Un “ya basta” de Ana* como respuesta a las pretensiones sexuales de su jefe significó el inicio de tres largos meses de acoso laboral. Fueron creciendo desde palabras que incurrían en supuestos halagos hasta un trato cotidiano degradante acentuado por el rechazo y la relación de poder.
“Está aquí gracias a mí” o “es deficiente” eran frases que le decía. Su jefe empezó a restarle importancia a su trabajo: “empezó a quitarme funciones que a mí me corresponden por el cargo, además de ocultarme información como documentos que yo debía recibir”.
El tono de las palabras escaló y llegó a insinuaciones sexuales y roces no consensuados, que a ella le generaban molestia e incomodidad. “Recibía mensajes de él en altas horas de la noche donde me pedía fotos íntimas”, cuenta Ana. Esos gestos de incomodidad que Ana no podía ni quería disimular, causaban más enojo en su acosador, y la dejaron vulnerable mental y emocionalmente. Finalmente, decidió denunciarlo ante el Ministerio Público. No todas las mujeres que sufren esto deciden denunciarlo.
El acoso laboral es un delito silencioso. Entre 2017 y 2022, el Ministerio Público (MP) recibió 188 denuncias por acoso laboral. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) registró 39 denuncias solo en 2022. Sin embargo, son pocos casos los que llegan a una conclusión, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asegura no tener lista de sentencias condenatorias en los últimos cinco años; solo cuenta con datos de 2022. Ese año se emitió una sola sentencia condenatoria.
Pese a la poca cantidad de denuncias y sentencias, el Estudio Nacional de Tolerancia Social e Institucional de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes en Honduras comprobó que existen normas sociales que regularizan la violencia. Nombra, por ejemplo, la “Ley del Silencio”, una norma social que traslada la violencia al espacio privado, y la silencia.
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En Honduras hay dos tipos de acoso laboral tipificados en el Código Penal: vertical y hostigamiento sexual . El vertical se da cuando “quien en el ámbito de cualquier relación laboral y aprovechándose de una relación de superioridad, realiza contra otra persona de forma reiterada actos hostiles o despreciativos que, sin llegar a constituir individualmente trato degradante, provocan a la víctima una situación objetiva y gravemente humillante en el correspondiente ámbito de relación”.
Quien cometa el acto, dice el Código, deberá ser castigado con una pena de arresto domiciliario de seis meses a un año y, además, le será impuesta la inhabilitación por el doble de tiempo que dure el castigo.
Mientras el hostigamiento sexual está tipificado en el artículo 256 y se refiere a quien en el contexto de una organización o en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios, deportiva o religiosa, continuada o habitual, solicita reiteradamente para sí o para un tercero favores de naturaleza sexual.
Por este delito se debe incurrir en la pena de prisión de uno (1) a dos (2) años, pena que puede ser conmutable al igual que el delito anterior.
Cuando Ana empezó a ser víctima de acoso laboral, no conocía que era un delito tipificado.
Ana, de 33 años, recuerda cómo la situación en su oficina fue empeorando y por eso decidió contarle a sus amigos más cercanos. Luego de contar, le preguntaban si estaba segura de que lo que sufría era acoso laboral. Incluso, algunos le decían que eso era normal y que hasta cierto punto ella estaba exagerando.
“Por supuesto he recibido las respuestas que las mujeres estamos acostumbradas a recibir en este tipo de situaciones, como ‘¿estás segura que es acoso?’”, cuenta. Pero decidió vencer todos esos temores e interponer una denuncia en el Ministerio Público.
Días antes de interponer la denuncia, recibió una carta detallando su despido. Para ella era injustificado porque no tenía un solo llamado de atención. En la carta se argumentaba que era por causas estructurales de la empresa.
Ana es consciente que al denunciar se expuso a las críticas de las personas que conocieron del caso, como compañeros de trabajo, allegados del acosador y personas externas que conocieron de la denuncia. Pero dice que es necesario hacerlo y “no tengamos miedo al qué dirá la sociedad, confiemos en nuestras capacidades y seamos un ejemplo”.
