María Paula Romo conoce a Alianza País desde sus inicios. El movimiento que ella y otros jóvenes quiteños fundaron en 2004, la Ruptura de los 25, fue parte de la coalición que llevó al poder a Rafael Correa en 2006. Durante tres años no solo fueron parte del gobierno, sino que participaron en el proceso de redacción de la Constitución de 2008, que ha sido criticada por su carácter hiperpresidencialista. En enero de 2011, la Ruptura decidió separarse del gobierno. A una década del inicio de un proceso político en el que creyó y luego se desencantó, María Paula Romo habla sobre su responsabilidad al haber apoyado a Correa en sus inicios, la corrupción que se ha destapado tras los Panama Papers y el caso Odebrecht, las fallas en el control social, el rol que en esa carencia jugó el Consejo de Participación Ciudadana, y su postulación para Contralora General del Estado.
Romo, en su entrevista habla sobre control social, participación ciudadana y corrupción. Fotografía de Paralelo
En dos meses del gobierno de Lenín Moreno se ha destapado una serie de actos de corrupción: hay dos exministros detenidos, el excontralor tiene orden de prisión, el exfiscal fue retenido para investigar, el vicepresidente está siendo investigado, ¿qué pasó en el sistema para que en diez años, nada de esto saliera a la luz?
Hay algunos desencadenantes que hicieron que las cosas detonen. El más importante es que Correa se fue del poder. El papel que jugó el expresidente para proteger a los suyos es realmente alarmante. Es muy decidor el caso del exministro Alecksey Mosquera, porque él fue la primera persona detenida por el caso Odebrecht cuando en otros países ya había ministros, exministros, expresidentes y demás.
Cuando detienen a Alecksey Mosquera, Correa asumió su defensa, e hizo lo que los abogados llamamos la teoría del caso. Salió y dijo: ‘este es un asunto entre privados, las fechas no coinciden cuando era ministro y máximo es un tema tributario’. Tan importante fue esa defensa que los abogados de Mosquera la acogieron, y el exministro se acogió a su derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. Ya no quería decir nada más porque el entonces presidente le había hecho la mejor defensa posible: lo desvinculó por completo —en el discurso— en casos que podrían haber estado relacionados con peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Reducir eso a pagar impuestos por un contrato de consultoría que nunca declaró es reducirlo a la nada en medio del escándalo, pero Correa tuvo la cara dura de hacerlo.
Hoy ya está en el expediente certificados en los que Odebrecht dice que jamás ha contratado con Mosquera ni con sus empresas. No hay ningún contrato que haya sido legal que justifique el pago que se hizo. Eso deja solamente una opción: el pago no fue formal. Y las fechas coincidían cuando era ministro o cuando estaban en sus manos decisiones importantes.
Esa es una clara señal de cómo Correa manejó los temas versus lo que hoy tenemos, que puede no ser lo ideal. Porque espero que los delitos por los que se vincule a Glas vayan más allá de la asociación ilícita. Que se busquen los delitos en los que ha sido autor o coautor porque el pedido de vinculación actual está redactado de tal manera que se podría reducir su participación a la complicidad porque no dicen que él ha cometido, dicen que él ha favorecido. Todavía falta ir más allá: en el tema petrolero, la intermediación petrolera, las condiciones para negociar la deuda, sobre lo que pasó en Yachay, en el IESS, en el Biess, en la banca pública. Esto está empezando, pero es mejor que tener a presidente que defiende a los procesados o les organiza homenajes.
A Lenín Moreno se lo cuestiona mucho porque fue vicepresidente de Correa durante seis años y apenas ahora viene a darse cuenta de la corrupción. ¿Cómo ve usted ese cambio en el rol que tenía Correa versus el que tiene hoy Moreno?
El presidente Moreno no pretende ser el abogado defensor de los investigados. Tanto no pretende ser que le quitó las funciones al vicepresidente Glas. Esa es una señal muy poderosa. Recordemos que hace seis o siete años, a uno de los primeros ministros que fue detenido, Correa lo fue a visitar en la cárcel.
