El reciente paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fue una movilización que, pese a extenderse más de un mes y alcanzar 19 provincias, no logró paralizar al país.
Explicar por qué el paro no prosperó implica entender cómo el gobierno de Daniel Noboa combinó legitimidad social, control comunicacional, coerción y fragmentación política para contener una de las protestas más largas de los últimos años.
Aquí te dejamos cinco claves para entenderlo.
1. El rechazo social debilitó la convocatoria
El primer factor fue la falta de respaldo social amplio. A diferencia de 2019, cuando el retiro de subsidios al combustible unió a distintos sectores contra Lenín Moreno, esta vez predominó el cansancio frente a la confrontación. Muchos ecuatorianos priorizaron la “estabilidad” antes que la resistencia.
El discurso oficial logró instalar la idea de que el país estaba saliendo de una crisis de violencia y que el paro ponía en riesgo ese frágil orden y representaba intereses políticos más que un reclamo nacional.
Así, la narrativa del gobierno presentó la protesta como una amenaza, no como un reclamo legítimo. En las ciudades, la mayoría optó por mirar desde la distancia.
El filósofo Antonio Gramsci explicaba que el consenso no siempre necesita adhesión activa: basta la indiferencia.
En este caso, el “antiparo” de quienes no adherían a los postulados de la protesta fue una forma de consentimiento pasivo.
La sociedad no salió a apoyar al gobierno, pero tampoco a enfrentarlo. Esa desmovilización resultó ser su mayor aliada.
Uno de los elementos más determinantes en la contención del paro fue la falta de respaldo social amplio. En otras coyunturas, el movimiento indígena había logrado articular un sentimiento de indignación transversal, proyectando sus demandas hacia la clase media urbana y las capas populares no indígenas, retroalimentando desgaste gubernamental.
2. La Conaie, dividida y sin liderazgo unificado
El segundo elemento a considerar es que el movimiento indígena atraviesa una crisis interna.
La Conaie, que durante tres décadas fue el eje de la movilización social, enfrenta tensiones entre dirigencias regionales, disputas con Pachakutik —su brazo político—, y brechas generacionales.
Su actual presidente, Marlon Vargas, no logró cohesionar a las bases ni proyectar una agenda común.
El gobierno aprovechó ese desgaste. Según la estrategia clásica del poder estatal, Noboa dividió a sus opositores para reducir su capacidad de acción colectiva.
Mantuvo diálogos diferenciados con federaciones campesinas, asociaciones productivas y gobiernos locales que no responden directamente a la dirigencia nacional, restando fuerza al llamado a la movilización.
El resultado: un movimiento fragmentado que ya no encarna el sujeto universal del cambio, sino identidades dispersas y, a veces, contradictorias.
3. La comunicación y la batalla por el sentido: entre la desinformación y la estigmatización
El paro de 2025 fue también una batalla por el relato y el sentido. Gobierno, dirigencia indígena y medios compitieron por definir qué era legítimo: la protesta o el orden.
Un estudio de la plataforma de fack-checking Lupa Media, Balance del Paro 2025: ¿Cómo se desinformó?, registró 92 piezas de desinformación entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre.
El 83% fueron videos descontextualizados o editados, lo que demuestra cómo la desinformación se transformó en un arma emocional y eficaz.
El estudio identificó dos estrategias narrativas: una de volumen, basada en la saturación del ecosistema digital con noticias completamente falsas; y otra de carácter sostenido, compuesta por rumores y piezas especulativas diseñadas para llenar vacíos informativos con conjeturas plausibles.
A esto se sumó la reutilización de material antiguo o internacional (imágenes de protestas en Indonesia, Perú o Francia) que fueron presentadas como registros del conflicto ecuatoriano.
Este mecanismo de descontextualización explotó el sesgo de confirmación del espectador: la gente tendía a creer aquello que reforzaba sus percepciones previas sobre la violencia o la represión.