Quiénes y dónde denuncian
Desde enero de 2017 hasta noviembre de 2022, el Ministerio Público recibió 188 denuncias por el delito de acoso laboral; el 59 por ciento fueron presentadas por mujeres, mientras, el 35 por ciento por hombres, y el resto aparecen sin consignar. Mujeres entre 30 y 39 años, como Ana, son las que más denuncian hostigamientos en sus oficinas.
El 2022 fue el año que más denuncias se interpusieron en el Ministerio Público. En 2017 solo se recibieron 3; 2020 se reportaron 10, y en 2021 aumentó a 57. En el período 2019-2020 no aparece ningún registro.
En el departamento de Francisco Morazán, zona centro de Honduras, es donde está la mayoría de denuncias: 111. De manera más específica se reportaron 106 en el Municipio del Distrito Central (M.D.C.), donde está la capital hondureña que forman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
El segundo departamento con las cifras más altas es Cortés, zona norte del país, que registró 36 denuncias; la mayoría de la denominada capital industrial, San Pedro Sula, que sumó 27.
El tercer departamento con alto índice es Atlántida, ubicado en la zona norte, que registró 14; 12 de estas fueron interpuestas en la ciudad de La Ceiba.
Las posibles razones para no denunciar
Sobre las pocas denuncias que se han canalizado a través de las instituciones públicas, Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, dice que las mujeres no denuncian el acoso laboral por la alta impunidad que existe en el país.
Para explicarlo, recuerda el caso de la activista social y ex coordinadora del mismo Movimiento, Gladys Lanza, que en 2015 acompañó a una mujer que interpuso una denuncia de acoso laboral en contra de su jefe, un hombre de mucho poder en Honduras.
Dentro de las acciones que hicieron, hubo un plantón frente a la institución donde trabajaba la denunciante. “Y eso fue trasmitido por los medios de comunicación. A raíz de eso, el denunciado puso una denuncia en contra de la organización”, recuerda Eguigure.
La denuncia por difamación en contra del Movimiento procedió: se dictó una sentencia condenatoria contra la activista social Gladys Lanza y fue condenada a 18 meses de prisión. Sin embargo, no se ejecutó porque Lanza falleció el 17 de septiembre de 2016, por complicaciones de salud.
“El caso cobró fuerza en los medios de comunicación y me imagino que influyó también en los operadores de justicia para que se fallara en contra de Gladys”, opina Merly Eguigure. Casos como el de Gladys Lanza, envían un mensaje negativo en las mujeres hondureñas, les dice que la impunidad siempre arropará a los poderosos.
“Si usted pone en la balanza, Gladys Lanza era una figura pública súper reconocida, no de ese momento, si no de años de trayectoria en la lucha social, popular y feminista y le hacen eso, qué no le van hacer a una mujer común”, dice Merly Eguigure para explicar cómo este caso pudo desincentivar a muchas otras mujeres que no se atrevieron a denunciar.
Cuenta que luego de ese caso emblemático, el Movimiento que ahora dirige ha atendido más casos de acoso laboral, pero muchas mujeres desisten de seguir con los procedimientos y sólo recolectan la información sin querer proceder legalmente. “Hay mujeres que vienen solo para obtener información de su situación pero no quieren hacer nada más, entonces eso lo respetamos”.
La activista estima que otro factor por el que las mujeres no denuncian es porque “los procesos son lentos, porque creo que la Fiscalía de la Mujer tiene muy poco personal y pasan sobrecargados de trabajo”.
Sobre las causas por las que las mujeres no denuncian, Ana Pineda, exministra de Derechos Humanos en el periodo 2010-2014 y ex candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, señala que el desconocimiento de las leyes que castigan este delito y el temor a represalias por denunciar son las principales razones.
En su experiencia como Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, explica que la mayoría de mujeres víctimas de este delito desconoce que existen leyes locales que lo castigan y normas internacionales que lo prohíben.
