El caso Pampa, explicado

El caso Pampa agrupa dos investigaciones de la Fiscalía General del Estado. La primera sigue el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas y la segunda el de lavado de activos. En ambos están involucrados integrantes de la mafia albanesa, una organización criminal operada, hasta mayo de 2025, por el albanés Dritan Gjika.

Ambas investigaciones comenzaron en 2022, según la Fiscalía, y dieron como resultado el operativo transnacional —en Ecuador y en España— contra la mafia albanesa de febrero de 2024 donde 30 personas fueron detenidas.

Un año después, el 30 de enero de 2025, 14 de los 15 procesados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas fueron sentenciados. Uno de ellos, Dritan Gjika, fue detenido en mayo de 2025 en Emiratos Árabes y hasta septiembre de ese año está a la espera de su extradición.

Mientras que, el 31 de enero de 2025, 8 personas fueron sentenciadas como autores directos del delito de lavado de activos, según la Fiscalía. Además, en el caso de lavado de activos, el Tribunal ordenó el decomiso de bienes y cuentas, la liquidación y disolución de 3 empresas involucradas en el delito.

Te contamos sobre los casos y las personas involucradas.

El comienzo de las investigaciones

Las investigaciones del caso Pampa, que siguen los delitos de delincuencia organizada y lavado de activos, comenzaron paralelamente en diciembre de 2022 luego de que la Policía Nacional Antinarcóticos —mediante información reservada— se enterara de la presunta existencia de una red delictiva que se dedicaba al narcotráfico. La organización sería la mafia albanesa liderada por Dritan Gjika “alias Tony”, el argentino Mario Sánchez “alias Argentino” y el ecuatoriano Carlos García “alias Gerente”.

Según la Fiscalía, los tres hombres, junto a sus familias y círculo cercano crearon varias empresas y usaron otras para “ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar aquellos activos ilegales provenientes del narcotráfico”, a través de empresas exportadoras de productos agrícolas (como banano), compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.

Según la cronología del caso elaborada por la Fiscalía, entre 2015 y 2024 detectaron movimientos de dinero sin justificar por 31 millones de dólares en el sistema financiero ecuatoriano. Con ese dinero, los implicados habrían comprado carros de lujo y propiedades como casas, terrenos, oficinas, bodegas, parqueaderos y más en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

Las investigaciones derivaron en el operativo del 6 de febrero de 2024 contra la mafia albanesa en Ecuador y España. En Ecuador el operativo —de la Fiscalía y la Policía Nacional— fue en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos. En España fue en las ciudades de Barcelona, Málaga, Marbella, Granada, Cádiz y Valencia.

En Ecuador detuvieron a 18 personas y en España a 12.

Tras el operativo, la Fiscalía procesó a 15 personas por el delito de delincuencia organizada —luego vincularon a 10 más. A la par, la Fiscalía procesó a 5 personas por el delito de lavado de activos —luego vincularon a tres personas más.

En 2025, 14 personas fueron sentenciadas por delincuencia organizada y 8 por lavado de activos. De las 22 personas procesadas, tres recibieron sentencias por ambos delitos.

El proceso por delincuencia organizada

Un día después de los operativos, el 7 de febrero de 2024, el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para 12 procesados:

1. Julio César Lalangui, alias “Ingeniero”, como colaborador tenía contactos y sabía de exportaciones
2. Jairo Hernán Muñoz, alias “Pájaro”, como cabecilla organizaba la logística de los envíos al exterior
3. John Fernando Espinar, alias “Gato”, como cabecilla vinculado a contactos internacionales de narcotráfico
4. Jonnathan Maximiliano Landívar, alias “Secretario”, como cabecilla estaba encargado de la coordinación y llevar registros
5. Olmer Cicerón Jara, alias “Sureño”, como colaborador facilitaba las bodegas y el transporte interno
6. Jesús David Espinoza, alias “Ñaño”, como colaborador participaba en la seguridad y resguardo de los cargamentos 
7. Javier Fernando Intriago, alias “Javi”, como colaborador aportaba con transporte y contactos en Ecuador
8. Alex Quirola, como colaborador, inspeccionaba las fincas y embarques
9. Juan Y. como colaborador daba apoyo logístico
10. Zhuang Yongdeng, alias “Chino”, como colaborador se encargaba de mover el dinero y los negocios para el lavado de activos
11. Andersson Antonio Coppiano, alias “Familiar”, como cabecilla de la organización criminal en Ecuador 
12. Miguel Ángel Álvarez, alias “Toyo”, como colaborador era el responsable de coordinar ciertos embarques y ocultar cargamentos

Para los otros tres procesados ordenó otras medidas:

1. Marco Antonio Maldonado, como colaborador transportaba los cargamentos. El juez ordenó arresto domiciliario y uso de grillete electrónico
2. Héctor Salomón Pesántez, alias “Glock”, como cabecilla coordinaba envíos de cocaína al extranjero, tenía contacto con organizaciones criminales internacionales y habría facilitado recursos logísticos y económicos para el tráfico de drogas. El juez dispuso arresto domiciliario
3. Evellyn Melissa Loor, alias “Doña”, como colaboradora daba recursos logísticos y financieros para las operaciones de la mafia albanesa. El juez ordenó presentarse una vez por semana ante la justicia y prohibición de salida del país

También ordenó la retención de las cuentas de los procesados, prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la incautación de los “indicios recabados durante los allanamientos”.

