En Ecuador, cuando se piensa en la población afrodescendiente, se la asocia, casi exclusivamente, a la provincia de Esmeraldas, o al Valle del Chota, en Carchi e Imbabura. Pero no es el único lugar que habitamos. En 1964, luego de la Reforma Agraria —el proceso de redistribución de tierras que buscaba, supuestamente, beneficiar a población excluida—, muchas familias afrodescendientes tuvieron que migrar hacia las ciudades. Para 2010, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 74,4% de personas afroecuatorianas vivían en zonas urbanas. 

alianza GK Faro

Pichincha es la tercera provincia con más población afrodescendiente, después de Esmeraldas y Guayas. Es decir, estamos en las ciudades, a pesar de que el imaginario nos siga situando en zonas rurales. Esta percepción es generalizada entre la población porque la afroecuatorianidad ha sido territorializada, es decir, su presencia está asociada a espacios como Esmeraldas y Valle del Chota que hoy se leen como zonas específicas “de negros”. El problema con esta idea es que se extrapola al espacio público: por ejemplo, los centros urbanos, como Quito, se asocian con el avance y el crecimiento. Y, a su vez, esta idea segrega a las personas  negras quienes “no compaginan” con la modernidad de las ciudades. 

En este contexto, ninguna propuesta de campaña de las y los candidatos que aspiran a la alcaldía de Quito tiene un eje específico que aborde a las personas afroecuatorianas. 

En la capital, habitamos casi 105 mil personas afrodescendientes, pero seguimos viviendo racismo en Quito: el 12,1% de las personas que viven en la capital considera que el racismo ha aumentado, según una encuesta de Quito cómo vamos en 2021. Los y las afrodescendientes aún somos vistos como foráneos, a pesar de que la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a acceder y disfrutar de los espacios públicos. La falta de acceso a estos espacios es una realidad y ha sido histórica.  

Por ejemplo, entre 1995 y 1997 nueve personas afrodescendientes fueron asesinadas en Quito por estigmas asociados a su color de piel. Algunos de esos crímenes fueron perpetrados por policías, pero fue el asesinato de Mireya Congo, mujer afroecuatoriana, asesinada por tres hombres —dos de ellos policías—, el que hizo que las organizaciones del pueblo afroecuatoriano se autoconvocaran a la marcha “Por un futuro Negro, Digno y Bonito”.

Mujeres y hombres afroecuatorianos se concentraron, el 7 de enero de 1997, en el parque de La Alameda, en el centro norte de Quito, para marchar hacia la entonces Corte Suprema de Justicia. Mientras se preparaban para salir, cinco patrulleros con policías armados llegaron a custodiar el lugar en el que aproximadamente 500 personas afrodescendientes se habían concentrado para la marcha que hoy se reconoce como “el primer grito de protesta en contra de la discriminación racial” en Ecuador.

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El abogado Juan Carlos Ocles, entonces presidente de la Asociación de Organizaciones Negras de Pichincha, recuerda que “la ciudadanía de Quito no entendía, ‘de dónde salió tanto negro’” mientras se escuchaba el grito “el Ecuador es de negros y mestizos, de indios y mulatos”.

Han pasado 25 años de esa primera marcha para exigir respeto a la dignidad y los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano. Sin embargo, habitar la capital para las y los afroecuatorianos aún resulta complejo. 

El 4 de agosto de 2022, Lindberg Valencia, gestor cultural del pueblo afroecuatoriano, denunció que su hija, su compañero y el pequeño hijo de ambos fueron víctimas de abuso policial. “Dos policías con puntapiés y empujones se ensañaron con ellos para revisar sus mochilas, documentos y demás”, dijo Valencia. Él también contó que ha tenido “más de 20 altercados con policías abusivos” cuando ha defendido a jóvenes afrodescendientes en Carapungo y otros sectores de Quito donde dicta talleres de música e identidad cultural.

No es el único caso reciente. El 10 de diciembre de 2021 algo similar le ocurrió a Jimmy Ocles quien, tras retirar dinero de un cajero en el norte de Quito, fue interceptado por dos civiles, que se identificaron como policías mientras le exigían presentar sus documentos de identidad, porque era “sospechoso” de un intento de robo que había ocurrido, en la mañana, en una entidad bancaria. Cuando se negó a entregarlos, fue acorralado por policías motorizados que, según quedó registrado, lo agredieron física y verbalmente. Mientras revisaban sus pertenencias y celular, “me pusieron el pie en el cuello”, recuerda. Al no encontrar nada, le dijeron que se vaya. 