Esta dinámica también puede leerse desde Jürgen Habermas, quien advertía que la “esfera pública” moderna se degrada cuando la comunicación se instrumentaliza para manipular emociones y neutralizar el debate racional.
Además, medios oficiales y oficialistas asociaron sin pruebas a los manifestantes con bandas criminales como el Tren de Aragua, reforzando la idea de que la protesta equivalía al caos.
El gobierno consolidó una hegemonía comunicativa: impuso la narrativa de que la estabilidad justificaba el control.
Incluso acciones simbólicas, como el sobrevuelo de un helicóptero militar con una bandera gigante sobre Otavalo y sus alrededores, sirvieron para reforzar la idea de presencia estatal y control territorial.
La disputa llegó al plano institucional.
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) decidió el 24 de octubre de 2025 que la fiscalización de los hechos del paro quedaría bajo la Comisión de Seguridad, dominada por el oficialismo, y no en la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por el correísta Jaime Estrada.
El control del relato se trasladó del espacio público al institucional.
4. El orden impuesto: la represión como mensaje político
La respuesta estatal no se limitó a la comunicación. La represión fue clave.
Según Amnistía Internacional y expertos de Naciones Unidas, hubo uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta.
El presidente Daniel Noboa justificó las acciones como necesarias para evitar la “toma violenta” de Quito y proteger su caravana presidencial. Pero, más allá de esa retórica, las denuncias documentan un patrón de control social: militarización de las calles, congelación de cuentas de dirigentes y vigilancia sistemática de comunidades.
Para organizaciones como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la violencia estatal durante el paro no cumplió con los estándares de progresividad ni proporcionalidad establecidos en los manuales internacionales.
Tres comuneros —José Guamán, Efraín Fuerez y Rosa Paqui— murieron durante los enfrentamientos. Hubo decenas de heridos y 142 detenidos, entre ellos 12 comuneros de Otavalo aún encarcelados.
Desde la sociología del poder, la represión también comunica. Michel Foucault llamaría a esto una pedagogía del miedo: mostrar que protestar tiene consecuencias graves. El Estado reafirmó así su monopolio de la violencia, al tiempo que legitimó la idea de que “el orden” debía preservarse a toda costa.
La protesta provocó 375 cierres viales en 51 cantones de 19 provincias, especialmente en las provincias andinas de Imbabura y Pichincha, aunque con réplicas en otras regiones de la Sierra.
Estas cifras dan cuenta de un paro que, pese a su prolongación y extensión geográfica, no alcanzó la masividad ni la capacidad de presión política de movilizaciones anteriores, quedando finalmente sofocado por el control estatal y la fragmentación interna del movimiento indígena.
5. Distribución territorial y concentración del paro
Otro factor determinante fue la concentración geográfica del paro.
La protesta se centró en provincias de la Sierra norte y en algunos tramos viales. Quito permaneció bajo control institucional y Guayaquil prácticamente indiferente.
En términos de acción colectiva, esto significó la pérdida del efecto dominó: sin transversalidad ni coordinación entre sindicatos, estudiantes y campesinos, la movilización se volvió local.
Según el enfoque del sociólogo Charles Tilly, una protesta solo es eficaz si interrumpe la normalidad política o económica. Esta no lo hizo: el país no se detuvo.
El gobierno anticipó los focos de conflicto y desplegó una respuesta logística efectiva.
En cambio, las redes del movimiento indígena estaban debilitadas. Sin alianzas ni un discurso común, el paro perdió la capacidad de presión política.
El sofocamiento del paro bajo el gobierno de Daniel Noboa no puede explicarse, por tanto, solo por la capacidad coercitiva del Estado.
Se trató de una combinación de legitimidad social, fractura organizativa, hegemonía comunicativa, control territorial y obsolescencia simbólica de la Conaie.
Marca un cambio de época donde el poder ya no se impone únicamente por la fuerza, sino que se ejerce mediante la administración del consenso y la gestión del relato.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.
