El caso Salango, explicado

El caso Salango empezó en el 2000 y 25 años después llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Por más de dos décadas, habitantes de la comuna han reclamado que Patrick Bredthauer, un ciudadano suizo, se habría apropiado de forma fraudulenta de tierras comunales que bloquearon la entrada a las playas Dorada y Río Chico, en Salango.

La comuna de Salango —de 2.536 hectáreas—está en la parroquia rural Salango del cantón Puerto López, al sur de la provincia costera de Manabí. La mayoría de sus habitantes se dedicaron por décadas a la pesca y a la agricultura hasta que dejaron de tener acceso a la playa porque los terrenos fueron comprados para construir una propiedad privada de Bredthauer.

La primera vez que sus habitantes se quejaron de la toma de estas tierras ante la justicia ecuatoriana fue en abril de 2010, según la abogada Diana León. Interpusieron una acción de protección que fue rechazada en dos instancias.

Cuando los recursos en el país se agotaron, elevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015. Y, en 2023, el caso llegó a la Corte IDH.

El 20 de mayo de 2025 fue la audiencia en la Corte IDH, en Guatemala. A la audiencia asistieron los abogados defensores de la comunidad, peritos, dirigentes comunales y otras personas de Salango. La población busca que la Corte reconozca que el Estado ecuatoriano vulneró sus derechos al permitir la compra de su territorio ancestral.

Te contamos sobre el caso Salango.

La comuna de Salango antes de la privatización

Elías Núñez tiene 55 años, es nativo de Salango y ex presidente de la comunidad. Recuerda que  hasta los 2000 cultivaba plátano, guineo, papaya, frijol, maíz, cacao, café, yuca y sandía —al igual que sus padres y otras personas de Salango. Además de la agricultura, una de las formas de subsistencia de los habitantes de Salango, dice, era la pesca.

Para él y otros habitantes de la comuna, reunirse los fines de semana, hacer deporte y bañarse en la playa “era una diversión”. Cuando empezaron a cercar los caminos a la playa “todo eso colapsó”. Se terminaron los paseos en familia a la playa, recuerda.

En 2004, cuando las dos playas —Río Chico y Playa Dorada—, caminos y otras tierras fueron cercadas, Elías Núñez buscó trabajo como albañil y gasfitero. Dice que cerca del 15% de la población de ese entonces migró a Guayaquil, Manta y otras ciudades para trabajar.

Los que nos quedamos en Salango, dice el exdirigente, vimos “cómo sobrevivir y nos vimos obligados a aprender otras profesiones”. Algunos tuvieron que cambiar el lugar donde cultivaban o pescaban.

Este fue el caso de la familia de Sabino Pincay, de 27 años y dirigente de la comuna de Salango en 2025. Pincay tenía dos años cuando comenzó el cierre de caminos a la playa.

Dice que sus padres eran agricultores y también hacían buceo a pulmón, una práctica en la que se atan una piedra a la cintura y se lanzan al agua para alcanzar la profundidad más rápido y atrapar mariscos, crustáceos y el oro rojo —el nombre que le dan a la concha spondylus también conocida como el “manjar de los dioses”.

Concha Spondylus, también conocida como el oro rojo o manjar de los dioses. Fotografía de Karol Jaramillo, Inredh.

Los Pincay, al igual que más familias de Salango, por años habían vivido de la pesca y la tierra, ya que en el sitio no hay empresas privadas ni oficinas de instituciones públicas donde podrían trabajar.

En mayo de 2025, según Sabino Pincay y Cirilo Macías, dirigente y ex dirigente de la comunidad, algunos de esos lotes que bloquearon el acceso a la playa en los 2000, fueron comprados por otros dueños. Dicen que no saben sus nombres ni para qué usan el lugar en 2025.

Tampoco entienden por qué hay “tanta seguridad” alrededor de la propiedad de Bredthauer, como un puesto de vigilancia, personas armadas y perros entrenados.

Puesto de vigilancia a las afueras de la propiedad de Brethauer. Fotografía de Karol Jaramillo, Inredh.

Según tres artículos del diario La Hora de 2004, comuneros de Salango protestaron varias veces para exigir la restitución de sus tierras y el libre acceso a las playas. En las protestas, según una de las tres notas, bloquearon vías. En otra nota dice que en una de las protestas había más de 250 policías para evitar el cierre de vías —Salango está en la Ruta del Sol, también conocida como Spondylus, que conecta las provincias de Santa Elena y Manabí.

Según un informe de Inredh, los empresarios Alfonso Pinoargotty y Patrick Bredthauer, que compraron tierras en la comuna de Salango, “tomaron acciones legales” contra miembros de la comunidad que no estuvieron de acuerdo con la venta. Los acusaron de sabotaje y terrorismo. Esas acusaciones, dice el informe, fueron usadas para justificar la presencia de seguridad privada en la propiedad privada de Bredthauer.