Entonces sí hay un contraste muy importante. Creo que esas señales de Moreno dan algo de confianza para que los funcionarios, los operadores de justicia hagan su trabajo. ¿Cuánto? No sé. Porque creo que el fiscal Baca ha sido llevado casi a la fuerza a la situación en la que hoy se encuentra. No creo que haya encabezado la investigación, ni que tenga una decisión súper firme. Casi que ha sido arrastrado por las circunstancias.
La contundencia de los hechos, de las delaciones, de la cantidad de información que viene de fuera, en una trama que supera las fronteras ecuatorianas, le va a dejar cada vez menos espacio al fiscal Baca Mancheno para seguir conteniendo la investigación. A veces lo miro como un dique gigantesco que soporta un torrente imposible, a punto de reventar, y unas pocas personas están tratando de contenerlo con las manos. Y está cada vez más cerca el momento en que los ministros, los exministros, los legisladores, el propio fiscal van a tener que decidir si se hacen a un lado y ese vendaval finalmente sigue su curso y sepamos lo que pasó y el que se tenga que ir preso se vaya preso, o si los arrastra con ellos.
Esta semana salieron a la luz unos supuestos correos entre el expresidente Correa, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, la exministra de Justicia Johanna Pesántez, y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Allí se puede ver cómo desde el Ejecutivo se habría presionado al sistema de justicia, que en teoría es independiente. En ese contexto, ¿cómo se puede confiar que ese aparataje armado desde el gobierno pasado pueda ahora funcionar acorde a la Ley?
Primero, no necesitábamos correos para saber cómo estaba funcionando la justicia. Es importante que salgan porque nos permiten casi verificar lo que muchas personas venimos diciendo hace años. Correa dijo que le iba a meter la mano a la justicia. Lo llevó a consulta popular y en esa consulta popular fue autorizado a hacerlo. Y desde ese momento preside el Consejo de la Judicatura quien antes de eso era su secretario particular. Hemos visto a Correa dar instrucciones en las sabatinas que luego se ejecutaban el lunes a primera hora con jueces y fiscales haciendo lo que les pedían hacer. Entonces no necesitábamos correos para saber lo que estaba sucediendo en la justicia. Yo no creo que hay confianza en esa justicia, yo no tengo confianza en esa justicia. De nuevo, parece que la fuerza de los acontecimientos, la presión de la sociedad, el tener todos los ojos puestos sobre ellos hace inevitable que algo suceda. Algo. Veamos qué, a qué velocidad, exactamente por qué delitos y cuáles van a ser las penas.
También hay que recordar que no es nuestra fiscalía ni son nuestros jueces, ni es la Contraloría ni la Unidad de Análisis Financiero la que se ha enterado de nada aquí. Aquí lo que pasó es que los escándalos de los Panama Papers, primero, y de Odebrecht en Brasil, después, y la vinculación entre ambos casos desataron lo que hasta ahora hemos visto. Ni la Fiscalía, ni la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ni el Consejo de Participación Ciudadana, todo el engranaje que estaba llamado a evitar esto o sancionarlo, esto se le pasó por debajo. Miraron para otro lado.
Todo esto, el hecho de que las instituciones no hayan hecho su trabajo, ¿no nos deja en una crisis de institucionalidad terrible?
Por supuesto. Esta es la señal de una tremenda crisis institucional que no se resuelve con que se vaya preso uno, dos diez, doscientos funcionarios por alta jerarquía que tengan. Es una crisis que a uno lo obliga a preguntarse qué pasó, qué está pasando y cómo hacemos para que no siga pasando porque en efecto, ningún gobierno, ningún presidente, ningún país puede ofrecer que nadie va a sentirse tentado, que nadie se va a ver en condiciones de pedirle dinero a un contratista. Pero lo que sí puede ofrecer un sistema democrático es que el día que eso sucede se activan unas alarmas y aquí, los primeros en estar bajo la lupa han sido precisamente los que estaban obligados a alertar, a prender esas alarmas, la Contraloría y la Fiscalía para empezar. Y los grandes protectores de los funcionarios han sido los legisladores, la Comisión de Fiscalización y el propio Presidente de la República, me refiero al expresidente Rafael Correa.
