El presidente Daniel Noboa plantea una reducción de asambleístas en Ecuador mediante el referéndum 2025. Primero, porque el gobierno dice que la conformación de la Asamblea Nacional no representa a todos los ecuatorianos de forma equitativa. Segundo, porque mientras menos asambleístas haya implica menos sueldos. Es decir, sería una medida de eficiencia administrativa.
La pregunta enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Corte Constitucional el 26 de septiembre de 2025 es la siguiente:
“¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?”
La Corte Constitucional determinó que esta pregunta debía tramitarse como enmienda constitucional —es decir, con una modificación parcial de la Constitución a través de un cambio a uno o varios de sus artículos.
El artículo 118 de la Constitución dice que la Asamblea Nacional se debe conformar así:
- 15 asambleístas nacionales
- 2 por cada provincia o distrito metropolitano
- 1 adicional por cada 200.000 habitantes (o fracción superior a 150.000)
- 6 por cada circunscripción del exterior: dos por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por Latinoamérica, el Caribe y África.
El número total de curules adicionales depende de la población. Mientras que el número de asambleístas elegidos por circunscripción del exterior depende de lo que diga el Código de la Democracia —actualmente ha definido seis en total.
Con el censo de 2010, Ecuador tenía 14 millones de habitantes. Por eso, la Asamblea Transitoria de 2023-2025 —que se conformó tras la muerte cruzada— tuvo 137 miembros: 15 nacionales, 116 provinciales y 6 representantes de la comunidad migrante.
Con el censo de 2022, la población subió a más de 17 millones, por lo que la Asamblea 2025–2029 creció a 151 curules: 15 son nacionales, 130 son provinciales y 6 representantes de la comunidad migrante.
Si gana la propuesta de Noboa, se debería modificar el artículo 118 y el número de legisladores bajaría a 73. La Asamblea Nacional se integraría así:
- 10 asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
- 1 asambleísta elegido por cada provincia
- 1 asambleísta provincial más por cada 400 mil habitantes, de acuerdo con el último censo nacional de la población.
- 6 asambleístas por las circunscripciones del exterior
Si no se aprueba la pregunta, y la tendencia poblacional se mantiene, para 2030 Ecuador alcanzaría los 18,4 millones de habitantes, lo que llevaría el número de legisladores a 162.
¿Qué pasaría con la representación en cada provincia?
Según el anexo oficial de la pregunta, el gobierno dice que quiere reducir el número de asambleístas porque el sistema actual no representa de forma justa a todos los ecuatorianos.
Hoy, cada provincia elige dos asambleístas fijos, sin importar cuánta gente viva allí. Eso significa que el voto de una persona en una provincia pequeña vale mucho más que el voto de alguien en una provincia grande, como Guayas o Pichincha.
Por ejemplo, la provincia de Galápagos tiene 30.000 habitantes y elige solamente 2 asambleístas. Como Guayas tiene más de 4,3 millones de habitantes, la Constitución le permite tener 24 legisladores —dos fijos y 22 adicionales.
Cada asambleísta electo del Guayas representa a 180.000 personas. Pero en Galápagos, cada legislador representa solo a 15.000 personas.
El voto de una persona en una provincia pequeña puede tener hasta 15 veces más peso que el de alguien en una provincia grande —por el número de habitantes. Por eso, el Ejecutivo dice que hay una “distorsión en la representatividad” y que no todos los votos tienen el mismo valor.
Mónica Bolaños, abogada experta en derecho electoral, dice que una eventual reducción del número de legisladores podría derivar en “prácticas antidemocráticas o concentraciones de poder”. Esto por que una Asamblea más pequeña tiende a ser menos diversa.
El efecto inmediato, si los ecuatorianos votan por el SÍ, sería una reducción de representación en 11 provincias, que pasarían a tener solo un asambleísta: Bolívar, Cañar, Carchi, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Galápagos, Sucumbíos, Orellana y Santa Elena.
“La consecuencia es que ese único legislador monopolizaría la representación política de la provincia”, explica Luis Miguel Rivera, abogado y consultor político.