Según Diana León, abogada defensora de los pobladores de Salango, algunas personas fueron apresadas, golpeadas y torturadas por policías, mientras que otras salieron de la comunidad por miedo a las amenazas de muerte y la persecución.

Robinson Arcos fue uno de ellos. En la audiencia del 20 de mayo ante la Corte IDH, Arcos dijo que fue acusado de terrorismo por defender su territorio y huyó para no ser detenido. También dijo que su compañero Policarpio Carvajal fue detenido arbitrariamente y torturado “por las fuerzas del Estado”.

“Le metieron corriente. Eso han hecho a la Comunidad de Salango”, dijo en la audiencia.

El bloqueo a la playa afectó los derechos culturales

En un conversatorio en Quito en mayo de 2025, Cirilo Macías dijo que en el año 2000, la gente  en Salango compartía lo que pescaban y cultivaban y se sentaban en la playa a hablar de sus ancestros.

En Salango, explica Sabino Pincay, la pesca es parte de su cultura. Los niños aprenden a pescar tomando en cuenta los ciclos lunares —durante la luna llena y nueva, las mareas son más fuertes y los peces están más activos mientras que en cuarto creciente y menguante, la marea es baja y la pesca es más difícil.

Los más pequeños también aprenden cómo usar la medicina tradicional con base en plantas y otras tradiciones como el significado de la concha spondylus que es un símbolo espiritual y cultural —en la época precolombina era usada en rituales y ceremonias.

Macías dijo que con el bloqueo de los caminos a las playas Río Chico y Dorada, las personas dejaron de ir en familia a las playas para “compartir sus cosmovisiones”.

Dice que el Estado ecuatoriano fue cómplice de la violación de derechos a la propiedad comunitaria y al trabajo de la comunidad ancestral de Salango por permitir el cierre de caminos a las playas.

Pincay y Macías también dijeron que muchas generaciones ya no pudieron disfrutar de las playas como lo hacían antes y que hay personas jóvenes que no conocen Playa Dorada.

Sabino Pincay le dijo a GK que muchas personas que se mantuvieron en resistencia ya fallecieron y que hay otras que no se pueden levantar de una cama “pero ellos nos dan la fe de que sigamos peleando por nuestro territorio”.

¿Venta de tierras legítima o apropiación de tierras?

Salango se convirtió en comuna en octubre de 1979 con un acuerdo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Doce años después legalizó 2.536 hectáreas de tierras comunitarias con una escritura pública del Ministerio de Agricultura. Esa escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Jipijapa en marzo de 1992 , y en 2005 en el Registro de la Propiedad del cantón Puerto López, según el informe de Inredh sobre el caso.

En 1986 fue la primera venta de tierras: la compañía Mar del Sur, representada por Alfonso Pinoargotty Lara, compró terrenos frente a la playa Río Chico a dos habitantes de Salango y construyó la Hostería Piqueros Patas Azules.

Pinoargotty, empresario manabita, es gerente general y accionista de la hostería, según el sitio web de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

Uno de los terrenos que compró Pinoargotty tenía uno de los dos accesos a la playa Río Chico. Con la construcción de la hostería, el acceso fue bloqueado para los habitantes de Salango. El otro paso a la playa, que quedaba al norte de la hostería, siguió abierto. Pocos años después, Pinoargotty cerró el paso al estero La Canoa, la única vía de acceso a una segunda playa: Dorada.

Alfonso Pinoargotty fue consultado por GK pero hasta el cierre de este artículo, no respondió a la solicitud.

Bahía de Salango. Fotografía de Karol Jaramillo, Inredh.

Más de diez años después, en 2004, los comuneros hicieron un proceso de autodefinición: Salango fue reconocida como una comunidad de raíces ancestrales con un acuerdo en el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe).

En la Constitución de Ecuador de 1998, las comunidades con raíces ancestrales, específicamente los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, obtuvieron un reconocimiento especial. La Constitución garantizó sus derechos colectivos, incluyendo el territorio ancestral, la autonomía y la identidad cultural, prohibiendo así la venta de sus tierras.

En julio de 2001, el Cabildo pidió un permiso al Ministerio de Agricultura para vender parte de sus tierras, y el Ministerio consultó a la Procuraduría General del Estado si la comuna de Salango estaba amparada por los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. El Procurador respondió que Salango no era un pueblo indígena sino montubio. Pero el Ministerio nunca le respondió al Cabildo sobre el pedido de la venta.

Dos meses después, Fulbio Reyes Jara, entonces presidente del Cabildo, insistió en que el Ministerio responda sobre el pedido y sumó una solicitud para vender otro lote. Como el Ministerio no respondía, según el documento de la CIDH, el 15 de noviembre del mismo año, el Cabildo y Bredthauer pidieron que se aplique la figura del silencio administrativo —cuando no hay una respuesta expresa de las instituciones públicas sobre una solicitud se entiende que esta es positiva— para lograr la inscripción de la venta.