Entre las cosas que explican esta relación endogámica con los órganos de control está el Consejo de Participación Ciudadana. En teoría, este Consejo debía ser el espacio para que los ciudadanos que no estén comprometidos de una forma partidaria o con el poder tengan la capacidad de seleccionar a los mejores candidatos para los más altos cargos públicos que no eran de elección popular. En la práctica, en el Consejo de Participación Ciudadana no hay nadie que no venga de las filas más duras del correísmo: exministros, exsubsecretarios, exintendentes, esposo de una asambleísta, esposa de otro asambleísta y eso porque no entró el hijo de otro asambleísta, que también se estaba postulando.
Entonces el control cooptado casi en una relación familiar con la cúpula de País con la complicidad de muchos sectores: de jueces, de cortes, la Corte Constitucional. Se creó un sistema en el que los pesos y contrapesos no existen y donde —también hay que decirlo— ha pesado mucho la permanencia en el tiempo. Es muy difícil mantener un sistema de pesos, contrapesos, instituciones que se renuevan y se eligen cuando una sola persona permanece en el poder por una década.
María Paula Romo habla sobre los desafíos de la época poscorreísta. Fotografía de Paralelo
¿Qué falló ahí, entonces? Porque la idea del Consejo de Participación Ciudadana viene de la Constitución de Montecristi, ustedes, como Ruptura de los 25, fueron aliados de Correa en esa época. De hecho, se acusó a la Ruptura de ayudar a crear este sistema. Haciendo una mirada en retrospectiva, una autocrítica, ¿no hay algo de cierto en eso?
Nosotros estamos en la oposición hace siete años y nos separamos del gobierno cuando tenía un 80% de popularidad y un barril de petróleo de cien dólares. Es sorprendente, además, cómo quienes hacen esas críticas no siempre son los que estuvieron en la oposición o no han tenido posturas públicas que les han hecho pagar consecuencias.
De todas maneras, cuando uno hace política explica sus decisiones cuantas veces sea necesario, y creo que hay que mirar la Constitución sin que yo esté haciendo una defensa —yo creo que hay que reformarla profundamente— pero sí hay que mirarla en su contexto y en su momento. Cuando se discutía la Constituyente en Montecristi la idea del Consejo de Participación Ciudadana, la realidad era distinta a la de hoy: teníamos un congreso que llevaba años, en algunos casos cinco, seis, siete años, sin lograr nombrar Tribunal Constitucional, Procurador, Fiscal —todos los órganos de control estaban ‘encargados’ por un bloqueo institucional entre el Congreso y el Ejecutivo.
No estamos hablando de un sistema en el que la institucionalidad funcionaba perfectamente y viene la Constituyente de Montecristi y echa abajo nuestra democracia perfecta. Veníamos de un sistema de bloqueo del Congreso, un sistema de extorsión del Congreso, que hacía inviable nombrar los órganos de control. Llevábamos años sin nombrarlos. Y al mismo tiempo teníamos una ciudadanía no identificada con los partidos políticos, una crisis de representación y una sociedad civil vigorosa que había sido capaz de enfrentarse al tema de la Pichicorte, de proponer un mecanismo y convertirse en veedores de un nuevo proceso de selección de una corte nacional de justicia; es decir una ciudadanía que reclamaba tener capacidades y calidad moral para participar en esos procesos. En ese contexto se crea el Consejo de Participación Ciudadana como una forma de dividir el poder del Congreso y darle un pedazo de ese poder a la ciudadanía organizada por fuera de los partidos, porque esa es la diferencia, la ciudadanía también está en los partidos. No es que somos extraterrestres los unos, santos los unos, demonios los otros. No. Somos todos los mismos ciudadanos; unos organizados a través del sistema de partidos y otros que reclamaban más capacidad de decisión, organizados en la sociedad civil.
