La deuda de Exportadora Bananera Noboa con el Servicio de Rentas Internas (SRI) —una de las más grandes y prolongadas en la historia fiscal del país— pasó de una suma millonaria a cero. La operación, amparada en una remisión tributaria aprobada bajo el gobierno de Daniel Noboa, coincidió con una coyuntura legal: una ley recién declarada inconstitucional.
Detrás de la aparente regularidad del proceso, el caso reabre el debate sobre los límites entre poder político, beneficios económicos y transparencia en la gestión pública.
Te explicamos más.
La Clementina: el símbolo de una disputa histórica con el SRI
Hablar de la deuda de Exportadora Bananera Noboa con el Servicio de Rentas Internas (SRI) es volver a un conflicto que combina poder, política y una larga batalla con el Estado.
No empezó en 2025, sino más de una década antes, durante el correísmo, cuando el entonces gobierno convirtió al empresario Álvaro Noboa —padre del actual presidente ecuatoriano, Daniel— en símbolo de la lucha contra la evasión tributaria.
En 2013, el SRI embargó La Clementina, una de las haciendas bananeras más grandes del país —de unas 11.700 hectáreas, 6.000 sembradas de banano, y más de 1.800 trabajadores.
Su producción llegaba a 24.000 cajas de banano por día, unas 120.000 semanales.
En 2014, según reportes periodísticos, la Corporación Financiera Nacional otorgó un crédito de USD 78,9 millones a los trabajadores organizados en la Cooperativa de Producción y Comercialización de La Clementina (Cooproclem) para adquirir la hacienda bajo un esquema de cogestión.
Sin embargo, los pagos nunca se cumplieron y, al ejecutar las garantías, la propiedad quedó bajo control directo de la CFN.
Pese al embargo, a lo largo de los años, el grupo Noboa continuó encabezando la lista de grandes deudores del país. Hasta que, en 2025, todo cambió.
De 94,6 millones de dólares a cero: la reducción en menos de 7 meses
Según los registros del SRI, en marzo de 2025 la deuda era de 94,6 millones de dólares. En julio bajó a 21,7 millones.
En septiembre, a 6,1 millones de dólares. Y al 30 de septiembre quedaban solo 3,5 millones. Un día después, el 1 de octubre, la familia Noboa anunció que su deuda era “cero”.
La reducción fue del 96,4% en menos de siete meses, algo sin precedentes.
La explicación oficial fue simple: la deuda se pagó dentro del marco legal vigente.
Un comunicado de Leonardo Noboa, primo del presidente, aseguró que las obligaciones fueron liquidadas “de acuerdo a la ley”.
Pero el SRI no ha explicado cómo se distribuyeron los pagos entre capital, intereses o multas.
La remisión tributaria y su papel en la liquidación de la deuda
El punto de inflexión fue la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada en junio de 2025.
En su texto se incluyó una remisión tributaria, un mecanismo que permite a los contribuyentes cancelar solo el capital de la deuda y liberarse del pago de intereses y multas. Es, en la práctica, un perdón parcial.
En la amnistía tributaria de 2023, se prohibía expresamente que empresas vinculadas a familiares del presidente, vicepresidente, ministros o asambleístas se beneficiaran. Pero en 2025, esa restricción desapareció.
La nueva ley eliminó el candado y abrió el acceso a todos los contribuyentes, sin importar sus vínculos políticos.
¿Casualidad? ¿Descuidos legislativos? Difícil sostenerlo.
En todo caso, gracias a esa modificación, Bananera Noboa pudo acogerse al beneficio.
Cada pago realizado bajo la remisión redujo el capital y borró automáticamente los recargos acumulados. En cuestión de meses, la deuda que parecía impagable se deshizo.
El fallo de la Corte Constitucional y la ventana de oportunidad legal
En septiembre de 2025, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Integridad por errores de procedimiento y por violar el principio de unidad de materia.
Pero el fallo aún no se había publicado en el Registro Oficial; lo que recién sucedió el 3 de octubre de 2025. Mientras eso no ocurría, la remisión seguía vigente.
Ese vacío jurídico abrió una ventana de oportunidad que permitió a empresas como Bananera Noboa seguir cancelando sus deudas bajo el régimen especial.
La cronología muestra que Exportadora Noboa aprovechó al máximo la ventana antes de la publicación del fallo.
Desde el punto de vista jurídico, el proceso fue legal.
Pero el trasfondo revela algo más profundo: un potencial conflicto de interés entre el poder político y los beneficios económicos de la familia presidencial.
Ni el SRI ni el gobierno han transparentado qué parte de la deuda fue efectivamente pagada, ni cuánto se condonó.
El caso de la Exportadora Bananera Noboa no solo cuenta cómo se pagó una deuda.
Expone cómo una ley temporal, aprobada bajo un gobierno con intereses directos en juego, permitió borrar una obligación que por años se consideró incobrable.
Nota de redacción: El artículo fue modificado el 9 de octubre; se aclara la situación de la Hacienda Clementina.
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