¿No crecemos como antes…por los impuestos?

Los impuestos son la base de la política fiscal de los países: constituyen el método que permite al gobierno recaudar dinero de la población para redistribuirla en gastos e inversión para el bien común. En la publicación “Recaudar no basta” del Banco Interamericano de Desarrollo se afirma que a pesar de que han habido grandes avances en temas fiscales en Latinoamérica (existe mayor recaudación, y es el continente con crecimiento de recaudación más acelerada), todavía queda mucho por hacer porque aunque recaudan, los gobiernos no han logrado utilizar este dinero de la manera más efectiva para contribuir con el desarrollo de la población.

En el caso concreto de Ecuador, es necesario reconocer su tendencia en los últimos diez años: los impuestos representaron el 65% de los ingresos del Gobierno Central mientras que la venta de petróleo y derivados representaron el 23% (el 12% restante corresponde a ingresos no tributarios y transferencias). Esto quiere decir que la mayoría de gastos e inversiones realizadas por el gobierno de Rafael Correa vienen  desde las diferentes actividades económicas de la población.

A pesar de los esfuerzos por mejorar los ingresos generados por los impuestos, la cifra de ingresos petroleros sigue siendo alta. El problema de ese 23%, es que es altamente volátil por el precio internacional del crudo. Por eso gran parte de nuestro gasto depende del mercado internacional.

Las políticas que se han orientado a mejorar los ingresos fiscales tributarios no han pasado desapercibidas para los ciudadanos. Al revisar los impuestos y sus consecuencias en la población ecuatoriana, se puede analizar dos aspectos: el empresarial y el familiar. El sector empresarial es el más álgido en el debate coyuntural, todos los días escuchamos sobre desestímulos productivos que los impuestos han causado, lo ahorcados que se sienten y “si Lenin Moreno gana, me toca sacar mi empresa a Perú”. Sin afán de menospreciar el “sentir” del sector empresarial, al observar las cuentas macroeconómicas se puede identificar que la desaceleración económica tiene una alta relación con los bajos precios del petróleo más que con los impuestos.  Si bien es cierto que el PIB ecuatoriano ha venido creciendo en tasas cada vez menores a partir del 2012, ésto no se puede atribuir a las reformas tributarias formuladas por el gobierno de la Revolución Ciudadana; esto lo digo después de observar el gráfico del crecimiento del PIB y la evolución de los precios de las materias primas cuya tendencia —marcada por el mercado internacional— es igual, y la economía latinoamericana baila a su ritmo. Cuando los precios del petróleo suben, nuestra economía crece aceleradamente, cuando los precios bajan nuestra economía se desacelera.

Según datos publicados en la página oficial del Centro de Estudios Fiscales (CEF), la contribución de las empresas y de las personas naturales sobre el PIB —también conocida como presión fiscal— del Ecuador, para el 2015 se encontraba en el quinto puesto en América Latina, por debajo de países como Uruguay y Brasil, y muy por debajo de cualquier país europeo, es decir que el Ecuador pagaba menos impuestos que Uruguay, Argentina, España o Suiza. Lo que nos da a entender que la existencia o magnitud de los impuestos por sí solos no es el problema ni la solución para lograr objetivos de desarrollo.

Sin embargo, se debe mencionar que el Ecuador sufre la presión constante por mantener suficientes dólares en el país, dado que no tiene capacidad de emisión de moneda. Por eso se han incorporado una serie de políticas para desincentivar el consumo de productos hechos en el exterior como la tecnología o artículos de lujo mediante la aplicación de impuestos. Sin embargo, estas políticas no han tenido el resultado esperado porque el deseo de la gente por consumir este tipo de productos supera el costo de adquirirlo, lo que los economistas llaman: baja elasticidad de consumo. Además estos impuestos no fueron creados con la suficiente minuciosidad, por eso terminaron afectando a industrias nacionales que pagaron precios más altos por su materia prima, haciendo que su producto pierda competitividad.