Pero muchas cosas funcionaron mal. Por ejemplo, creo que a pesar de todas las críticas que se le pueda hacer a un político, un político permanece expuesto políticamente, un político está permanentemente respondiendo. Los ciudadanos del Consejo de Participación Ciudadana, el otro día salimos a hacer una encuesta, incluso entre quienes estamos más enterados, ni siquiera sabemos cómo se llaman. Entonces son irresponsables. Literalmente no le responden a nadie. Creo que ahí hay un problema, es una estructura que genera incentivos para que el ciudadano que está ahí sea mucho más susceptible a tentarse por el poder porque no le va a tener que responder a nadie, la mayor parte del país ni siquiera sabe cómo se llama.
El otro problema es que para que las reglas funcionen los poderosos tienen que estar dispuestos a cumplirlas y el gobierno no lo hizo. El gobierno manipuló todos los procesos de selección, todos los concursos.
Claro, pero la normativa se lo permitió. ¿O qué faltó ahí?
El mecanismo para que los ciudadanos nominen tampoco es un mecanismo que pueda funcionar tan perfectamente. Se burocratizaron tanto los concursos, se convirtieron en una lógica de ir buscando papeles, certificados, y de nuevo hay que señalar la responsabilidad del diseño institucional pero también de las personas. Cuando en la transición de la Constituyente, que también fue un período muy complicado, había que designar Consejo Nacional Electoral, era un tema especialmente delicado porque era un tema que iba a juzgar las elecciones inmediatas. Cuando se aprobó la Constitución yo tenía una gran preocupación sobre a quién designaríamos para llevar adelante las elecciones. Y yo recuerdo que algunos peleamos muy fuerte para que no sea nadie de las filas del gobierno. Entonces sugerimos identificar a quienes venían de la sociedad civil y hayan tenido posturas críticas con el gobierno porque eso da una señal clara de que queremos mantener la independencia, de que no queremos poner a los amigos, a los hijos, a los esposos.
Y llegó a ser presidente del CNE quien venía de ser director de Participación Ciudadana, Omar Simon. Los sectores más radicales de este gobierno le habían acusado de ser de la CIA y él llega a organizar las elecciones. Luego él es secretario particular de Correa y hoy es secretario particular de Glas entonces creo que hay un momento en que los seres humanos deben tener una gota de responsabilidad, de coherencia, de consecuencia porque no hay diseño perfecto si todos se entregan al poder.
No hay diseño que funcione porque al final uno tiene la mejor fórmula de asignación de escaños, la asamblea más plural, el mejor sistema de partidos y si todos ceden a las tentaciones del poder terminamos teniendo un sistema que no funciona. Entonces hay preguntas que se tienen que responder desde el diseño institucional pero hay otras que tienen que responderse desde los papeles que cada uno cumplió aquí. La debilidad de la oposición, la cercanía de las élites económicas, el momento de la política y la economía, el momento regional, hay muchos factores que confluyeron para que lo que hoy está sucediendo suceda.
En ese contexto, ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Quedan en la indefensión si es que no tienen instituciones a las que apelar si todo está corrompido de alguna manera? Las denuncias están en todas las instituciones que usted mencionó, quienes debían velar porque no suceda todo lo que hoy sucede están siendo investigados o procesados. ¿Qué se puede hacer para recuperar la institucionalidad?
No es posible que el último que salga apague la luz. Aquí estamos, este es nuestro país, aquí vivimos y siempre se pueden resolver las cosas. Los países no desaparecen, vemos ejemplos todos los días de lugares con problemas mucho más graves que los nuestros y están ahí. No creo que todo esté perdido y tampoco vamos a empezar de cero.Me parece que hay que fijar claramente qué ha funcionado bien, qué ha funcionado regular, qué es un desastre, cómo aprender de las lecciones.
