En la previa de cada proceso electoral, en Ecuador no solo se suspenden las campañas políticas y se activan operativos de seguridad. También se apagan restaurantes, bares, discotecas y otros locales para cumplir la llamada Ley Seca. Esta prohibición de vender o consumir bebidas alcohólicas puede extenderse hasta 72 horas —que incluyen horas antes, durante y después de las elecciones. Para los negocios, esta ley representa un fin de semana casi perdido.
Ese impacto económico es la base del debate que llegó a la Asamblea Nacional, impulsado desde su presidente. El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Niels Olsen, presentó un proyecto de ley para reducir las horas de restricción en la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante los procesos electorales.
La propuesta plantea reformar el artículo 123 del Código de la Democracia, que hoy prohíbe la venta, distribución y consumo de alcohol durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce horas después.
En la práctica, una restricción de hasta tres días consecutivos.
El texto propuesto reduce ese margen de forma sustancial: la prohibición se aplicaría solo doce horas antes al inicio de la jornada electoral —que por lo general es un domingo a las 7 de la mañana— y seis horas después al cierre de las urnas —que suele ser a las 5 de la tarde de ese domingo. Las sanciones para quienes incumplan la norma se mantienen.
Según el proyecto, el objetivo es preservar el orden público y la integridad del proceso electoral, pero sin imponer una carga económica que, en los últimos años, ha resultado desproporcionada.
Una norma pensada para el orden, aplicada como castigo económico
En la exposición de motivos, el proyecto reconoce que la ley ha generado impactos económicos y sociales que exceden su finalidad original: en cada elección se pierden cerca de 15 millones de dólares para negocios de gastronomía, turismo, hotelería, entretenimiento y comercio formal.
En los últimos cinco años, esas pérdidas acumuladas superan los 112 millones de dólares , afectando también la recaudación por IVA, ICE y tasas municipales —según un informe de la Confederación de Restaurantes del Ecuador.
El impacto se siente con mayor fuerza en actividades que dependen del consumo del fin de semana. La norma afecta directamente a chefs, meseros, bartenders, personal hotelero, guías turísticos, músicos y artistas, cuyos ingresos dependen de comisiones o de la afluencia de clientes los viernes y sábados.
Según el proyecto de ley , la carga recae sobre todo en micro, pequeñas y medianas empresas que operan en temporadas altas, como feriados, o fines de semana.
Julio Espinosa, propietario de la cervecería artesanal Andes Brewing, dice que el problema no es nuevo ni coyuntural. “Esto no es una idea improvisada ni una ocurrencia política. Es un pedido que los gremios venimos trabajando desde hace más de un año”.
En su caso, una sola Ley Seca puede significar pérdidas de entre 12.000 y 15.000 dólares. “Si tienes tres procesos electorales en un año, hablamos de hasta 45.000 dólares perdidos para una pequeña empresa. Y eso sin que el Estado te dé ningún alivio: igual pagas impuestos, sueldos, arriendos y servicios”, dice.
Espinosa insiste en que el sector Horeca —el sector que abarca a hoteles, restaurantes y cafeterías— no funciona como el resto de la economía. “No puedes comparar un lunes con un viernes. El fin de semana es donde se sostiene el negocio. La Ley Seca, tal como está, nos impide trabajar cuando más ingresos generamos”, dice.
A su criterio, la reducción propuesta permitiría recuperar al menos el 60 % de las pérdidas actuales y aliviaría una presión que se repite varias veces al año.
Otro de los argumentos del debate es que produce un efecto contrario al buscado. La prohibición prolongada no elimina el consumo, sino que lo desplaza. “Lo que hace la Ley Seca es promover el mercado informal”, sostiene Espinosa. “La gente igual consume, pero en espacios sin control, sin impuestos y sin permisos. Al final, el que pierde es el negocio formal y el Estado”.
El reclamo del sector
El director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, Diego Vivero, coincide en que la norma perdió eficacia. “Cada elección representa alrededor de 15 millones de dólares en pérdidas. Para muchos negocios, un solo fin de semana sin ventas equivale a perder la utilidad del mes”, explica.
Según Vivero, más de 20 mil establecimientos formales se ven afectados por una regulación que considera desfasada frente a la realidad regional.
En países como Colombia, la restricción se limita a la tarde o noche previa a la votación. En Chile y Uruguay, la prohibición rige solo durante las horas de sufragio.
En democracias europeas y en Estados Unidos no hay Ley Seca, y el control del orden público se apoya en mecanismos distintos. “No existe evidencia de que prohibiciones tan largas mejoren el proceso electoral”, afirma Espinosa. “Es una medida más moralista que efectiva”.
El trámite del proyecto está en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que ya ha recibido a representantes de los sectores afectados. El 9 de diciembre compareció María Cristina Mora, presidenta de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha, quien calificó como excesivas las 72 horas de restricción.
Días después, representantes del sector turístico y gastronómico recordaron que Ecuador ha tenido al menos nueve procesos electorales en los últimos cuatro años, lo que amplifica el impacto económico de la norma.
El debate también ha generado dudas: Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cuestiona que la Asamblea priorice esta reforma en un contexto marcado por la inseguridad, la crisis económica y el desempleo, dijo en una entrevista con el portal digital Visionarias.
Para él, el problema no es solo la Ley Seca, sino una agenda legislativa que deja intactos otros aspectos estructurales del sistema político.
Tras ser admitido a trámite por el Consejo de Administración Legislativa, el proyecto fue enviado a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá elaborar un informe previo antes de que la reforma pueda ser debatida por el Pleno de la Asamblea
El debate va más allá del alcohol en elecciones: pone sobre la mesa hasta qué punto una medida pensada para preservar el orden puede sostenerse cuando su costo económico se repite elección tras elección y recae sobre sectores que generan empleo, pagan impuestos y sostienen buena parte del turismo interno del país.
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