sobre el tío de Glas. Glas lo negó, anunció acciones legales que nunca inició, y el hermano de Bucaram, Jacobo, golpeó al tío del vicepresidente que hoy está preso por el caso Odebrecht, Ricardo Rivera.
Las críticas de Correa no quedaron ahí. En otro tuit, Correa subió el tono contra Moreno por darle en comodato por cien años la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), un edificio ubicado en el norte de Quito, del que había sido desalojada por el gobierno de Correa en diciembre de 2011. La organización había recibido el edificio en comodato por primera vez en 1991, durante la presidencia de Rodrigo Borja. “Entrega sede por cien años a Conaie, otro innecesario desaire a mi Gobierno. Estrategia de “diferenciarse” no solo es desleal, es mediocre”, tuiteó el Correa. En días anteriores había utilizado su cuenta de Twitter para, según él, aclarar temas relacionados a las investigaciones del caso Odebrecht, el supuesto mal uso de los fondos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto sufrido en abril de 2016, entre otros.
Sería absurdo, por supuesto, pensar que Correa está solo en sus cuestionamientos. En realidad, la pugna Correa-Moreno solo traen a la luz la fragmentación de Alianza País, dividida en cacicazgos enfrentados entre sí. Marcela Aguiñaga, asambleísta reelecta por Alianza País y ex Ministra de Ambiente de Correa dijo en un tuit: “Es inadmisible en la Revolución prácticas del viejo país propias del bucaramato. Merecemos respuestas a esta grave acusación”, y mencionó a Lenín Moreno y a Eduardo Mangas, Secretario de la Presidencia. Aguiñaga hacía referencia a un tuit de dudosa autoría, en el que se asegura que Mangas se habría reunido en Panamá con el expresidente Abdalá Bucaram “para negociar las eléctricas”. El reclamo de la legisladora no quedó ahí. Al día siguiente, el miércoles 5 de julio, Aguiñaga dijo a la prensa que no piensa ser parte de un gobierno que cogobierne con el bucaramato. Dijo también que había pedido explicaciones a Mangas y que estaba a la espera de una respuesta. Ante el cuestionamiento de una periodista, Aguiñaga evitó responder si estaría dispuesta a renunciar al movimiento pero en una entrevista radial dijo: “Yo no hice campaña para esto”.
Ella no fue la única. Gabriela Rivadeneira, una figura que pasó de ser protagonista en la Presidencia de la Asamblea Nacional, a elenco de reparto en 2017 —es asambleísta reelecta y Secretaria Ejecutiva del Movimiento País— también tuvo críticas para el diálogo convocado por Lenín Moreno. “Dialogar como principio de construcción social, está bien. Lo que no podemos hacer es dar palestra a la derecha socialcristiana o el bucaramato (vergüenza de la historia) cuyas agendas son antagónicas a la nuestra, ¡la victoriosa! La que el pueblo votó el 2 de abril”, tuiteó. Ella, a diferencia de Aguiñaga, intentó ser más conciliadora pocas horas después, cuando a través de su cuenta de Twitter dijo: “Nadie cuestiona diálogo con oposición, sólo recuerdo que febrescorderismo y bucaramato expresan lo peor de nuestra historia nacional”. En un tuit posterior dijo: “Ante el viejo país oligárquico, ni un paso atrás. ¡Vamos a fortalecer el proyecto popular de la Revolución Ciudadana!”. En Alianza País, los pisos del poder se mueven como placas tectónicas, y tras el cisma —o el sismo— habrá que ver cómo queda configurado el partido (y sus figuras clave y otras no tan clave).
Lenín Moreno había permanecido en silencio. Parecía una conducta propia de su prudencia para actuar, pero el 5 de julio se vio que puede ser parte de una estrategia muy bien diseñada. Ese día, como si se hubiese puesto un par de guantes blancos para tuitear, publicó en esa red social: “El diálogo continúa. Seguimos empeñados en reconciliar al país. Para el odio, no cuenten conmigo”. Correa que no conoce lo que es quedarse callado, le respondió: “Todos creemos en el diálogo. Nuestra Revolución es una revolución de amor, no de odio, pero” —en el expresidente siempre hay un pero, una condición— “jamás debemos olvidar con quién nos sentamos a la mesa, a riesgo de legitimar a los que saquearon a nuestro país, desaparecieron a nuestros niños, ultrajaron la República con sus vulgares componendas”. Y al final de su mensaje hizo la acusación más grave que ha lanzado en contra de Moreno: “Que se pacte con los Bucaram y se les entregue CNEL, es corrupción, es el país del pasado, precisamente contra lo que nació AP y nuestra Revolución Ciudadana”.