Hoy lo que tenemos es un sistema efectivamente debilitado, un sistema cooptado pero también un hartazgo de la gente, incluso de las personas que fueron más cercanas y más favorables. Y ese es el descubrimiento que hicimos con Moreno. El presidente Moreno gana en un país dividido, gana en un país polarizado, casi mitad y mitad. Esa polarización se reflejaba en los trabajos, en la casa, en el almuerzo del domingo y hoy tenemos un Presidente con el que se siente identificado casi el 80% de la población, por sus decisiones, por decirle vamos a dialogar, no vamos a saturarnos de propaganda, vamos a transparentar las cifras deuda, se van a ir presos los que se tengan que ir, vamos a asumir estos casos de corrupción. Me parece que Moreno se encuentra con un país que está listo para que le digan eso.
En estos meses Moreno ha logrado unificar a una gran parte del país alrededor de la idea de que un baño de verdad nos haría bien y de que un baño de justicia puede ser un buen primer momento para la reconstrucción. Era imposible reconstruir echandole tierra a lo que ha pasado en estos años.
Usted dice que no todo estuvo mal. ¿Qué es lo que estuvo bien y qué es lo que hay que cambiar?
El proceso de calidad de las universidades fue importante, ha sido interesante lo que se hizo. Veamos qué hacer con Yachay. Lo de Yachay es un desastre. Es un gasto innecesario, es no tener la proporción de la propia realidad y de las posibilidades del país, pero en muchos casos el que las universidades se pongan a cumplir ciertos estándares ha sido bueno y saludable.
Llegó un momento en el que se les fue la mano porque pasamos de un sistema totalmente desregulado a un sistema en el que se les revisan hasta el libro que está en el sílabo y viene un grupo de gente y dice que esa lectura no es pertinente. ¿Cómo alguien puede saber qué es pertinente en el marco de la libertad de cátedra? Hay una parte que funcionó y luego se excedieron. Hay unas normas que están demás.
Y así podríamos hablar de algunas cosas. Ha sido importante en materia de educación, ha sido importante la inversión en infraestructura, no se puede deshacer eso. Investiguemos si es que hay temas de sobreprecio, de corrupción.
Y podríamos decir lo mismo sobre la infraestructura vial, infraestructura de puertos y aeropuertos pero están ahí, hagamos que algo funcione sobre es, y que en esas carreteras se transporten turistas y personas porque ya están ahí, le han puesto al país en cierto momento de modernización en algunos sectores de la economía que hay que aprovechar.
También en el país ha pasado algo interesante en inversión en infraestructura en salud. Hay que investigar los sobreprecios y las cosas mal planificadas pero es innegable que ahora tenemos algunas decenas de miles de personas incorporadas a la Seguridad Social que hace unos años no estaban incorporadas. ¿Cómo hacemos que esa incorporación sea sostenible, cómo hacemos para tener un sistema de Seguridad Social saludable? Tuvo un ingreso significativo de personas pero que también fue mal manejado. Es imposible encontrar un sector en el que se diga esto es lo que se hizo perfectamente pero se pueden encontrar ciertas decisiones que hay que proteger y hay que cuidar.
Las normas y la situación laboral del trabajo doméstico por ejemplo. Ahora en general en términos de trabajo la hiperregulación y la híperrigidez afectó a los trabajadores, hay que revisar eso.
En todos los aspectos me parece que podemos encontrar medidas importantes, algunas pueden ser del gobierno, algunas puede ser el resultado de años de presión de los sectores sociales, otras pueden ser el resultado de las circunstancias, la presión internacional para aprobar una norma sobre lavado de activos. Independientemente de dónde vengan creo que hay que tener la serenidad suficiente para separarlo de nuestra opinión sobre el gobierno de Correa, y escoger algunas políticas que hay que conservar.
En cuanto al tema de transparencia y control social, con el debilitamiento de las instituciones ¿cómo hacer para desmontar este armaje que parece demostrar que se cerraron filas alrededor de la impunidad? ¿Es posible hacerlo? ¿Hay que llamar a consulta popular como ya lo dejó entrever el presidente Moreno?