Ocles presentó ante la Fiscalía una denuncia por el delito de odio. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2022, la jueza Ximena Rodríguez sobreseyó a los policías implicados, según expuso Ocles, porque “enjuiciar a los policías por estos hechos destruiría sus carreras”. La Fiscalía apeló la resolución de sobreseimiento y el 28 de diciembre de 2022 se instaló la audiencia de apelación en donde se declaró la nulidad del proceso

Ocles continuará buscando justicia.

El perfilamiento racial —cuando un policía detiene o interroga a una persona basado solo en su etnia— es apenas uno de los problemas a los que las personas afrodescendientes nos enfrentamos a diario en la capital porque sí: Quito es una ciudad racista y excluyente. 

Pero el racismo en Quito no solo se mide en los testimonios y los actos violentos que se registran todos los días, sino también en la ocupación del suelo —en el espacio público y en los barrios— y la falta de reconocimiento de la diversidad cultural.

centro de Quito

El centro de Quito se asocia con el avance y el crecimiento. Y, a su vez, esta idea segrega a las personas negras quienes “no compaginan” con la modernidad de las ciudades. Fotografía de Quito Turismo.

La memoria histórica de la diáspora afroecuatoriana pareciera no existir en Quito. Y no es porque no se haya construido —desde finales de los 90 la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha (FOGNEP) y el Movimiento de Mujeres Negras de Quito (Momune) han trabajado por la conservación de la identidad y cultura de las y los afroecuatorianos, asimismo en la exigencia de derechos—, sino porque se ha negado su existencia. Esa misma invisibilización ha impedido establecer políticas públicas efectivas —a nivel nacional y local— que garanticen el acceso al suelo, a viviendas dignas, derechos básicos como educación y salud, e inversión para poder alcanzar el derecho a la ciudad de manera justa y equitativa. 

En teoría, la función social de las ciudades está vinculada con el bien común y el ser humano en el centro. Pero en Quito no ocurre. Los beneficios de ser reconocidos como ciudad son exclusivos de ciertos barrios de la capital. 

África mía, Caminos a la libertad, Carapungo, Carcelén, La Bota, La Ferroviaria, Atucucho, Santa Anita, La Roldós, La Pisulí, Santa Bárbara, Chillogallo, Comité del Pueblo y San Carlos —denominados “barrios negros”— evidencian las condiciones en las que viven las y los afroecuatorianos en Quito: los servicios básicos no son cubiertos, el transporte público no llega, las escuelas no están bien equipadas y el acceso se dificulta por las vías en mal estado. Hay una ausencia total del gobierno central y local.

Los “barrios negros” están en las periferias urbanas de la ciudad, esas zonas a las que las y los afrodescendientes accedieron por los programas de viviendas sociales y la ocupación de tierras de manera informal. Los barrios también están racializados. Es decir, el color de nuestra piel puede determinar la manera y las condiciones en que accedemos a una vivienda. La racialización de los barrios permite hacer distinciones y, en el caso de Quito, hace que mientras más periférico es un barrio más racializado sea. 

Basta con mirar el contraste entre el valor del suelo de los barrios en el corazón de Quito y el de las periferias. Por ejemplo, La Carolina, ocupado principalmente por gente blanco-mestiza, en 2021 apareció entre los barrios más costosos de América Latina, mientras que los que están en la periferia o en “sectores informales”, como la zona de Calderón, están ubicados en sectores populares —y es ahí donde vive la población afrodescendiente.

Bajo ese orden racial-espacial, las personas afrodescendientes han sido desplazadas a espacios específicos de Quito, en donde están “los otros” que al tener culturas o pieles diferentes a las predominantes en la ciudad, como por ejemplo indígenas y afroecuatorianos, son considerados sujetos rurales y, por eso, sus expresiones sociales, artísticas y culturales son invisibilizadas porque “no son de aquí”. 

Si bien Quito es una de las ciudades en las que más iniciativas de legislación a favor de la población afrodescendiente se han presentado —por iniciativa de las organizaciones afrodescendientes—, las administraciones han hecho poco o nada para materializarlas. 