Explica que como sería solo una persona, va a tener un mayor poder de negociación —sea de oposición o del oficialismo— para influir en la política local. Rivera advierte que esto podría aumentar la corrupción en la Asamblea. “Al ser un único actor, su decisión se vuelve más costosa en términos políticos y económicos”, señala.
Provincias grandes como Guayas (con 11 asambleístas), Manabí (con 4) o Los Ríos (con 3) tendrían un “gran poder de agenda o de veto en las políticas nacionales”, explica Rivera.
Bolaños advierte que la concentración del poder en un solo escaño provincial impediría la presencia de actores de sectores “históricamente excluidos o discriminados”. Explica que para tener una verdadera democracia, es necesario “dar espacio a todas las voces”.
El juez constitucional Jhoel Escudero no estuvo de acuerdo con la pregunta porque cree que quitar asambleístas a las provincias pequeñas limita su representación.
Según él, si una provincia solo tiene un asambleísta, ese único representante no puede reflejar toda la diversidad de opiniones, comunidades o intereses que existen dentro de ese territorio.
Para Rivera, “unos pocos representantes políticos terminarían decidiendo por todo el país”. Mientras que Bolaños explica que para la propuesta de reducir asambleístas es una medida populista y no se hizo “un análisis riguroso de impacto político”, es decir, las consecuencias que podría tener.
¿Se reducirían los gastos para el Estado?
El gobierno también habla de ahorro estatal. Cada asambleísta gana 4.759 dólares mensuales y cuenta con al menos dos asesores y dos asistentes. En total, el gasto por despacho asciende a unos 13.100 dólares al mes.
La Asamblea destina más de 23 millones de dólares anuales en salarios, lo que equivale al 0,064 % del Presupuesto General del Estado de 2025, que es 36.063 millones.
Pero expertos cuestionan ese argumento.
Bolaños explica que el salario de cada asambleísta y de su equipo de apoyo “representa un gasto significativo dentro del presupuesto estatal”. Pero dice que “este gasto no debería ser concebido únicamente como una carga financiera, sino como una “inversión institucional”.
Es una inversión porque los asambleístas son quienes proponen, debaten y aprueban las leyes que rigen en el país. Bolaños dice que si los asambleístas fueran comprometidos con su trabajo, con formación académica sólida y con una vocación orientada al bien común, “el gasto legislativo sería no sólo justificable, sino necesario”.
“El discurso del ahorro es una falacia populista”, dice Rivera. “El problema no es cuánto cuesta la Asamblea, sino qué calidad tiene su trabajo”.
Los expertos coinciden que reducir el número de asambleístas no soluciona los problemas de la Asamblea Nacional. En lugar de enfocarse en la cantidad o el costo, el debate debería centrarse en cómo mejorar la preparación de los legisladores.
Bolaños explica que es necesario “una verdadera reforma” que priorice la calidad de la representación, la transparencia en los procesos internos de los partidos y la formación de los legisladores. Para la experta, cualquier cambio en la cantidad de curules es “insuficiente y en el peor de los casos, regresivo”.
El efecto político: concentración del poder
La actual Asamblea (2025–2029) tiene 11 organizaciones políticas, pero solo dos dominan: Acción Democrática Nacional (ADN) —el movimiento del presidente Noboa— y la Revolución Ciudadana (RC) —el bloque correísta—.
Ambos expertos prevén que una reducción de curules consolidaría esa tendencia.
“Con menos escaños, los únicos que lograrán representación serán los partidos grandes”, dice Rivera. “Los movimientos locales desaparecerán o se verán obligados a aliarse con las grandes maquinarias políticas”.
En la práctica, el Legislativo podría transformarse en un sistema casi bipartidista, donde solo ADN y RC definan las leyes, la agenda y los cargos de control político.
Según Bolaños, si la Asamblea queda formada por grupos políticos con poca diversidad, podría dejar de cuestionar al Ejecutivo.
En ese escenario, explica, una Asamblea con poca diversidad política o ideológica podría aprobar sin mayor discusión los proyectos de ley que envíe el gobierno, perdiendo su papel de control y equilibrio frente al poder, advierte.
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