Es posible. Me gustaría solamente regresar a un dato que usted mencionaba. Que el exsecretario particular del expresidente Correa presida la Judicatura no es oficialmente decisión de Correa. En la reforma, era el presidente de la Corte Nacional y la mayoría de la corte nacional quienes designaban a quien presidiría el Consejo de la Judicatura. A eso me refiero cuando digo que aquí hay un montón de responsabilidades porque finalmente la metida de las manos a la justicia, en un momento de pudor, se pone en la norma que presidirá el Consejo de la Judicatura el delegado de la Corte, entonces los propios jueces de la Corte Nacional tuvieron en sus manos la responsabilidad de nombrar a una persona que tenga un grado más alto de independencia, que no tenga ese nivel de compromiso. Fueron los jueces de la Corte Nacional los que le designaron al secretario particular del presidente Correa para presidir el Consejo de la Judicatura.
Esas responsabilidades hay que distribuir pero con respecto a lo que usted me preguntaba yo creo que sí es posible deshacer, no se va a lograr de un día para el otro y en ese marco la consulta popular es un camino que puede resultar efectivo, se podría declarar un término anticipado los periodos de los órganos de control.
¿Y convocar a un concurso para que los elija el mismo Consejo de Participación Ciudadana?
No. Esa es una de las preguntas es el tema de los plazos de los órganos de control. Pero otra pregunta es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y creo que en eso hay una cantidad de voces que se están pronunciando todos los días en esa línea porque el remedio fue peor que la enfermedad.
Lo que no se oye todavía es muchas voces que digan cómo lo vamos a reemplazar. Ahí hay un debate pendiente. Yo soy de la idea de encontrar un mecanismo intermedio entre de dónde venimos y a dónde llegamos. Tiene que haber algún mecanismo intermedio que le devuelva la responsabilidad política que no sea ganó el concurso y yo casi no supe pero que al mismo tiempo permita algún momento de impugnación, de cuestionamientos a los candidatos.
En la consulta popular, yo creo que otra reforma clave para la Constitución es eliminar la reelección indefinida. Hay algunos asuntos de corrupción que se podrían colocar en la consulta popular como por ejemplo la idea de la recuperación de los activos. La indignación hoy en el país es tanta y con tanta razón que no nos vamos a conformar con que alguien se vaya preso por alta jerarquía que tenga, sino que además de irse preso tiene que devolver lo que se robó.
Hoy el código permite algunos mecanismos de reparación de dominio, pero yo creo que quien haya robado dinero del país debe devolver incluso más de lo que se llevó, es decir una especie de multa: si se llevó cien, que devuelva ciento veinte. No puede ser que pasen seis meses presos, buen comportamiento, rebaja y luego se vayan a disfrutar del resultado de un delito.
La Contraloría también es una institución que resultó debilitada. ¿Cuál es el proceso ahí?
Con la salida de Pólit lo natural sería convocar a otro concurso. En el proceso de destitución de Pólit, la Asamblea decidió no solamente su censura sino también la necesidad de convocar inmediatamente a un concurso. Esto ya sucedió hace varios meses, el Consejo de Participación Ciudadana no ha convocado a ningún concurso y ahora entiendo que se encuentran inclusive reformando el reglamento. Entonces el reglamento que determinaba cuáles eran los méritos suficientes para ser contralor hace un año, ya no aplicaría.
Hay que ponerle atención a ese concurso aunque ese concurso aún no ha empezado. Está en marcha, sin embargo, el concurso para escoger vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la renovación parcial, hay una discusión de si son 3 o si son 4 y el Consejo de Participación dijo ya vemos luego si escogemos a 3 o 4. Es decir empezaron el concurso sin saber a cuántos van a escoger.
¿Y eso se puede?
No. No se puede. Es que hacen un millón de cosas que no se puede. Pero el Consejo Nacional Electoral lo puede todo, movieron unas elecciones para que entre en vigencia la fórmula de asignación de escaños que hacía aún más distorsionada la representación.
