El gobierno de Daniel Noboa abrió el 2026 con una señal política clara: acelerar reformas estructurales en dos frentes sensibles: energía y gasto público local, utilizando el mecanismo constitucional de las leyes económicas urgentes.
El 28 de enero de 2026, Noboa envió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley económica urgente de manera simultánea. No es una práctica común.
La Constitución, en su artículo 140, permite presentar un solo proyecto de este tipo por vez, salvo que el país esté bajo estado de excepción.
Ese es el argumento jurídico que habilitó la doble iniciativa: nueve provincias continúan bajo esta figura por la crisis de seguridad.
Los proyectos apuntan a dos frentes sensibles.
El primero redefine las reglas para la participación privada en energía y minería.
El segundo cambia la estructura del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), obligándolos a priorizar inversión sobre gasto corriente.
Aunque son textos distintos, el gobierno los presenta como parte de una misma estrategia: enfrentar la crisis fiscal, el déficit energético y la baja ejecución de obra pública local con decisiones rápidas.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó ambos proyectos el 1 de febrero de 2026.
Desde esa fecha corre el plazo constitucional de 30 días.
Si la Asamblea no los aprueba, modifica o archiva hasta el 3 de marzo, entran en vigencia por el ministerio de la ley.
Por qué ocurre ahora: urgencia política y presión institucional
Más allá del encuadre constitucional, la decisión revela una apuesta política.
Las leyes económicas urgentes obligan a la Asamblea a pronunciarse en plazos cerrados, reduciendo el margen para dilaciones o bloqueos prolongados.
Para el Ejecutivo, la urgencia no es solo procedimental, sino narrativa.
En energía, el gobierno sostiene que el país enfrenta un déficit de generación cercano a los 866 megavatios, la suspensión de importaciones desde Colombia y un riesgo permanente de racionamientos.
En ese contexto, presenta la apertura a inversión privada como una respuesta inmediata a una crisis estructural.
En paralelo, el proyecto energético responde a un fallo de la Corte Constitucional de diciembre de 2025.
Esa sentencia prohibió una causal para delegar servicios eléctricos al sector privado por considerarla demasiado amplia, y no excepcional como manda la Constitución.
El gobierno considera que ese fallo dejó un vacío normativo que limita su capacidad de reacción.
En el caso de los GAD, el Ejecutivo centra el argumento en la baja ejecución de obra pública.
Según su diagnóstico, el alto gasto corriente local termina trasladando demandas de servicios al Estado central en un contexto de estrechez fiscal.
Apertura al sector privado en energía y minería: qué cambia
El proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía redefine las condiciones para delegar actividades en sectores estratégicos.
En electricidad, modifica el artículo 25 de la ley vigente y detalla los escenarios en los que la delegación será posible.
La propuesta permite delegaciones excepcionales a empresas privadas, estatales extranjeras o de la economía popular y solidaria, siempre mediante procesos públicos.
Estas delegaciones deberán justificarse en situaciones específicas: retrasos mayores a dos años en el Plan Maestro de Electricidad, riesgos de déficit identificados por el operador nacional, emergencias del sector o incapacidad técnica o económica del Estado para expandir el sistema.
El gobierno insiste en que no se trata de privatización.
El Estado mantendría la rectoría, planificación, regulación y control. No se transfiere la titularidad del servicio público.
Sin embargo, el esquema permite que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de nuevos proyectos de generación queden en manos privadas por períodos de hasta 30 años.
El Ejecutivo argumenta que este modelo traslada riesgos al operador privado, preserva liquidez pública y evita endeudamiento, con ahorros estimados de hasta 100 millones de dólares por proyecto concesionado.
Además, el Ministerio de Energía deberá fijar cada año un límite máximo de megavatios delegables y respaldar cada proceso con estudios técnicos, económicos y jurídicos.
El proyecto también impulsa la autogeneración.
Crea la figura del Distrito Autónomo Energético, que permite a empresas operar redes propias y generación local o remota para su abastecimiento, con la posibilidad excepcional de inyectar excedentes al sistema nacional.
En minería, la reforma apunta a reducir barreras administrativas. Se propone sustituir la licencia ambiental por una autorización ambiental diferenciada por fases del proyecto. El gobierno sostiene que los actuales requisitos generan cuellos de botella que retrasan la inversión e ingresos fiscales.
Gasto local bajo nuevas reglas: qué plantea el Ejecutivo
El segundo proyecto económico urgente se enfoca en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Parte de un dato central: en 2024, en promedio, menos del 39% de sus presupuestos se destinó a inversión y servicios básicos como agua potable, saneamiento o infraestructura.
La propuesta obliga a los GAD a destinar progresivamente un porcentaje mínimo de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de obras, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo.
El cronograma es escalonado: 60% en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029. Para las juntas parroquiales, el esquema es más flexible.
El gobierno presenta la medida como una norma fiscal verificable, con control y rendición de cuentas. Sostiene que no busca recentralizar recursos, sino reordenar el gasto local hacia prioridades de desarrollo.
Sin embargo, el contexto es clave: hasta septiembre de 2025, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas estimaba que el gobierno adeudaba a los GAD más de 600 millones de dólares.
Desde una mirada más técnica que política, el economista Juan Carlos Salvador sostiene que la reforma sobre los GAD parte de un diagnóstico real (la baja ejecución presupuestaria y el uso ineficiente de los recursos), pero se queda a medio camino en la solución: en 2024, los GAD ejecutaron apenas el 65,5% de su presupuesto y solo el 31% de los municipios cumple con la asignación mínima prioritaria, en un contexto agravado por la caída sostenida de la inversión pública desde 2014 en el gobierno central y desde 2018 en los gobiernos locales.
En el caso de los proyectos vinculados al sector eléctrico y minero, Salvador advierte que el enfoque legalista no sustituye la falta de una hoja de ruta clara.
El problema no es normativo sino de gestión, pues no llegan inversiones extranjeras ni se concretan concesiones, pese a la fusión de ministerios y a los cambios en los mecanismos de autorización.
Salvador rescata, sin embargo, el modelo de “cluster minero” como una vía para articular actores, fortalecer la minería legal y garantizar que los recursos se traduzcan en beneficios tangibles para las comunidades (infraestructura, educación y oportunidades productivas), condición clave para frenar la minería ilegal y reducir la conflictividad social.
Qué implican las reformas y por qué importan ahora
Vistas en conjunto, las dos leyes responden a una misma lógica.
En energía y minería, el gobierno busca atraer capital privado para sostener sectores estratégicos sin aumentar la deuda pública.
En los GAD, intenta asegurar que los recursos existentes se traduzcan en obra y servicios visibles.
Los efectos potenciales son múltiples.
En el corto plazo, la apertura energética podría acelerar proyectos de generación y reducir el riesgo de racionamientos, pero abre debates sobre control estatal y contratos de largo plazo.
En minería, la agilización de trámites puede incentivar la inversión, con interrogantes sobre estándares ambientales.
En el ámbito territorial, la reforma al gasto puede mejorar la ejecución, pero tensiona la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales.
La tesis política es clara: Noboa apuesta a redefinir reglas estructurales del Estado bajo la lógica de urgencia, asumiendo el costo de confrontar a la Corte Constitucional, a los gobiernos locales y a sectores críticos de la participación privada, con el objetivo de mostrar capacidad de decisión en un escenario fiscal y energético límite.
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