El caso Apagón, explicado

El caso Apagón investiga el presunto peculado en dos contratos de generación eléctrica firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC. El peculado se comete cuando un servidor público abusa, se apropia, distrae o usa arbitrariamente dinero o bienes del Estado. Los contratos eran para la compra de motores capaces de generar, entre ambos, 150 megavatios de energía, alrededor del 3% de la electricidad que Ecuador necesita y suplir parte de la crisis energética del país.

Los motores se debían instalar en Salitral, en la provincia costera del Guayas, y en Quevedo, en la provincia agrícola de Los Ríos. Sin embargo, esto no sucedió por múltiples problemas con la empresa contratista, como la adjudicación directa del contrato, la terminación unilateral, el estado de las piezas, hasta un arbitraje internacional en contra de Celec que sigue abierto.

El 28 de julio de 2025 la Fiscalía y la Policía hicieron allanamientos en las provincias de Pichincha, Guayas y Bolívar como parte de la investigación del caso.

Un mes después, la madrugada del 28 de agosto hicieron un segundo allanamiento, esta vez solo en Guayas y Pichincha en las casas y oficinas de las 12 personas investigadas. Una de ellas es Fabián Calero, en ese entonces gerente general subrogante y representante legal de Celec.

Te contamos sobre el caso Apagón.

Los allanamientos y los investigados

En el operativo de julio de 2025 la Fiscalía y la Policía allanaron 12 casas y oficinas de los sospechosos, una de las oficinas allanadas sería la central térmica Guangopolo-Termopichincha —al noreste de Quito— y el domicilio de Fabián Calero. Según la Fiscalía decomisaron computadoras, documentos, dispositivos de almacenamiento, discos duros, celulares, entre otras cosas.

En agosto hicieron 11 allanamientos en casas y oficinas y decomisaron también computadores, documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares y más.

Los 12 involucrados son: 

1. Fabián Calero, ex gerente general subrogante y ex representante legal de Celec
2. Byron Fernando Orozco, ex gerente de Termopichincha, quien firmó los contratos
3. Cristhian Dahik, subgerente jurídico Termopichincha, quien aprobó los acuerdos con Progen
4. Gabriela Alexandra Toazo, analista de operación de Celec
5. Holger Santiago Jaramillo, especialista de producción de Termopichincha
6. Marvin Bryan Rubio, de la central térmica Guangopolo-Termopichincha
7. Julio Eduardo Montesdeoca, supervisor de operación
8. Marlon Iván Casilla, jefe de mantenimiento
9. Elizabeth Silvana Paguay, gerente de Unidad de Negocio Termopichincha antes de la firma de los contrato
10. Irene Alexandra Cuenca, directora de planificación
11. Juan Carlos Cornejo, jefe de mantenimiento
12. Carlos Iván Villacís, subgerente de producción

Calero salió de Celec en octubre de 2024 y se convirtió en viceministro de Electricidad. A este cargo renunció en julio de 2025, en medio de la polémica de los contratos con Progen. Tras su renuncia, volvió a Celec pero fue despedido.

Hasta el 28 de agosto de 2025, no hay ningún detenido y el caso está en la fase de investigación previa.

El problema con los contratos de Progen

Los contratos de agosto de 2024 que firmó Celec —la empresa pública encargada de generar electricidad para el país a través de hidroeléctricas, termoeléctricas, barcazas—  con Progen fueron cuestionados desde el inicio ya que fueron adjudicados de forma directa. Para hacerlo, el gobierno se amparó en la declaratoria de emergencia del sector eléctrico. Esta forma de contratación fue criticada por la supuesta falta de transparencia del proceso.

Cuatro meses después, en diciembre de 2024, el gobierno sancionó a Progen por incumplimientos en la entrega de los motores generadores de energía en Salitral y Quevedo.

En junio de 2025, Celec terminó unilateralmente los contratos. En respuesta, Progen demandó a Celec ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Progen solicitó medidas cautelares para impedir que Celec terminara unilateralmente los contratos.

El 2 de julio de 2025, el árbitro de emergencia rechazó el pedido de medidas cautelares de Progen en el contrato de Quevedo negando que la empresa estadounidense siguiera a cargo del contrato de Quevedo.

Según el comunicado del Ministerio de Energía y Minas del 2 de julio de 2025, el árbitro concluyó que Progen no logró acreditar los requisitos legales exigidos para solicitar medidas cautelares y que el plazo contractual —es decir, el tiempo acordado en un contrato para que se cumplan los acuerdos a los que llegaron— “fue ampliamente superado” por Progen.

El Ministerio dice que Celec está habilitado para seguir con la terminación unilateral del contrato y concluir la ejecución del proyecto.

Pero el segundo arbitraje, sobre el contrato del proyecto de Salitral, aún está siendo analizado por el centro de arbitraje, hasta finales de agosto de 2025.

En julio, Progen le dijo a GK que están “sorprendidos y decepcionados” por la decisión del árbitro y que están “revisando el fallo y evaluando sus opciones”. También dice que reiteran su convicción de haber cumplido con sus obligaciones contractuales “a pesar de los repetidos retrasos y la mala fe de Celec desde la firma de los contratos”.

Por la adjudicación directa de los contratos a Progen, la Contraloría General del Estado intervino —por petición del Ministerio de Energía y Minas. La Asamblea Nacional también empezó a fiscalizar el proceso.

El 21 de julio de 2025, la Contraloría determinó que en los contratos de Progen en Quevedo y El Salitral habría un perjuicio para el Estado de 100 millones de dólares por los pagos a Progen. De los 100 millones, 70 millones son de Salitral y 30 millones de Quevedo. 

Además, Mauricio Torres, contralor general del Estado, dijo en una entrevista radial que los problemas “van a derivar en responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal”.

En la auditoría también encontraron que los equipos no serían nuevos ni habrían sido comprados al fabricante como se había acordado en el contrato. El contralor dijo que no han podido verificar los equipos porque están empacados para no perder la garantía.

Ante la acusación, Progen envió un comunicado a medios de comunicación el 23 de julio diciendo que cumplieron rigurosamente con la entrega de los equipos estipulados en los contratos. Y que en todo momento Celec “estuvo plenamente informada sobre las características de los equipos adquiridos”. También mencionan que los motores fueron revisados en varias reuniones con “altos ejecutivos de Celec” en Quito, antes de finalizar y firmar los contratos.

Esas sesiones, según Progen, fueron presididas por Fabián Calero, entonces director de Celec, y que luego de eso redactaron los contratos.