La polémica asignación de presupuesto a las 31 universidades públicas, explicada

En 2026, las universidades públicas e instituciones de educación superior recibirán 1.523 millones de dólares, según la proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de noviembre de 2025. La asignación para las 31 universidades públicas desató una polémica por una aparente disminución de los valores. 

En Ecuador, la proforma presupuestaria proyecta cuánto dinero va a ingresar al Estado —por impuestos, venta de petróleo, exportaciones— y cuánto se planea gastar —en salud, educación, seguridad, inversión pública— el año siguiente.

Las 31 universidades públicas recibirán una asignación inicial de 1.385,36 millones. Esto es, según  el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, un 4,19% más que lo que se asignó en la proforma 2025. Pero, ¿por qué el señalamiento es que el gobierno de Daniel Noboa ha recortado el presupuesto?

La controversia surgió cuando el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, escribió en X que existe un “recorte de 129 millones de dólares” al presupuesto de las universidades públicas. El legislador basó su cálculo en un reporte —oficial y contemplado en la proforma 2026— que compara el presupuesto codificado de 2025 con el de 2026.

El presupuesto codificado, en palabras sencillas, es el presupuesto inicial con los cambios que sufre a lo largo del año fiscal por los aumentos o disminuciones. Estos cambios incluyen parte del presupuesto que no se ejecutó el año anterior, ingresos de cooperación internacional, donaciones de exalumnos, entre otros. 

Para Rosa María Torres, experta en temas de Educación y exministra, la lectura de la asignación de presupuesto a la educación superior es una discusión estéril en la que  “cada bando elige seguramente el texto que favorezca su postura”. 

Pero la pregunta continúa: ¿aumentará o disminuirá el presupuesto universitario?

Para explicarlo, es clave entender cómo se financian las universidades públicas en Ecuador y cómo se distribuye el dinero del Estado en educación. 

¿Cómo se financian las universidades públicas?

Cada año, el Estado debe garantizar el financiamiento de las universidades públicas, según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Ese dinero debe estar contemplado en el Presupuesto General del Estado, explica el economista Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio de Contratación Pública. 

Las universidades públicas también pueden generar ingresos con actividades o servicios que les permitan obtener más recursos y usarlos para mejorar la enseñanza, financiar investigaciones o entregar becas a estudiantes.

Para 2026, según la proforma, el Estado definió la asignación presupuestaria inicial para las universidades públicas basada en cuatro rubros —que están en el artículo 20 de la LOES y en la proforma presupuestaria: 

• 1.153 millones de dólares para el Fondo permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), que sirve para las operaciones y desarrollo de las universidades. Ese dinero viene de la recaudación del IVA a nivel nacional en un año. 
• 183 millones de dólares para las matrículas y escolaridad, como derechos de inscripción o exámenes. 
• 16,6 millones de dólares para el funcionamiento de las universidades. Es decir, pagarle a los docentes, servicios básicos y el mantenimiento.
• 31 millones de dólares para compensar lo que hasta 2007 recibían las universidades como una donación del impuesto a la renta. 

Tomando en cuenta los cuatro componentes, las 31 universidades públicas recibirán en 2026 las siguientes asignaciones iniciales: 

Las tres universidades que recibirán más recursos son:

• Universidad de Guayaquil con 132 millones de dólares. 
• Universidad Central del Ecuador, en Quito, con 126,2 millones. 
• Universidad de Cuenca con 76,2 millones. 

Las universidades que recibirán menos recursos son: 

• Universidad de las Artes con 18 millones de dólares. 
• Universidad Regional Amazónica Ikiam con 16 millones. 
• Universidad Intercultural Amawtay Wasi con 3,62 millones. 

¿Cómo se distribuyen las asignaciones del Estado? 

El Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) es el más grande. En 2026 será de 1.153 millones de dólares para las 31 universidades, y equivale al 85% de la asignación total.

Pero ¿cómo se distribuye? 

Se hace mediante una fórmula, según la ley. Esa fórmula la hace el Viceministerio de Educación Superior y la aprueba el Consejo de Educación Superior (CES) —la máxima autoridad de las universidades en el país. Pero en Ecuador, no es pública. 