“El acoso en el ámbito laboral es una manifestación de la discriminación de género y una forma específica de violencia contra las mujeres trabajadoras, y que es un derecho de la mujer denunciarlo para que quien sea su agresor sea sancionado”, opina Pineda.
Al desconocimiento, continúa la abogada, se suma que muchas mujeres no saben cómo se realiza el proceso. No saben dónde pueden denunciar y también desconfían de que las autoridades investiguen y haya una posterior sanción.
En los casos donde la mujer es el sustento de su casa, recuerda Pineda, tiene aún más temor de hacerlo público porque puede perder su única fuente de ingreso que pone en riesgo su hogar.
Las que se quedan calladas
En Honduras, como lo muestran las cifras, hay también casos de mujeres que no recurren a las acciones legales y prefieren el silencio. Ese es el caso de Alejandra* quien prefirió quedarse callada luego de sufrir acoso laboral y decidió renunciar a su trabajo.
La joven de 23 años cuenta que llegó muy emocionada a su primer empleo, cuando recién se había graduado de la universidad. En ese momento, recuerda, la relación con sus compañeros y jefe era de cordialidad. Pero dos meses después uno de sus compañeros empezó a insinuarse sexualmente.
“Un día el jefe nos envió a realizar un trabajo juntos fuera de la ciudad. Esa vez, mientras estábamos en un restaurante comiendo como parte de los viáticos, él empezó a querer tocarme”, cuenta Alejandra.
Su reacción inmediata fue asombro y dice que con mucho respeto le aclaró que no estaba interesada en tener algún tipo de relación que no fuera profesional.
Como en el caso de Ana, el acoso comenzó luego de que Alejandra no cedió a las insinuaciones de su compañero. Dice que después de ese día recibió gritos, regaños, incluso, marginación de su compañero de trabajo.
En su caso, el acoso no solo vino de su compañero. Más tarde, empezó a darse cuenta que también se ignoraba las opiniones que ella emitía respecto al correcto procedimiento e implementos a utilizar para el correcto desarrollo de los proyectos que a ella se le habían asignado.
Poco a poco la fue sobrecargando de trabajo y llegó a su punto de mayor maltrato cuando le quitaron algunas de sus funciones de las cuales ella era responsable, según indicaba su contrato laboral.
“Ellos [el compañero y el jefe] eran muy amigos. Lo de mi jefe no fue acoso sexual, ni insinuaciones indebidas, más bien fue marginación. Él sabía que la forma de afectar mi desempeño laboral era marginándome”, recuerda.
Aunque muchas personas le recomendaron poner la queja en el departamento de Recursos Humanos de la empresa, pensó que era mala idea porque todos en esa compañía eran muy amigos. “Es difícil confiar en las personas que están ahí dentro, peor aún confiar en las autoridades ya en una denuncia formal”, dice, y agrega que para una mujer que recién empieza en el mundo laboral es mucho más difícil.
El caso de Alejandra terminó cuando ella renunció porque no estaba dispuesta a seguir soportando los malos tratos de su jefe y compañero. Dice que nunca pensó interponer una denuncia porque recién comenzaba a trabajar y no quería que ese antecedente le afectara en futuros empleos.
Una situación que se podría prevenir
La abogada Ana Pineda, que también es docente universitaria, considera que en Honduras ni las instituciones públicas ni las empresas privadas le prestan suficiente atención a este delito. “Creo que la cultura patriarcal, machista y misógina imperante hace que este tema no sea considerado como relevante”.
Pineda asegura que es necesario que los lugares de trabajo donde se cometen estos delitos se investiguen para una posterior judicialización y, de esta manera, evitar que se dé la reincidencia.
Es necesario, aconseja Pineda, que desde las propias empresas se implementen medidas de prevención del acoso laboral en mujeres, por ejemplo, a través de campañas y capacitaciones. Esto, con el objetivo de generar conciencia de que esta es una conducta no deseada en el lugar de trabajo porque anula el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres.