Así, Patrick Bredthauer compró a Fulbio Reyes 34.32 hectáreas en Salango a través de la empresa Tocuyo S.A. El documento que la CIDH envió a la Corte dice que en el 2000, la Asamblea General Extraordinaria de la comuna de Salango, con menos del 50% del quórum requerido decidió vender parte de sus tierras al empresario suizo. Para que los comuneros accedieran a vender sus tierras, según Inredh, Bredthauer les prometió desarrollo y dinero y repartió 32 mil dólares en una Asamblea General de Salango.

Sabino Pincay dice que con el dinero y ofrecimiento de puestos de trabajo logró convencer a algunas personas y dividió los lazos que tenían entre algunos vecinos.

Luego de la venta, la registradora de la propiedad se negó a inscribirla porque las “tierras comunales se encontraban fuera del comercio y no debían transferirse”. Pero un Juez de Manabí ordenó que lo hiciera, y el 3 de mayo de 2002 se legalizó la venta. Según el documento de la CIDH, Bredthauer, representante de Tocuyo S.A, solicitó al juez que registrara como caminos privados las rutas internas de la propiedad. El juez aceptó y las registró dejando así sin paso a las playas a los comuneros.

Con la privatización de las playas la comunidad perdió su forma de sustento, la pesca y la agricultura. Fotografía de Karol Jaramillo, Inredh.

Desde que los accesos fueron bloqueados y algunas personas de la comuna accedieron a vender sus tierras, otros se organizaron para defender sus derechos y hacer asambleas comunitarias para planificar procesos judiciales, organizar paros, y visitar otras provincias para exigir ser escuchados por el ministro de Agricultura, el Procurador del Estado y el Presidente.

De cortes ecuatorianas a la Corte IDH

El caso Salango llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de pasar por dos procesos judiciales nacionales.

A pesar de que llevaban al menos 10 años protestando contra la venta de sus tierras y el bloqueo a las playas, recién en 2010 pusieron una acción de protección ante el juzgado Único Primero de Garantías Penales de Jipijapa, en la provincia de Manabí.

La acción de protección fue presentada el 22 de abril de 2010 “por la vulneración de derechos”, según Diana León, asesora legal de Inredh. Entre ellos, el derecho a la propiedad comunitaria, derecho al trabajo y al desarrollo en relación con los derechos específicos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y derecho al Hábitat.

La acción fue rechazada el 12 de mayo de 2010 por el juez quinto de Garantías Penales de Manabí, según el documento de la CIDH. El 22 de julio de 2010, la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí negó el recurso de apelación que interpusieron a la decisión del juez de primera instancia y ratificó la decisión del juez de rechazar la acción de protección.

Cinco años después, en 2015, los defensores de Inredh, presentaron la petición para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de derechos humanos en la comunidad de Salango.

En febrero de 2022, la CIDH emitió un informe de fondo —cuando deciden si hubo o no violaciones a los derechos humanos— en el que reconoció que el Estado ecuatoriano era responsable de violar “el derecho a la personalidad jurídica, derecho a las garantías judiciales, propiedad colectiva, igualdad ante la ley, protección judicial y derechos culturales” de la comunidad de Salango.

Además emitió cuatro recomendaciones para el Ecuador:

• La restitución de las tierras
• El pago de una indemnización por la vulneración de derechos
• La elaboración de un plan de manejo y conservación ambiental y capacitaciones para jueces y personas que ejerzan el notariado, sobre derechos indígenas
• La obligación estatal de respetar los derechos de propiedad colectiva, consulta y autodeterminación de los pueblos indígenas

Ecuador no siguió las recomendaciones, a pesar de que Inredh se reunió con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para el seguimiento del caso y enviaron insistencias formales, según la cronología del caso elaborada por Inredh.

En mayo de 2022, se cumplieron los tres meses reglamentarios después de emitirse el Informe de Fondo de la Comisión, y a pesar de que el Estado recibió cinco prórrogas para implementar las recomendaciones nunca lo hicieron.

El 7 de julio de 2023, la Comisión decidió elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso fue llamado Comunidad de Salango vs. Ecuador. Y la audiencia en la Corte fue el 20 de mayo.

En la audiencia, seis personas intervinieron en nombre de la comuna de Salango y hablaron sobre la compraventa de los terrenos, el régimen que protege a las comunas en Ecuador, los derechos que fueron supuestamente vulnerados, entre otros.

Por parte del Estado, intervinieron tres funcionarios públicos, encabezados por Juan Carlos Larrea, procurador general. Todos negaron la responsabilidad del Estado en el caso. También hablaron  dos peritos; uno propuesto por la comunidad y otro por el Estado.

La decisión de la Corte, según Valenzuela, podría conocerse en 2026.