Mario Cuvi, viceministro de Educación Superior del gobierno de Daniel Noboa, explicó en una entrevista en el canal Teleamazonas que para repartir los fondos, el CES aplica la metodología con la información que las mismas universidades ingresan en el registro nacional de educación.

Esta información, por ejemplo, incluye cuánto presupuesto han ejecutado —es decir, el dinero que usaron en el año, no lo que tenían autorizado ni lo que estaba planificado. También dan información de admisiones —cuántos estudiantes entraron a la institución—, titulaciones —cuántos estudiantes obtuvieron su título—, sobre investigación y publicaciones, y otros factores de calidad y excelencia. 

Cuvi dijo que con esos datos se generan porcentajes de asignación al aplicarles la fórmula técnica. 

Según el artículo 24 de la LOES, la fórmula que usa el Estado para repartir los fondos entre universidades no es arbitraria: se basa en criterios que buscan medir calidad, aporte social y buen desempeño institucional.

Primero, considera si una universidad fortalece su gestión, moderniza procesos o eleva sus resultados académicos. Segundo, incorpora los resultados de las evaluaciones de calidad hechas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Por ejemplo, las instituciones con mejor desempeño en docencia, investigación y gestión reciben una mayor proporción de recursos.

Tercero, mide el aporte a la política pública y a la igualdad de oportunidades. El modelo premia a las instituciones que reducen la deserción, ofrecen carreras prioritarias para el país o trabajan con poblaciones históricamente excluidas. 

Los porcentajes obtenidos de la fórmula técnica se entregan al Ministerio de Economía y Finanzas, entidad encargada de asignar los montos a cada universidad. El economista Altamirano dice que, como la fórmula no es pública,  se debe vigilar si realmente se está cumpliendo para calcular la asignación a cada universidad.

Además, Andrés Castillo, asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), explicó en Radio Centro que para el presupuesto de 2026 se ha priorizado “la correcta y oportuna ejecución del presupuesto que se da a las universidades”.

Por ejemplo —precisó—, si una universidad recibió 100 millones de dólares en 2025 y solo ejecutó 80 millones, en 2026 no volverá a recibir los 100 completos. El Estado le asignará 80 millones porque aún tiene 20 millones de saldo sin usar, dijo. Es decir: el dinero no ejecutado no se pierde; se acumula y se descuenta de la nueva asignación.

Castillo basó su explicación en el artículo 21 de la LOES, que establece que los saldos no ejecutados por las universidades públicas —y que están comprometidos a programas, planes o proyectos en ejecución— no regresan a la Caja del Tesoro Nacional. Es decir, no vuelven a la cuenta central donde el Estado recibe, administra y desde donde paga todos sus recursos. Ese saldo se incorpora al presupuesto del año siguiente.

Sin embargo, la LOES precisa que esta incorporación del presupuesto al año siguiente no debe afectar las “asignaciones futuras”. Altamirano explica que el Estado no puede usar la eficiencia o el saldo no ejecutado como una excusa para reducir las nuevas asignaciones.  

Arturo Rojas, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior —un órgano que coordina las instituciones del Sistema de Educación Superior—, reconoció al diario Expreso que todas las universidades han enfrentado dificultades con los procesos del Servicio de Contratación Pública (Sercop), lo que afecta su ejecución presupuestaria. 

Por ejemplo, Rojas que también es rector de la Universidad Estatal de Bolívar dice que llevan más de 150 días en trámites en el Sercop para renovar los autos de la universidad, y no tienen respuesta.

El ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos De la Torre, confirma que las ejecuciones no dependen únicamente de las universidades sino también de que el Ministerio de Finanzas entregue todos los recursos asignados.

Si se compara la asignación inicial de 2026 con la inicial de 2025, el presupuesto total para las universidades públicas aumenta en 58 millones de dólares, como sostiene el gobierno de Noboa. Pero mientras 24 universidades recibirán un aumento, a siete se lo reducirán: 

Entonces, las universidades que recibirán mayor presupuesto son:

• Universidad Estatal del Sur de Manabí, que encabeza la lista con un incremento de 9,16 millones de dólares (31,68% más que en 2025). 
•  Universidad Estatal Península de Santa Elena, que suma 7,50 millones adicionales (25,64% más que en 2025). 
•  Universidad Técnica de Machala, con 5,94 millones más (15,64% más que en 2025).