Entre la población hondureña, opina la abogada, existe un desconocimiento del tema, sobre todo de las consecuencias que acarrea en las mujeres que son víctimas. “Hay que redoblar esfuerzos para sensibilizar y capacitar en el ámbito público y privado sobre esta problemática”.
Según Pineda, las cifras de denuncias no reflejan el problema del acoso laboral en Honduras, porque es muy común pero muy pocas mujeres se atreven a denunciarlo. “Lo que quiere decir que el acoso laboral es real y hay que adoptar medidas efectivas para investigarlo, sancionar y erradicar”.
Por la indiferencia generalizada a lo grave que es el acoso laboral, organizaciones como ONU Mujeres han llevado a cabo estudios que demuestran que es más común y frecuente de lo que se cree.
A través del Proyecto Mujeres Emprendiendo sin Violencia en la Pequeña y Mediana Empresa en La Ceiba —una ciudad turística ubicada en el departamento de Atlántida — se evidenció que el acoso laboral es muy frecuente pero que las víctimas no lo identifican.
Vanesa Siliezar, directora de la Unidad de Desarrollo Integral (Udimuf), organización ejecutora del proyecto, dice que en la investigación participaron 100 mujeres de distintas empresas y cargos. Los hallazgos revelaron que la mayoría fue víctimas de acoso laboral, o de otro tipo de violencia laboral, no siempre proveniente de sus jefes sino de sus compañeros de trabajo.
El proyecto muestra que una de las causas por las que las mujeres no denuncian es que las víctimas tienden a naturalizar el acoso laboral y eso pasa porque “a veces las mujeres vienen de hogares violentos y cuando llegan al área de trabajo tienden a normalizar ciertas acciones como gritos, hostigamiento entre otros”.
Dentro del mismo proyecto en el que se hizo la investigación, se han llevado a cabo acciones concretas para la prevención. Por ejemplo, Aline Flores, directora del Comité de Género del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), dice que ya se han firmado convenios con cámaras de comercio y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para visibilizar y frenar el acoso laboral.
Flores considera que es importante que el tema se frene desde la raíz, y menciona que los despidos no son la solución. “El tema no es que solo despidan a los dos, porque luego esas personas van a ir a otra empresa y ese mismo hecho se va repetir y va ser como un círculo vicioso”.
La empresaria dice que ese delito está estrechamente ligado al pasado de la víctima y del victimario, debido a que el hombre en algunos casos viene de hogares violentos y cree que ciertas acciones de violencia en el trabajo es normal. Lo mismo sucede en el caso de las mujeres quienes muchas veces vienen de hogares donde han sufrido algún tipo de violencia, por ello, normalizan muchas acciones de acoso.
Ante este factor de violencia, Flores recuerda la importancia de la instrucción y capacitación para los empleados dentro de las empresas, además de reglamentos contra acoso. “Las empresas deben brindar los canales anónimos y confidenciales de denuncia sobre acoso e informar sobre los procesos de denuncia como parte de sus propios procesos de comunicación interna y recursos humanos”, recomienda.
En este sentido, informó que para frenar esta problemática, el COHEP creó en 2021 un centro de recursos virtuales del comité de género, donde detalla el proceso de una denuncia por acoso laboral y otro tipo de violencia laboral.
Asimismo menciona que en conjunto con USAID se creó la campaña “Cortemos la Violencia Hacia la Mujer”, la cual tuvo como objetivo crear conciencia sobre los actos de violencia que se pueden vivir dentro de una empresa.
Ni Ana ni Alejandra tuvieron información sobre acoso laboral mientras trabajaban, en el caso de Ana decidió buscar información por su cuenta, vencer los miedos e interponer la denuncia, sin embargo el acosador no tuvo ningún castigo. Mientras Alejandra prefirió no denunciar por desconocer sus derechos y por desconfiar en la justicia, temiendo que el hecho quedara impune como en el caso de Alejandra.
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