El martes 5 de julio, desde las nueve de la mañana, abogados defensores de Derechos Humanos y miembros de organizaciones afroecuatorianas esperaban en la Corte Nacional de Justicia para entrar a la audiencia del Caso Arce, en el que un oficial militar era acusado de odio racial. La recepcionista les pidió anotarse en una lista porque, según ella, solo diez personas de cada lado podían ingresar. Las veinte primeras personas en llegar lo hicieron pero a las 9:30 —10 minutos antes de la audiencia— todavía estaban fuera de la sala. Cuando reclamaron porque la audiencia ya había comenzado —un tuit LEER MÁS