En el último foro organizado por la Flacso sobre los desafíos del nuevo gobierno en el Ecuador, los panelistas discutieron sobre el modelo planteado por la Revolución Ciudadana. Si el problema ha sido la mala calidad del gasto (refiriéndose a la efectividad del gasto sobre el desarrollo social) o si más bien ha sido tratar de fortalecer la política fiscal y aumentar la recaudación sin antes fortalecer el sector productivo e industrial, o en última instancia si es que realmente ha habido un modelo de desarrollo o solo se han dedicado a “pavimentar” (a invertir en infraestructura sin un objetivo claro en la política económica). Para la suerte de todos, la discusión nunca cayó sobre si queremos o no una sociedad más equitativa, sino más bien, en cómo lograrlo.

La economía del corto plazo

El gasto público en estos últimos diez  años se ha dirigido a la formación bruta de capital fijo, como por ejemplo la inversión en infraestructura y maquinaria, y a sueldos y salarios Las mejoras en los campos de salud y educación son irrefutables, así lo refleja el aumento en la cobertura de educación inicial (23,15% de matrículas en educación inicial en el 2007 a 44,24% en 2015),  la universalización de la educación General Básica, el aumento en la atención de salud materna del 84% al 95%, etc; sin desatender lo mucho que nos falta por mejorar. Las políticas de desarrollo han apostado por la infraestructura y la generación de empleos públicos directos. Las cuentas nacionales generadas por el Banco Central, muestran que el gasto del Gobierno Central está dirigido en un 50% a los gastos corrientes, donde el componente más importante es el de sueldos y salarios; y el otro 50% a gastos de capital como el mantenimiento de los establecimientos públicos (hospitales, colegios etc.).

Sin embargo los resultados en las cifras de desempleo en el país —4.4% para marzo de 2017—, y sobre todo en las cifras de empleos adecuados no son alentadoras. Tanto en 2007 como ahora, el empleo adecuado (empleo con un salario mayor o igual al salario básico y que trabajen 40 o más horas a la semana) oscila el 40% del empleo total con una disminución de 2 puntos porcentuales al final del período de Correa. Este resultado es insuficiente, teniendo en cuenta uno de los objetivos establecidos por el Plan Nacional del Buen Vivir es justamente «garantizar el trabajo digno en todas sus formas».

Esto nos aclara que la manera de generar empleo no necesariamente debe ser mediante el aumento del aparato burocrático, sino que hace falta un estímulo y corresponsabilidad del sector privado para que genere empleos y sobre todo que sean sostenibles  y no susceptibles a los efectos del mercado del petróleo. Para esto es necesario que las empresas reinviertan sus utilidades en el país y que haya un compromiso por salarios bien remunerados y con buenas condiciones.

El resultado de los ingresos y egresos del Gobierno Central en el año 2016 arrojaron un déficit de 5.548 millones de dólares que fueron cubiertos con deuda interna y externa. El déficit presupuestario no es algo instaurado por las políticas de la Revolución Ciudadana pues históricamente hemos luchado con este desequilibrio y no seremos ni el primero ni el último país en hacerlo. Lo que se necesita analizar es el excepcional escenario que tiene el Ecuador al tener una economía dolarizada y por lo tanto la especial atención a la calidad del gasto que se debe tener.

En un país dolarizado, la política monetaria es restringida y el ingreso de dólares depende básicamente del dinero que ingresa por medio de las exportaciones, remesas, e inversión extranjera directa.Por ello, los planes de política económica deben evaluar de qué manera el gasto e inversión están contribuyendo al progreso social en términos de igualdad de oportunidades, herramientas para un desarrollo integral de la sociedad y sobre todo para un desarrollo que sea sostenible.

Los males de la economía mundial actual están presentes en el Ecuador: crecimiento sin empleo, caos climático y división social. Las políticas económicas en el periodo de Rafael Correa han tenido resultados positivos sociales en la reducción de la pobreza y el aumento en la cobertura de salud y educación, que resultan ser inversiones que deben dar sus frutos en el desarrollo del país al largo plazo. Sin embargo ha existido un descuido en proyectar la sostenibilidad de estos beneficios,  por lo que es imprescindible que tanto las políticas gubernamentales, como las decisiones de consumo en la familia y la inversión empresarial tenga estos problemas presentes al momento de realizar sus decisiones para que todos los ciudadanos caminemos hacia la misma meta.