El presidente Daniel Noboa ha dicho que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) “no debería ser prestador de salud” y que esa competencia debería pasar al Ministerio de Salud Pública (MSP).
Su argumento es que el Seguro Social debe funcionar como una “caja”, concentrada en recaudar y pagar pensiones y no en administrar hospitales.
Después dijo en una entrevista con Teleamazonas que esto solo sería posible “con una reforma constitucional” en un período de seis a nueve meses de transición.
Esa idea —traspasar la atención médica al MSP— parece técnica, pero tiene implicaciones políticas profundas: reconfigura quién controla el sistema de salud, los presupuestos, los contratos y la vida cotidiana de casi cuatro millones de afiliados en un país de 17 millones.
Por eso vale la pena entender qué significaría realmente ese cambio y si es posible hacerlo sin poner en riesgo la atención médica de millones de personas.
Aquí te cuento las claves institucionales, financieras y operativas, y los escenarios posibles de transformación.
Qué implicaría que el MSP asuma las atenciones médicas del IESS
En teoría, el cambio es posible. Pero en la práctica, es un terremoto administrativo.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) ya brinda atención en el primer nivel, pero asumir toda la red del IESS implicaría absorber hospitales, contratos, personal y sistemas de información.
No se trata solo de una decisión política: es una transición que requeriría reingeniería operativa y tecnológica.
Daniel Noboa ha dicho que el traspaso podría tomar entre seis y nueve meses, tras una reforma constitucional.
Pero la magnitud del proceso sugiere más bien años: cada institución tiene sus propios procesos, auditorías y redes. Cambiar de prestador sin rediseñar la estructura puede significar, simplemente, cambiar de logo sin resolver los problemas de fondo.
Por qué el sistema actual ya está fragmentado
El sistema de salud pública ecuatoriana funciona como dos vías paralelas que rara vez se cruzan: por un lado, el MSP; por otro, el IESS.
Ambos atienden pacientes, administran hospitales y compran insumos. Pero cada uno tiene su presupuesto, su burocracia y su lógica.
Esa duplicidad genera cuatro efectos:
- Duplicación de funciones: dos redes, dos inventarios, dos sistemas de citas.
- Segmentación de usuarios: afiliados y no afiliados con tiempos y derechos distintos.
- Fallas de articulación: derivaciones que se pierden entre instituciones.
- Ineficiencia financiera: recursos dispersos, laboratorios subutilizados y hospitales con brechas opuestas.
La propuesta del gobierno apunta, en parte, a corregir esa duplicidad. Pero el riesgo es que una integración apresurada produzca un sistema más lento, no más eficiente.
La deuda y el déficit son el centro del problema
El IESS atraviesa una crisis de liquidez.
Los factores de la crisis son varios: ingresos insuficientes por aporte de empleados y empleadores, obligaciones ampliadas sin financiamiento proporcional (por ejemplo, cobertura de salud gratuita extendida a familiares de los afiliados sin ajustes de aportes), desinversión de reservas porque el IESS saca fondos de su banco (el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS) para mantener operaciones.
En términos concretos, además, en su presupuesto de 2025, proyectó gastar 2.180 millones de dólares en salud, pero espera ingresos por solo 1.563 millones. La brecha: 617 millones de dólares.
A eso se suma la deuda del Estado con el Seguro Social, que bordea los 27.400 millones de dólares. Solo a guisa de comparación: el presupuesto general del Estado para 2025 proyectó ingresos por una cantidad casi idéntica. Ese es el tamaño de la deuda.
Con ese nivel de presión financiera, los hospitales reducen compras, se acumulan listas de espera y la falta de medicamentos se vuelve estructural.
El ex presidente del IESS, Manolo Rodas, advierte que el problema no es quién presta el servicio, sino cómo se financia.
Mientras tanto, la ex ministra de Salud, Ximena Garzón, cree que el traspaso podría funcionar parcialmente, pero solo si se refuerza primero la capacidad operativa del MSP.
El dilema es claro: si el IESS deja de ser prestador sin resolver su solvencia, se corre el riesgo de vaciar la “caja” antes de salvarla.
La crisis financiera del IESS justifica la urgencia del debate, pero también condiciona cualquier reforma. Actuar sin asegurar solvencia, sin flujo de recursos claro y sin autonomía administrativa, podría significar trasladar el problema al MSP y al conjunto del sistema público.
La reforma constitucional y los escenarios posibles
El marco legal actual impide el cambio.
La Constitución define que el sistema de seguridad social es público, universal y no privatizable.
Modificarlo implica una reforma constitucional.
Noboa ha dicho que buscará hacerlo a través de una Asamblea Constituyente, lo que convierte la propuesta en un proceso político de gran escala, no en una simple medida administrativa.
Hay tres rutas posibles:
- Integración total bajo el MSP, con una sola red pública.
- Separación funcional, donde el IESS asegura y el MSP presta.
- Apertura parcial al sector privado, menos probable, pero dentro del debate.
Cada escenario requiere recursos, tecnología y un marco legal claro: un paquete mínimo de prestaciones garantizado, financiamiento claro y estable (por ejemplo, fondo nacional de salud), recursos humanos e infraestructura, sistemas tecnológicos confiables (el presidente mencionó la plataforma HealthBird como parte del plan de inventarios y citas).
Pero si la red se amplía sin más médicos, sin más camas, sin más insumos, la calidad tiende a bajar, no a subir. Es como agrandar un restaurante sin contratar más cocineros ni meseros: el caos terminará por reinar.
En definitiva, la reforma planteada por Noboa puede acercar al país a una visión de salud más integrada, más pública, pero también podría derivar en una crisis mayor si no se diseña bien.
No es solo “traspasar”, es “transformar”.
Sin comprender estos factores, el cambio podría agravar la crisis en lugar de resolverla.
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