Ni los alcaldes ni las y los concejales han hecho nada significativo para garantizar el acceso a la ciudad en igualdad de condiciones para las y los afroecuatorianos. Y no, entregar reconocimientos simbólicos o establecer fechas conmemorativas no basta, porque la violencia racista no es simbólica, es explícita al igual que la falta de acceso a suelo y las necesidades básicas insatisfechas.

El Plan de Desarrollo Metropolitano de Quito 2012 – 2022 reconoce que en la ciudad existe exclusión social por cuestiones de etnia. Por ello, plantea la construcción de una política de inclusión para reducir la desigualdad producida por el racismo y la discriminación hacia la población indígena y afrodescendiente.

Aunque hubo 10 años para la ejecución del plan, llegamos a 2023 sin ver materializadas esas propuestas que, en el caso de la administración municipal capitalina, datan de enero de 2007, cuando el Municipio fue invitado a unirse a la Coalición de Ciudades contra el Racismo. Como parte de los acuerdos, asumió varios compromisos entre los que está la implementación de instrumentos jurídicos que garanticen la no discriminación, el acceso equitativo a la vivienda, los servicios básicos. 

Cinco meses más tarde, en junio de 2007, —por presión de las organizaciones afrodescendientes— el Municipio de Quito aprobó la Ordenanza Metropolitana 0216 para la Inclusión Social con enfoque étnico – cultural del Pueblo Afroecuatoriano en la que también incluyó la erradicación del racismo, la garantía de las y los afroecuatorianos para acceder a programas de vivienda y acciones afirmativas que permitan la construcción de una ciudad equitativa. Pero parecería que se quedó en papel.

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Mientras no exista una distribución espacialmente justa ni una disminución de las brechas sociales a través de acciones afirmativas y, mientras, no se reconozca la diversidad cultural, no podemos hablar de avances en una ciudad. 

La capital requiere, urgentemente, una (re)construcción de significados interculturales, en donde la diversidad étnica pueda coexistir alejada de cualquier forma de discriminación y racismo en Quito. Las y los afroecuatorianos requerimos que la ciudad se convierta en una aliada contra el racismo, la intolerancia, la exclusión y la segregación. Necesitamos ocupar para habitar y, para ello, la ciudad debe transformarse.

El próximo alcalde o alcaldesa, así como las y los concejales, deben entender que la existencia de la norma no garantiza que se implemente en la política pública. Y la prueba es que 15 años después de que se aprobó la ordenanza 0216 y de que Quito se integró a la Coalición, la erradicación del racismo, el reconocimiento de la diversidad cultural y el acceso al suelo, siguen estando en “veremos” porque sin presupuesto ni voluntad política la situación en poco o nada va a cambiar.

Por ello, la nueva administración debería enfocar y concentrar esfuerzos en materializar esas políticas y acciones existentes. No porque la población afrodescendiente se lo pide como un capricho, sino porque es su responsabilidad —y también de la sociedad— repensar la ciudad desde la justicia social, la igualdad y la democracia sostenible: en donde las y los afrodescendientes participemos y podamos decidir e incidir en asuntos que también nos competen.

No debería hacer falta que la población afroecuatoriana en Quito exija lo que ya está ahí. 

Es necesario que esas ordenanzas y promesas (hasta ahora vacías) sean efectivas porque las normas existen, pero no se efectivizan. A las y los afrodescendientes no solo nos siguen acosando e impidiendo habitar el espacio público sino que limitan nuestra movilidad: el transporte público no llega a nuestros barrios porque son considerados “zonas rojas”.

Construir mecanismos para erradicar la discriminación y el racismo en Quito; y aplicar normativas que garanticen el respeto por la diversidad cultural, el acceso al espacio público, la equidad de género y la ciudadanía inclusiva, son algunas de las deudas pendientes de las antiguas administraciones para con las y los afroecuatorianos. Deudas que este nuevo alcalde o alcaldesa heredará. 

Ojalá que la nueva administración asuma esa deuda y nos garantice el acceso a la ciudad en igualdad de derechos. Porque sí, las ciudades también son nuestras: Quito también es de las y los afroecuatorianos.

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Génesis Anangonó
Periodista afrodescendiente y docente de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas AMAWTAY WASI. Ha trabajado en Wambra y GK.
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