Comandos de la Frontera (CDF) es un grupo criminal colombiano que surgió en 2017. Está formado por disidentes de las las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desmovilizadas tras los acuerdos de paz de 2016, y de La Constru, una organización que se desprende de los bloques paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Conocida también como La Mafia, esta narcoguerrilla —clasificada como Grupo Armado Organizado (GAO)— tiene una base de operaciones Putumayo, un departamento amazónico de Colombia, y la frontera con Ecuador.
CDF tiene como principal actividad la producción y tráfico de cocaína, marihuana, la vigilancia de cultivos ilícitos, retenes ilegales, asesinato y amenazas de líderes sociales y la implantación de toques de queda obligatorios.
El 9 de mayo de 2025, sus integrantes habrían emboscado a una patrulla militar ecuatoriana en la provincia de Orellana, en la que murieron 11 soldados de la Brigada de Selva 19 Napo mientras hacían operativos contra la minería ilegal en Alto Punino.
Desde 2019, la minería ilegal ha devastado aproximadamente 1.422 hectáreas de bosques —equivalente a dos veces el parque Metropolitano de Quito— en la cuenca del río Punino, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Te explicamos más sobre Comandos de la Frontera.
Sus tentáculos en Ecuador
El coronel en servicio pasivo y ex jefe de Inteligencia, Mario Pazmiño, dice que este grupo incursiona en la frontera de Ecuador desde hace tres años. Los casos contra Comandos de la Frontera empezaron a investigarse el 25 de abril de 2023.
Los policías ecuatorianos interceptaron varios números telefónicos relacionados con este grupo narcoguerrillero y lograron identificar al entonces jefe: Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente.
En las conversaciones, según diario Primicias, se supo que la banda usaba redes de distribución, en varios países y continentes, como rutas de narcotráfico. Incluso llegaban a Centroamérica y España.
Además, el grupo tenía su propia operación de lavado de activos. Es decir, hacía transacciones financieras que incluían transferencias de fondos, compra y venta de activos, la inversión de bienes raíces y la creación de empresas fachada. Alias Gerente lo hacía a través de una sociedad con sus hijos, Kerly y Carlos Álvarez, accionistas de siete empresas en Ecuador.
Durante meses, la Policía escuchó las conversaciones de los involucrados y fue así como se supo de Juan Carlos Chulca, alias Chavalo y quien tenía nexos con Comandos de la Frontera.
Él se reunía con miembros de la agrupación y supuestamente coordinaba los envíos de cocaína —lo que permitió que los agentes tuvieran pistas de sus ubicaciones.
En julio de 2024, el Bloque de Seguridad —policías y militares— detuvieron a alias Chavalo en la ciudad de Manta, provincia costera de Manabí, junto a otras cinco personas. Chulca era considerado un “objetivo militar de alto valor”.
➡️ Alias 'Chabalo' fue capturado en Manabí en una operación militar en la que se allanaron varias viviendas, logrando la aprehensión de 6 personas, una de ellas considerado objetivo militar de alto valor, también se decomisó armas, municiones, dinero y vehículos de alta gama. pic.twitter.com/I59oiPJV1b
— Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) July 21, 2024
Un mes después, en agosto de 2024, 16 presuntos integrantes de Comandos de la Frontera fueron detenidos en Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Guayas y Orellana, entre ellos, Kerly y Carlos Álvarez, hijos del líder de Comandos de la Frontera. En septiembre de ese año, la Fiscalía empezó una investigación contra ellos por el delito de delincuencia organizada, tráfico de drogas y lavado de activos. 14 quedaron con prisión preventiva.
La investigación previa, a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, (Unidot), dejó en evidencia que los implicados eran del grupo armado Comandos de la Frontera.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó el informe de seguimientos y vigilancias, los reportes telefónicos, la sinopsis de las conversaciones mantenidas por los presuntos integrantes del grupo armado, entre otros vinculados al tráfico de drogas, armas, sicariato y lavado de activos.
En enero de 2025, la Fiscalía vinculó al caso de delincuencia organizada al jefe de la agrupación: Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, y también a otros tres miembros de CDF.
Pero Álvarez sigue prófugo.
El origen de Comandos de la Frontera
Es el grupo armado más poderoso del departamento fronterizo de Putumayo, en Colombia.
Comandos de la Frontera nació en 2017 de una alianza criminal de disidentes de los frentes 32 y 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano— y miembros de La Constru.
Este es un grupo criminal que tiene su origen en 2006, desde que se desmovilizaron los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, según un informe de Insight Crime.
Los integrantes se dedican, dice el documento, principalmente al narcotráfico en Putumayo, Caquetá, Amazonas, Cauca y Nariño, departamentos situados en el vecino país de Colombia. En estas zonas, se encargan del traslado de cocaína y marihuana a puntos de salida de Ecuador y Brasil.
Al principio se llamaban La Mafia y estaba liderado por Pedro Oberman Goyes, alias Sinaloa. Su objetivo era reactivar el narcotráfico en Putumayo.
Durante los primeros años, según el centro de investigación Insight Crime, las comunidades de Putumayo “percibían cierta sensación de paz en el territorio según habitantes”.
Se disparó la violencia
En 2018, cuando el Frente Primero o también conocido como Frente Carolina Ramírez —un grupo asociado al Estado Mayor Central de las FARC— entró al departamento vecino, Caquetá, empezó una disputa entre las dos facciones. Desde entonces, son enemigos.
En marzo de 2019, alias Sinaloa fue asesinado por algunos de sus compañeros de filas. Un año después, en 2020, el grupo empezó a ser conocido como Comandos de la Frontera. En 2022, mediante un video, sus integrantes expresaron su voluntad de sumarse a la paz total, una política del presidente de Colombia, Gustavo Pedro.
El 10 de abril de 2025, según un artículo de El País, los Comandos se mantenían negociando con el gobierno colombiano. Armando Novoa, el negociador jefe de Petro con este grupo, “relanzará” la mesa de diálogo desde La Hormiga, al oeste del departamento de Putumayo y a solo una hora de la frontera con Ecuador.
En el encuentro se tocarán tres temas que han propuesto los Comandos: la erradicación de cultivos ilícitos, la reforestación y los proyectos ambientales y la consolidación de una guardia campesina.
Este último punto, dice el artículo, ha generado molestia en el Putumayo, pues los CDF proponen que, tras su eventual desmovilización, sus combatientes pasen a integrarla. Para los líderes sociales, el riesgo es que por esa vía mantengan su control sobre la población y sobre el narcotráfico.
Según datos de la fiscalía colombiana, el grupo cuenta con aproximadamente mil combatientes distribuidos en los territorios en los que tiene presencia, explicó Katherine Herrera, consultora política en temas de Seguridad de Estado. Aunque, ella dice que según información de inteligencia a la que ha podido acceder, en 2024 se incrementaron los integrantes.
Herrera dice que este grupo recluta a personas en Ecuador.
Actualmente estaría liderado por Giovanny Andrés Rojas, alias Araña.
Su trayectoria en grupos armados comenzó en 2008, cuando fue vinculado a la banda criminal Los Rastrojos. En 2010, se unió a las filas de la extinta guerrilla de las FARC, según un artículo el medio colombiano El Espectador. Además, estuvo involucrado con La Constru.
En 2017, durante la implementación de los Acuerdos de Paz firmados bajo el gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Rojas fue designado como gestor de paz, lo que le permitió salir de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, para realizar labores sociales.
Pero decidió regresar a la guerrilla por intimidaciones y falta de garantías de seguridad.
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