Tres meses después, el 10 de mayo de 2024, otras 10 personas fueron vinculadas al caso: 

1. Dritan Gjika alias “Tony”, considerado líder de la mafia albanesa en Ecuador, habría creado empresas y usado otras creadas para ocultar el origen del dinero ilícito 
2. Mario Sánchez Rinaldi, considerado cabecilla de la organización, habría creado empresas y usado otras creadas para ocultar el origen del dinero ilícito 
3. Carlos García alias “Gerente”, considerado cabecilla de la organización, habría creado empresas y usado otras creadas para ocultar el origen del dinero ilícito 
4. Pablo Hidalgo, colaborador de la organización
5. José Espinoza, parte del grupo implicado en el envío de cargamentos controlados con sustancias ilícitas hacia Europa
6. Vicente Jacinto Z, alias “Loco”, uno de los colaboradores de la organización
7. Jesús R, encargado de las actividades logísticas de la organización
8. Jorge Eduardo B, policía en servicio activo, colaborador de la organización
9. Juan Moreno, ex policía, colaborador de la organización
10. William Campos, policía en servicio activo, colaborador de la organización

Según la Fiscalía, los 10 vinculados participaron en el envío de grandes cantidades de droga a Países Bajos, Bélgica, España y otros. 

El juez ordenó prisión preventiva a todos además de la retención de cuentas por el valor hasta sesenta salarios básicos —28.200 dólares— y la prohibición de enajenar bienes inmuebles por el mismo valor.

El 31 de julio de 2024, Álex Quirola, Marco Maldonado y Jesús R fueron sentenciados a treinta y seis meses de prisión como colaboradores de la organización. Los tres se sometieron al procedimiento abreviado y  aceptaron su participación en el delito.

El 5 de agosto de 2024 el juez llamó a juicio a los 22 procesados restantes.

Como autores directos del delito de delincuencia organizada: 

1. Dritan Gjika
2. Mario Sánchez
3. Carlos García
4. Pablo Hidalgo
5. Julio Landívar
6. Jairo Muñoz
7. Jhon Espinar
8. Zhuang Yongdeng
9. Héctor Pesántez
10. Jonnathan Landívar
11. Andersson Coppiano

Como colaboradores de la organización criminal 

1. José Espinoza
2. Vicente Jacinto Z
3. Jorge Eduardo B
4. Juan Moreno
5. Willian Campos
6. Miguel Álvarez
7. Juan Y
8. Olmer Jara
9. Jesús Espinoza
10. Javier Intriago
11. Evellyn Loor

El 30 de enero de 2025 el Tribunal Anticorrupción sentenció a 14 de los 22 procesados por delincuencia organizada.

Cómo líderes de la organización sentenció a siete años de prisión y el pago de una multa de 20 salarios básicos unificados, 9.400 dólares a: 

1. Andersson Coppiano, alias “Familiar”
2. Jairo Muñoz, alias “Pájaro”
3. Jhon Espinar, alias “Gato”
4. Héctor Pesántez, alias “Glock” 
5. Jonnathan Landívar, alias “Secretario”

Como colaboradores del delito sentenció a cinco años de prisión y el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados, 5.640 dólares a: 

1. Julio Landívar, alias “Ingeniero” o “JC”, 
2. Zhuang Yongdeng, alias “Chino”, 
3. Olmer Jara, alias “Sureño”, 
4. Jesús Espinoza, alias “Ñaño”, 
5. Javier Intriago, alias “Javi”, 
6. Evellyn Loor, alias “Doña” 
7. Miguel Álavarez, alias “Toyo”, 
8. Vicente Jacinto Z, alias “Loco” 
9. Jorge Eduardo B

Jairo Muñoz, Zhuang Yongdeng, Julio Landívar y Jonnathan Landívar, también enfrentaron cargos por el delito de lavado de activos.

Mientras que Dritan Gjika, Mario Sánchez, Carlos García y Pablo Hidalgo fueron declarados prófugos de la justicia en el caso.

Otras tres personas, José Espinoza, Juan Moreno, y William Campos, no se presentaron al juicio. El juicio de Moreno será en septiembre de 2025, según la Fiscalía.

El proceso por lavado de activos

Tras el operativo de febrero de 2024 donde detuvieron a 30 personas en Ecuador y en España, la Fiscalía ecuatoriana formuló cargos contra 5 personas, por su presunta participación en el delito de lavado de activos, por un valor aproximado de 31 millones de dólares.