El mismo discurso, con una expresión de sorna y fastidio, repitió en una entrevista que le hizo Orlando Pérez —ex editor del diario estatal El Telégrafo, suspendido de su cargo por violencia en contra de una mujer— en la cadena Telesur. Horas antes, Moreno había ofrecido un almuerzo en el palacio de Carondelet al que asistieron los asambleístas de su partido, Alianza País. Allí, en una declaración que parecía una indirecta a Correa dijo: “Lo que sí es importante es que dentro del Movimiento se mantenga únicamente la gente que es consecuente con los principios, eso sí es importante, que se mantenga dentro del movimiento, porque una persona honesta, si es que no está de acuerdo con los principios de un partido, únicamente se retira” —y terminó con una contundencia inusual en él— “y pasa al ostracismo político”.
Enseguida, Moreno volvió a sus tono conciliador habitual. Pidió no tener miedo a las diferencias, que son parte de la diversidad humana y quiso apaciguar la confrontación con un mensaje de implicaciones insondables: dijo que el momento en que salga de Alianza País no se volverá a afiliar nunca más a ningún partido político: “esta es una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo el liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado, un país que estaba en el lodo” y, como si todo estuviera plenamente calculado, dio un giro conciliador hacia Correa. “Lealtad conmigo sí, pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico Rafael Correa” dijo. En Telesur, Pérez le mostró a Correa estas declaraciones. El expresidente cayó en la trampa y lanzó un ataque sardónico: “No me quiera tanto compadre” —dijo con un tono despectivo— “Obras son amores, todos pueden hablar bonito pero en esta semana han habido muchas contradicciones, desaires”. La que podría ser su última entrevista en el Ecuador dejó claro que a Rafael Correa le gustan dos cosas: tener la razón y que nadie le diga lo contrario.
La mañana del seis de julio amaneció con el ánimo político incendiado. Sería como todos los días de los últimos diez años, salvo que esta vez la confrontación no era entre gobierno y oposición, sino entre facciones de Alianza País. La prudencia de Moreno se metamorfoseó: “Síndrome de abstinencia: reacción provocada por la reducción o suspensión brusca de sustancias de las que se tiene dependencia como el azúcar, el alcohol, las drogas… o el poder” dijo en un tuit. En respuesta, Fernando Alvarado —durante la mayor parte de la década correísta titular de la Secretaría de Comunicación (Secom), aunque también fue Ministro de Turismo, y Secretario de la Administración— tuiteó: “Apreciado @Lenin no olvidar el síndrome por falta de coherencia. Estamos sufriendo millones en la Revolución Ciudadana, y nos ha causado desorientación aguda” . Roberto Wolgemuth, ex funcionario de la Secom y ferviente correísta, según su propia definición, también discrepó con Moreno: “Decepción. Profunda decepción”. Vinicio Alvarado, el hombre fuerte del correísmo, el mentalizador del aparato de propaganda y comunicación del expresidente —y, además, su ex Ministro de Turismo, de la Producción y Secretario de la Administración— dirigió palabras de reproche, antes reservadas para la oposición, para el presidente Moreno: “Gobernar no debe ser juego de niños, sin embargo parecen niños jugando. Un poco más de respeto y consecuencia con un proceso que nos ha costado tanto”—dijo a través de su cuenta de Twitter— “No al sectarismo ni tampoco el hacer relevante lo intrascendente. Al que le caiga el guante que se lo chante!”.
El más reciente disparo de este cruce entre los bandos de Alianza País fue de Rafael Correa. De nuevo, sin mencionar a Lenín, utilizó Twitter: “Pese a la pequeñez humana, seguiremos con el espíritu de Alfaro: nada para nosotros, todo para la Patria”. Es probable que los tuits de indirectas y de respuestas de una u otra forma continúen, pero había que cerrar el texto. Después de todo, un tuit más o un tuit menos no va a cambiar el quiebre que ha traído julio: una corte, pero aún más sorprendente, su sucesor le han dicho que no a Rafael Correa, el hombre que durante diez años vivió acostumbrado a que todos le dijeran que sí.
