La sentencia de la consulta popular sobre el Yasuní, explicada

Una nueva sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), es la que abre el camino para que el colectivo Yasunidos pueda, después de nueve años desde que inició el pedido, hacer la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Esta sentencia, hecha pública el martes 6 de septiembre de 2022, recoge lo resuelto por la Corte Constitucional (CC), en noviembre de 2021 ante una acción extraordinaria de protección que Yasunidos presentó.

Esto porque, en nueve años de batalla para que se pueda realizar la consulta, el colectivo solo había recibido largas y respuestas contradictorias.

La Corte Constitucional, entonces, resolvió a favor de Yasunidos. Confirmó que hubo “vulneración del derecho al debido proceso” y ordenó que, mediante sorteo, “se designe una nueva conformación del Tribunal Contencioso Electoral, que resuelva el recurso de apelación presentado por los accionantes”. Para que, con esta medida, se pueda llevar adelante el proceso de consulta. 

El resultado de esto es la sentencia del 6 de septiembre de 2022, por la que el Tribunal Contencioso Electoral dispone que el Consejo Nacional Electoral, “en un plazo no mayor de quince días a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, atienda la solicitud presentada por el ciudadano Pedro Bermeo Guarderas en representación del Colectivo YASUNIDOS”. 

La sentencia obliga al CNE a otorgar el certificado de legitimidad democrática a Yasunidos —es decir, el documento que oficializa su existencia— y que “remita a la Corte Constitucional del Ecuador para que expida el dictamen que corresponda”, sobre la pregunta que el colectivo quiere hacer: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.

Eso fue lo que sucedió en la sesión del CNE del 27 de septiembre de 2022, en la que todos los vocales del Consejo —es decir, por unanimidad— otorgaron el certificado de legitimidad democrática a Yasunidos y remitieron la pregunta a la Corte Constitucional para “el correspondiente dictamen de constitucionalidad”, como explicó Diana Atamaint, presidenta del CNE, al explicar las razones para su voto a favor de Yasunidos.

Nueve años de espera

Ya con la resolución de la Corte Constitucional, que abrió paso a la sentencia del TCE, el camino a una consulta es más claro. Desde 2013, este ha sido el objetivo de Yasunidos, una vez que la iniciativa Yasuní ITT —que buscaba que la comunidad internacional le pague a Ecuador 3600 millones de dólares a cambio de no explotar 846 millones de barriles de petróleo en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, en el Yasuní— fue declarada muerta por el entonces presidente e impulsor de la iniciativa, Rafael Correa.

El jueves 15 de agosto de 2013, a través de una cadena nacional, el ex presidente Rafael Correa anunció el fin de la iniciativa. “El mundo nos ha fallado”, dijo después de que el gobierno no lograra que la comunidad internacional entregara fondos suficientes para dejar el petróleo bajo tierra a cambio de preservar una zona tan biodiversa y sensible.

Inmediatamente, el colectivo Yasunidos se dedicó a recolectar firmas para realizar, por primera vez en el país, una consulta popular que venga de la ciudadanía y no de ningún poder del Estado. 

Al ser una consulta nacional, debían recoger aproximadamente 583 mil firmas —equivalentes al 5% del padrón electoral de ese momento— , pero sobrepasan la cifra y presentan 756 mil con 623 firmas, recogidas en seis meses. Sin embargo, el Consejo Nacional de entonces, presidido por Domingo Paredes, anuló “de manera arbitraria”, dijeron los Yasunidos, el 60% de las firmas presentadas.

Una nota publicada en GK en enero de 2021, dice: “De las 750 mil firmas que el colectivo Yasunidos presentó en 2014 para convocar a una consulta popular sobre la explotación del campo petrolero Yasuní ITT, en la Amazonía ecuatoriana, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) anuló más de cuatrocientas mil en solo catorce días. Hasta ahora había resultado imposible conocer qué firmas en concreto fueron rechazadas ni quién las rechazó, pues en 2014 el CNE, presidido por Domingo Paredes, no entregó la lista de los registros anulados y los nombres de los verificadores que los anularon”.

La no realización de la consulta popular sobre el Yasuní, permitió que el gobierno pudiera explotar ese campo petrolero, inaugurado el 7 de septiembre de 2016.

En una entrevista en el Noticiero A Primera Hora, de radio Sonorama, la mañana de este 7 de septiembre, Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, dijo que las anulaciones de las firmas en ese momento se basaron en criterios arbitrarios como el gramaje del papel, el color de la tinta y el orden de los nombres. “Cuando el requisito es nombre, firma y cédula”, explicó.

Entre 2014 y 2019 hubo una serie de sentencias adicionales y reconocimientos que no permitieron que el proceso siguiera adelante. Una primera sentencia de apelación en el TCE resultó contraria a Yasunidos, por ejemplo. En 2018, una auditoría interna del CNE reconoció irregularidades en el proceso y pidió que el trámite regrese al CNE. Pero tanto el CNE como el TCE negaron nuevamente el proceso, aduciendo que Yasunidos no tiene representación legal, “pese a que eso no es un requisito”, dijo Bermeo. 

Una vez que en 2019 se reconoció que son peticionarios, que tienen legitimidad activa, la consulta fue nuevamente negada al argumentar que el trámite se cerró en 2014.

“En estos casi 10 años hemos presentado más de una decena de procesos judiciales”, dijo Bermeo, quien aseguró que durante todo este tiempo han seguido trabajando tanto en sitio como en la parte legal, para encontrar maneras para proteger el Yasuní.

Lo que espera ahora Yasunidos

Tras el fallo del TCE, varios representantes de Yasunidos ofrecieron una rueda de prensa.  Manahí Bravo, Antonella Calle, Pedro Bermeo, junto a Sylvia Bonilla, abogada de Yasunidos y Alicia Cahuiya, dirigenta de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador dijeron que “esto es histórico”.

Antonella Calle, dijo también que esta se trata de “la primera consulta que quiere cuidar el Yasuní, la biodiversidad y la vida de los pueblos aislados”.

De acuerdo a la abogada Sylvia Bonilla, los plazos que siguen no pueden demorarse más de 15 días en el CNE, 20 días en la Corte Constitucional —que debe revisar la constitucionalidad de la pregunta de la consulta—, y posterior al dictamen, el CNE tendrá 15 días para llamar a consulta sobre esta pregunta. “Si es que todas las instituciones del Estado son diligentes (…) esta consulta popular se va a votar en febrero de 2023”, aseguró Bonilla. Es decir, se podría realizar durante las próximas elecciones seccionales.