El 7 de febrero de 2024, un Juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva y ordenó la prohibición de enajenar bienes e incautación y la retención de cuentas a:

1. Julio Landívar, también procesado por el delito de delincuencia organizada
2. Jonnathan Landívar, también procesado por el delito de delincuencia organizada
3. Bryan Alexis Lalangui, vinculado a inversiones ilícitas en empresas agrícolas y cárnicas asociadas con la mafia albanesa, fue identificado como accionista de empresas Agricomtrade S.A. y Carniproducción S.A
4. Fulgencio Javier Cevallos, ayudó a ocultar el origen de más de 43 millones de dólares mediante la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, a través de empresas 
5. Teresa Eulalia Pillasagua, ayudó a ocultar el origen de más de 43 millones de dólares mediante la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, a través de empresas

Dos meses después, el 18 de abril, la Fiscalía vinculó a la investigación a cinco personas y siete empresas:

1. Dritan Gjika, líder de la organización
2. Mario Sánchez, considerado cabecilla de la organización
3. Carina Mariela Espinosa, accionista de la empresa Damascoswett S.A, una de las empresas investigadas 
4. Carlos García, considerado cabecilla de la organización
5. Pablo Hidalgo, colaborador de la organización
6. Damascoswett S.A dedicada a la compra, venta, comercialización y distribución de frutas, flores y vegetales, cuyo gerente general es Mario Sánchez, según la Superintendencia de Compañías
7. Agricomtrade S.A (fase de disolución y liquidación) dedicada a la agricultura cuyo gerente general es Jonnathan Landívar y presidente y accionista es Bryan Lalangui, Gjika fue presidente de la empresa en 2018, según la Superintendencia de Compañías
8. Sentilver S.A dedicada a la industrialización y comercialización de productos agrícolas y pecuarios, cuyo gerente general es Carlos García, según la Superintendencia de Compañías
9. Cresmark S.A dedicada a la exportación e importación de banano y plátano, Dritan Djika fue gerente general, según la Superintendencia de Compañías
10. Neoglobal S.A dedicada a actividades relacionadas con agentes de aduanas, emisión y tramitación de documentos de transporte y conocimientos de embarque, según la Superintendencia de Compañías
11. Ingrener S.A dedicada a la compra y venta de bienes inmuebles, cuyo gerente general es Mario Sánchez y presidenta es Carina Espinoza, según la Superintendencia de Compañías
12. Carniproduccion S.A (fase de disolución y liquidación) dedicada a la producción de Cárnicos, cuyo gerente general fue Bryan Lalangui y presidente Julio Lalangui, según la Superintendencia de Compañías

El 18 de abril de 2024, el Juez Anticorrupción dictó prisión preventiva para los cinco nuevos vinculados y ordenó a la Policía su localización y captura.

Además, dispuso que la Superintendencia de Compañías intervenga las empresas, se incauten propiedades y se retengan cuentas. Al igual que la incautación de 15 carros y 43 inmuebles —departamentos, casas, lotes de terreno, oficinas, parqueaderos, bodegas— de los involucrados.

En mayo de 2024, la Fiscalía vinculó a otras 3 personas:

1. Zhuang Yongdeng, alias “Chino”, como colaborador se encargaba de mover el dinero y los negocios para el lavado de activos
2. Julio César Lalangui, alias “Ingeniero”, como colaborador tenía contactos y sabía de exportaciones de la mafia albanesa
3. Jairo Hernán Muñoz, alias “Pájaro”, como cabecilla organizaba la logística de los envíos al exterior

El juez también vinculó a la empresa Holtexsa S.A, dedicada a la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, cuyo representante legal es Mario Sánchez.

En total fueron investigadas 13 personas y 8 empresas que tendrían relación con la mafia albanesa, según la cronología de la Fiscalía.

El 14 de octubre las 13 personas y las 8 empresas fueron llamadas a juicio por el Juez Anticorrupción.

Tras 13 días de juicio, el 31 de enero de 2025, el Tribunal Especializado en Corrupción y Crimen Organizado sentenció a 8 personas y 3 empresas. 

Cómo autores directos del delito de lavado de activos el Tribunal sentenció a 17 años y 4 meses de prisión y el pago de una multa de 600 salarios básicos unificados, 282 mil dólares a:

1. Teresa Eulalia Pillasagua 
2. Julio Landívar
3. Bryan Lalangui
4. Julio César Lalangui
5. Jonnathan Landívar
6. Fulgencio Cevallos
7. Zhuang Yongdeng
8. Jairo Hernán Muñoz

Mientras que los otros cinco procesados —Dritan Gjika, Mario Sánchez, Carina Espinosa, Carlos García y Pablo Hidalgo— no fueron sentenciados por estar prófugos de la justicia.

El Tribunal también declaró su responsabilidad penal y ordenó el decomiso de bienes y cuentas, su liquidación y disolución a las empresas: 

1. Producción de Cárnicos Carniproducción S.A, 
2. Cresmark S.A 
3. Agricomtrade S.A, el Tribunal 

Mientras que a las otras 5 empresas el Tribunal no dictó medidas.