Están acostumbrados a hacer muchas cosas que no pueden hacer. Ahora se elegirá a vocales del CNE que por el período estarán a cargo de las tres próximas elecciones: seccionales, presidencial y las siguientes seccionales. Así de delicado es lo que se viene.
La Corte Nacional de Justicia está eligiendo mayoría casi, ha convocado un concurso para nombrar a siete jueces y juezas pero hay dos que se van a jubilar entonces de este concurso van a salir nueve de los 21 jueces que integran la Corte Nacional de Justicia. Nueve nuevos más dos que ya están, es la mayoría de la Corte Nacional de Justicia.
Entonces mientras tenemos nuestros ojos en que ojalá de la Contraloría salga el informe, ojalá el fiscal vincule y señale el tipo penal que necesitamos, el Consejo de la Judicatura está escogiendo entre gallos y medianoche a toda velocidad a quienes les van a juzgar porque el que va a tener que dictar sentencia va a ser un juez aunque salga el informe de la Contraloría y aunque Baca Mancheno contra las cuerdas tenga que llevarlos a juicio. El Consejo de la Judicatura está deciciendo quiénes lo van a juzgar y también lo está haciendo con un concurso muy secreto.
Cuando uno ve todo eso que finalmente está en marcha a pesar de las sospechas y de las acusaciones, la consulta popular vuelve a ser una opción para detener los concursos y ponerle otro orden a esto.
Si ahorita vamos a consulta popular y la gente vota a favor de cambiar las autoridades en funciones, ¿cuál sería el mecanismo de elección?
Tendría que definirse en la consulta. Tendría que definir las nuevas formas y definir la transición. Porque aunque uno reforme la Constitución hay muchas cosas que luego tienen que ir por las leyes, poner en marcha los procesos de designación. El país no se puede quedar por meses sin fiscal o sin contralor o sin Corte Constitucional o sin Consejo Electoral así que una convocatoria a consulta popular también incluye un período de transición.
¿Cuánto tiempo podría durar eso: armar las preguntas, que se aprueben, un período de transición, comenzar con una nueva convocatoria?
Años. Hay un plazo que tiene la Corte Constitucional para pronunciarse sobre las preguntas, luego el Consejo Nacional tiene varios días para hacer la convocatoria, hay que esperar un plazo para la elección, luego un plazo para impugnación, resultados oficiales. El proceso de consultarle al país sobre una reforma a la Constitución, podría tardar unos tres meses como rápido. Y el proceso de aplicar la reforma, generar nuevas leyes es mucho más largo. Pero el plazo de la transición tendría que ser fijado en la consulta.
Con todo esto, ¿qué tan complicado puede ser para el presidente Moreno gobernar con todo esto que tiene encima?
Es que frente a todo eso la consulta puede seguir siendo una respuesta. La obstrucción que se genere en la Asamblea o en los órganos de control puede ser resuelto en una consulta popular.
Y en su caso, usted tenía intenciones de participar como candidata a contralora, ¿va a participar cuando se abra el concurso?
Si se convoca al concurso voy a presentarme como candidata. Es un lugar clave en este momento y es clave demostrar qué pasa en los concursos, y ojalá hacerlos lo más público que se pueda, que realmente un concurso no se pueda hacer a escondidas y luego nos desayunemos sobre quiénes ganan.
Cuando usted era asambleísta denunció supuestas irregularidades en el concurso para Fiscal General cuando ganó Washington Pesántez. ¿Su desconfianza nació ahí?
En el tema de los concursos yo he sido una entusiasta participante en las impugnaciones. A pesar de la desconfianza, de que muchas veces no funcionan, de que me han descalificado la mayor parte de las impugnaciones, yo creo que cuando hay herramientas disponibles en el sistema hay que usarlas incluso para demostrar si están funcionando o no.
Yo participé en el proceso de impugnación de los candidatos al anterior concurso para la Fiscalía General, y también impugné a casi todos los miembros que hoy conforman el Consejo de Participación Ciudadana. Los impugné con documentos en los que demostraba la falsedad de algunos documentos que presentaban o su vinculación política o varias cosas que ponían en duda su capacidad para integrar ese consejo.