Y las universidades con más recortes son: 

• Universidad Amawtay Wasi, cuyo presupuesto cae de 8,21 millones a 3,62 millones
• Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con una disminución de 2,33 millones
• Universidad Central del Ecuador, que pierde 2,26 millones —una de las más grandes de Quito, con 42.000 estudiantes en 2025. 

La Amawtay Wasi dijo en un comunicado que el presupuesto proyectado para 2026 “impediría a la universidad sostener su planta docente y sus actividades académicas, de investigación, vinculación y trabajo comunitario”, lo que afectaría la oferta de cupos y el derecho a la educación de miles de jóvenes indígenas y rurales. 

También calificó la reducción como un “retroceso en la construcción del Estado plurinacional e intercultural” y pidió una revisión urgente para garantizar su funcionamiento y una educación superior intercultural y comunitaria pertinente y de calidad.

El viceministro Cuvi explicó en Teleamazonas que la Amawtay Wasi está en su primer año de institucionalización. ¿Qué significa? Que cuando una universidad alcanza su institucionalidad y autonomía, los montos que antes recibía como gasto de inversión —recursos que el Estado entrega en los años iniciales de creación (no hay un número específico, depende de su avance)— dejan de asignarse.  

Según Cuvi, esa transición explica que se redujeran 4,59 millones. Dijo que no se trata de una disminución del Fopedeupo, sino de la inversión de los años iniciales, que recibía del Estado. Pero GK verificó la afirmación de Cuvi, y sí se disminuyeron recursos del Fopedeupo. En la distribución, Amawtay Wasi recibió 3,62 millones en 2025 de ese fondo, y para 2026 bajó a 2,17 millones. 

El 2 de diciembre, GK buscó la postura de la Universidad Central sobre esta reducción presupuestaria, pero desde el departamento de Comunicación dijeron que el vicerrector administrativo —la autoridad que podía pronunciarse— tuvo una calamidad doméstica.

Entonces, ¿por qué hay dos lecturas de las asignaciones? 

El gobierno de Noboa compara las proformas de 2025 y 2026 con las asignaciones iniciales. En ese caso, el presupuesto para las 31 universidades públicas sí aumenta en 58 millones.  

La Revolución Ciudadana compara el presupuesto codificado —con corte a septiembre de 2025—con la proforma de 2026. En ese caso, el presupuesto se reduce en 129 millones, según el asambleísta Héctor Rodríguez. 

Pero, según el Ministerio de Educación, la comparación de la RC “es técnicamente incorrecta y se basa en un error conceptual de comparación”. 

El viceministro Cuvi dice que comparar la proforma con el codificado es como “mezclar peras con manzanas” porque el codificado tiene muchas cosas extra: donaciones, inversión de proyectos, cooperación internacional y esos saldos no usados que se van acumulando. Y nada de eso aparece en la proforma inicial. 

Pero no todos piensan lo mismo. 

El ex ministro De la Torre dice que sí es válido comparar con el codificado porque el Ministerio de Finanzas usó el presupuesto codificado de septiembre de 2025 como base para construir la proforma 2026.

Estos son los valores que dejan la comparación divulgada por la RC: 

A diferencia de la lectura del gobierno, en esta comparación, 17 universidades tendrían menos recursos en 2026 que en 2025, con una reducción total de 128,85 millones de dólares. Y 14 sí tendrían un aumento, que suma 46,55 millones de dólares.

Entonces, el prepuesto aumenta si se compara de una forma, y disminuye, si se compara de otra. 

Con cualquier análisis, no hay una reducción de 129 millones de dólares a las universidades, como había dicho Rodríguez. El resultado sería un recorte de 82,31 millones para las 31 universidades públicas con la segunda lectura.

Más allá de si hubo o no un recorte, la ex ministra Rosa María Torres advierte que el problema de fondo en las universidades públicas no está solo en las cifras, sino en el entramado estructural que no termina de corregirse. 

Por ejemplo, dice que se siguen formando en las mismas carreras de siempre, mantienen una obsesión desproporcionada por tener más títulos —especialmente maestrías y doctorados—, persisten casos de fraude académico como la venta de títulos, y continúan las altas tasas de abandono estudiantil. 

El 2 de diciembre de 2025, GK pidió una entrevista al Viceministerio de Educación, pero hasta el 4 de diciembre no accedieron a agendarla.