Usted los impugnó y ahora ellos tendrían que calificar su participación. ¿Ahí no tiene dudas de que pueda pasar un concurso así?
Sí, claro, todas las dudas, pero de todas maneras si hay herramientas hay que usarlas y hay que aprovechar todos los espacios para debatir, porque luego dicen lo que dijeron con Pólit, que era un candidato tan perfecto que nadie lo impugnó. No se les ocurre que nadie impugna porque nadie confía en ellos, porque las impugnaciones no sirven para nada y convierten eso en un argumento sobre su propia perfección o sobre las cualidades de los candidatos. Por eso hay que usar las herramientas.
Es decir que su participación no necesariamente es para ganar sino para mostrar cómo funciona el concurso.
Creo tener todo lo que se necesita para ganar si es que el concurso es transparente pero también tengo toda la decisión de demostrar cómo funciona.
¿Ahora usted cumple con los requisitos, hay la posibilidad de que cambien el reglamento para imposibilitar su participación?
Ahora cumplo con todos los requisitos, tendría calificaciones óptimas si es que se aplica el mismo reglamento del concurso anterior, habría que ver qué reglamento sacan ahora y para quién tiene dedicatoria.
María Paula Romo anuncia que se postulará a Contralora. Fotografía de Paralelo
Ya para terminar, el presidente Moreno ha hecho una convocatoria abierta al diálogo a varios sectores, en algún momento incluso llamó a quienes apoyaron o formaron lo que fue Alianza País para que se reintegren y trabajen con él. ¿Usted participaría en el gabinete como ministra con el Presidente Moreno?
Yo creo que no es posible esta idea de vamos a regresar a la primera versión original de esto hace diez años. Creo que muchas cosas han sucedido en el Ecuador desde ese momento, no hay las condiciones políticas para pensar en eso, el país necesita una respuesta distinta.
El país necesita que Moreno convoque a un acuerdo mucho más amplio que la versión original del movimiento País o que la versión original del Acuerdo País que era el acuerdo político de ese momento y creo también que muchas de las personas que a lo largo de estos años descubrimos y denunciamos lo que estaba pasando y nos pusimos en la oposición y nos persiguieron, creo que también hoy vemos esa historia con una mirada distinta. No son diez años que se pueden borrar y empezar como si nada hubiera pasado.
¿Pero podría ser parte de este gobierno o no?
Yo espero que Moreno haga una convocatoria más amplia que la de la versión original y no he pensado en ser parte de este gobierno. No creo que eso es algo que está pasando, en este momento el presidente Moreno gobierna con el movimiento País y yo hace siete años que no tengo ninguna alianza política con el movimiento País, y hace diez años yo no fui parte del movimiento País. Hace diez años nosotros tuvimos un acuerdo político y programático y desde hace siete años estamos en la oposición del movimiento País y de lo que representa. Ojalá cambie, no por nosotros sino por el país, porque Ecuador ya no puede más en ese modelo de concentración y de corrupción a lo que Correa nos llevó.
¿Y la convocatoria, hacia dónde se debe ampliar, quiénes faltan?
Hacia distintos sectores. Y no hablo solamente del diálogo sino de integrar el gobierno. Creo que todavía faltan muchos sectores, el gabinete de Moreno es todavía el gabinete del movimiento País y creo que no hay cabida para quienes hemos tenido una postura crítica de esas actuaciones.
Por supuesto hoy el gobierno del Presidente Moreno no es el mismo del día que se instaló. El haber marcado unas distancias tan fuertes con Jorge Glas y con el expresidente Correa ponen a Moreno en otro momento y en otro contexto. Hoy Moreno no gobierna en un país dividido en dos mitades, hoy Moreno gobierna en un país donde el 80% ve con buenos ojos lo que está haciendo y el 20% restante de la oposición más dura es probablemente el sector más fanático a favor de Correa. Entonces el escenario político de hoy es muy distinto al de hace tres meses y probablemente muy distinto del que veremos en unas semanas.
